Escribe Mariano Soria

El viernes 6 de diciembre, luego de febriles negociaciones, acuerdos y rosca, la legislatura de Santa Fe definió llamar a una Convención Constituyente para reformar la actual Constitución, vigente desde 1962. 

Este proyecto fue apoyado por la alianza oficialista Unidos (UCR-PS-PRO); cuatro diputados del peronismo (sector de Omar Perotti); dos del bloque de Amalia Granata; y Juan José Piedrabuena (ex peronista que vota con Maximiliano Pullaro). Pero el proyecto también recibió la aprobación de diputados del Frente Amplio por la Soberanía, que integran junto a Carlos Del Frade, quien votó en contra. Otra muestra de que las alianzas de centroizquierda conducen a más decepciones.

¿Para qué se vota esta reforma? Hace años está en danza este tema y siempre tuvo la misma motivación: habilitar la reelección del gobernador. Aunque dicen que esta reforma será “abierta” a incorporar distintas propuestas, el gran objetivo es que Pullaro pueda tener la volver a ganar en 2027. Se trata de un gobierno que ya demostró que está dispuesto a reprimir y atacar los derechos de la clase trabajadora, no podemos esperar nada de él.

Pero lo más importante es que los grandes partidos patronales no quieren debatir la necesidad de un aumento de impuestos a las cerealeras, aceiteras y a los terratenientes con esta reforma. Tampoco quieren que se establezca que el salario debe ser igual a la canasta familiar y se restituya el 82% móvil a las y los jubilados. No piensan debatir un aumento al presupuesto de salud y educación, ni reestatizar el Banco de Santa Fe (que hace negocios con la plata de miles de docentes y estatales). No proponen que el aborto legal esté incorporado como derecho constitucional, lo mismo que la Educación Sexual Integral, ni el presupuesto para garantizarlos, al igual que lo necesario para sostener la lucha contra la violencia de género.

Los grandes partidos patronales preparan una convención que debatirá cambios cosméticos de la Constitución, habilitará la reelección de gobernador y no discutirá ningún problema de los que atraviesa al pueblo trabajador de nuestra provincia. Para evitar cuestionamientos, ya establecieron un piso de 2,5% del padrón, esto implica que las fuerzas políticas que no tenemos millones para derrochar en campaña no ingresemos a la Constituyente.

Para las elecciones del 13 de abril, desde Izquierda Socialista sostenemos la necesidad de una lista única del Frente de Izquierda Unidad. Debemos postular una salida de fondo para llevar a la Constituyente y superar el piso proscriptivo de las PASO en la elección de concejales, para pelear por nuevos puestos de lucha en los Concejos Deliberantes. 

Escribe Pablo Almeida, delegado general de ATE Ministerio de Economía

El pasado 31 de diciembre trabajadoras y trabajadores  del Centro Cultural Haroldo Conti recibieron el siguiente mensaje: “El secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural que se procede al cierre del mismo a partir del 2 de enero de 2025 […] a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”. Esta fue la principal señal de alarma pero el ataque del gobierno ultraderechista y negacionista no se reduce al Conti. Cerca de 500 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, aproximadamente la mitad de su dotación, recibían notificaciones de despido mediante la no renovación de sus contratos.  

Un paso más en el brutal ajuste que el gobierno viene realizando entre los organismos del Estado nacional. Y que se ha concentrado en las últimas semanas en todas las dependencias ligadas a la Secretaría de Derechos Humanos que enfrentan junto a otras dependencias del Ministerio de Justicia cerca de 2.300 despidos y una reducción de cerca del 50% para quienes aún conservan sus puestos de trabajo.

Y en este caso queda a las claras que lo que se busca es vaciar áreas fundamentales como los Espacios de Memoria, que funcionan donde antes lo hacían centros clandestinos de detención y tortura como la ESMA (ver nota en esta misma página). O la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que es el organismo que se encarga de la búsqueda de los niños y niñas hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar.

A los despidos, el cierre del Conti y estas políticas de vaciamiento se respondió con importantes convocatorias de trabajadoras y trabajadores nucleados en  ATE junto a un gran número de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. El pasado 27 de diciembre se realizó un abrazo masivo en el predio donde funcionó la ESMA. Días después, un masivo festival solidario y acciones de visibilización en el mismo lugar. En todas esas acciones junto a una enorme solidaridad se hizo oír con fuerza la exigencia de paro general a las conducciones sindicales.

