Escribe Mariano Barba

Al igual que en el país y en el mundo, en Neuquén se están tomando medidas políticas, sanitarias y económicas. Aquí se toman desde el Comité de Emergencia que constituyó el gobierno. Desde el FIT Unidad, nuestros dos diputados provinciales y dos concejalas salieron al cruce de las medidas anunciadas por el gobierno por considerarlas totalmente insuficientes. En los barrios crece la queja por la parálisis de las changas y la falta de alimentos. Ni hablar de los artículos de higiene y prevención. En ese sentido Angélica Lagunas, desde su lugar de concejala, se puso a la cabeza de presentarle al Comité de Emergencia los listados diarios que preparan las docentes desde sus casas con las familias que requieren ayuda alimentaria.

También lo que se sufre en la provincia es el control de la policía, prefectura y gendarmería sobre todo aquel que transita. A tal punto que este lunes fueron detenidos y golpeados varios militantes del Polo Obrero en la ciudad de Zapala por reclamar que se entreguen los módulos de alimento anunciados por el gobierno, entre ellos al Secretario Adjunto de Aten Zapala que acompañó la protesta.

El gobierno, para legalizar su accionar, convocó a sesión extraordinaria en la legislatura y en el concejo deliberante de la capital. En ambas instancias el FIT Unidad denunció que el objetivo central del ejecutivo provincial y del municipal -ambos del MPN- no era presentar un verdadero plan de emergencia sino  hacer votar la autorización para un gran endeudamiento, que llegará a los 140 millones de dólares y con las manos libres para gastarlos a piacere. Con algunos retoques, el Frente de Todos y el Pro, aprobaron el proyecto del oficialismo.

Ante esta maniobra, Angélica Lagunas, nuestra concejala, presentó, junto a Natalia Hormazábal, un proyecto acordado en el FIT Unidad exigiendo medidas concretas y de fondo, como lo son:

- Constituir un fondo de emergencia proveniente de “adelantos de la coparticipación nacional, y de un impuesto extraordinario a la empresas radicada en el parque industrial, que son en su mayoría multinacionales de servicios petroleros,  además de a las cadenas de grandes hoteles y grandes superficies comerciales”.

-  Establecer “un régimen especial para los trabajadores de la salud con todo el equipamiento adecuado para su cuidado para que puedan atender sin contagiarse; y otorgándole un incremento salarial de 30.000 pesos” y no los 5.000 miserables otorgados hasta ahora.

- Prohibición de despidos y suspensiones en todas las empresas radicadas en la provincia.

- Abastecimiento de agua potable y raciones alimenticia para los sectores desprotegidos de los barrios y para las recientes tomas de tierras que suman miles de familias.

-Poner bajo administración estatal todos los recursos de la sanidad privada para integrarlos a la red sanitaria de la ciudad y la provincia.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense, por Izquierda Socialista/FIT Unidad. 

En 2019 hubo 327 femicidios y trans-travesticidios en el país. Producto de ello, 235 niñes quedaron sin su cuidadora responsable. El  67% de los casos fueron las parejas o ex- parejas los femicidas. Otro dato es importante, en la mayoría de los casos (63% ) el femicida convivía con la víctima. En 2020, este escenario no cambió y hubo unos 86 femicidios según el observatorio "Ahora que sí nos ven" que solo registra los casos que salen en los medios. Marzo cerró con 24 femicidios y como consecuencia de ellos, son 23 niños y niñas que perdieron a sus mamás. El lunes pasado en la localidad bonaerense de Escobar, Jerónimo Cruz mató a su pareja María Yusco de 45 años, delante de su hija de siete años.

Según un informe de ONU-Mujeres, la violencia de género aumenta durante el aislamiento, el encierro y la cuarentena. De hecho, ese mismo organismo instó a los gobiernos de todo el mundo a que tomen medidas específicas para asistir a las víctimas. En Argentina, a través del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros poco están haciendo al respecto, más que insistir en que las mujeres deben hacer la denuncias. Pero lo que omite el gobierno de Alberto Fernández es que quienes trabajan en la línea 144 de atención a las víctimas de violencia de género, lo hacen de manera totalmente precarizada. Es más, son quienes vienen reclamando condiciones de higiene y seguridad en su lugar de trabajo y que les paguen las horas extras que realizan ya que desde el inicio de la cuarentena las llamadas aumentaron en un 30%.

