Escribe José Castillo

En estos días aparecieron una “colección” de programas económicos “para 2023”, cada uno más a la derecha que el otro, proponiendo mayores ajustes y reformas estructurales. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Arrancó el “libertario” Javier Milei con su propuesta de dolarizar la economía. Rápidamente se sumó el diputado radical de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace. Varios dirigentes de ese espacio y economistas del establishment salieron a decir que si bien la dolarización hoy no era posible (por falta efectiva de dólares en las reservas), sí se debía comenzar por algún programa “de estabilización” bimonetario (traducido: similar a la convertibilidad de Menem y Cavallo). El otro libertario, José Luis Espert, “redondeó” la idea: lo importante es arrancar con un super-ajuste, achicando el gasto público radicalmente, echando miles de empleados públicos, privatizando todo, y lanzando “el día uno”, reformas laborales y jubilatorias. La dolarización, reconoce Espert, podría ser el paso final de ese programa.

Mauricio Macri intervino en todas estas discusiones, con varias entrevistas. Sintetizando, su posición fue que Juntos por el Cambio, si vuelve al gobierno, deberá lanzarse a un ajuste mucho más rápido que el que realizó entre 2015 y 2019, acordando también con que se debe avanzar con reformas “estructurales” (laboral y previsional), agregando además su propuesta de privatizar Aerolíneas Argentinas.

Melconian y la Fundación Mediterránea

Carlos Melconian hace muchos años que se postula como uno de los economistas del establishment con aspiraciones políticas. En 2003 era el “candidato a ministro de Economía” de Menem. Luego fue uno de los hombres de Macri en 2015, aunque quedó relegado por las internas de Juntos por el Cambio. En 2019, escribió un balance del gobierno de Macri criticando no haber ido más rápido y a fondo con el ajuste, señalando que eso fue la causa de su fracaso.

Ahora Melconian ha dado un paso adelante. Fue designado a cargo de la Fundación Mediterránea. Esta Fundación, financiada por un conjunto de grandes empresas locales y extranjeras (encabezadas por Arcor), está compuesta por un número importante de economistas liberales. Recordemos que la Mediterránea nació hace ya más de cuarenta años como el equipo que formó Domingo Cavallo. De ahí salieron los cuadros que dirigieron el Ministerio de Economía con Menem en los años ´90, con la convertibilidad y las privatizaciones.

La semana pasada, Melconian hizo una presentación de su programa en la Bolsa de Comercio, ante gran parte de la patronal argentina y de las multinacionales que operan en nuestro país. Ahí, además de acordar con la necesidad “urgente” de avanzar con las reformas laboral y previsional, dijo que “no hay que tenerle miedo a la palabra ajuste”, planteando que hay que achicar el gasto público nacional y provincial.

Después del actual ajuste de Alberto Fernández, más ajuste

¿Por qué esta “lluvia” de programas tan similares? Todos parecen coincidir en algo. Están de acuerdo con el acuerdo con el FMI, le dan al gobierno de Alberto Fernández la tarea de llevar adelante el mayor ajuste requerido de acá a fines de 2023. Pero saben que esto no resuelve nada, que los vencimientos de deuda seguirán siendo impagables. Y que esto, entonces, va a plantear la necesidad de “renegociar” otra vez con el Fondo y los pulpos acreedores privados.

Ajustar más salvajemente aún, privatizar todo lo privatizable, otorgar todos los privilegios posibles para que el capital extranjero venga a saquear nuestras riquezas (gas, petróleo, litio, otros minerales), quitar cualquier tipo de limitaciones a los pulpos agroexportadores, y, por sobre todo, avanzar con las llamadas reformas estructurales. Con la reforma laboral, liquidando toda la legislación que defiende a los trabajadores, liquidando las convenciones colectivas y flexibilizando todo al extremo, y con la reforma previsional, llevando todas las jubilaciones a la indigencia, terminando con los regímenes especiales (como el docente) y aumentando la edad jubilatoria. Y, además, todas las medidas técnicas para garantizar las súper ganancias que surgen de las bicicletas financieras y la fuga de capitales. Ahí es donde aparecen los globos de ensayo de economías “bimonetarias” (como fue la convertibilidad de Cavallo) o de la desaparición del peso vía la dolarización. Que, como todos los economistas del establishment admiten en las reuniones “entre expertos”, requiere primero de una ferocísima devaluación e, incluso, de algo parecido a un “corralito” y de la virtual expropiación de los ahorros populares.

