Escribe Pedro Rodríguez, referente de la oposición en la UTA  

La semana pasada vimos como los empresarios de varias líneas de colectivos de CABA y Gran Buenos Aires no depositaron el salario, provocando en muchos casos, que los choferes impusieran un paro de hecho hasta que aparezca la plata. La misma situación vienen sufriendo los choferes del interior hace meses, y los de larga distancia no cobran desde abril. La respuesta es una verdadera rebelión por abajo, con paros de más de un mes como fue el caso de Córdoba, con miles de movilizados, al igual que en Santa Fe. Con acciones en Neuquén, Tucumán (donde la base impuso el rechazo a la rebaja salarial), y en Entre Ríos,  con la rebelión llevándose puesto al secretario general, que tuvo que renunciar en medio de una asamblea, entre otras acciones provinciales. En capital cientos de choferes de larga distancia se autoconvocaron y realizaron dos movilizaciones reclamando el pago de su salario.  

Lo que pasa de fondo es que los empresarios del transporte vienen presionando para obtener más subsidios de parte del Estado. No le bastaron los millones de pesos que recibieron durante todos estos años. Quieren mantener sus ganancias y que la crisis del coronavirus la paguemos los choferes. La UTA de Fernández es cómplice, no lanzó ninguna medida nacional, intentando debilitar la lucha, mientras desde abril muchos afiliados no cobraban un peso. El rol traidor de Fernández al frente del sindicato es cada vez más claro y el odio sigue creciendo entre los choferes de todo el país. Al cual no escapan los dirigentes de las provincias.

Ante el creciente repudio a la conducción de Fernández, su antiguo aliado Bustinduy, intenta aprovechar la situación para desplazar a su viejo amigo del sindicato y poner el gremio al servicio de la negrera DOTA. No hay que engañarse, ninguno es salida para los choferes. Es muy importante apoyarse en el desprestigio de Fernández para imponer reuniones, asambleas, impulsar reclamos etcétera. Y en ese camino aprovechar cualquier enfrentamiento de estos viejos dirigentes para desarrollar la lucha. Pero sin depositar ninguna confianza en ellos.

El pasado 8 de junio, se cumplieron 3 años del día en que los choferes nos autoconvocamos en plaza Once contra la dirigencia. Debemos retomar ese camino y recuperar los cuerpos de delegados, coordinar las luchas de todas las líneas en conflicto, unirnos a otros gremios en la pelea y pegar con un solo puño a los intentos de avance de la patronal. En lo inmediato está planteado arrancarle a la burocracia medidas como lo demostraron los choferes del interior. La bronca crece y los dirigentes están cuestionados. El intento de rebaja salarial y ataque al convenio van a continuar, ¡debemos exigir una medida de acción nacional ya! El gremio debe romper el pacto con las patronales y apoyar las luchas contra la rebaja salarial y falta de pago. La exigencia de esta medida debe ser parte de la lucha concreta por paros regionales, provinciales y zonales, sin distinción de dirigentes ni colores. Debemos imponer una respuesta urgente del gremio desde la base, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

Por otra parte sería importante adherir a la acción del próximo 16 del sindicalismo combativo y marchar. Es una gran oportunidad para los choferes ser parte de este espacio de coordinación. Donde la lucha contra el ajuste y el apoyo a los luchas en curso son el centro de las preocupaciones.

La crisis actual del sistema de transporte automotor, manejado por empresarios chupasangre, subsidiados y negreros nos permite pensar en una salida de fondo. Creemos que necesitamos un transporte estatal bajo control de los trabajadores, donde se respete el convenio actual. Un transporte que pueda responder ante la emergencia sanitaria y cumplir un rol social para transportar a todos los trabajadores. Sigamos luchando por el pago total del nuestro salario, apertura de paritarias, defensa del convenio 460/73 para todos (larga, corta, media distancia) ¡Exijamos una medida de acción nacional de UTA ya!

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

La semana pasada, el gobierno citó a la representación gremial de los trabajadores del Estado nacional para comunicar que posterga sin fecha la discusión paritaria. Este congelamiento salarial deja a decenas de miles de trabajadores del Estado nacional por debajo de la línea de pobreza.