Frente a este panorama es urgente que se declare la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla. Esto es fundamental, porque frente al aumento de las denuncias lo que falta son políticas públicas que solucionen esta problemática. Por ejemplo, para escapar de una situación extrema de violencia en donde corre peligro la vida de una mujer, tiene que haber un refugio al cual recurrir. A su vez, a cada una se le debe garantizar la atención psicológica y el asesoramiento legal gratuito, al igual que a las niñas y niños que también fueron víctimas del círculo de la violencia. Otra cuestión fundamental es darle una solución habitacional para las víctimas de violencia de género, ya sea mediante las habitaciones de los hoteles en desuso, la utilización de las viviendas ociosas (dónde no vive nadie) o sacando de los hogares a los violentos. Estas medidas mínimas y urgentes como también deberían ser los subsidios económicos para no depender materialmente de los violentos, deben tener una partida presupuestaria extra que salga del no pago de la deuda externa y de impuestos a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas del país. Estas son algunas de las propuestas que se deberían tomar de carácter urgente para ayudar a las víctimas de violencia de género. Por eso insistimos en que no nos engañen más, sin presupuesto no hay un combate serio a la violencia de género. 

En medio de la pandemia, los trabajadores y pueblos del mundo sufren contagios y muertes, despidos y más pobreza. Los gobiernos imperialistas y capitalistas, sean del color que sean, siguen aplicando ajustes brutales. Algunos de ellos empiezan a postular un “capitalismo ético” para evitar una catástrofe mayor. Cada vez se hace más evidente que la alternativa es socialismo o barbarie capitalista.

Escribe Francisco Moreira

“El mundo quedará absolutamente transformado”. Esta frase profética la dijo Martin Wolf, columnista estrella del más importante diario financiero del mundo, The Financial Times. Es que ya a nadie se le escapa la gravedad de la crisis capitalista,  profundizada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Hoy millones de personas están viviendo en cuarentena. Se superó ya largamente el millón de infectados y hay casi 100.000 muertos en el mundo, lo que puso en evidencia el colapso de los sistemas de salud tras años de políticas de ajuste y recortes presupuestarios por parte de todos los gobiernos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a comienzos de la pandemia, había anunciado que en el mundo habría 25 millones de nuevos desempleados por la profundización de la crisis económica. El cálculo que hace ahora es que se perderán entre 195 y 230 millones de puestos de trabajo (solo en Estados Unidos ya se reportaron casi 10 millones). Los despidos y suspensiones instrumentados por las empresas para sostener sus márgenes de ganancia aumentan la pobreza y dejan desamparados a millones de trabajadores y sus familias en medio de la pandemia.

Ante tamaña crisis algunos gobernantes y sus voceros han ido a criticar a los líderes del mundo “por sus errores” y se han apresurado a anunciar que, de continuar este “capitalismo salvaje” es inevitable un horizonte catastrófico para la humanidad. El mismo Wolf afirma que “millones de personas van a estar en la más desesperada situación social, económica y psicológica” y prenuncia “una catástrofe de la que acaso no nos recuperemos realmente por décadas”. En contrapartida, postulan la necesidad de un “capitalismo ético”.

Los gobiernos capitalistas siguen aplicando brutales ajustes

Pero la experiencia de los pueblos del mundo informa que el “capitalismo ético” no existe más que en la cabeza de quienes lo postulan. Desde comienzos de 2019 había una oleada de luchas de los pueblos del mundo contra los paquetes de ajuste y recortes en derechos democráticos, instrumentados por los gobiernos imperialistas y capitalistas. La irrupción de la pandemia aumentó el descrédito de los gobiernos porque, pese a sus diferencias, todos siguen empeñados en aplicar paquetes de ajuste. Quienes claman por un “capitalismo ético” donde, por ejemplo, “el FMI preste ayudas económicas”, ya recibieron su respuesta: “El FMI está para proteger el estado de la economía mundial”. Es decir, va a seguir saqueando a los países pobres del mundo.

No hay “errores”. Detrás del ocultamiento inicial de la epidemia por parte de la dictadura capitalista china o su negación por los gobiernos imperialistas, como el de Trump o Boris Johnson (Gran Bretaña), hay una raíz común: mantener las políticas de saqueo, ajuste y explotación capitalistas. Es la misma política que adoptaron gobiernos como el del reaccionario Bolsonaro. También es la política que intentan esconder detrás de su doble discurso gobiernos “progresistas”, como el de Alberto Fernández, que afirman la necesidad de “conciliar la economía con las cuarentenas” mientras permiten despidos, suspensiones y no detienen la sangría de las deudas externas.