En síntesis, más allá de sus diferencias técnicas, se trata de auténticos programas de guerra contra el pueblo trabajador. Hoy se ofrecen como los planes de los partidos patronales de oposición (tanto de Juntos por el Cambio como de los “libertarios”), pero, como lo ha dicho el propio Melconian, también están a disposición del peronismo si sigue gobernando a partir de 2023. Por todo esto es más necesario que nunca reafirmar que la única propuesta alternativa al servicio del pueblo trabajador es la que planteamos desde el FIT Unidad: dejar de pagar la deuda, romper con el FMI y, con todo ese dinero, atender las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

Los precios siguen por las nubes, en particular los alimentos. Los salarios y las jubilaciones cada vez alcanzan menos. El gobierno hace declaraciones grandilocuentes, pero deja que la inflación siga subiendo. Porque eso es funcional al ajuste exigido por el FMI.

El secretario de Comercio Roberto Feletti reconoció que, con sus medidas, no se está reduciendo la carestía de precios. “Milagros uno no hace”, fue la increíble respuesta del funcionario de Alberto Fernández que está, casualmente, encargado de garantizar la estabilidad de precios.

Todo esto mientras, a la vez, desde el Frente de Todos ya reconocen que la inflación de marzo (el dato oficial se conocerá el 13 de abril) rondará el 6%. Está redondeando un trimestre con un promedio cercano al 15%. Pero eso no es lo peor: los productos de la canasta familiar, como alimentos y bebidas, productos de higiene, ropa o la canasta escolar, crecieron muy por encima del promedio. Dentro de los alimentos, a su vez, el incremento fue por arriba del promedio en lo que se consume masivamente, como el pan, los fideos, los cortes populares de carne o las frutas y verduras.

¿Cuáles son los “milagros” que no puede hacer Feletti?

El propio gobierno peronista ha reconocido que los aumentos de este mes se deben principalmente a los abusos de un pequeño grupo de empresas monopólicas (Arcor, Molinos, Unilever, La Serenísima, etcétera), de cadenas de hipermercados (Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más) y de los grupos concentrados que especulan con las exportaciones (Bunge, Cargill, Aceitera General Deheza, Glencore, Dreyfuss, frigoríficos ABC). Sin embargo, más allá de su conocida retórica del doble discurso, no hace nada. No se conoce una sola sanción aplicando la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los especuladores.

Alberto Fernández, el ministro Kulfas y el secretario Feletti insisten en medidas que ya se demostró que no sirven: los “precios cuidados”, que nadie controla y que las empresas usan exclusivamente como estrategia de marketing en los grandes supermercados, haciéndolos desaparecer cuando no les conviene. Luego los reemplazan por productos similares a precios superiores (o con cantidades inferiores en los potes de presentación). O las “canastas de productos”, como la de la carne, que también es difícil de encontrar y cuando están contienen los peores trozos (viejos o puro hueso y grasa).

El gobierno sabe de la especulación con la harina, principal causante de la suba del precio del pan, las facturas o los fideos. Pero no hace nada contra los monopolios especuladores. El ínfimo incremento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja no modifica nada. Pero Alberto Fernández se niega a tocar así sea mínimamente cualquier otro interés de los monopolios exportadores.

Por si todo esto fuera poco, están los precios “regulados”, o sea aquellos que suben por expresa autorización del gobierno nacional. Tal es el caso de las prepagas o las cuotas de los colegios privados. Ni que hablar de los combustibles, que se incrementan por decisión de YPF, o el tarifazo de la luz y el gas que, luego de aumentar un 20%, va camino a repetirse porque así lo exige el FMI.

Después de este racconto cabe una pregunta: ¿el gobierno no hace nada porque “no puede”? Obviamente que si quiere privilegiar la continuidad de las ganancias de las patronales, no va a lograr bajar la inflación. Pero, yendo más a fondo: ¿quiere hacerlo?