Más allá de grandes discursos sobre el rol del Estado, el gobierno ha consagrado la miseria salarial que nos legaron el macrismo y los últimos años del gobierno de Cristina Fernández. Los estatales nacionales tenemos el triste récord de estar entre las tres actividades que mayor poder adquisitivo han perdido en los cuatro años del gobierno anterior con una merma cercana al 35 por ciento. Y en el convenio Sinep, que engloba a los trabajadores de la mayor parte de la administración pública, el salario inicial ronda los 22.000 pesos. Cerca de la mitad de lo que necesita una familia para no ser pobre (43.000 pesos, según datos oficiales del Indec) y la tercera parte de lo mínimo que necesitó una familia tipo para vivir en el mes de abril de 2020 (67.000 pesos, según relevó la junta interna de ATE Indec).

El gobierno sostiene que la postergación de la paritaria es para esperar que termine la renegociación de la deuda con los bonistas y que pasen los efectos económicos de la pandemia. Los trabajadores le decimos que el salario no puede esperar. Que no se debe pagar un peso de la deuda y que la crisis económica no la tenemos que pagar nosotros sino los grandes capitalistas, con un impuesto extraordinario.

Las conducciones de ATE Capital y Nacional han denunciado, en distintos tonos, la postergación de las paritarias. Pero no han dado una sola muestra de salir a enfrentar esta situación con medidas de lucha. Ambos sectores buscan no hacerle olas al gobierno nacional, dejando correr un congelamiento salarial que se intentará replicar sobre centenares de miles de estatales provinciales y municipales.

Desde cada sector de trabajo tenemos que impulsar asambleas, reuniones de delegados y activistas utilizando las herramientas a nuestro alcance para sortear las dificultades que conllevan el aislamiento y el teletrabajo. Y desde abajo imponer a las conducciones que hoy miran para otro lado un plan de lucha en defensa de nuestro elemental derecho de tener salarios dignos.

Municipales de Moreno en conflicto

Frente al palacio municipal se cantaba “Mariel dónde está” (en alusión a la actual intendenta del Frente de Todos) y “si no hay respuestas qué quilombo se va armar” en el ruidazo convocado por la Asamblea de Trabajadores de Niñez y Juventud en lucha, en reclamo de salarios adeudados, contra los recortes salariales, por los contratos de los monotributistas, el pago de las becas y contra la precarización laboral. A los compañeros que se encuentran dentro de los grupos de riesgo los obligan a trabajar, sin protección alguna, con la amenaza de recortes en el salario violando el decreto nacional. Con esta movilización se consiguió que no les descuenten el sueldo, quedan pendientes los otros reclamos. Una muestra de que organizándose y luchando se pueden lograr cambios. Desde Izquierda Socialista nos ponemos a disposición de esta lucha e invitamos a la jornada nacional de protesta del próximo 16 convocada por el Plenario Sindical Combativo.

Lagomarsino en pie de lucha

Lagomarsino es una empresa alimentaria que produce harina en cuatro plantas y panificados en otra, ubicada en San Justo, La Matanza. Allí los trabajadores cobraron este mes tan solo el 20% de sus sueldos. La razón que esgrime la patronal es que no recibió el subsidio que solicitó al gobierno para cubrir el pago del 50% restante. Además de las irregularidades en el abono de los sueldos, la empresa suspende a los trabajadores por turnos, lo que disminuye el porcentaje que cobran de su sueldo. Frente a esta situación, los delegados bloquearon el acceso a la planta, hicieron un corte en la ruta 3 en la puerta y una olla popular con la participación del conjunto de los trabajadores. Esta semana se movilizaron hasta las oficinas de la empresa para exigir el cobro de la totalidad de sus salarios. Desde Izquierda Socialista venimos apoyando su lucha para que triunfe.

Trabajadores de La Nirva ocupan la fábrica 

Las trabajadoras y los trabajadores de La Nirva hace ocho meses que no cobran sus sueldos. En un compromiso firmado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires la patronal se había comprometido a pagar el 1° de junio la totalidad de la deuda que tiene con los trabajadores, pero una vez más no cumplió. En una primera instancia, los trabajadores se movilizaron hace una semana al Sindicato de Pasteleros para exigirle que se ponga a la cabeza de la pelea frente a la desidia de la patronal y la inacción de los gobiernos municipal y provincial. Ante esta situación, decidieron ocupar la fábrica y continuar en estado de asamblea permanente, a la vez que siguen impulsando el fondo de huelga para sostener la medida de fuerza y mantener a sus familias. 

