Escribe Agustín Blanco
La diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad Mónica Schlotthauer fustigó con dureza a quienes apoyaron el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, durante su intervención en el Congreso Nacional. “Estamos en una situación grave si nuestros docentes universitarios nos dicen que no pueden seguir trabajando porque sus salarios bajaron entre el 60 y el 85%. Porque sin docentes no tenemos universidades”, lamentó la también trabajadora ferroviaria.
“Cuando el gobierno dice que quiere arancelar, que quiere vetar, no estamos hablando solamente de un problema de financiamiento. Lo que están discutiendo es que quieren dejar a la mayoría fuera de la posibilidad de crecer. Que sólo tengan estudios quienes pueden pagar”, explicó Schlothauer.
“Además estamos discutiendo que se subordinen nuestras universidades al mandato del Banco Mundial, que significa tener universidades solamente para técnicos. Solamente para las carreras que les interesen a las multinacionales y terminar con la soberanía sobre nuestro conocimiento y nuestro pensamiento como única herramienta de poder”, añadió.
“Un país está diciendo ‘No al veto’. Y eso tiene que pensarlo cada uno de las y los diputados que por un lado le ponen la billetera, pero por el otro tienen que volver a sus provincias a explicarle a esa juventud que hoy está tomando las universidades por qué no acompañan el justo reclamo”, lanzó la diputada como un cuestionamiento a sus pares.
Al mismo tiempo, Schlotthauer no sólo denunció al gobierno de ultraderecha, sino que también sumó a “los cómplices del PRO”, y “a todos los gobernadores peronistas, que hacen campaña diciendo que quieren defender la salud y la educación pública, pero que después cuando gobernaron jamás respetaron la Ley de Financiamiento Educativo”.
“¡Hay plata! Pero van a seguir recortando todos nuestros derechos si no dejamos de pagarle al FMI la estafa de la deuda externa. Defendamos las universidades, defendamos también a todos esos profesionales que hoy son ejemplo en la defensa de la salud pública del Bonaparte, del Garrahan, del Posadas, y a todos los hospitales que luchan. Esos profesionales que defienden el derecho a la salud de la clase trabajadora y sectores populares y su salario, son los que salieron de nuestra educación pública. Viva la lucha de las universidades”, concluyó la diputada socialista.
Escribe Darío Leguiza, comisión gremial interna Sociales UBA
El Gobierno de Javier Milei logró vetar la Ley de Financiamiento Universitario con el apoyo de diputados de los partidos patronales (La Libertad Avanza, PRO, UCR, PJ) y la complicidad de la burocracia de la CGT, que más allá de las declaraciones después de la marcha multitudinaria del 23 de abril, llamaron a confiar en las negociaciones del Congreso provocando la desmovilización.
Sin embargo, la continuidad de un ajuste desenfrenado y el fracaso de las negociaciones, presionaron al Frente Sindical Universitario (Conadu H, Conadu, Fedun, Ctera, Fatdut, UDA y Fatun) que, con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se vieron obligados a convocar a la marcha del 2 de octubre, que nuevamente fue multitudinaria en todo el país.
Lamentablemente, el día que en el Congreso se trataba el posible rechazo al veto, la dirigencia sindical no llamó a movilizar y dejó aprobar mansamente el veto presidencial, lo que provocó una profunda indignación y obligó a la burocracia a llamar a un paro el día 10, que fue masivo.
El ataque también lo sintió el movimiento estudiantil que, luego de las vigilias previas, tomaron rápidamente la mayoría de las universidades de todo el país visibilizando a nivel nacional el conflicto. Este martes se reúne el Frente Gremial para ver cómo sigue la pelea. Ya declararon un paro para este 17 y a partir del día 21 acciones de visibilización. Hay que exigir la participación de las bases en las decisiones. Convocar a asambleas interclaustros e interfacultades para discutir un plan de lucha para avanzar a una nueva Marcha Federal con paro y movilización a Plaza de Mayo.
También tenemos que rechazar el Presupuesto 2025. El gobierno ultraderechista pretende disminuir las partidas presupuestarias para la universidad, lo que implica menos recursos para infraestructura, mantenimiento, investigación y fundamentalmente una mayor reducción salarial para las y los docentes y no docentes universitarios. Con salarios de hambre no hay trabajadores universitarios y sin trabajadores universitarios no hay universidad.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
Javier Milei logró imponer el veto con el apoyo servicial del peronismo. Votaron a favor tres tucumanos del gobernador Osvaldo Jaldo y se ausentaron el diputado misionero Alberto Arrúa (también secretario general del Partido Justicialista de Misiones y ex de La Cámpora) y su par catamarqueña Fernanda Ávila, quien responde al gobernador Raúl Jalil, dando la nota de color al quedarse en su despacho sin bajar al recinto. Recordemos que las ausencias y abstenciones beneficiaron a Milei para que llegue al tercio de los votos, ya que sólo se cuentan los positivos y negativos de las y los presentes.
Quien salió por las redes a manifestar su enojo fue Cristina Fernández de Kirchner. “Gobernadores peronistas de nuestro partido habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias para plegarse a la estrategia de apoyo al veto a Milei”. En otra parte de su mensaje señala “cinco votos peronistas que de haber cumplido con su mandato habrían dejado sin efecto el veto y hoy la universidad tendría financiamiento”.
¿Qué pasó? Se dieron vuelta. Así de sencillo. Sin sus votos ganaba el rechazo al veto. Pero esos gobernadores fueron en la boleta de Unión por la Patria bajo la fórmula Alberto presidente-Cristina vice. ¿Ella no lo sabía?
