Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Javier Milei allana el camino a las mineras al desregular por decreto la explotación extractivista en los glaciares, que son reservas estratégicas de agua para todo el país.

El gobierno anunció que planea modificar por decreto la Ley de Glaciares N° 26.639, algo que ya había intentado incluir en la redacción original de la Ley Bases y que finalmente fue removido. Esta ley prohíbe expresamente las actividades extractivistas en los glaciares y en los ambientes periglaciares (las zonas cercanas que permanecen congeladas gran parte del año) con el objetivo de proteger las reservas estratégicas de agua y los ecosistemas asociados. La norma fue fruto de años de lucha socioambiental, fue aprobada por el Congreso, vetada por Cristina Kirchner en 2008 tras una fuerte presión del lobby minero, y finalmente sancionada en 2010. En 2016 se intentó modificarla nuevamente, pero fue defendida en las calles por organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas.

En este nuevo intento de las mineras por avanzar sobre los glaciares, la modificación fue redactada (según diversas fuentes) por un abogado vinculado a Barrick Gold. El decreto busca reducir las áreas protegidas y habilitar actividades actualmente prohibidas, como la explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de sustancias químicas y residuos, y la construcción de infraestructura sin fines científicos. Este intento representa un grave retroceso en materia de legislación ambiental, un nuevo avance del extractivismo con la complicidad del gobierno ultraderechista, y además viola compromisos internacionales de rango constitucional, como el Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó y que prohíbe expresamente la regresividad en normas de protección ambiental.

Los glaciares son considerados recursos hídricos estratégicos: resguardan el 70% del agua dulce del planeta y actúan como verdaderas fábricas de agua que alimentan ríos, ecosistemas y comunidades enteras. Ya vienen siendo amenazados y reducidos año tras año por el calentamiento global, y ahora podrían ser dinamitados y contaminados para permitir la exploración de hidrocarburos. Instituciones científicas, investigadores del Conicet y universidades nacionales han advertido sobre el impacto ambiental devastador que implicaría este proyecto. Afectaría de forma directa a todas las regiones que dependen de estos cursos de agua, agravando las sequías y profundizando la escasez en zonas que ya enfrentan una crisis hídrica.

Desde el gobierno de Milei admiten que actúan por presión de las mineras, con el objetivo de “garantizar la seguridad jurídica”, lo que en realidad significa darles a las multinacionales las mayores comodidades de inversión, a costa de nuestra salud, los ecosistemas y los territorios. Todo en sintonía con el régimen de saqueo del RIGI y el proyecto económico extractivista y reprimarizador de la economía que impulsa el gobierno.

El agua es vida y un derecho que vamos a defender en las calles. La movilización del movimiento socioambiental, junto a las y los trabajadores, las comunidades, las universidades y la ciencia, es el camino para enfrentar el lobby de las mineras, el avance del extractivismo y a este gobierno negacionista climático y cipayo.

Escribe Marcela Martín, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Córdoba vuelve a ser noticia, ahora con el gobierno y a través del Poder Judicial provincial, profundizando la criminalización de la protesta de los defensores ambientales con la elevación a juicio por la lucha en defensa del bosque nativo, los sitios arqueológicos y las poblaciones originarias.

La lucha comenzó en 2018 cuando el gobierno peronista de Juan Schiaretti impuso un proyecto de autovía de montaña y provocó la irrupción de las asambleas ambientales del Valle de Punilla que defienden las zonas rojas de extrema protección ambiental. Esta obra es parte del ambicioso proyecto bioceánico extractivista de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que permite la salida por vía terrestre de nuestras riquezas a cualquier costo.

Las asambleas, conformadas por vecinos y vecinas de todas las localidades a lo largo del Valle, impulsaron múltiples actividades locales y regionales para visibilizar los riesgos graves que la concreción de este tramo implicaba para la biodiversidad, cuencas hídricas y sitios originarios. En esa lucha, el gobierno tuvo que retroceder, y retirar el proyecto y buscar otra salida, ya que además se diseñaba sobre un yacimiento de uranio.

El gobierno debió replantear la obra, ahora por el oeste de las laderas de las Sierras, pero afectando también la zona roja. A pesar de la audiencia pública virtual, con 24 jornadas,  más de 600 inscriptos, y un 90% de rechazo, el gobierno da ilegalmente la licencia ambiental, convocando a licitación de los 22 km divididos en cuatro tramos para la construcción de la mega obra.

