Para conocer mejor la situación, le pedimos un testimonio a la compañera Monserrat “Tata” Gayone de Izquierda Socialista de Bahía Blanca

Nos encontramos en medio de la catástrofe conmocionados e incomunicados. En otros lugares del país tienen mejor información que nosotros, ya que la mayoría de la población no tenemos luz. Están inundadas las cámaras de EDES (la empresa eléctrica) que son subterráneas. Falta luz en las calles y en los edificios. El hospital del sur y el Penna, los más grandes, no pueden atender porque están inundados. Las cisternas están inundadas por las aguas del arroyo Napostá y el canal Maldonado que reventó. La catástrofe afecta a toda la ciudad. La biblioteca central de la Universidad del Sur está inundada hasta el segundo estante. Se perdieron libros. No hay aún evaluación de todo lo ocurrido. Se tuvo que trasladar el acopio de donaciones desde la Universidad del Sur a otro lugar pues se detectó que pudieron filtrarse sustancias químicas de los laboratorios cuya integridad se desconoce. Se han formado socavones que chupan a los autos y a las personas. El agua invadió el centro de la ciudad, no solo se inundó la periferia. Ingeniero White donde está el puerto y General Daniel Cerri donde hay una planta de gasoducto que viene de Vaca Muerta, son localidades que están sobre la línea de la marea y están bajo agua, porque la marea subió al mediodía.
La Policía, los bomberos y Defensa Civil no pudieron seguir actuando porque la corriente les arrastra las máquinas. La ruta a La Pampa está cortada por una fisura que parece la de San Francisco, que obligó a que se vuelvan los camiones con asistencia. No hay transporte público ni clases en las escuelas. La terminal es un centro de evacuación.
En cuanto a la situación del Polo Petroquímico, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Central Piedra Buena y Dow se encuentran fuera de servicio, mientras TGS Cerri mantiene solo el suministro de gas para uso domiciliario. Están ubicados en la zona del puerto y de Daniel Cerri, que este lunes 10 se encuentran inundados. Por eso se colocaron cisternas en puntos claves para garantizar el abastecimiento y bombas de achique de gran porte que se utilizan en grandes superficies subterráneas para el drenaje de agua.
Una autovía que está al sur de la ciudad quedó inconclusa, las obras viales de la ruta 33 que comunica con La Pampa se interrumpieron desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
En Bahía se juntaron dos problemas: el cambio climático y el modelo extractivista sumados a la desinversión de la obra pública que no realizó las obras apropiadas para el drenaje. Por lo tanto, esta catástrofe, se pudo evitar. Pero somos zona de sacrificio del transporte del petróleo y de gas de Vaca Muerta y su exportación al exterior. En Rosales sigue avanzando la construcción del puerto petrolero y la carrera que se acaba de abrir en la universidad es la Tecnicatura en Petróleo y Gas, pensando en Vaca Muerta.
¿Cómo reaccionó la población? Es muy triste tener al menos 16 muertos y muchos desaparecidos. A pesar de ese dolor, todo el mundo colabora. Es impresionante, inmensa la solidaridad. Nos conocimos con los vecinos con los que uno habitualmente ni nos vemos. Nos alcanzamos madera para tapar la entrada de las casas. Compartimos lo poco que nos quedaba. Los clubes, los deportistas, todos se prestan para la evacuación, el acopio de las donaciones.

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:
EMERGENCIA AMBIENTAL, HÍDRICA, SOCIAL, SANITARIA, ECONÓMICA, TERRITORIAL Y HABITACIONAL EN ZONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL EN BAHÍA BLANCA Y LA REGIÓN