Vamos entonces a lo que el propio gobierno de Alberto Fernández no dice: la inflación es funcional al ajuste que exige el FMI. Con esta inflación creciente se van licuando cada día más los salarios, las jubilaciones, las partidas sociales e incluso los gastos en salud y educación. ¡Justamente lo que quiere el FMI para cumplir las metas de reducir el déficit fiscal!

No nos confundamos. La verdadera pelea contra la carestía empieza por defender el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, con reales aumentos de emergencia que permitan que todos alcancen, respectivamente, el valor de la canasta familiar (calculada por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos) y de la canasta de la tercera edad (97.238 pesos). Y sigue por implementar precios máximos a todos los productos de la canasta familiar, con fuertes e inmediatas sanciones a quiénes lo violen. A esto hay que sumarle la eliminación del IVA a los bienes de dicha canasta. Y la nacionalización del comercio exterior y la banca para terminar con la especulación y la bicicleta financiera.
Ahí están las auténticas medidas para defender el bolsillo del trabajador. Son las que planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Claudio Funes

En su estrategia para llevar adelante la denominada “guerra contra la inflación”, el gobierno de Alberto Fernández continúa con su mesa de diálogo con grandes empresarios y burócratas sindicales.  

Por ello el pasado jueves 31 de abril hubo una reunión de la que participaron el ministro Martín Guzmán, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; los burócratas sindicales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; y el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, entre otros.

Al finalizar solo se firmó un acta que puso muy feliz al presidente. En ella se reivindicó el acuerdo con el FMI y se consideró positivo el “programa macroeconómico”, es decir al ajuste. No se anunció ninguna medida concreta a favor de los trabajadores.

Lo cierto es que, para pulverizar los salarios, es el propio gobierno el que impulsa la inflación. Muchos economistas la ubican cercana al 60% para el 2022. Es el ajuste en marcha. Como contracara nos vende la concertación como un mecanismo de diálogo efectivo para combatir el alza de precios y mejorar los ingresos del pueblo trabajador.

Este “diálogo” por fuera de las paritarias a muchos les puede parecer extraño, y sí, lo es. Si la verdadera preocupación de Alberto Fernández fuese la inflación y su correlato con la pérdida del poder adquisitivo ¿Por qué no discutirlo con negociaciones paritarias sin techo?

La explicación es sencilla: el verdadero objetivo de la mesa de concertación es alinear los precios y los salarios, es decir, que los salarios corran por detrás de la remarcación de precios para que los grandes empresarios incrementen sus ganancias.
Es por estas razones que la mesa de concertación no evitará que los precios vuelen, pero sí anclará a los salarios, con la ayuda de los burócratas sindicales.

Según el Centro de Investigaciones y Formación Argentina (Cifra) perteneciente a la CTA, en el segundo semestre de 2021 el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó 4,2% respecto a igual período de 2020 y 20,1% en relación al cuarto trimestre de 2015.

¡El salario promedio es de 40.000 pesos! Una miseria. Hace décadas atrás la pobreza se asociaba a la falta de trabajo, a la desocupación. Actualmente, es pobre el que trabaja.

Si el presidente está tan preocupado por la inflación ¿Por qué no impone precios máximos a todos los productos de la canasta familiar? ¿Por qué no aplica la Ley de Abastecimiento?

Alberto Fernández ejecuta el ajuste exigido por el FMI, pero les solicita a los empresarios que otorguen, voluntariamente, un bono extra a sus empleados para compensar el desborde inflacionario. Este pedido de “refuerzo adicional” a las paritarias a la baja y en cuotas, es la confirmación del valor miserable de los salarios pactados por la burocracia sindical peronista.

Aunque lo paguen (y ya sabemos que muchas patronales después no lo hacen), el bono no será ninguna solución, es un parche que rápidamente se comerá la inflación. Expresa la práctica del doble discurso del gobierno peronista.

