Escribe Marcela Almeida, miembra de la Junta Interna ATE Indec

El lunes 2 de febrero, al llegar al Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) nos encontramos con la noticia de que había renunciado su director, Marco Lavagna.  Y la sorpresa fue mayor cuando nos enteramos de que la razón habría sido que el gobierno no le permitía publicar el nuevo índice para medir la inflación.

Pese a los compromisos anunciados frente al Congreso de la Nación y en el calendario del organismo, el Ministerio de Economía vetó la actualización del Índice de Precios al Consumidor que se iba a comenzar a publicar este 10 de febrero. Esta actualización incluía la nueva canasta de bienes y servicios que se usa para medir la inflación mensualmente y sus ponderaciones (los pesos que cada artículo tiene en el número final).

Lejos de ser una cuestión menor para las y los  trabajadores, esta intromisión del gobierno en el índice de precios impacta de lleno en los bolsillos populares. El IPC se utiliza para negociaciones paritarias o jubilaciones, por lo que siempre hemos defendido tener la mejor medición posible.
Desde la junta interna de ATE Indec venimos señalando que desde principios del año 2025 estaban las tareas concluidas para actualizar el IPC. Sin embargo, con el argumento de que era “año electoral” las autoridades se negaron a hacerlo. 

Ahora, Milei y sus voceros Caputo y Adorni, esgrimen argumentos técnicos que resultan ridículos. Quieren esperar a que “se consolide el proceso de desinflación” o que la inflación llegue a cero. Hablan de la supuesta incomparabilidad de los datos. Esto no resiste el menor análisis. Si la inflación tendiera a la baja como dice el gobierno se notaría con cualquier metodología y en los bolsillos de la población. Contrariamente, en los últimos meses la inflación no para de subir. ¡Lo único que se “desinfla” son nuestros salarios! Los trabajadores estatales nacionales hemos perdido cerca del 30% de nuestro poder adquisitivo desde que llegó Milei al gobierno. Eso quiere decir que sólo podemos comprar un 70% de lo que adquirimos hace 2 años. Y los alquileres, las tarifas y el transporte no paran de subir…

Por ello denunciamos que lo que buscan es esconder el ajuste que tienen planeado para este año a través de la quita de subsidios a servicios públicos, que con las nuevas ponderaciones más altas para los servicios, iban a redundar en un IPC anual sensiblemente más alto.

Por eso nos oponemos a esta manipulación y señalamos el peligro que se corren con la calidad y credibilidad de los futuros índices. Señalamos que la única salida posible es un Indec independiente de los gobiernos de turno, donde los trabajadores del organismo seamos quienes definimos las metodologías sin injerencia de los políticos patronales.

A las 16 desde Montevideo y Av. Rivadavia
Marchamos a Plaza de Mayo

A un año de la primera gran marcha, frente a los nefastos dichos de Javier Milei en Davos, el movimiento feminista de mujeres y disidencias convoca a la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista, Antirracista y Antiimperialista, con distintas movilizaciones en CABA y en varias provincias del país.
El #1F de 2025 será recordado como la primera movilización masiva autoconvocada de más de un millón de personas que salió a repudiar los discursos de odio de Milei en Davos. Una marea llenó las calles contra los ataques a los derechos conquistados por las disidencias, como la Ley de Identidad de Género o el cupo laboral travesti-trans, y contra los recortes a las políticas para combatir la violencia de género en el país del #NiUnaMenos. Sin dudas, fue un enorme impulso que marcó el camino para muchas de las luchas que se dieron contra el gobierno ultraderechista.

Este #7F volvemos a las calles porque solo en 2025 hubo un aumento del 70% de los ataques de odio contra el colectivo de las disidencias. El gobierno recortó y eliminó presupuestos para la prevención y tratamiento del HIV. Hay una política constante de ataque brutal contra un movimiento que viene resistiendo en las calles, como lo demostró la masiva 34 Marcha del Orgullo. Esta convocatoria, además, será parte de una importante semana de luchas contra las reformas de Milei y sus cómplices.

