El gobierno continúa adelante la renegociación de la deuda con los pulpos acreedores. Lo hace mientras el país y el mundo se derrumban en medio de la crisis del coronavirus. Entre los usureros privados y el FMI están en juego 150.000 millones de dólares que vencen entre este año y los dos siguientes. La alternativa es de hierro: la plata va a los usureros o a la emergencia sanitaria. 

Escribe José Castillo

El presidente Alberto Fernández ha dicho en estos días que “no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo”. Sin embargo, casi al mismo tiempo, su ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa adelante con el “cronograma” de renegociación con los acreedores extranjeros. 

Ahora se ha “reprogramado” hasta 2021 los vencimientos de bonos de deuda sometidos a legislación local. Pero el corazón de la deuda externa son los bonos en dólares con legislación extranjera. Y ahí se sigue en infinitas consultas con los propios pulpos privados internacionales que dejaron trascender que “no aceptan” los plazos que plantea el gobierno para correr los vencimientos (se habla de tres años) y exigen mayores pagos por intereses. Y, por supuesto, prosigue el tironeo por el monto de la quita. Digámoslo claramente, aunque se llegara a negociar una supuesta quita de 50%, igual los especuladores internacionales ganarían, ya que actualmente los bonos argentinos cotizan por debajo de 30%, con lo que se llevarían una ganancia sin mover un peso de 20%, hoy imposible de alcanzar en cualquier otra operación financiera del mundo.  

Como si todo esto fuera poco, desde el propio Ministerio de Economía se dejó saber que el gobierno de Fernández estaría dispuesto a “mejorar la oferta” por medio de los llamados “cupones PBI”. Algo que se inventó y está vigente para los bonos que se canjearon durante el kirchnerismo en 2005 y 2010. Se trata de un “extra” que se les ofrece a los acreedores, cada vez que el país crece 3% se genera automáticamente una deuda extra con los acreedores, de pago inmediato. Una auténtica estafa.  

Lo increíble es que estemos discutiendo todo esto en medio de la crisis del coronavirus.  

Los propios economistas del establishment reconocen que se están rompiendo todas las “cadenas de pago” del mundo. Esto quiere decir que los propios capitalistas están dejándose de pagar las deudas entre ellos. 

Todo es tan ridículo que cada vez surgen más voces de economistas y periodistas con simpatías con el propio gobierno que empiezan a hacer su oír su voz planteando que no hay que seguir negociando y suspender los pagos. Incluso economistas del establishment local y extranjero reconocen que, en estas condiciones, lo mejor que puede hacer la Argentina es dejarse caer en default, por lo menos hasta que pase lo peor de la crisis. 

Lo más grave de todo es que no se trata solamente de una “negociación” que se extiende en el tiempo en el que nuestro país lleva todas las de perder. Mientras tanto se siguen pagando religiosamente los vencimientos con los acreedores extranjeros. Apenas asumió, Alberto Fernández mandó apartar, de las escasísimas reservas internacionales disponibles, 4.500 millones de dólares para atender esos vencimientos, que se están utilizando desde entonces (de hecho, los montos son tan elevados que en mayo ese mismo pozo de dinero se terminará agotando). La semana pasada, ya en medio de la cuarentena, el gobierno pagó en efectivo 250 millones de dólares. Hay otro vencimiento dentro de diez días por 500 millones.  

Lo venimos repitiendo desde hace años. Lo volvimos a decir apenas asumió Alberto Fernández. Ahora el planteo ya adquiere una urgencia extrema, tenemos que dejar ya mismo de pagar la inmoral, ilegal y usuraria deuda externa y volcar todos esos recursos a un fondo de emergencia para financiar la crisis sanitaria, comprando respiradores, millones de barbijos, montando hospitales, contratando y pagándole salarios dignos a todo el personal de salud necesario, y también para resolver las consecuencias económicas de la crisis que hoy pegan sobre el pueblo trabajador con comida, trabajo y salario para todos.  

Escribe Guido Poletti

En estos días trascendió que el gobierno de Alberto Fernández tomaría un nuevo préstamo del FMI. Se trataría de alrededor de 3.000 millones de dólares que están a disposición de nuestro país en forma casi automática, según las propias regulaciones del Fondo.  

La excusa es, obviamente, la crisis del coronavirus. Pero ya sabemos cómo van a terminar utilizándose, con ellos se quieren pagar los próximos vencimientos de deuda a los acreedores privados, que solo en mayo ascienden más o menos a la misma suma. Vemos, entonces, que no entrará un peso para la emergencia, no se comprará ni un barbijo. Solo se “canjeará” deuda de los pulpos privados por deuda con el pulpo mayor: el propio FMI. 

Se sumarán así a los 49.000 millones que ya reclama el organismo: 44.000 que le otorgaron a Macri (y que, como sabemos, se fugaron en su totalidad), 5.000 de intereses, y ahora 3.000 más si se efectiviza este nuevo préstamo. Deberemos 52.000 millones de dólares, que el Fondo nos hará pagar centavo por centavo (la propia Kristalina Georgieva, titular del organismo y de la que el gobierno se jacta de que es “su amiga”, aclaró que acá no corre ninguna “quita”). Y será la excusa para nuevos, y más duros, planes de ajuste contra el pueblo trabajador.  

