Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac Pico Truncado, Izquierda Socialista Santa Cruz

El jueves 21 de mayo la infantería de Santa Cruz reprimió a un grupo de despedidos municipales que acampaban en las puertas del municipio de Pico Truncado reclamando su reincorporación. En el momento en que se los citó a dialogar fueron emboscados y perseguidos, como en una cacería, por las calles de la ciudad. Hubo heridos y diecisiete detenidos.

Se trata de empleados municipales –208 familias– incorporados durante la gestión anterior del intendente Omar Fernández (Cambiemos) y despedidos al comenzar el gobierno peronista del intendente Maimó. Llevan seis meses reclamando por sus puestos de trabajo, con idas y venidas ante la Justicia.

Adosac Pico Truncado e Izquierda Socialista estuvimos presentes exigiendo la libertad de los detenidos junto a los familiares y vecinos frente a las puertas de la comisaría y repudiando la represión.

Los trabajadores estuvieron incomunicados la mayor parte del día y en el momento en que empezaron a ser liberados la infantería volvió a reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos a quienes estábamos allí garantizando la puesta en libertad de cada uno de ellos.

El ministro de Seguridad de la provincia Lisandro la Torre declaró descaradamente que no hubo represión, sino “un trabajo disuasorio del personal policial”. Hasta el día de hoy se desconoce si se inició alguna causa contra los manifestantes.

El gobierno provincial y el gobierno municipal son responsables de las dos jornadas de violencia represiva por parte de la policía de la provincia en nuestra localidad. Esa es la respuesta que dan a los reclamos de los trabajadores.

Conflictos en Córdoba

UTA

A los choferes que están de paro hace dieciséis días les adeudan parte del sueldo de abril y el de mayo. Por eso el pasado 24 quinientos trabajadores exigieron a su conducción marchar a la municipalidad para reclamar el pago. Tras una reunión, acordaron que el miércoles 26 tendrían una respuesta, cosa que no sucedió, por lo que el conflicto se agravará a pesar del freno de la comisión directiva. Algunos trabajadores fueron identificados y procesados por violación de la cuarentena. 

Marcha de equipos de salud

Para repudiar el intento de la Justicia de acusar de asesinato a dos médicos del geriátrico de la ciudad de Saldan, donde fallecieron varios ancianos, el 25 de mayo en las principales ciudades del interior hubo una importante presencia de caravanas de autos, acompañadas por los aplausos de la población. La más numerosa fue la de la capital, que abarcó alrededor de diez cuadras con hileras de autos que ocuparon los tres carriles de la calzada. 

Docentes 

Contra la rebaja jubilatoria y el posible pago en cuotas de sus salarios, los docentes realizaron “un apagón” impulsado por la conducción burocrática de la UEPC. Algunas agrupaciones de oposición, entre ellas Docentes en Marcha, convocaron a una concentración en el Patio Olmos, en el centro de la ciudad, donde se reunieron alrededor de noventa docentes.

Municipales de la capital

En rechazo a la rebaja de sus salarios por una ordenanza votada solo por el PJ, la semana pasada se movilizaron los delegados de todas las reparticiones. También hubo acciones en algunas dependencias con cortes de calles y quema de neumáticos. Algunos trabajadores resultaron imputados. Para el miércoles 27 se convocó a una concentración frente a la sede municipal.

Otros paros

El martes 26 y el miércoles 27 pararon los bancarios y los judiciales. 

Triunfo en Fadete

La textil, con planta en Don Torcuato, es una de las grandes fábricas que aprovecha la pandemia para tratar de aumentar sus ganancias. Lo intentó hacer liquidando miserables jornales parcializados y no incorporando los incrementos pactados en la última negociación de abril. La patronal, a la ofensiva, no depositó la primera quincena de mayo. Ante esta provocación, los trabajadores contestaron con un bloqueo y corte en la puerta de la fábrica, que recibió la solidaridad de Izquierda Socialista, presente desde el inicio de la lucha. La empresa tuvo que dar marcha atrás y depositar la quincena adeudada en su totalidad. Los trabajadores de Fadete han demostrado que en cuarentena no solo se puede luchar, sino que también se gana.