Hay una salida: que la crisis la paguen los capitalistas

Desde la izquierda decimos que hay una salida posible para los trabajadores y pueblos del mundo, que no están condenados de antemano a sufrir los efectos de la crisis. Llamamos a retomar las luchas y rebeliones contra los planes de ajuste que aplican los gobiernos imperialistas y capitalistas. Decimos ¡que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Resulta cada vez más necesario y urgente impulsar un plan global de emergencia anticapitalista y socialista. Exigir fondos de emergencia sanitaria, que salgan de altos impuestos progresivos a los grupos empresarios, al capital financiero y que se dejen de pagar las deudas externas. Que se aumenten los presupuestos de salud para atender la emergencia sanitaria. Es necesaria una reorganización general de la producción en función de las necesidades de la emergencia sanitaria bajo control obrero.

Que las empresas y los de arriba se hagan cargo de la crisis del coronavirus. Ningún despido o suspensión y que nadie se quede sin su salario durante la cuarentena. Reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores. Implementación de un seguro al desocupado y al monotributista.

No existe en el mundo ningún gobierno imperialista o capitalista que esté dispuesto a llevar este programa hasta el final. No existe un “capitalismo ético”. Por eso, ante el desastre provocado por los ajustes y recortes aplicados por los gobiernos de todo el mundo se impone luchar por gobiernos de trabajadores que den urgente respuesta a las necesidades populares. Más que nunca la alternativa es socialismo o barbarie capitalista.

Escribe Adolfo Santos

La pandemia causada por el Covid-19 está generando nuevos escenarios políticos. Aunque tendremos que aguardar el fin de esta crisis para poder sacar mejores conclusiones, es evidente que, más que en épocas normales, los gobiernos y sus políticas son colocados bajo la lupa por las consecuencias que acarrean. Algunos datos que recibimos de los Estados Unidos, aunque en pequeña escala, nos permiten percibir que, a pesar del confinamiento, existe un movimiento de protesta, sobre todo en defensa de la salud y de la vida de la población trabajadora.

No es que antes de esta crisis no haya habido conflictos. Recordemos la histórica huelga de los trabajadores de General Motors en 2019, o la de los docentes. Más recientemente, los mineros del cobre de Asarco, en los estados de Texas y Arizona, estuvieron en huelga varios meses, también los estudiantes de posgrado de la UC Santa Cruz, en California, y los hoteleros de Chicago. Pero lo que a la distancia se puede observar en estos momentos es una extensión de la protesta a amplios sectores que se manifiestan contra las pésimas condiciones de trabajo, que no garantizan la seguridad sanitaria.

La extensión desmedida alcanzada por el coronavirus en los Estados Unidos por la política del “negacionista" Trump, que demoró en tomar los recaudos a tiempo, generó una gran reacción. Las huelgas y acciones de protesta adoptadas por los trabajadores que tomaron conciencia del peligro fueron en aumento. El martes 24 de marzo, después de que un mecánico dio positivo en el test de coronavirus, más de la mitad de los trabajadores de Bath Iron Works, un astillero de Maine, no fueron a trabajar y le exigieron a la empresa que tome medidas de seguridad.

Hay muchos relatos sobre este movimiento. En Warren, Michigan, los trabajadores se retiraron de una planta de camiones de Fiat-Chrysler porque no había agua caliente para lavar los platos. En Alberta los conductores de autobuses de Birmingham se declararon en huelga por la falta de protección contra el coronavirus ante el riesgo de transportar pasajeros infectados. Los choferes de Detroit hicieron un paro por la misma razón. Los trabajadores de la sanidad de Pittsburgh, Pensilvania, pararon preocupados por la pandemia. Otro tanto hicieron los camioneros de Memphis y los farmacéuticos de West Virginia, los repartidores de alimentos y de Amazon, los de los supermercados Whole Foods, o los carpinteros del área de Boston, que organizaron un paro el 7 de abril. A esto le podríamos agregar los cacerolazos de las protestas en Nueva York.