 Desde Izquierda Socialista y nuestra agrupación Estatales en Marcha tomamos parte activa de cada una de las acciones. Desde ese lugar señalamos que vemos imprescindible continuar rodeando de solidaridad la lucha contra el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Enfrentando los despidos de manera unificada con todo el Ministerio de Justicia y el resto de las dependencias del Estado Nacional que hoy están siendo atacadas. Por eso seguimos exigiendo que los distintos sectores de la conducción de ATE dejen los discursos altisonantes y pongan en pie un verdadero plan de lucha unificado. Al tiempo que peleamos para romper el pacto de la burocracia sindical peronista de la CGT, que en el Estado tiene su expresión en la conducción de Andrés Rodríguez de UPCN que deja correr el ajuste del gobierno al tiempo que dice que “no hay clima de paro general”.

Hoy más que nunca hay que salir a enfrentar las políticas de ajuste y negacionistas del gobierno de Milei. No se puede esperar al 24 de marzo para darle continuidad, como dijeron algunos dirigentes de la conducción de ATE Capital. Sigamos en las calles, con la más amplia unidad y reclamando a la CGT un nuevo paro general para derrotar el ajuste.
 
 
 

Escribe Juliana García*

Los ataques que el gobierno de Javier Milei y su Ministerio de Justicia vienen perpetrando contra organismos y espacios que investigan los crímenes y apropiaciones cometidos durante la última dictadura y rescatan la memoria para desvendar la verdad de ese momento histórico nos indignan, aunque no nos sorprenden. Es parte de la matriz de un gobierno de ultraderecha cuya vicepresidenta, Victoria Villarruel, defiende a los genocidas.

No se trata de ataques puntuales a determinados espacios. No es contra la ex ESMA, el Centro Cultural Haroldi Conti o el Espacio de Memoria Virrey Cevallos, es una política global que trata de liquidar el importante avance que significó la comprensión colectiva de una inmensa mayoría de que durante la dictadura no hubo excesos, sino crímenes de lesa humanidad y que, como tal, deberían ser juzgados. Ese hecho, que se reafirma cada 24 de marzo y constituye un ejemplo mundial en políticas de derechos humanos, es lo que quiere liquidar este gobierno negacionista.
Cada uno de los sitios de Memoria (ex CCD) contiene las historias del genocidio que pretenden silenciar, por eso los vamos a defender a todos y cada uno de ellos, comenzando por las y los trabajadores que ahí actúan y son protagonistas principales para resguardar esa historia. En la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que funciona dentro del predio de la ex ESMA, es donde mayor cantidad de despidos se han producido. Por eso fue correcto convocarnos y rodear de solidaridad ese espacio repudiando las medidas del gobierno. Pero vienen por todo y debemos multiplicar nuestros esfuerzos y reforzar nuestra unidad para defenderlos.

Esta política de desmantelar las áreas de derechos humanos y terminar con las leyes reparatorias de los crímenes de la dictadura, no es sólo una cuestión cultural o ideológica, tiene como objetivo borrar pruebas fundamentales que incriminan a autoridades militares, civiles y eclesiásticas que participaron del genocidio. Por eso apuntan al vaciamiento de los Sitios de la Memoria, el Ruvte (ex Conadep) y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otros, que preservan documentos esenciales para proseguir las investigaciones. La misma gravedad reviste el cierre del área de búsqueda en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) mediante la cual se han localizado 139 niños y niñas robados durante la dictadura.

Parte de esta destrucción, es el despido de trabajadoras y trabajadores que durante décadas vienen realizando una labor fundamental para analizar, organizar y proteger este valioso material investigativo. Sólo así se ha podido preservar la memoria, conocer la verdad y seguir investigando para que se condene a todos los genocidas y sus cómplices civiles. Necesitamos de la más amplia unidad de acción para impedir que este gobierno ultraderechista continúe avanzando con esta política de vaciamiento de espacios dedicados a la memoria histórica y defender a sus trabajadores.

* Hija de Antonio García y Beatriz Recchia, militantes populares desaparecidos durante la última dictadura y activa militante en la búsqueda de las y los jóvenes apropiados entre los cuales se encuentra su hermana Bárbara, a quien encontró luego de 32 años en 2009.
 