Conflictos en Bariloche 

Los casos de Covid-19 crecen en los barrios del Alto. Los detectados alcanzan el 33% en la provincia, hay más de 130 contagiados y 32 internados. De la mano de la pandemia, la crisis económica agrava la situación precaria de miles de trabajadores. 

UTA paró por la falta de pago de salarios. Desde hace años la empresa MI BUS recibe un subsidio millonario cada mes para garantizar los sueldos. Las quejas de los usuarios son cotidianas, los colectivos no entran en los barrios y las esperas son extensas. 

Los gastronómicos temporales, hoy sin trabajo, suman más de 2.200 y el 70% no cobra ninguna ayuda. Manifestaron en la calle dos días respetando la terminación del número de DNI y tomando distancia. 

En Mascardi, donde fue asesinado Rafael Nahuel, los integrantes de la comunidad mapuche denunciaron represión con armas de fuego por parte de las fuerzas policiales. 

Para completar el panorama, un legislador del Frente de Todos, con una maniobra judicial, allanó el camino a la Justicia para favorecer el negociado inmobiliario entre la empresa Capsa (Vía Bariloche) y el intendente por la concesión de la explotación comercial del centro de esquí internacional y la cesión de tierras. Durante la campaña a la intendencia propusimos trabajo, municipalización del servicio de transporte y de la administración del cerro Catedral como recurso económico. Hoy algo más vigente que nunca.

Ministerio de Economía. Un caso de coronavirus 

El pasado fin de semana nos enteramos del primer caso confirmado de Covid-19 positivo de una trabajadora del Ministerio de Economía, empleada de maestranza, tercerizada por la empresa Limpiolux.  

Si bien las autoridades del ministerio nos han comunicado oralmente lo actuado, se han negado a entregar un informe por escrito detallando el caso tal como reclamó la junta interna de ATE, al mismo tiempo que se exigieron las más estrictas medidas para evitar la propagación, así como la asistencia a la compañera afectada. 

La junta interna expresó también su rechazo ante cualquier hipotético proceso de vuelta al trabajo presencial en pleno aumento significativo de la curva de contagios en nuestra ciudad y reclamó el fin de la tercerización en el ministerio con el pase a planta permanente de las y los trabajadores de limpieza y comedor, entre otros.  

Neuquén. Camioneros defienden su trabajo

Los doce empleados del transporte de cargas Expreso Argentino en Neuquén Capital están bloqueando el ingreso a la base para evitar que entre o salga carga. Exigen que se les paguen los salarios de dos meses y les garanticen su continuidad laboral. La empresa, para quebrarlos, incorporó personal en negro para reemplazarlos. Por eso es muy justo el acampe, no entra ni sale nada ni nadie. El sindicato camionero que encabeza Moyano apareció en un primer momento y luego se borró. Desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo respaldamos con la presencia permanente esta lucha que, como otras, exige lo básico, cobrar los sueldos y seguir trabajando.

VN global suspende y rebaja salarios

La operadora de call center que tiene como principales clientes a Clarín, Santander, Fiat, Banco BICE y Pedidos Ya, entre otros, ha suspendido y rebajado salarios a los trabajadores de la campaña de Banco Santander. La empresa argumenta la baja producción de los empleados y que no se habrían “esforzado”. Los trabajadores ya venían alertando sobre la presión a la que son sometidos. En el caso de la campaña de Clarín 365, donde los llamados son para pedir la baja, tienen que “retener” a un porcentaje de clientes para no sufrir presiones o sanciones por parte de la empresa. Paradójicamente, los suspendidos y quienes padecen las rebajas son los afectados a la campaña del Santander que, como todos los bancos, no ha perdido clientes y hace años viene ganando fortunas. Los delegados del Sindicato de Empleados de Comercio, al mando de Armando Cavalieri, se suman a la campaña de miedo y presiones incitando a la productividad como único medio para evitar suspensiones y descuentos.