Artículo 1°.- Declárase la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de marzo de 2025, en la Ciudad de Bahía Blanca, y en todos los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires, por las consecuencias del temporal que comenzó el día 7 de marzo del mismo mes y año.
Artículo 2°.- La emergencia declarada en el artículo precedente tiene como objeto garantizar todas las medidas necesarias para paliar las consecuencias del temporal sobre todas las familias, territorios y economías afectadas, priorizando a los sectores más vulnerados, y adoptar las acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación.
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional destinará la totalidad del presupuesto necesario para:
a) afrontar todos los recursos y acciones pertinentes para garantizar agua potable, alimentos, vestimenta, abrigo, alojamiento, atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas;
b) garantizar la asistencia de todo el personal que sea necesario a los fines de cumplimentar con las tareas que emanan de la Emergencia declarada en esta ley, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad, recursos y herramientas afines a las condiciones que exija la labor asignada;
c) la reconstrucción de los hogares, bienes e infraestructura pública o personal afectada, sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado;
d) el restablecimiento de todas las redes de servicios públicos;
e) la recuperación inmediata de las actividades sanitarias, educativas, económicas y sociales y toda otra acción que resultare necesaria, priorizando a los sectores más vulnerables, en el marco de la emergencia dispuesta en esta
Ley como de las definiciones que al respecto realice el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación del 7 de abril y toda otra acción climática a ella vinculada, que crea el artículo 4° de la presente norma.
Artículo 4°.- Créase el Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación del 7 de abril y toda otra acción climática a ella vinculada, el que tendrá como tarea inmediata el relevamiento y control de la zona afectada por el temporal.
Dicho comité estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.
Artículo 5°.- Prohíbase la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del territorio afectado por las consecuencias del temporal, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios.
Artículo 6°.- Las partidas presupuestarias establecidas en la presente deberán emerger del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo creado por la Ley N° 27287 y, de no ser suficientes de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales y de la suspensión inmediata de los pagos de la fraudulenta deuda externa.
Artículo 7°.- A sola comprobación del domicilio afectado, las personas damnificadas, ya sea que se desempeñen en ámbitos estatales, públicos y/o privados, bajo el régimen de contratos, en calidad de planta permanente, autónoma o de cualquier otra forma de empleo registrado o no registrado, tendrán derecho a licencias laborales con goce de haberes desde el momento en que se produce la inundación y hasta tanto se normalice la situación de anomalía provocada por la misma. Estas licencias laborales garantizan a las personas damnificadas la percepción de la totalidad de su salario así como todos los derechos sociales que de su condición laboral se desprenden.
Artículo 8°.- Prohibición de despidos. A sola comprobación del domicilio afectado, queda prohibido el despido por ausencia laboral de las personas damnificadas.
Artículo 9°.- Créase el subsidio a los damnificados por el temporal, el que será equivalente al monto de los daños y/o pérdidas ocasionadas y tendrá como fin asistir a todas aquellas personas, asociaciones sin fines de lucro,
organizaciones sociales, consorcios de edificios, clubes y comercios que sufrieron las consecuencias de la misma.
El acceso a este beneficio deberá solicitarse dentro de los sesenta (60) días hábiles de aprobada la presente ley. A tal fin, la autoridad de aplicación habilitará una línea telefónica gratuita y/o página web para que los damnificados puedan iniciar su reclamo.
Los requerimientos, el control y seguimiento del otorgamiento de los subsidios estará a cargo del Comité de Emergencia que crea el artículo 4° de esta ley.