Lo que quiere hacer creer es que en el peronismo hay sólo algunas “manzanas podridas” (no el conjunto de la dirigencia peronista) y que lo que hay que hacer es “enderezar al peronismo porque se torció y ordenar lo desordenado” con el objetivo de “que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del pueblo y la nación”. ¡Lo dice la misma que designó a dedo a Alberto Fernández como candidato a presidente llevando al país a un verdadero desastre, gobierno que integró la ex vicepresidenta de principio a fin!
Cristina llama a terminar con el “transfuguismo” del PJ con el objetivo de poner diputadas y diputados de su palo. Electoralismo al ciento por ciento. Pero si hace referencia a las bancas “que se venden”, recordemos que su hijo Máximo Kirchner y La Cámpora votaron para que se renegocie la deuda externa usurera del ministro Martín Guzmán. También votaron el cambio de la movilidad jubilatoria de Alberto que les robó a los jubilados. Y si no votaron el acuerdo con el FMI, es porque ya estaba sellado el acuerdo con el PRO.
Tenemos a su vez un hecho histórico, cuando en 1990 Néstor Kirchner siendo gobernador de Santa Cruz le puso un avión al entonces diputado Rafael Flores de esa provincia (que estaba enyesado) para que asistiera a votar la privatización de YPF bajo el gobierno peronista menemista de entonces.
Además, podríamos preguntarle a Cristina por qué no derogó las leyes de la dictadura o impuso el aborto legal cuando tenía mayorías en ambas cámaras en su último gobierno, por ejemplo.
Pero no se trata sólo de bancas, sino para quién gobierna el peronismo cuando está en el poder. No hay ningún peronismo “torcido ni desordenado”, es el mismo de siempre que viene gobernando durante veintiocho años de los últimos cuarenta para los grandes empresarios, la megaminería, los bancos y el FMI. Esto es lo que Cristina quiere encubrir.
El veto de Milei fue posibilitado por votos peronistas que fueron en las listas de Alberto y Cristina. Esa es la pura realidad. Esto debe llevar a la reflexión a las y los luchadores y jóvenes que vienen apoyando al peronismo creyendo que puede ser una salida favorable. A ellos les decimos que sólo el FIT Unidad muestra coherencia, tanto en el Congreso como en las calles, para enfrentar decididamente a la ultraderecha de Milei, mientras el peronismo lo deja correr y solo piensa en las elecciones de sus autoridades del próximo 17 de noviembre y las del año que viene, y la burocracia peronista de la CGT mantiene una tregua repudiable con el gobierno.
Escribe Fernanda Giribone, dirigenta de Izquierda Socialista Jujuy
Desde Izquierda Socialista queremos manifestar nuestro profundo repudio a la decisión del Juez Rodolfo Fernández de elevar a juicio la causa del “20 Junio” donde se acusa arbitrariamente a nuestro compañero Ivan Blacutt y a otros dirigentes políticos y sociales de la provincia.
En el 2023, con un masivo rechazo popular, el gobierno de Jujuy juró a escondidas del pueblo una Constitución reformada, momento en que se desplegó una brutal represión con detenciones ilegales, por orden del entonces Gobernador Gerardo Morales. A posteriori la Justicia, en connivencia con el poder político (y económico) tejió, a través del uso arbitrario de las leyes, la judicialización de dirigentes sociales y políticos, con el fin de aleccionar al pueblo. En una quirúrgica selección imputaron a los compañeros Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín, todos ellos dirigentes políticos y sociales.
Ahora, más de un año después de los hechos represivos se reaviva esta causa escandalosa, que sin pruebas ni argumentos firmes, -en un claro hecho de criminalización y judicialización de la protesta-, pretende hacer escarmentar a todo un pueblo. Según sus dichos, el Juez Rodolfo Fernández, los eleva a juicio porque entiende formalmente que la causa “es correcta” aunque en realidad se trate de una acusación que en cualquier otra circunstancia sería inadmisible por no describir los hechos ni las conductas atribuidas a los imputados (entre otras cosas).
De ninguna manera podemos permitir este tipo de retroceso en materia de derechos. Las acciones de Morales/Sadir van en consonancia con la política represiva del presidente Milei, que de la mano de protocolos represivos, nos quiere hacer vivir en una dictadura.
El gobierno de Milei ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión. Ante eso nosotros oponemos el camino de la movilización para enfrentar el ajuste, y de la unidad entre aquellos que rechazamos que se condene a quienes luchamos.
Rechazamos todo intento por criminalizar la protesta social y llamamos a impulsar una gran campaña por la absolución de los compañeros. Decimos que lo que se judicializa no son solo veinte militantes sino la fuerza de todo un pueblo que se desplegó en las calles durante el invierno del 2023, con decenas de cortes de rutas, marchas y paros, que enfrentó a una reforma constitucional que intentaba dejar a la provincia de Jujuy indefensa ante el saqueo.
Desde Izquierda Socialista exigimos el cese de la persecución a los que hoy son judicializados injustamente, que caigan todas las causas y que, por el contrario, se juzgue a Gerardo Morales y sus cómplices en el gobierno, por la ola persecutoria y represiva que se desató y que ha dejado un trágico saldo para el pueblo jujeño, que es de público conocimiento.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
Milei se valió de una Ley de Néstor Kirchner para imponer su veto, la 26.122. Es la que obliga a obtener una mayoría absoluta (dos tercios en ambas Cámaras) para voltearlo. Esta Ley le permitió a Milei ahora mantener el veto con solo 84 votos versus 159 que lo rechazaron, a pesar de ser minoría y contar con un amplio repudio popular. Será por eso que Máximo Kirchner dijo en un reciente acto que no estaba en contra del veto de Milei (“no nos tenemos que enojar”) porque es una facultad que tiene todo presidente.