Escribe Ana Val, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

Nuevamente por decreto, el gobierno dispuso un aumento de 6,12% para todos los jubilados que regirá a partir de junio. Esta vez se utilizó una metodología diferente de la de marzo.

De esta manera, la jubilación mínima de 15.892 pesos sube a 16.864 pesos. Un aumento de 972 pesos mensuales, equivalente a 32,40 pesos diarios. Ni medio kilo de pan. Una afrenta a los jubilados, un haber de indigencia en medio de una pandemia que hace estragos entre los adultos mayores.

Luego del anuncio efectuado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni, la titular de la Anses, la camporista Fernanda Raverta, apeló al doble discurso para justificar el miserable aumento: “Ningún jubilado va a poder comprar menos de lo que compraba antes”. Una aseveración cargada de cinismo. Está claro que en este caso no se trata de porcentajes que igualen o superen la inflación, sino de la magnitud del monto. La canasta de un jubilado supera los 45.000 pesos y la nueva jubilación mínima no llega a cubrir el 38 por ciento. Pretenden hacer pasar una nueva estafa como un gran beneficio para los jubilados. 

Este nuevo aumento, decidido en forma discrecional, hace que todos nuestros haberes queden por debajo de lo que habría resultado de la aplicación del 10,9% que establece la suspendida ley de movilidad de Macri. De esta forma, el gobierno consolida el ataque a los jubilados. En junio todos los jubilados perdemos, incluso los que ganan la mínima.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes, con el agregado de 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56%, sin distinción de rangos, que  hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri. Así logró que los que menos ganaban cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra cobrasen menos. Comenzaba así el achatamiento de la pirámide de nuestros haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados.

Voceros del peronismo kirchnerista defendieron aquel zarpazo diciendo: “La concepción política e ideológica es transparente, disminuir la brecha de haberes para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, a través del pago de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral”. Una aseveración intencionalmente errónea.

La razón fue otra. Según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gobierno nacional logró un ahorro cercano a los 34.000 millones de pesos entre enero y agosto gracias a la suspensión de la Ley de Movilidad. No era equidad, era ajuste.

Lo cierto es que la movilidad jubilatoria siempre llega con atraso, primero viene la inflación, luego el aumento a los jubilados. Al 10% perdido en lo que va del gobierno de Alberto Fernández hay que sumarle la merma de 24% durante el gobierno de Macri. Las jubilaciones acumulan un retraso de 34 por ciento. Es el ahorro fiscal de los gobiernos patronales para estar en sintonía con las exigencias del FMI. 

Es por esto que Alberto Fernández fue mutando su discurso. De decir durante la campaña electoral “con los jubilados no se jode” y “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”, a “la fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. 

Así llegamos a este presente sin Leliq para los jubilados y con aumentos por decreto. Esta situación continuará, según el gobierno, hasta que se pueda encontrar, por fin, una fórmula de movilidad “razonable”.  

La rigurosidad de Fernández siempre está presente para establecer los aumentos de las jubilaciones, pero  ausente para tomar la decisión de financiar, con  fondos de la Anses, la mitad de los salarios de Techint, del multimillonario Paolo Rocca; del ingenio Ledesma, de la genocida familia Blaquier; de multinacionales como Volkswagen o Mercedes-Benz; del Grupo Clarín, que reparte ganancias por 800 millones de pesos, y hasta de la cerealera Vicentín, que estafó al mismísimo Estado. Esto para él es “razonable”.

Para el gobierno también es “razonable” desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino con la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales, ya magras desde los tiempos de Domingo Cavallo y tocadas también por Macri. Todo para los grandes capitalistas, migajas para los jubilados. Esta  parece ser su consigna en medio de la pandemia.