Artículo 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Traemos a consideración un proyecto de Ley que tiene por objeto declarar la emergencia social, ambiental, hídrica, económica, territorial y habitacional, desde el mes de marzo de 2025, en la Ciudad de Bahía Blanca y en todos los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires por las consecuencias del temporal que comenzó el día 7 del corriente mes y año y dejó como saldo, hasta el momento, más de 16 víctimas fatales, miles de evacuados, cientos de familias que aún permanecen aisladas porque el agua no bajó lo suficiente como para que puedan salir, y mucha gente desaparecida, entre ellas una beba de un año y su hermana de 5 años. Además, generó anegamientos en diversas zonas urbanas y periurbanas, afectando la circulación, el acceso a viviendas y comercios, el colapso del sistema de desagüe y drenaje y destrozos en infraestructura pública y personal. Tal es el caso, de público conocimiento, del Hospital Penna.
A poco de cumplirse un año del temporal del 16 de diciembre del 2023, que se llevó 13 vidas y dejó destrozada la ciudad, asistimos a un nuevo crimen social ante un fenómeno completamente previsible, contemplado en las predicciones del Panel de expertos en Cambio Climático de la ONU y estudiado por
trabajadores de la ciencia nacional, del Conicet, que ya desde el 2012 anunciaban el peligro. No se puede decir que es una tragedia “de la naturaleza”. Son las consecuencias del calentamiento global y la destrucción ambiental capitalista que el gobierno de Milei niega.
Los gobiernos nacional, provincial y municipal no accionaron pese al “alerta naranja” que regía desde la medianoche del viernes 7, con anuncios de que “la región se verá afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que se desplazarán progresivamente de sudoeste a noreste. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, y ráfagas que pueden superar los 90km/h”, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Tampoco accionaron debidamente ante la alerta roja, anunciada a las 7.15 horas del 7 de marzo, con la ciudad ya inundada. Desde las 4 am habían caído por lo menos 200 mm y se estimaba que en las siguientes 2 horas caerían entre 50 y 100 mm más. Ya había 40 familias evacuadas y estaban a punto de saturarse las líneas de asistencia.
Los gobiernos nacional, provincial y municipal actuaron tarde, cuando el desastre ya era un hecho consumado. Lo hicieron decretando que se trataba de “una situación excepcional”, cuando como es de público conocimiento, la “situación excepcional” anterior ocurrió hace tan solo 1 año y 2 meses. Luego del temporal de 2023, además de los destrozos de viviendas, escuelas y caminos, la población bahiense sufrió cortes de agua y de luz por entre 25 y 40 días. La situación crítica llevó a que se organizaran desde los barrios y desde las escuelas con la docencia al frente de juntar donaciones.
En tanto la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se dedica a atacar con fake news en los medios al Servicio Meteorológico Nacional, afirmando que no existió el mencionado alerta, el freno a la obra pública, otra de las causales de este desastre, sigue siendo una de las “prioridades” del gobierno de Javier Milei. Mientras el ministro Luis Caputo anuncia que se destinarán $10 mil millones de pesos para las reparaciones, sólo en enero de 2023 el gasto en obra pública fue de $157.000 millones, ajustado por inflación. La cifra, además, contrasta con 5.000 millones de dólares que se pagaron sólo en el último año al FMI por la usurera deuda externa: quinientas veces más que lo que quieren destinar ahora.
Hoy es nuevamente la solidaridad que brota desde abajo, con vecinos que se organizan para ayudarse, edificios que se convierten en pequeñas comunidades de unidad para conseguir agua, asistir a los adultos mayores, subir víveres por las escaleras, la que surge desde abajo para dar respuesta a la emergencia.
Es urgente un plan de emergencia integral, que garantice que la población afectada podrá reparar los daños del temporal a costo cero. Por eso este
proyecto que traemos a consideración se propone declarar la Emergencia con el objeto garantizar todas las medidas necesarias para paliar las consecuencias de este verdadero crimen social y adoptar las acciones pertinentes para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por el mismo, destinando a tal fin todo el presupuesto que sea necesario.
Para ello, proponemos que las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente emerjan de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales, mientras seguimos reclamando la inmediata suspensión de todo pago de la deuda externa.
Finalmente, la ley que proponemos crea un Comité de Emergencia orientado a la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación, el que tendrá como tarea inmediata el relevamiento y control de la zona afectada por el temporal.
El mismo estará conformado por vecinos, trabajadores afectados a las tareas que surgen de la presente, equipos técnicos conformados a los fines de dar cumplimiento a la misma, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales de áreas complementarias y la comunidad organizada, quienes definirán las prioridades y metodologías de distribución de los recursos.