El #7F confluirá con el plan de lucha contra la reforma laboral esclavista, que se tratará en el Senado el 11 de febrero. Esta reforma afecta de manera directa a mujeres y disidencias, que son mayoría en los sectores más precarizados del mercado de trabajo, con mayores niveles de informalidad, salarios más bajos y menor estabilidad. Además, golpea especialmente a quienes sostienen mayoritariamente las tareas de cuidado, al recortar licencias. Por eso, esta convocatoria también levantará la exigencia de que la burocracia sindical convoque de una vez por todas a un paro general y a un plan de lucha contra este intento de retroceder nuestros derechos al siglo XIX.

Por último, la convocatoria tiene un aspecto internacionalista. Denunciamos la política colonial del ultraderechista Donald Trump y decimos con claridad: fuera yanquis de Venezuela y de América Latina.

También volveremos a alzar la voz contra el genocidio del Estado sionista de Israel en Gaza y por una Palestina libre del río al mar.

Desde Disidencias en Lucha, Isadora e Izquierda Socialista invitamos a movilizar con fuerza este #7F para volver a ser miles en las calles, en una nueva jornada del orgullo antifascista y antirracista. Y para que esta convocatoria sea el inicio de una semana de luchas contra el gobierno ultraderechista de Milei.

Contra los discursos y crímenes de odio.
Abajo la reforma laboral esclavista de Milei.
Fuera Trump y los yanquis de Venezuela y América Latina.
No al genocidio en Gaza. Por una Palestina libre del río al mar.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

Mientras los incendios siguen golpeando el sur a ambos lados de la Cordillera, el gobierno de Milei sigue sin girar las partidas presupuestarias urgentes, y se apresta a votar en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares. Sin el agua de los glaciares, los territorios devastados jamás van a volver a reverdecer.

El extractivismo es la forma en que el sistema capitalista, de la mano de todos los gobiernos, ha venido desplegando la interacción con la naturaleza en cada una de las provincias de nuestro país. Esto implica que devastar los territorios es moneda corriente en función de garantizar, o bien, la exportación de bienes comunes naturales (minerales, energía, alimentos), o bien distintos tipos de negociados como los inmobiliarios, forestales, turísticos o megarepresas. Todo de la mano de la apropiación de territorios e incluso del agua. Para peor, todo esto se da en el contexto de un proceso de calentamiento global que convulsiona el clima tal cómo lo conocimos, con sequías cada vez más prolongadas, tormentas de violencia inusitada, inundaciones cada vez más frecuentes, e incendios que particularmente se alimentan de la combinación del aumento de la temperatura y el extractivismo. 

En efecto, la violencia de los incendios patagónicos, las más de 200 mil hectáreas pérdidas en lo que va del 2026, debe pensarse en un cruce de múltiples niveles, entre, por un lado, una reducción drástica del régimen de precipitaciones, con un invierno con escasa nieve, y recurrentes olas de calor, y por otro, con el negocio de las últimas décadas de la instalación del pino venido del hemisferio norte, que seca los bosques y cuyos conos y semillas se esparcen como granadas por el fuego, retroalimentando la pérdida de la vegetación nativa. Pero, a su vez, entran con protagonismo otros elementos en la ecuación. En particular, los intereses siempre latentes de quienes buscarán hacer negociados comprando tierras devastadas a precios irrisorios una vez que la temporada de lluvias del otoño frene las llamas, y que se ven favorecidos por un gobierno que mientras ajusta brutalmente el presupuesto de los sistemas de manejo del fuego, defiende la eliminación de la prohibición del cambio del uso del suelo de las tierras incendiadas. Como se dice: “a confesión de parte, relevo de pruebas”. El incendio, por caso, en el Parque Nacional Los Alerces puede haber tenido, como dicen los informes al momento, en su origen una tormenta eléctrica, pero su prolongación no deja de ser un crímen político ante semejantes niveles de desidia y motosierra. 

Los gobiernos, nacional y provinciales son responsables. Y como se saben culpables se esconden detrás de “declaraciones de emergencia” con saludos a la bandera sin presupuesto, y en paralelo, acusan las comunidades mapuche y persiguen a las y los trabajadores que denuncian el ajuste como política de Estado. Las y los cientos de brigadistas que con salarios por debajo de la línea de pobreza están en primera línea se están sosteniendo en combate gracias a donaciones que surgen de la solidaridad popular, de bolsillos que a duras penas llegan a fin de mes, mientras el gobierno destina partidas infinitamente superiores al pago de la deuda, o a subsidiar las ganancias de mineras y petroleras.