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en lucha (Utjel) rechazamos la política previsional del gobierno y exigimos plata para las jubilaciones, no para los capitalistas y las multinacionales, que se restituyan las contribuciones patronales, por el 82% móvil sobre el mejor salario y una jubilación mínima de 45.000 pesos. Por una Anses dirigida y controlada por los trabajadores y los jubilados.

Escribe Joel Rojo

Desde 1991 a los jubilados provinciales la ley 8.024 les garantiza el 82% sobre el importe bruto del mejor sueldo al llegar a su jubilación y se ajusta de acuerdo a los aumentos recibidos por los activos.

Schiaretti, en 2008, la rebajó con la ley 9.504. El 82% ya no sería sobre el importe bruto del mejor sueldo al momento de jubilarse, sino sobre el promedio bruto de los sueldos de los últimos cuarenta y ocho meses.

De la Sota, en 2012, con la ley 10.078 impuso otro golpe. Los jubilados cobraban sus aumentos seis meses después de haber sido otorgados a los activos. 

En 2015, otra vez Schiaretti, sancionó la ley 10.333 cambiando el modo de cálculo, ya no era más el 82% sobre el bruto sino sobre el de bolsillo, o sea el 82% pasaba a ser el 73% del promedio bruto actualizado de los sueldos de los últimos cuarenta y ocho meses. No solo era una gran rebaja, sino que avanzaba en el camino de la “armonización” de la jubilación provincial con la nacional, siguiendo los pasos de Alberto Fernández, que no bien asumió les robó 100.000 millones de pesos a los jubilados nacionales.

A todo esto hay que agregar que, hasta hace muy poco, todos los activos desde 1991 aportaban entre 16% y 18% a la caja provincial, en lugar del 11% que se aporta a la Anses, con el argumento que es para dar sustentabilidad al 82% móvil y asegurarlo. 

La baja creciente de aportes por la caída salarial, el achicamiento de las contribuciones patronales, el pago en negro a trabajadores estatales y el desvío de fondos para otros fines explican el “rojo” de la Caja de Jubilaciones, que hoy ronda los 35.500 millones de pesos.

Es ahora o nunca

Esa fue la orden del gobernador peronista Schiaretti que, entre gallos y medianoche, como lo había hecho en 2012 De la Sota, convocó de apuro a la Legislatura y, con cuarenta y seis brazos enyesados, entre ellos todos los “progres” del peronismo kirchnerista, en una sesión virtual que solo duró dos horas les robó 7.500 millones de pesos anuales a los jubilados provinciales para disminuir en 30% el déficit de la Caja.

¿Cuáles son los cambios más importantes? 

Habrá un nuevo cálculo del haber inicial previsional. No será más sobre el promedio de los últimos cuatro años sino sobre los últimos diez.

Rebaja en las pensiones. Antes eran el 75% de la jubilación, hoy se reducen a 70% y dejan de gozar del 100% durante el primer año, como era en el pasado.

Difieren el pago de los aumentos a las jubilaciones. Se cobrarán dos meses después de que se le otorguen a los activos. 

No solo fue totalmente antidemocrática la forma en que se consumó este nuevo robo, sino que ante una posible movilización montó un cerco a la Legislatura con las fuerzas represivas.

Pero si pudo hacerlo sin ningún tipo de resistencia –salvo la oposición del conjunto de la izquierda–, fue por la responsabilidad central de la burocracia sindical, que llamó a una conferencia de prensa intrascendente y donde lamentó que la cuarentena no les permitía hacer nada. Al día siguiente quinientos choferes de la UTA marchaban a la municipalidad reclamando el pago de sus salarios y el 25 de mayo una caravana inmensa de autos de los trabajadores de la salud salió a defender a dos médicos imputados de un geriátrico de Saldán. Estos hechos muestran que se puede luchar, por eso desde dónde y cómo podamos, hay que organizar la resistencia y exigir a los dirigentes de los sindicatos y a las centrales sindicales provinciales que se convoque a una medida de lucha provincial contra este robo de las jubilaciones.   

