Escribe María Lorca

La moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 quedó cerrada por orden del Gobierno nacional. Aunque tenía la posibilidad de extenderla por dos años más, el domingo 23 se cerró la ventana de tiempo que había disponible en la Anses para poder jubilarse sin cumplir con los 30 años de aportes, que permitía a adultos mayores acogerse a “comprar”, en cuotas, los años sin aportes. A lo largo de los veinte años de vigencia, la moratoria permitió que millones de adultos se jubilaran, sobre todo a que más de 2 millones y medio de mujeres accedieran a ese derecho, por eso la llamaron la “jubilación de las amas de casa”. Era una medida que reconocía la desigualdad de género, la brecha salarial y las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente en las mujeres. Por realizar estas tareas domésticas que incluyen la crianza de sus hijos e hijas las mujeres tienen menos años de aportes que los varones, con el agravante que son las que están sometidas a trabajos más inestables e informales.

Todo este aporte sustancial de la mujer en la sociedad actual es negado desde que asumió Javier Milei. Por eso en vez de prorrogar la moratoria, la cerró definitivamente, destruyendo este derecho básico. Este cierre impacta directamente ya que sólo el 30 % de los varones y el 10 % de las mujeres en edad jubilatoria podrán acceder a una jubilación sin moratoria. Sino tendrán que acogerse a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que solo se puede tramitar a partir de los 65 años de edad. O sea, las mujeres que hasta ahora se acogían a la moratoria a partir de los 60 años, deberán esperar a cumplir 65 para tramitar la PUAM, cuyo monto asciende en la actualidad a 223.297 pesos, el 80% de la jubilación mínima, una miseria extrema si comparamos con el valor de la Canasta Básica de Jubilados que asciende a 1.200.000 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad. Basta de quitar derechos a nuestros adultos mayores y de reprimirlos cada vez que reclaman por una jubilación digna.

Escribe Andrés Tejada Gómez, delegado de Ademys
 
Este lunes 17 de marzo comenzaron las clases en los Centros de Formación Profesional (CFP) de la ciudad de Buenos Aires. Pero este año con la diferencia que muchos cursos, capacitaciones laborales y trayectos formativos no serán parte de la oferta para estudiantes. Esto se debe a que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió recortar la formación profesional y dejar sin la posibilidad de instruirse a muchos trabajadores que buscan aprender un oficio, o continuar su formación para mejorar sus ingresos.

Este ajuste además es una muestra de la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad, ya que el año pasado gastó millones de pesos en maquinarias e insumos para cursos que ahora decidió cerrar. Esas herramientas ahora están juntando polvo en los depósitos de las escuelas.

El Ministerio de Educación adjudica estos cierres a que hay baja matrícula y que no resulta redituable la inversión. Lo que no dicen, es que tanto el Gobierno como el Ministerio no hacen nada por difundir los CFP a pesar de gastar millones de pesos en publicidad. Si las escuelas tienen poca matrícula es por culpa y desinterés del gobierno que no promueve ni difunde la formación profesional. En un contexto de crisis económica y social, la respuesta no puede ser el cierre de cursos. Denunciamos que, alineado con el Gobierno nacional, el Ministerio de Educación porteño vuelve a tratar la educación pública como un negocio y no como un derecho.

Este 24M, las calles se llenaron en todo el país contra el gobierno negacionista de Milei-Villarruel. En el 49° aniversario del último golpe de Estado que llevó a cabo un genocidio contra las y los luchadores, jóvenes, trabajadores que peleaban por un cambio en el país. No fue un 24M más, tuvimos el enorme desafío junto al movimiento de derechos humanos de decir ¡Ni un paso atrás!

Durante el gobierno de Milei, se avaló la visita de las y los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel de Ezeiza, se desmanteló la Secretaría de Derechos Humanos y los sitios de la Memoria, y se pretende avanzar en un plan de represión contra la protesta social. No olvidamos ni perdonamos la brutal represión del 12 de marzo en la marcha de las y los jubilados a manos de Patricia Bullrich, que hirió gravemente al reportero gráfico Pablo Grillo.

Recién comenzado el día de la Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno lanzó un video institucional desde la Casa Rosada a manos del reaccionario Agustín Laje, negando el genocidio llevado adelante por el Estado y hablando de una supuesta “verdad histórica”, una típica maniobra para falsear la historia y generar confusión, la misma que utilizan quienes levantan la falsa “teoría de los dos demonios”. Hablan de “guerra”, no de terrorismo de Estado, y niegan el exterminio que, a sangre y fuego, impuso un plan económico de saqueo de la mano del imperialismo norteamericano y el FMI ¡Una verdadera provocación! Pero al gobierno le salió mal. Más de un millón de personas llenaron las calles de todo el país, la Plaza de Mayo rebalsó hasta altas horas de la tarde. También en Rosario, Córdoba, Neuquén y en otras ciudades, miles se hicieron presentes.

Frente a las provocaciones del gobierno somos contundentes: si todavía hay impunidad es responsabilidad de todos los gobiernos que no abrieron los archivos de la última dictadura militar y por el pacto de silencio de los genocidas. La única manera de llegar a la verdad es sabiendo dónde están cada uno de las y los 30.000 desaparecidos, recuperando a los más de 400 infancias apropiadas y que haya cárcel común y perpetua para todos los genocidas y sus cómplices civiles. Cada juicio contra la impunidad, cada paso que dimos fue fruto de la enorme movilización del movimiento de derechos humanos que pelea en las calles junto a la enorme fuerza de las madres y abuelas. Juicios que lograron, por ejemplo, que el expolicia federal “Turco” Julián muriera en una cárcel común, después de haber sido condenado tres veces por delitos de lesa humanidad.

Por eso, esta marcha vale doble. Porque salimos a decir: ¡fuera la represora Patricia Bullrich! y en honor a nuestros jubiladas y jubilados, y más que nunca a enfrentar a un gobierno negacionista, provocador y represor que a 49 años del golpe de Estado busca una nueva estafa con el FMI, para seguir pagando una deuda externa que se inició bajo el terrorismo estatal y que es ilegítima, fraudulenta e ilegal.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad fuimos parte de las movilizaciones en todo el país, para reivindicar a nuestros caídos, desaparecidas y desaparecidos del glorioso PST. En Buenos Aires con una gran columna dijimos con fuerza #NuncaMas. #Son 30.000, fue genocidio. Abajo el nuevo acuerdo con el FMI. Fuera Bullrich. Basta de Milei.
 

El reportero gráfico Pablo Grillo se encuentra en recuperación, luego de que un gendarme le disparara una granada de gas en la represión del 12 de marzo. La enorme bronca se transformó en solidaridad cuando se pedían dadores de sangre. Los carteles de ¡Fuerza Pablo! se vieron en las luchas, en las canchas de fútbol y en las marchas. El material registrado señaló que fue deliberado y quién disparó. Exigimos castigo a los responsables materiales y políticos. ¡Fuera Patricia Bullrich! Mientras llenamos de solidaridad y de fuerza a Pablo y su familia.

El 12 de marzo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich realizó un despliegue represivo inédito con balas, palos, camiones hidrantes y gases, para apalear una vez más a las y los jubilados y a todas aquellas personas que nos movilizamos en su apoyo. Acompañamos el repudio a la ministra y el reclamo popular por su renuncia como responsable de ese accionar criminal. Exigimos la derogación del protocolo represivo que atenta contra las libertades democráticas y el derecho a manifestarse.