Frigorífico Penta: sigue la lucha

El pasado viernes 5 de junio los trabajadores del frigorífico Penta, luego de 80 días de lucha, con la planta cerrada por el dueño, volvieron a movilizarse al Puente Pueyrredón. Con apoyo de organizaciones de izquierda y de trabajadores en lucha, volvieron a reclamar una respuesta por parte del gobierno nacional al conflicto. Quien según sus propias palabras, la única respuesta que les dio ahora fue enviarles a la policía. A pocos días de la marcha, y luego del proyecto de expropiación del gobierno nacional hacia Vicentín, los trabajadores exigen que se expropie el frigorífico y se ponga a funcionar bajo la órbita estatal. Todo nuestro apoyo a esta lucha.

Hace unos días, sin previo debate ni con la comunidad educativa, sindicatos ni comisiones del Congreso, el gobierno hizo aprobar un cambio en el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional. Peronistas de todos los colores, Cambiemos y radicales no tuvieron “grieta” para aprobarlo. Solo los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, lo rechazaron.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

¿En qué consiste la modificación del artículo 109? A partir de ahora, la llamada “educación virtual”, que estaba reglamentada para alumnos mayores de 18 años y de zonas rurales, se extiende a todos los niveles educativos y en todo el país. ¿Por qué modificar la Ley de Educación Nacional (LEN), aprobada durante el kirchnerismo, sin siquiera debatirlo? El gobierno dice que es para “momentos excepcionales” como la pandemia. Pero no sería necesario modificar la ley, simplemente bastaría con un decreto de emergencia, mientras dure la cuarentena, que “reglamente” lo que estamos haciendo hoy.

Detrás de la modificación del artículo 109 está la política de profundizar e institucionalizar el negocio de las plataformas virtuales, que hace años llevan adelante importantes multinacionales en todo el mundo.

Como explica Laura Marrone en su artículo “La educación en tiempos de pandemia, navegando en aguas turbias” (https://bit.ly/2MLL9s0), “Milton Friedman, el pope del neoliberalismo, propuso en la década del ´70 embestir al último bastión que sobrevivía fuera de la economía de mercado: la educación. En 2002 había ocho operadores en GEI. En 2011, 127”.  “La tecnología digital, la mayor estandarización de los currículos, de las evaluaciones y de las políticas educativas impuestas por los organismos internacionales favorecen la venta de servicios educativos sin fronteras. Las empresas han incursionado en las escuelas públicas y privadas vendiendo diversos servicios educativos (editoriales, evaluaciones, asesorías, cursos, plataformas digitales, etcétera) que les permiten fabulosas ganancias. Solo Gran Bretaña tuvo en 2003/2004 ingresos por 23 billones de libras por la venta de cursos, maestrías, doctorados a clientes en el extranjero, más que lo que obtuvo como ingresos por su industria de automóvil”.  “Clinton Global Iniciative (CGI) es la más grande fundación en Estados Unidos. La CGI opera como intermediario entre los gobiernos, las fundaciones y los proveedores. En 2006 logró juntar 63.000 millones de dólares, tiene filiales en 170 países.”

Esta política mercantilista en la educación hace años se implementa en el mundo y la Argentina no es excepción. La LEN del kirchnerismo habilitó toda esta ofensiva contra la educación pública y los derechos docentes y con el gobierno de Cambiemos pegó un salto tremendo.

El gobierno de Fernández no rompió con esta política. Como escribe Laura Marrone: “El 5 de marzo el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, acordó con la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la Open Society Foundation, la realización de proyectos educativos en común. Esta fundación, creada en 1993 por George Soros, actúa en más de 37 países promoviendo proyectos educativos que, bajo el paraguas de la defensa de la libertad y los derechos humanos, pretende formar a estudiantes y profesionales en la ideología del neoliberalismo y el capitalismo financiero”.

Ahora el gobierno incorpora a la LEN la virtualidad en todos los niveles e indica que podrá utilizarse “en caso de existencia de situación excepcional que dificulte o impida la asistencia presencial ”. Esto, además, abre la puerta al sueño de todo gobierno patronal, de incluir a la educación en un mal llamado “servicio esencial”. No es para invertir todos los fondos necesarios a un sistema educativo público y estatal de calidad, sino para prohibir el derecho de la docencia a reclamar y hacer paros, tal como lo acaba de hacer votar Larreta en CABA. Insistimos, en estos temas no hay “grietas” entre peronistas, kirchneristas, Cambiemos y radicales.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad denunciamos que, mientras se amplía la ley para el negocio de las plataformas virtuales y para cercenar el derecho de huelga, hoy millones de estudiantes no pueden participar de clases virtuales por falta de conectividad y de computadoras, quedando más marginados  aún en plena pandemia. Y lo mismo ocurre con miles de docentes.