Debido a la enorme lucha, se dispuso de un aparato represivo, policial y judicial, persiguiendo a las y los activistas, iniciando un proceso de criminalización para frenar la organización vecinal y garantizar su plan. Es así que se llegó a la imputación de 18 defensores ambientales, de los cuales seis, hasta el momento, hemos sido elevados a juicio para acallar la lucha de los pueblos vecinos del Valle, ya que se viene el segundo tramo hacia La Cumbre.

La Cámara de Acusación de Villa Dolores, donde apelamos, ratificó la medida. El 31 de marzo de 2025 se inició el proceso en la Cámara de Cruz del Eje, un hecho inédito en la justicia cordobesa, como lo es el enjuiciamiento de Defensores Ambientales.
El hecho por el que se nos imputa es por haber participado de una manifestación colectiva, donde estaba el repudiado intendente de la ciudad de Cosquín, Raúl Cardinal, quien avaló la iniciativa gubernamental.

Ahora la justicia cordobesa nos quiere castigar, criminalizando la protesta para garantizar los negocios inmobiliarios de los grandes grupos empresarios, amparados por el gobierno del peronista Llaryora y el ultraderechista Milei.

Llamamos a la más amplia unidad de las asambleas ambientales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a repudiar la judicialización de la protesta, exigiendo el inmediato sobreseimiento de los defensores ambientales perseguidos.
Si hay condena, no hay justicia. Protestar es un derecho, no un delito.

Escribe Mariano Barba

La ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores sufrieron una catástrofe climática sin precedentes. Más de 400 milímetros en pocas horas destrozaron la zona, en todos los sentidos, con al menos 16 muertos y personas a las que aún se está buscando. Reconstruir lo destruido es la tarea central del momento, porque se trata de decenas de miles de viviendas inundadas con sus bienes familiares inutilizados. Comienza con la solidaridad popular del primer momento, pero los fondos imprescindibles son cientos de millones de dólares. Desde Izquierda Socialista, nos solidarizamos con todas las víctimas y damnificados.
 
La “pesadilla” se desató el viernes 7 de marzo, a menos de quince meses de haber sufrido un tornado que destruyó muchísimos bienes y dejó el saldo de al menos 13 muertos. Estas dos catástrofes climáticas en tan poco tiempo disparan varias preguntas. Una de ellas es definir cuáles son las causas por las que se desatan tales catástrofes. En las redes se comentaba que Bahía Blanca se convirtió en una ciudad “maldita”, “olvidada por Dios”, sometida a sufrir con asiduidad tempestades destructoras. Para nosotros la explicación es mucho más terrenal y afirmamos que por el calentamiento global se generan este tipo de eventos pluviales, así como sequías extremas y prolongadas en áreas que hace 30 o 40 años atrás eran fértiles y húmedas. Una organización oficial, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), predice la tendencia: “A nivel mundial, es probable que las precipitaciones extremas diarias se intensifiquen en un 7% por cada grado que aumente la temperatura”. Informe que es rechazado, ignorado y repudiado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino y alumno predilecto, Javier Milei. Dos ultraderechistas que con sus políticas negacionistas del cambio climático agravarán el creciente desastre para la humanidad, que se suma al agresivo extractivismo que fomentan y practican la mayoría de los países capitalistas del mundo.
El estacionamiento de un frente de aire frío por muchos días que chocó con un frente ultra cálido y húmedo desató el diluvio. ¿Existen en Bahía las obras apropiadas? Aquí surge el agravante local por responsabilidad de los distintos gobiernos, ya que las obras hidráulicas pluvioaluvionales existentes no se realizaron con la planimetría urbana que respetara los declives del terreno, según el estudio hecho por investigadores del Conicet en el año 2012. Estas obras de mitigación de las lluvias torrenciales no fueron realizadas en los últimos 40 años ni por intendentes, ni por los gobernadores bonaerenses peronistas, radicales y del PRO, ni por los sucesivos gobiernos nacionales. Encima Milei suspendió la realización de toda obra pública contribuyendo al agravamiento de los problemas. Todos dieron la espalda a los pronósticos de los cambios bruscos ya establecidos en la Agenda 2030 por un desarrollo sostenible. O sea, Bahía estaba expuesta a los daños que sufrió por decenas de años sin realizar obras.