Escribe José Castillo

Se está dando una fortísima suba de los precios de los alimentos desde que empezó la cuarentena. Los cortes populares de carne y las frutas y verduras más necesarias están registrando aumentos que en muchos comercios llegan a 100 por ciento. También subieron los del resto de los productos de la canasta básica. Un cálculo conservador, realizado por consultoras privadas, registra incrementos de 40,2% en la zanahoria, 29,3% en legumbres secas, 20,3% en el azúcar, 20,6% la polenta, 15,7% la sal fina y 8% la carne picada. 

El gobierno fijó precios máximos para muchos productos retrotrayendo los valores a principios de marzo. Pero, sea porque “casualmente” frutas, verduras y carne no están fuera de esa lista, porque muchos que figuran en esa lista o en precios cuidados “desaparecieron” de las góndolas, o porque muchos comercios directamente violan la disposición, lo concreto es que muchos solo se consiguen a precios muy elevados. A esto sumémosle la especulación que se está produciendo con el alcohol en gel, los barbijos y los productos de limpieza. 

Se han dado varios casos, como en Coto o Farmacity, donde las grandes cadenas son las que “lideran” la violación a las disposiciones. 

Evidentemente, así no hay bolsillo que aguante. Hay que hacer respetar los precios máximos y extenderlos a la fruta, la verdura y la carne y también a los medicamentos. Y, en los evidentes y masivos casos que se están dando de violación a esta disposición, proceder a aplicar la Ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a las empresas que aumenten o acaparen estos productos.  

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

El gobierno nacional, juntamente con los gobiernos provinciales, encara la lucha contra esta pandemia que se extiende por todo el mundo con dos estrategias principales: el aislamiento social preventivo obligatorio o cuarentena, y la cobertura del sistema de salud, el cual, al ser tremendamente deficitario, queda en realidad reducido al esfuerzo y sacrificio del personal sanitario en todas sus profesiones. Estrategias ambas al servicio de no gastar en salud para no tocar las ganancias de las grandes patronales y, al mismo tiempo, para poder pagar la deuda externa.

Durante la semana que pasó hubo dos hechos que pusieron en jaque la cuarentena. Por un lado, la imprudencia del gobierno que concentró miles y miles de jubilados frente a los bancos; por el otro, el apriete de la gran patronal que, preocupada por la caída de sus ganancias, busca reanudar la actividad económica. El gobierno cedió parcialmente, liberó algunas actividades y permitirá más después del domingo de Pascua. El aislamiento, joya de la corona de la política de salud de Fernández, comenzó a perder su brillo pese a la opinión predominante entre los infectólogos de que la cuarentena estaba frenando la explosividad del contagio. Con esta actitud, las autoridades gubernamentales abren inquietantes y negativas perspectivas para la evolución de la epidemia.

Para el gobierno, fortalecer el sistema de salud significa apretar a los trabajadores y no ampliar las instalaciones, los insumos y la cantidad de personal. Lo hecho en este sentido es pobre y completamente insuficiente. Es que el sistema de salud está fragmentado en tres partes en las que es imposible que se coordinen entre sí porque tienen distintas conducciones y objetivos. Primero, el subsistema estatal que es dirigido por gobernadores e intendentes y subsidiariamente por la Nación; segundo, el de las obras sociales dirigido por la burocracia sindical, que tiene sus propios intereses; finalmente, el privado empresarial o prepago, orientado a obtener ganancias.

En tiempos que podríamos llamar “normales”, el conjunto no garantiza el acceso a la salud de todos y todas y mucho menos la equidad. Ahora, en época de crisis, se ponen al rojo vivo sus deficiencias. Es necesario organizar esta fragmentación reuniéndola bajo un mando y una administración única, que solo puede ser el Estado nacional, que se guíe por criterios sanitarios y no de lucro o de clientelismo político. Así lo hizo Irlanda el 24 de marzo pasado, aunque limitadamente. Nosotros, en cambio, planteamos la estatización de la totalidad del sistema de salud y que sea en forma permanente.

La producción de los insumos que se necesitan para la atención médica y para la prevención en la población general debe ser garantizada por el Estado. Por ejemplo, para asegurar la producción de respiradores, la fábrica que los hace debe ser estatizada y puesta a producir a triple turno. En los Estados Unidos el presidente le pidió a General Motors que reconvierta una de sus plantas para hacer respiradores. Lo mismo debe hacerse en nuestro país con otros segmentos de la industria que puedan ser reconvertidos para fabricar ese producto u otros. Por ejemplo, la escasez de barbijos, camisolines y otros elementos puede solucionarse confeccionándolos en la industria textil existente en el país.

La industria farmacéutica debe ser puesta bajo la propiedad del Estado para garantizar la provisión gratuita de sueros, insumos médicos para los internados y, por otra parte, remedios gratuitos para los portadores de enfermedades de riesgo; lo mismo que antisépticos y demás elementos que ayuden a la prevención. La escasez de reactivos debe resolverse con la producción local para lo que deben desconocerse las patentes internacionales de todos estos elementos por causa de fuerza mayor. Así hizo Nelson Mandela en los ’90 cuando desconoció las patentes para fabricar antirretrovirales en momentos en que Sudáfrica sufría una epidemia de SIDA. Lo mismo hizo Bush cuando los ataques bacteriológicos con ántrax en 2003; desconoció la patente de Bayer para poder fabricar en USA la medicación. 

Las medias tintas del gobierno no son útiles para la lucha contra la pandemia. Son necesarias estas medidas de fondo para poner en pie de lucha al pueblo y derrotar la epidemia en la Argentina: aplastar y no aplanar la curva.