Para algunos, aún puede ser un movimiento pequeño para conmover al gobierno de Trump, sin embargo, creemos que puede tener mucha importancia en la post pandemia. Como en toda gran crisis, los millonarios han acudido rápidamente a apoderarse de los miles de millones que el gobierno republicano ha colocado a disposición para paliar los efectos del coronavirus. Sin embargo, los Estados Unidos saldrán de esto con uno de los mayores ejércitos de desocupados, subocupados y precarizados, que exigirán empleo, salario y servicios sociales. Es evidente que los ricos, que se adueñaron de los créditos oficiales, destinarán una porción ínfima de ese dinero para atender a los trabajadores. En ese marco, la protesta puede aumentar y no debemos descartar que el coronavirus acabe actuando como verdadero motor de la lucha de clases en los Estados Unidos.

En las últimas semanas la crisis política en Brasil se ha venido agudizando. Bolsonaro intentó desplazar al ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, pero finalmente debió dar marcha atrás ante la presión dentro  del propio gobierno. La designación del general Walter Braga Neto como ministro de la Casa Civil refuerza la idea de una creciente influencia del sector militar en el gobierno. Tanto es así que algunos analistas políticos se preguntan quién gobierna realmente.

Escribe Adolfo Santos

El debilitamiento de Bolsonaro es evidente. En su último pronunciamiento público, presionado por el rechazo a sus propuestas, tuvo que ser menos ofensivo. Es la crisis de un presidente aislado. De los líderes mundiales “negacionistas” es el único que continúa minimizando la gravedad de la pandemia. Mientras Trump, su gurú, comienza a hacer importantes inversiones para evitar la crisis social, Bolsonaro sigue sin darle importancia al problema y amenaza permanentemente en decretar el fin de la cuarentena establecida por los gobernadores.

No es casual que los cacerolazos continúen en todo el país que, desde el 18 de marzo, no han dejado de crecer. El más grande fue el día que hizo su pronunciamiento público. Esa indignación también se expresa en las encuestas. El 42% considera a la gestión del presidente “ruin o pésima” y, por primera vez, el apoyo quedó por debajo de 30 por ciento. Lula, el PT y otros opositores salieron a plantear la renuncia del presidente, más allá de que no empujen ninguna medida para llevarla adelante. Bolsonaro tuvo que reconocer que no tiene el apoyo necesario para decretar la reapertura del comercio. El gobierno quería insuflar a su base alegando que la población pasaba hambre por causa de la cuarentena, que no la deja salir a trabajar. Sin embargo, importantes sectores comienzan a ver que el gobierno no hace nada para acabar con el hambre pero, mientras tanto, sigue creciendo el número de muertos e infectados por el coronavirus.

Las medidas de ajuste no pararon

Apoyadas en medidas provisorias editadas por el gobierno para unificar a la patronal detrás de sí, las empresas vienen proponiendo reducción de sueldos, suspensión de contratos y de aportes laborales. Ahora están preparando un proyecto para atacar a los servidores públicos con un recorte salarial. En vez de atacar a los banqueros y grandes empresarios, el gobierno avanza con una campaña para exigir el sacrificio de los empleados públicos que, supuestamente, estarían ganando mucho.

Aún no ha surgido una oposición con una política alternativa capaz de enfrentar al gobierno. Los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro, dos figuras nefastas de la derecha brasilera, antiguos aliados de Bolsonaro, apenas se han despegado de él para evitar hundirse juntos. Las principales centrales sindicales no van más allá de notas críticas, no organizan una lucha consecuente, inclusive, en algunos casos han hecho acuerdos con las patronales para reducir los salarios. En muchos lugares, sobre todo en los hospitales, sectores de base se han organizado por fuera de los sindicatos para defender sus derechos y la protección de la salud en el trabajo.

En este marco, la pequeña central sindical CSP Conlutas consiguió en la importante región del Valle de Paraíba/SP que el 80% de los trabajadores permanezcan en sus casas sin reducción salarial. Los compañeros de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), sección hermana de Izquierda Socialista, que forman parte de esa central, manifestaron: “Es fundamental organizar la lucha contra el ajuste del gobierno y los patrones, del colapso de la salud pública y de las condiciones de trabajo. Es necesario movilizarnos, independientemente de estar en cuarentena. Esa es la única forma de derrotar los ataques. En ese proceso debemos exigir la suspensión del pago de la deuda y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas para volcar esos fondos a la salud pública y demás necesidades populares y continuar luchando por fuera Bolsonaro”.