Plata para la reconstrucción y no para el FMI
La destrucción de casas y distintos bienes fue masiva (ver nota). Se abre un momento de mucha incertidumbre para cientos de miles de personas que lo perdieron todo y se preguntan ¿quién va a reconstruir y reponer todo lo perdido? En la conferencia de prensa el intendente peronista Federico Susbielles, indicó que serán necesarios “más de 400 mil millones de pesos” para reconstruir la ciudad tras el temporal que dejó “daños infinitos”. Una cifra insuficiente para la magnitud de los destrozos. Por eso solicitó también créditos internacionales, y préstamos a baja tasa. Por su parte Axel Kicillof, este martes anunció algunos aportes para Bahía y le pidió a Milei que ponga algo del préstamo que tramita ante el FMI, en lugar de exigirle que no le pague al Fondo. Mientras el Gobierno nacional anunció que aportará solo 10 millones de dólares que apenas alcanzarían para reconstruir el gigantesco hospital Penna; una cifra insignificante ante el monto ya pagado al FMI en el 2025 de 5.000 millones de dólares. Milei y Kicillof se parecen, ni uno ni otro quiere priorizar los damnificados por sobre el FMI.
Ante el drama humanitario se destaca la tremenda solidaridad popular en todo el país, llenando camiones y trenes solidarios. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad consideramos que la inversión necesaria es muy superior. Por tal razón, Mónica Schlottahuer y el resto de los diputados del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de Ley declarando la emergencia total en Bahía Blanca y la región, que permita la reconstrucción de una ciudad y de las pérdidas familiares con dinero proveniente del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo (ley 27287), un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las multinacionales, además  de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.

Para conocer mejor la situación, le pedimos un testimonio a la compañera Monserrat “Tata” Gayone de Izquierda Socialista de Bahía Blanca

Nos encontramos en medio de la catástrofe conmocionados e incomunicados. En otros lugares del país tienen mejor información que nosotros, ya que la mayoría de la población no tenemos luz. Están inundadas las cámaras de EDES (la empresa eléctrica) que son subterráneas. Falta luz en las calles y en los edificios. El hospital del sur y el Penna, los más grandes, no pueden atender porque están inundados. Las cisternas están inundadas por las aguas del arroyo Napostá y el canal Maldonado que reventó. La catástrofe afecta a toda la ciudad. La biblioteca central de la Universidad del Sur está inundada hasta el segundo estante. Se perdieron libros. No hay aún evaluación de todo lo ocurrido. Se tuvo que trasladar el acopio de donaciones desde la Universidad del Sur a otro lugar pues se detectó que pudieron filtrarse sustancias químicas de los laboratorios cuya integridad se desconoce. Se han formado socavones que chupan a los autos y a las personas. El agua invadió el centro de la ciudad, no solo se inundó la periferia. Ingeniero White donde está el puerto y General Daniel Cerri donde hay una planta de gasoducto que viene de Vaca Muerta, son localidades que están sobre la línea de la marea y están bajo agua, porque la marea subió al mediodía.
La Policía, los bomberos y Defensa Civil no pudieron seguir actuando porque la corriente les arrastra las máquinas. La ruta a La Pampa está cortada por una fisura que parece la de San Francisco, que obligó a que se vuelvan los camiones con asistencia. No hay transporte público ni clases en las escuelas. La terminal es un centro de evacuación.
En cuanto a la situación del Polo Petroquímico, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Central Piedra Buena y Dow se encuentran fuera de servicio, mientras TGS Cerri mantiene solo el suministro de gas para uso domiciliario. Están ubicados en la zona del puerto y de Daniel Cerri, que este lunes 10 se encuentran inundados. Por eso se colocaron cisternas en puntos claves para garantizar el abastecimiento y bombas de achique de gran porte que se utilizan en grandes superficies subterráneas para el drenaje de agua.
Una autovía que está al sur de la ciudad quedó inconclusa, las obras viales de la ruta 33 que comunica con La Pampa se interrumpieron desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
En Bahía se juntaron dos problemas: el cambio climático y el modelo extractivista sumados a la desinversión de la obra pública que no realizó las obras apropiadas para el drenaje. Por lo tanto, esta catástrofe, se pudo evitar. Pero somos zona de sacrificio del transporte del petróleo y de gas de Vaca Muerta y su exportación al exterior. En Rosales sigue avanzando la construcción del puerto petrolero y la carrera que se acaba de abrir en la universidad es la Tecnicatura en Petróleo y Gas, pensando en Vaca Muerta.
¿Cómo reaccionó la población? Es muy triste tener al menos 16 muertos y muchos desaparecidos. A pesar de ese dolor, todo el mundo colabora. Es impresionante, inmensa la solidaridad. Nos conocimos con los vecinos con los que uno habitualmente ni nos vemos. Nos alcanzamos madera para tapar la entrada de las casas. Compartimos lo poco que nos quedaba. Los clubes, los deportistas, todos se prestan para la evacuación, el acopio de las donaciones.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La motosierra y el racismo se combinaron con los efectos del calentamiento global para delinear el paisaje de llamas que irrumpió este verano. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden cuando miles de hectáreas son incineradas?