Apagar el fuego y defendernos de las mineras

En este contexto, desde el Instituto Argentino para los Derechos de la Minería y hasta la Cámara (norte)Americana de Comercio en nuestro país, se encuentran en semanas de un lobby furioso pero de baja mediatización. El gobierno y las corporaciones mineras están haciendo uso de su poder de grandes aportantes de los canales de comunicación y medios locales para garantizar que no se expanda el debate en torno a la modificación de la Ley de Glaciares que se anuncia inminente en el Senado. Recordemos, Milei y gobernadores peronistas, macristas y radicales, buscan demoler la ley vigente, para provincia por provincia ir liquidando la protección de las zonas glaciares y periglaciares, es decir, para dar luz verde a la megaminería en las once provincias en las que hacen vida las fuentes de agua irremplazables que representan los casi 17 mil glaciares argentinos. El drama de los incendios logró colarse en las programaciones, portales y ediciones impresas, pero fue censurado el debate de cómo se recuperará la vida en los territorios devastados si perdemos nuestras reservas de agua por los negocios de un puñado de mineras.

En ese contexto, desde la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, se convocaron acciones que combinaron los reclamos ante los incendios y contra el paquete de reformas de Milei. Por su parte, el peronismo porteño, con Juan Grabois y Kicillof a la cabeza, salieron a paralelizar esa convocatoria con una movilización ante los incendios que tuvo la particularidad de callar toda responsabilidad de los gobiernos provinciales como el de Nacho Torres (quien es partícipe del ajuste y protagonista del racismo) y de no decir una palabra sobre la Ley de Glaciares. Anunciada en noviembre, la reforma se sabe contará con el apoyo de senadores y diputados peronistas, y al día de hoy no ha merecido que la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner (quién vetó la Ley en 2008) omita palabra, ni que alguna agrupación del amplio espectro peronista mueva un dedo para frenarla.

Este 4/2 salimos en una nueva Jornada Plurinacional, con unas 40 convocatorias en todo el país. Y nos preparamos para movilizarnos el día que el Congreso trate la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Sumate con Ambiente en Lucha a dar esta pelea.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha

Desde Ambiente en Lucha y junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones nos pusimos desde anunciada la reforma con la tarea de construir una campaña plurinacional en defensa de nuestros glaciares. Ya se convocaron decenas de asambleas y reuniones para coordinar las acciones, los comunicados, la invitación a artistas, y debatir estrategias. Estamos en las calles, y también pensando cómo romper el cerco mediático ante este tema. Desde ese lugar polemizamos con la convocatoria divisionista y cómplice con los gobernadores que realizaron sectores del peronismo y de la que participaron algunas agrupaciones del movimiento socioambiental que cómo Jóvenes por el Clima, hace años se alejaron de las calles, pero vienen firmando declaraciones contra la modificación de la Ley de Glaciares.

Ante el inminente tratamiento en el Congreso, con la Campaña estamos articulando con el Plenario del Sindicalismo Combativo una nueva movilización el día que se traten las reformas. Pero, desde Ambiente en Lucha y sabiendo que es un tema de arduo debate, por cómo algunas de estas organizaciones como JOCA traicionaron a los territorios (a la lucha contra las mineras, Vaca Muerta y las petroleras off shore en particular), creemos que necesitamos también sumar a esa jornada de lucha una convocatoria unitaria de todos los espacios del movimiento socioambiental que defendemos la Ley de Glaciares. 

Cada cual con su trayectoria y consignas, sin que quienes sostenemos realmente la lucha anti-extractivista bajemos ninguna bandera, pero tratando de masificar lo más posible el rechazo en las calles al paquete de reformas reaccionarias de Milei.

Foto de portada: La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Declaración del Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país. Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido. Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”. 

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloqueo impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:
– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!
– ¡Basta de bonificación salarial!
– Discusión de contrataciones colectivas.
– Derecho a huelga y libertad sindical.
– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.
– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!
– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

 24 de enero de 2026