Escribe Mariano Barba

En el mismo día que el gobierno autorizaba el aumento de la tarifa de luz, se produjeron dos apagones masivos en el area AMBA. Un millón de usuarios perdieron alimentos, medicamentos, sufrieron sofocones en su salud, no hubo clases. Una falla en dos líneas de alta tensión que administra Transener, empresa concesionaria de servicio público de transporte de energía eléctrica, sacó de servicio a dos centrales generadoras de Edesur, empresa privada de distribución de electricidad domiciliaria. Fue una total responsabilidad de las empresas privatizadas del sistema, que al mismo tiempo gozan de aumentos extraordinarios en sus ingresos.
Entre enero 2024 y el mismo mes de 2025, las tarifas de energía eléctrica aumentaron entre un 270% y un 400%, de acuerdo al instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA Conicet, mientras que la inflación fue del 117.8 % anual. Es decir, las tarifas aumentaron varias veces más que la inflación, que fue altísima. Un verdadero saqueo al bolsillo, teniendo en cuenta que los salarios fueron ajustándose en su mayoría por debajo de la inflación. El mismo Gobierno nacional que autorizó estos tarifazos, limita los aumentos de salarios no homologando paritarias que superaran el 2% mensual.
El gobierno ultraderechista, a través de la secretaria de Energía, María Tettamanti (del equipo de Caputo), autoriza los aumentos sin exigir inversiones, y ni planes de inversión. El incremento que embolsaron Transener, Edenor y Edesur, responsables de los apagones, no ha sido correspondido con nuevas obras ni mantenimiento adecuado. Hasta la mayorista Cammesa había advertido en noviembre del 2024 que se vendrían los apagones. Es que mientras se puede producir en la totalidad del sistema eléctrico del país una potencia de 41.800 Mw, las instalaciones solo pueden transportar menos de 30.000 Mw. Estas falencias crecieron con las privatizaciones del peronismo menemista.
Mientras continúe el plan motosierra la situación se irá agravando, con un verano 2026 que se predice será más caluroso aún. Son tan estafadoras estas empresas que Edenor exige un aumento del 8% en la factura final correspondiente al mes de abril, y Edesur propuso un nuevo régimen tarifario para pequeños consumidores. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos lo opuesto para solucionar la crisis del servicio eléctrico; que se reparen todos los daños ocasionados con los apagones, que se anulen las privatizaciones, y se re estatice el sistema eléctrico bajo control de sus trabajadores y usuarios.

El 8M comenzó con otra provocación de Javier Milei estafador: en las cuentas oficiales de la Casa Rosada subieron un video institucional cargado de mentiras y falsedades, que van desde negar los femicidios hasta ir contra nuestro derecho a decidir, ganado con la histórica marea verde. Pasando por la ridícula idea de sostener que ahora las mujeres estábamos más cuidadas gracias a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y, su par en Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Una jugada del gobierno ultraderechista que, lejos de amedrentar, sirvió para que más mujeres y disidencias sexuales se sumen a la convocatoria a la Plaza de Mayo y en todo el país.
Los medios televisivos no cubrieron la marcha que reunió a cientos de miles de manifestantes que salieron a la calle no solo por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales, sino también por otros reclamos. Estudiantes en defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y la educación pública, docentes por aumento de salarios, trabajadoras estatales contra los despidos, madres e hijas y grupos de amigas que se organizaron para estar presentes con sus carteles  pintados a mano. Muchas abuelas con sus nietas de la mano, levantaron el reclamo de aumento de jubilaciones y pensiones, como cada miércoles frente al Congreso, y contra el fin de la moratoria previsional, que dejará sin el derecho a jubilarse a nueve de cada diez mujeres.
Es que nosotras y las disidencias sexuales somos las más afectadas por la motosierra de Milei, que no para de atacarnos. Según el informe del Centro de Economía Política (CEPA), con datos del tercer trimestre de 2024, en un año se perdieron 15.748 puestos de trabajo en casas particulares, donde el 95% son mujeres. En otro sector feminizado como el docente, donde un 77% son maestras, sufrieron un recorte de salarios en términos nominales con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba en promedio el 12% del sueldo. El programa Acompañar, de ayuda económica para víctimas de violencia de género, perdió 29,8% de su poder adquisitivo, a la par que se detuvieron las altas y se redujo de seis a tres meses el periodo de ayuda.
Todas estos reclamos estuvieron presentes en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en nuestro país. Desde Isadora y Disidencias en lucha, además homenajeamos a las mujeres y al pueblo de Gaza que resiste el genocidio perpetuado por el Estado de Israel. Tal como lo recordó nuestra diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad Mónica Schlotthauer, en el acto de cierre en Buenos Aires, nuestra lucha como feministas socialistas es hasta lograr un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Te invitamos a que te sumes con nosotras y nosotres a dar esta pelea.

Isadora - Mujeres en Lucha y Disidencias en lucha