El 3 de junio de 2015 marcó un hito en la historia del movimiento de mujeres de nuestro país. Aquel miércoles, frente al Congreso Nacional, fuimos centenares de miles de personas, la mayoría mujeres, quienes nos manifestamos con un simple pedido: paren de matarnos. Así surgió el grito común #NiUnaMenos que recorrió el mundo entero y puso en el centro de la escena la lucha contra la violencia de género. Desde entonces hemos logrado que, por ejemplo, lo que antes llamaban “crímenes pasionales” ahora se conozcan como femicidios. Aunque, aún hoy, nos genera asombro que en los medios no se habló de femicidio en el caso del odontólogo Barreda, que mató a cuatro mujeres, y hasta hacían chistes de mal gusto sobre que la víctima era el asesino.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad

Pasaron cinco años desde aquella movilización, que quedará marcada en nuestra memoria para siempre. El detonante fue el femicidio de Chiara Pérez, una adolescente de la localidad de Rufino asesinada por su novio, quien la enterró en el patio trasero de la casa de su abuelo. Conmovida, la periodista Marcela Ojeda escribió el 11 de mayo en su cuenta de Twitter: “¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”. La retuiteó Florencia Etcheves y, con una decena de mujeres periodistas, organizaron la convocatoria frente al Congreso para el 3J. En el documento, que fue leído por Maitena, Érica Rivas y Juan Minujín, se sintetizaron los principales reclamos, entre los que se encontraba la exigencia de un presupuesto acorde para la ley 26.485, de erradicación de la violencia hacia las mujeres, que había sido sancionada en 2009. 

El registro de femicidios en 2015 era de uno cada treinta horas. Lamentablemente, las cifras al 2020 no son nada alentadoras. Según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, hasta el 30 de abril se registraron 117 femicidios, uno cada veintiséis horas. Cinco años después, nuestras demandas siguen siendo las mismas porque del presupuesto nacional se destinan solo 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género, una miseria. Presupuesto que viene de la era Macri y que mantiene Alberto Fernández que, aunque haya creado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, nunca lo aumentó. 

Por eso, desde Isadora, junto con otras organizaciones de mujeres y feministas, estamos convocando a que el próximo miércoles 3 de junio, al cumplirse un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, salgamos a las calles (con todos los cuidados necesarios) para gritar nuevamente que paren de matarnos porque la violencia de género y los femicidios no entraron en cuarentena, sino que, al contrario, aumentaron con el encierro.

Presupuesto para combatir la violencia de género, no para la deuda

Mientras el gobierno de Alberto Fernández renegocia la deuda externa y paga de contado a los bonistas 320 millones de dólares en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta confirmó que hubo un aumento de 40% de las denuncias por violencia de género y que todos los delitos bajaron, menos los femicidios, durante la cuarentena. Un informe estadístico del Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro señaló que entre el 20 de marzo y el 14 de mayo de este año se habían contabilizado 49 casos de femicidios. Frente a esta realidad no hubo, por ejemplo, un aumento de 40% del presupuesto para la línea 144, que atiende esas denuncias. Ni tampoco hubo una política de evitarlos separando, por ejemplo, al agresor, ya que en la mayoría de los casos las víctimas habían hecho denuncias previas. 

Contar con el presupuesto acorde para atender a esta problemática es fundamental, no solo para construir más refugios y acondicionar los que ya existen, sino también para garantizar una política integral de atención a las víctimas. Por ejemplo, el acompañamiento psicológico con perspectiva de género y el patrocinio legal gratuito, una vivienda para las víctimas que la necesiten y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica. Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El gobierno nacional debe declarar la emergencia en violencia de género con un presupuesto que la respalde. Ese dinero debe salir de un impuesto especial a las grandes fortunas, de la quita de subsidios a la Iglesia Católica y el no pago de la deuda externa. Por estos reclamos te invitamos a que participes de las diferentes acciones que haremos con Isadora el próximo 3J para que se cumpla el #NiUnaMenos.