 
 

Escribe Mónica Mendez,consejo directivo provincial de la Cicop por la minoría
 
Javier Milei sigue con su plan motosierra en 2025. Ahora tocó el turno de los despidos y el vaciamiento en la salud pública que se suman a enormes recortes presupuestarios para el sector. En las últimas semanas se conocieron más de 200 despidos en el Hospital Laura Bonaparte, 150 en el Baldomero Sommer, otros 200 en distintos programas del propio Ministerio de Salud y el gobierno dejó trascender que llegarían a otras dependencias nacionales del sector totalizando 1.400 bajas. A su vez, están concretando una lista de despidos en PAMI, la obra social de jubiladas y jubilados.
El desprecio del gobierno de Milei por la salud pública llega a extremos difíciles de concebir. Con los despidos en curso se desmantelan áreas especializadas como el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o direcciones que trabajan en campañas nacionales de vacunación o en la prevención del HIV. Un desprecio que ya habíamos evidenciado a principios de octubre cuando intentaron cerrar el Hospital Bonaparte, único hospital nacional especializado en salud mental y consumos problemáticos.

Desde Salud en Marcha, agrupación integrada por Izquierda Socialista e independientes, creemos imprescindible enfrentar este nuevo ataque a la salud del pueblo trabajador. Tenemos que defender cada uno de los puestos de trabajo porque como dicen los laburantes del Bonaparte: “Sin trabajadores no hay salud mental”. Y es muy importante discutir entre todos la mejor forma de enfrentar los despidos y el vaciamiento. La conducción de UPCN, gremio que viene dejando pasar todos los despidos y la rebaja salarial en el Estado, dice que hay abierta una negociación y que hay que apostar todo a la misma sin llamar a medidas de fuerza. Las distintas alas de la conducción de ATE si bien han sido parte de medidas de lucha muy importantes como el abrazo del lunes 20 de enero frente al Hospital Bonaparte, siguen sin llamar al paro y un plan de lucha unificado de todo el sector.

El camino a seguir es completamente el opuesto. Hay que organizar la lucha en cada uno de los hospitales o dependencias afectadas. Al mismo tiempo exigimos a ATE y a todas las representaciones gremiales del sector que dicen defender a la salud pública que se lleve adelante  un plan de lucha unificado de todo el sector. La única forma de lograr esa unidad es apelando a la máxima democracia sindical en la toma de decisiones a través de asambleas sin distinción de modalidad de contratación ni de filiación gremial. Sólo así podremos derrotar este nuevo ataque de la motosierra de Milei
 
 
 

Luego del masivo abrazo en defensa del Hospital Bonaparte y bajo el lema “vaciar es cerrar” entrevistamos a Joaquín Caporale, residente y una de las voces de las y los trabajadores del hospital en el emblemático conflicto contra el cierre de octubre de 2024.
 
ES : ¿Cómo repercuten en el funcionamiento del hospital los despidos anunciados la semana pasada?
JC: La pérdida de 200 puestos de trabajo significa prácticamente dejar sin funcionamiento el hospital. Hay muchos pacientes que se quedan sin profesionales en sus equipos terapéuticos; y por otro lado hay pacientes que directamente se quedan sin equipo. Sumémosle a eso que todos los pacientes que están en los servicios, por ejemplo, de internación y de guardia, cuentan con menos profesionales para la atención. Hay una  sobrecarga de los compañeros y compañeras que no recibieron el telegrama de despido y que continúan con la atención de pacientes. Esa situación, sin duda, afecta el trabajo de las y los compañeros, incluso en la calidad de la atención que podemos brindar en un terreno tan delicado como la salud mental.

ES: ¿Cómo se están organizando para continuar la lucha?
JC: En relación a la organización institucional se está evaluando cómo se garantiza la atención a los pacientes. Vamos actuando en la medida en que se va conociendo cómo es el estado de situación y haciendo un análisis de las repercusiones que tiene esta falta de trabajadores en el hospital. Por otro lado, venimos teniendo asambleas en las que se definen las acciones que vamos a tomar. El día lunes realizamos el “abrazo simbólico” que fue masivo  y tuvo el apoyo de muchas organizaciones gremiales, sociales y políticas que vinieron a acompañar el reclamo. Y seguimos organizados en asamblea para definir los nuevos pasos a seguir.

ES: ¿Algo más, Joaquín?
JC: Mirá, lo importante de ayer (durante el “abrazo”)  fue que este hospital, como  el 4 de octubre, cuando se anunció el cierre,  se rodeó de solidaridad y eso nos da  a las y los trabajadores la fuerza para seguir adelante, para saber que lo que estamos haciendo era lo correcto, que es defender el hospital. Hoy la pelea es defender a estos 200 compañeros y compañeras despedidos.Porque sin trabajadores no hay salud mental.