Escribe Juan Carlos Giordano,diputado nacional electo, Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno sigue con su plan de pago de la deuda en medio de la emergencia vía una oferta que se se le hará a los bonistas. Desde Izquierda Socialista venimos diciendo que esa deuda usurera no hay que pagarla, mucho más ahora con la emergencia y la terrible crisis social. ¿Cómo se va a privilegiar el pago de una deuda usuraria cuando hay que destinar esos millones de dólares a combatir la pandemia?

Siempre se nos contesta que la Argentina podría sufrir tremendas consecuencias si se deja de pagar. Es la campaña que hacen los usureros, precisamente porque serían ellos quienes perderían si nuestro país tomara esa medida soberana. Líbano acaba de suspender los pagos. 

Lo importante es que otras voces comparten nuestra postura. El pasado 22 de marzo se publicó una nota con el título “¿Qué pasaría si Argentina deja de pagar su deuda?” firmada por Julián Zícari, economista y doctor en Ciencias Sociales -BA/UNDAV/Conicet- (suplemento Cash, Página12, 22/3/2020). Allí el autor señala que “un nutrido grupo de voceros de los acreedores asustan a la población si se declara el default. Amenazan con que se desataría una profunda crisis económica. 

En realidad, las crisis en los últimos cuarenta años, desde la dictadura hasta la actualidad, han irrumpido como consecuencia de pagar la deuda, no por dejar de pagarla”. Y agrega que “quienes se preocupan por no cobrar en caso de default (bancos, el capital concentrado, especuladores, fondos de inversión) son los que buscan asustar a la población […]

“Lo más cercano a un argumento con respecto a dejar de pagar la deuda es decir que nuestro país ‘se caería del mundo’, sin dar luego mayores precisiones al respecto o explicar qué significa eso. Otras veces invocan que podría aumentar la pobreza o que el país podría sufrir una terrible crisis por dejar de pagar”.

 Y agrega: “La crisis de la deuda de 1982, la hiperinflación de 1989, el final de la convertibilidad en 2001 y la reciente crisis macrista tuvieron como epicentro el pago de la deuda. Las devaluaciones, corridas y posteriores disparadas de la inflación y de la pobreza, con sus respectivas licuaciones salariales, respondieron en todos los casos a seguir con los pagos más que al haberlos interrumpido. La situación entonces está muy lejos de ser el infierno tan temido que muchos anuncian”.

En otra parte de la nota el economista Zícari señala: “Los beneficios de dejar de pagar podrían ser muchos. El más palpable sería que la gran cantidad de recursos que utiliza el Estado para atender la cuestión deuda se podría volcar a otras prioridades como reactivar la economía, distribuir ingresos, aumentar los presupuestos en salud, educación, jubilaciones o la obra pública”. Y finaliza: “Solo evitando el dogmatismo ciego de cumplir con la deuda la Argentina puede recuperar grados de autonomía y pensar así un destino soberano y nacional”.

Estos argumentos refuerzan lo que venimos postulando, que la Argentina debe dejar de pagar ya esa deuda mafiosa y utilizar esos fondos para combatir la crisis del coronavirus.

Escribe Guido Poletti

Casi en el mismo momento en que el propio presidente Alberto Fernández afirmaba, en el reportaje con el músico René Pérez, que “no pagaría más deuda a costa de los argentinos”, el Banco Central autorizaba el trámite para que se abonaran 248 millones de dólares de un nuevo vencimiento de deuda externa.

Se trata del vencimiento de bonos Par, surgido en los canjes kirchneristas de los años 2005 y 2010, muchos de ellos hoy en manos de fondos buitres. El próximo vencimiento de pagos de deuda será dentro de veinte días, esta vez por 503 millones de dólares. Y luego, en mayo, los pagos se acumulan, superando los 3.000 millones. ¡Esta es la plata concreta que hoy mismo debe destinarse a la emergencia del coronavirus, en vez de regalarse a los pulpos especuladores! Se impone, más que nunca, suspender ya mismo todo pago de deuda. 

Escribe Claudio Funes

La situación de ajuste permanente a los trabajadores estatales de Chubut, que ya lleva varios meses, se agrava exponencialmente con la pandemia del coronavirus. 

Es por ello que, a través de los secretarios generales de diferentes sindicatos, se le envió una nota al gobernador peronista Arcioni el 26 de marzo. A continuación reproducimos los párrafos centrales:  

“[…] en virtud de la pandemia de COVID 19 que afecta a todos los pueblos de nuestro planeta, solicitamos a usted arbitre todos los medios posibles para suspender el pago de la deuda y sus intereses a los acreedores externos, privilegiando de este modo la salud y la alimentación del pueblo chubutense y el salario de los trabajadores estatales. […] Ante la situación de fragilidad en que nos encontramos inmersos los trabajadores estatales de Chubut, activos y jubilados, el constante retraso en el pago de nuestros salarios y la incertidumbre cotidiana de no saber en qué fecha podemos pagar nuestras deudas y realizar la compra de víveres para nuestras familias, que hoy más que nunca tiene el carácter de supervivencia frente a la cuarentena”. 