A los incendios en la Patagonia se terminaron por sumar unas 300 mil hectáreas incendiadas en Corrientes y Entre Ríos. Estamos hablando de que entre enero y lo que va de febrero en todo el país fue consumido por el fuego el equivalente a más de veinte ciudades de Buenos Aires. A pesar de eso, en su infame entrevista del pasado lunes 17 en TN, el presidente Javier Milei insistió en que su gobierno había hecho todo bien y volvió a atacar a las Lof (comunidades) mapuche. Una repregunta obvia hubiese sido consultarle qué comunidad mapuche habita el litoral argentino, pero no le podemos pedir tanto a Jonatan Viale. ¿Qué esconde en este caso el presidente?

El  volumen de incendios del que hablamos representa claramente un crimen político. Y en todo crimen corresponde preguntarse quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Hace años que vemos cómo crecientemente irrumpen los incendios en verano, y también en ese período de tiempo hemos visto quienes se hicieron más ricos y poderosos. Los Joe Lewis y terratenientes amigos de los gobiernos que se apropian de lagos enteros. Las empresas destinadas a la implantación de pinos que no son propios de la zona y son la vegetación combustible de los incendios por definición. Los qataríes que quieren instalar represas. Jamás se incendia un metro cuadrado de las tierras “británicas” de Lago Escondido, pero sí son devastadas las tierras de las Lof. Y sin embargo, quienes son atacadas son las comunidades que defienden los territorios del avance del extractivismo.
Es en ese marco que no debería sorprender que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, haya tenido como trabajo previo ser contador de Lewis. De allí la libertad de acción que tienen las patotas de los terratenientes que atacaron a vecinos y brigadistas que protestaron ante la detención de seis de sus compañeros. Al día de hoy, uno de ellos, Nicolás Heredia, continúa detenido.  

Como señalan desde el territorio, el fuego abre paso a los negocios, promoviendo el cambio del uso del suelo aunque esté prohibido, y también, porque es la vía de estigmatización de quienes reivindican la recuperación. Derogada la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, las comunidades quedaron en una situación de gran desamparo ante las amenazas de desalojo que promueven los empresarios locales y todos los gobiernos. Sin prueba alguna, Javier Milei, Patricia Bullrich, y también los gobernadores provinciales como Ignacio Torres de Chubut y Alberto Weretilneck de Río Negro, se lanzan a culpar al pueblo mapuche de los incendios, como paso previo a la criminalización y la represión. Así fue que la semana pasada se dieron una gran cantidad de allanamientos y la detención de Victoria Fernández Núñez de la Lof Pillán Mawiza. Como señala Moira Millán, esta Lof, recuperada hace veinticinco años, jamás tuvo ningún juicio o demanda por su reivindicación, y ahora corre con amenaza de desalojo anunciada por el mandatario provincial. Así se cierra el círculo de fuego, represión y racismo al servicio del extractivismo.

El jueves 13 se convocó a una acción en todo el país contra la criminalización y responsabilizando al gobierno por los incendios. Ese mismo día, renunció Ana Lamas, la subsecretaria de ambiente. Al otro día, sorpresivamente, al flamante reemplazo de Lamas, Jorge Brom se le escapó una verdad al definir que desde la gestión nacional habían cometido “errores” de planificación y desfinanciamiento. Es decir, lo que denunciamos en las calles de todo el país. El gobierno es responsable de los incendios, pero no por “error”, sino por ser cómplice y partícipe del avance de los intereses pirómanos de las corporaciones extractivistas.