Lo que se necesita es un aumento general de emergencia para que ningún trabajador y jubilado gane menos que el valor de su respectiva canasta, calculada por los trabajadores del Indec en 136.104 pesos. A estas direcciones burocráticas debemos exigirles que rompan con la política de ajuste del gobierno y llamen a plenarios de delegados y asambleas, para preparar un plan de lucha que imponga esta exigencia. Mientras, continuamos fortaleciendo al sindicalismo combativo por nuevas direcciones combativas y democráticas.

Escribe Claudio Funes

El gobierno peronista de Alberto Fernández anunció el pago de un bono de 6.000 pesos para los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo. El bono, que se pagará a partir del 18 de abril, alcanza a un total 4,6 millones de beneficiarios.

“Buscamos recomponer el ingreso de los jubilados, además de los aumentos que reciben trimestralmente, hemos dispuesto un bono especial de 6.000 pesos”, dijo Alberto Fernández sin ponerse colorado. Puro doble discurso. Veamos.
El haber mínimo actual, con el aumento de marzo de 12,28 %, es de 32.630 pesos. En los últimos doce meses, por la suba de los precios, en especial de medicamentos y alimentos, la canasta básica de la tercera edad se incrementó un 51,8% y ya vale 97.238 pesos. Esta suma equivale a tres jubilaciones mínimas.

“Los nuevos datos de la canasta básica de los jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”, dijo Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad.

En el contexto de que 4,6 millones de personas deben sobrevivir con la tercera parte de lo necesario, el bono es totalmente insuficiente, miserable y una verdadera afrenta a los jubilados. Es un parche que resalta el carácter ajustador y al servicio del FMI de su ley de Movilidad Jubilatoria de 2020, que no contempla la variable inflacionaria. Con este bono discrecional, el presidente les sigue robando a los jubilados.  

Desde Izquierda Socialista exigimos que ningún jubilado gane menos que el valor de la canasta de la tercera edad y la inmediata aplicación del 82% móvil.

No hay salida para el pueblo trabajador con el plan de ajuste del FMI. Tampoco con los “proyectos” de programas de mayor ajuste que dan a conocer los economistas de la oposición patronal. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que luchar por imponer estas propuestas.

Deuda externa

Dejar de pagar la deuda externa y romper el acuerdo y todo vínculo político y económico con el Fondo Monetario Internacional. Así vamos a tener capacidad soberana para definir una política económica que permita priorizar la resolución de las más urgentes necesidades populares. El dinero que hoy se va en pagos de deuda hay que volcarlo a trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Salarios

Aumentar inmediatamente todos los salarios para que nadie gane menos que la canasta familiar (calculada por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos). Reajuste automático mensual de acuerdo a la inflación. Reapertura de todas las paritarias sin techo. Aumento jubilatorio de emergencia para que la mínima alcance el valor de la canasta de la tercera edad (97.238 pesos) y aplicación del 82% móvil. Aumento de los montos y cantidades de los planes sociales para quien lo necesite.

Precios

Fijación de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y aplicación de la Ley de Abastecimiento a quién los viole, multando, clausurando y expropiando a las grandes empresas especuladoras. Eliminación del IVA a los productos de la canasta familiar.

Bancos y comercio exterior

Nacionalización del comercio exterior y la banca, para así terminar con la especulación, la fuga de divisas y los aumentos indiscriminados de precios a los productos de exportación que forman parte de la canasta alimentaria (harina, aceite, maíz, carne). Creación de un ente estatal de comercio exterior que adquiera la producción exportable, pagándoles precios sostén a los pequeños productores, y que exporte haciendo que las divisas ingresen al país y puedan dedicarse a las necesidades populares. Y con una banca nacionalizada que destine el ahorro a crédito para el consumo popular y el desarrollo, y no para la bicicleta financiera.

Reestatizacion de las privatizadas

Reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados y su puesta en funcionamiento bajo gestión de trabajadores y usuarios. No a ningún tipo de tarifazo y tarifas sociales para quién las necesite. Reestatización de todo el complejo gasífero-petrolero, recreando una YPF 100% estatal y un Gas del Estado que centralicen todo el negocio energético, desde la exploración, pasando por la extracción, el refinamiento, el transporte, llegando a la comercialización.