Los trabajadores estatales de Chubut cobran sus salarios en forma escalonada. Las fechas de depósito de sus haberes están en función del monto de sus ingresos. Recién el 27 de marzo el gobierno peronista confirmó el depósito de haberes de febrero al sector Salud (primer rango), mientras que a los integrantes del rango 2 -los que perciben entre 40.000 y 65.000 pesos- solo les acreditaron 10.000 pesos del sueldo que debieron haber cobrado hace tres semanas. Esta práctica del gobierno de Arcioni, de hambrear a los trabajadores estatales para pagar puntualmente la deuda externa de la provincia, lleva más de un año. 

Izquierda Socialista en el FIT-Unidad se solidariza con los trabajadores chubutenses y los acompaña en la exigencia del no pago de la deuda. 

Escribe José Castillo   

El primer paquete de medidas ante el coronavirus incluyó 700.000 millones de pesos. De ellos, la mitad se destinó a subsidiar a las empresas, supuestamente para que puedan pagar los sueldos y no despidan personal.

Así, se pusieron recursos del Banco Central como garantía para que los bancos ofrezcan créditos a tasas bajas a las empresas para que puedan financiar hasta el 100% de los salarios de este mes. Traducido: si luego esas empresas no pagan los créditos, lo hará el Estado, que sale de “garante”. Al mismo tiempo, las empresas quedan exceptuadas de pagar contribuciones y aportes patronales. Nuevamente la contrapartida es una mayor desfinanciación de la Anses. También hay exenciones y corrimientos de plazos para pagar impuestos y subsidios.

Además se facilitaron los trámites para masificar un mecanismo que se había inventado durante el kirchnerismo en 2009, los “repo”. De acuerdo con esto, una empresa puede pedirle al Estado que directamente le pague una parte del sueldo de sus trabajadores a cambio de no despedirlos.

En concreto, las patronales están recibiendo enormes “incentivos” (léase dinero del Estado para que cubran lo que dejan de ganar en estas semanas). Pero, como ya vimos en el caso de Techint esto no alcanza para que las patronales no estén planificando toda una ola de suspensiones y despidos en cuanto les resulte posible, así como una baja generalizada de salarios.

Estamos ante una auténtica emergencia sanitaria. Necesitamos todo el dinero posible para resolverla. No estamos de acuerdo con que una parte sustancial se despilfarre entregándosela a grandes empresas con la promesa de que así no se despedirá personal, cosa que, como vemos, luego no se cumple.

Las grandes empresas no deben ser subsidiadas. Al contrario, ellas deben aportar en la crisis con un impuesto especial a sus superganancias de años anteriores.

Escriben Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

La cuarentena impuesta por el gobierno nacional está siendo cumplida de buen grado por la enorme mayoría de la población. Esta medida es, sin embargo, insuficiente. El sistema de salud es el otro pilar donde se apoya la lucha contra la epidemia y es éste, precisamente, el punto débil de la política oficial pues presenta severos déficits de infraestructura, tecnología, insumos y recursos humanos en todas las especialidades debido a años de abandono y bajos presupuestos y que este gobierno no está dispuesto a resolver.

Tomemos como muestra las unidades de cuidados intensivos que se han vuelto tan necesarias en esta epidemia para tener cabal conciencia de las carencias. Los datos duros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) revelan que en el país hay 8.560 camas para adultos y 1.778 pediátricas, o sea 0,25 cama cada mil habitantes, exactamente la cuarta parte de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es una cada mil. De estas camas, solo el 60/70% poseen respirador, monitores y bomba de infusión, mientras que hay solo 1.900 médicos intensivistas para adultos. 

Lo mismo sucede con la enfermería: hay una cada tres o más camas y no una cada dos camas, como aconseja la OMS. Del total de camas, el 90% están siempre ocupadas por pacientes con enfermedades habituales pero complejas. Queda un 10% para ser utilizado en la pandemia. Claramente insuficientes.

Frente a este panorama de brutales carencias que abarca a la totalidad del sistema Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, convocó solamente a doscientos enfermeros jubilados, o sea, llamó a trabajar a una población de riesgo en plena pandemia. Ofreció solamente cincuenta cargos temporarios por tres meses de médicos intensivistas.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia, dice que incorporará 3.700 profesionales, también temporarios, de los cuales dos mil serán enfermeros, quinientos médicos intensivistas y el resto de otras profesiones. Muy alejado de lo que reclama la Cicop: restitución de las 2.500 vacantes profesionales perdidas con los sucesivos gobiernos, más el personal de enfermería faltante, que es, por lo menos, otro tanto.

La Cicop reclama también la protección integral del personal de salud: insumos como guantes, barbijos y protectores oculares adecuados, licencia para mayores de 60 años y embarazadas y otras medidas. Propicia la creación de comités de crisis en cada establecimiento -ya se han instalado en varios hospitales- para monitorear la emergencia, como la distribución de insumos.

La intención, tanto del gobierno nacional como de los de las distintas provincias, es cargar sobre las espaldas de los trabajadores de la salud la lucha contra la pandemia. Por eso se han negado a recomponer el valor de los salarios degradados por la tremenda inflación del año pasado y han ofrecido una especie de propina de 5.000 pesos durante tres meses, ligada al presentismo. Mientras que algunos sindicatos, como ATE, han presentado este bono como una conquista, Cicop lo ha denunciado como una maniobra y sigue reclamando paritarias para recomponer el salario.