Apoyamos los reclamos de los sindicatos docentes combativos de la Multicolor, que los gobiernos garanticen ya conectividad gratuita y sin límite de datos, distribución de netbooks para todos, así como el respeto a la jornada laboral de la docencia. La ley que hace falta aprobar es la que declare la emergencia educativa para volcar los fondos necesarios para salarios dignos, infraestructura escolar y tecnológica, construcción de escuelas y aulas y nombramientos de los docentes, preceptores y auxiliares necesarios. Usando plata para educación, no para la deuda externa ni subsidios a la educación privada.

La semana pasada, y en el marco del quinto aniversario del #NiUnaMenos, conocimos el fallo de la Justicia chubutense que establece que no irán a la cárcel quienes violaron colectivamente a una niña de 16 años, hace ocho años. El escandaloso fallo se sumó a la frase justificatoria que utilizó el fiscal Rivarola para referirse al hecho como “desahogo sexual”. Desde Isadora nos sumamos al repudio generalizado que surgió frente a este nuevo accionar de la justicia patriarcal.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El hecho ocurrió en 2012, en el marco de una fiesta en una casa ubicada en Playa Unión. Allí fue donde un grupo de cinco varones violaron a una chica de 16 años a la que marcaron para siempre. Tanto es así que ella tuvo un intento de suicidio y hasta se mudó a Buenos Aires con toda su familia. La víctima recién pudo contarlo en sus redes sociales en febrero del año pasado. Una vez realizada la denuncia, comenzó la investigación que reveló que quienes participaron del hecho fueron jóvenes pertenecientes a familias conocidas en la zona por su gran poder político y económico. Fue a partir de entonces que se los conoció como los “hijos del poder”. Luego de un año y con un  juicio abreviado a cargo del fiscal Rivarola, se dejó a dos de los cinco involucrados sobreseídos. Los tres restantes, tras reconocer el hecho y llegar a un acuerdo, recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso, es decir que no irían a la cárcel, garantizando su impunidad. Tan escandaloso como esta condena fue el término que el fiscal Rivarola utilizó en el expediente considerando que se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual”.

Rápidamente, el repudio generalizado al accionar de la Justicia se hizo sentir. Desde el movimiento feminista, con acciones callejeras en la ciudad de Puerto Madryn (donde tienen sus empresas los familiares de los acusados) y a través de las redes sociales, la frase “desahogo sexual” fue categóricamente rechazada por pretender justificar una violación en grupo. Es más, a través de la plataforma Change.org se juntaron cientos de miles de firmas exigiendo el juicio político (jury) al fiscal Rivarola. Más indignación causó el hecho de que el fallo se conoció mientras conmemorábamos el quinto aniversario del #NiUnaMenos, un hito en nuestro país y en el mundo de lucha contra la violencia de género. De hecho, el fallo se sintió prácticamente como una provocación por parte de la justicia patriarcal al movimiento de mujeres y disidencias. Tanto fue así que hasta la propia ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló la falta de perspectiva de género en la Justicia, aunque sin nombrar al fiscal y sin plantear ninguna medida frente a la impunidad. Quizás una de las voces más contradictorias fue la de Rita Segato, una reconocida antropóloga dentro del feminismo, quien en el programa Pasaron cosas, de Radio Con Vos, se desdijo de las críticas que había manifestado contra Rivarola por la utilización de la frase “desahogo sexual” y remarcó sobre el fiscal “que en este caso hizo a la justicia actuar de una manera cierta”. Esta defensa por parte de Segato del accionar patriarcal de la justicia (tanto del juicio abreviado como del fallo de Rivarola) es equivocada porque lo que sucedió en este caso fue que los hijos del poder que violaron en grupo a una chica de 16 años quedaron impunes.

Desde Isadora, y como parte del movimiento en contra del accionar de la justicia patriarcal, elaboramos un comunicado en el que expresamos nuestro más enérgico repudio a la calificación de la causa y denunciamos al fiscal por su accionar, que benefició a los violadores. (Ver https://bit.ly/2AkEG4y ) Saludamos la valentía de la joven y su familia que a pesar de haber sufrido todo tipo de amenazas como suele suceder en estos casos, se animaron a denunciar a los violadores y reclamaron justicia. Seguimos transitando una oleada de luchas feministas que, lejos de detenerse, muestra a cada paso su alto grado de fortaleza. Nuestro compromiso es el de seguir luchando para que se haga justicia por todas las víctimas de violencia sexual y que los violadores vayan presos. Y decimos, junto al movimiento feminista chubutense, ningún “desahogo sexual”, fue violación grupal.