Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el FIT/ Unidad

El pasado 13 de junio se cumplieron dos años de la media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Recordamos con mucha emoción aquella jornada de lucha por el aborto legal en la que estuvimos frente al Congreso con temperaturas bajo cero durante más de veinte horas. Sin embargo, esa alegría nos duró menos de dos meses, porque el 8 de agosto de ese mismo año senadores peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos votaron en contra, votaron para que continúe el aborto clandestino, uniéndose con los sectores eclesiásticos más reaccionarios y conservadores en una fuerte cruzada contra las mujeres y disidencias. A dos años de aquella jornada histórica seguimos reclamando que el aborto #SeaLey.

En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 al año. El aborto es una realidad y un problema de salud pública; que no se le dé prioridad a esta problemática es responsabilidad del gobierno. Los abortos inseguros causan graves secuelas físicas en los cuerpos gestantes: hemorragias, infecciones, peritonitis, rotura uterina, lesiones en vagina y útero, infertilidad, entre otras. La muerte es la consecuencia más extrema y no es casualidad que quienes la sufren sean las personas más pobres que no tienen posibilidad de acceder a un aborto con los cuidados necesarios.

Un informe elaborado por el portal feminista Latfem, en colaboración con Amnistía Internacional, denominado “Sin ley: zona de riesgo”, relata la historia de las catorce mujeres y niñas que murieron por abortos inseguros desde que el Senado dijo que no a la legalización del aborto voluntario. Los datos fueron recolectados de los casos que fueron noticia en los medios de comunicación, ya que no hay registros actualizados que den cuenta de estas situaciones, que seguramente son más, pero la clandestinidad no permite que se lleve un registro exhaustivo. Seis mujeres del conurbano bonaerense, tres santiagueñas, una niña wichí de Chaco y otra niña salteña, una joven de 22 años en Formosa y una madre de dos hijos pequeños en Catamarca. Todas muertes evitables.

Alberto Fernández mira para otro lado

El presidente se pronunció en varias oportunidades a favor de la legalización del aborto y anunció el 1° de marzo que enviaría un proyecto propio distinto del de la Campaña Nacional. Pero, fiel a su doble discurso, hasta el momento no lo dio a conocer y, según sus declaraciones, su proyecto fue consensuado con los “celestes”, en referencia al color del pañuelo de quienes se oponen a la legalización del aborto voluntario. Luego vino el aislamiento preventivo obligatorio, el Congreso comenzó a funcionar virtualmente y hasta el momento nada.

Llamativamente, en vísperas del 3J, que conmemora el #NiUnaMenos, Alberto Fernández fue entrevistado en Radio Metro y al ser consultado por el tema reconoció que ​no se tratará en el corto plazo, alegando que tiene “otras urgencias que van desde la pandemia hasta la deuda externa”. Pero insistimos, el aborto es un problema de salud pública y en este contexto debería ser prioritario, ya que hasta el acceso a las interrupciones legales de los embarazos (ILE) presentan todo tipo de dificultades que van desde la falta de información hasta la demora en la atención, entre otras.  

Que se apruebe el proyecto de la campaña

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gratuito está integrada por más de setecientas organizaciones políticas, sociales, culturales, de derechos humanos, etcétera. El año pasado presentó por octava vez en el Congreso el proyecto de ley que fue elaborado por el movimiento feminista y recoge los aportes del debate parlamentario de 2018. En su texto se establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la mujer o persona gestante baste para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde y tiene estado parlamentario, es decir que se podría votar ahora si hubiera voluntad política para hacerlo. Por eso exigimos que se apruebe inmediatamente el proyecto de ley de la Campaña, sin dilaciones y sin concesiones a las iglesias y sectores conservadores que se interponen a nuestras necesidades urgentes e imperiosas. A dos años de aquella jornada histórica seguimos gritando #AbortoLegalYa.

Escribe Nicolás Nuñez, legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 9 de junio Liberpueblo, el organismo de derechos humanos impulsado por el Partido Comunista Revolucionario, hizo pública su definición de romper con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ). Lo hizo a través de una carta donde tergiversa la trayectoria reciente del espacio.

El EMVJ se creó al cumplirse veinte años del inicio de la dictadura cívico-militar y, desde ahí en adelante, se constituyó en una referencia no solo para las masivas convocatorias de cada 24 de marzo, sino también en la pelea en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. Fue este espacio el que levantó reclamos importantísimos, como el de la aparición con vida de Julio López y de Luciano Arruga, durante los gobiernos kirchneristas; el repudio a la designación del genocida César Milani a cargo del Ejército, y sostiene, además, una militancia firme y constante para que avancen los juicios contra los milicos superando las trabas que ponen la Justicia y los gobiernos.

Asumido el gobierno de Alberto Fernández, esta orientación de lucha independiente chocaba naturalmente con la nueva ubicación que asumió el PCR al incorporarse al Frente de Todos, primero, y al gobierno nacional, después. Para muestra, basta ver la página oficial de Liberpueblo, donde no hay ninguna mención al ciberpatrullaje, a la desaparición y asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, a la golpiza y abusos que sufrió la comunidad Qom en Chaco, al espionaje a los mineros de Andacollo en Neuquén ni a la represión de los trabajadores del frigorífico Penta. ¿Cambió el EMVJ como dice el PCR en su comunicado? ¿O más bien cambió el PCR, que ahora tiene funcionarios gubernamentales y diputados y oculta la represión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales? La realidad es clara.

El EMVJ ante Macri

El centro del razonamiento del PCR es que durante el gobierno de Macri el EMVJ se achicó y se hizo más sectario. Para eso se vale de argumentos como que se retiraron organizaciones y que el Encuentro no habría señalado ni comprendido la verdadera gravedad que tuvo la represión durante el gobierno de Cambiemos. Veamos.

Es cierto que algunas organizaciones se retiraron del Encuentro en ese período, pero fueron aquellas que, como Patria Grande, se adelantaron al PCR en su incorporación al kirchnerismo y, por lo tanto, era natural que se separen de un espacio que mantiene independencia de todos los gobiernos. En contraposición, en este período terminaron de cristalizarse dentro del EMVJ otras organizaciones importantes, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), de Pérez Esquivel. 

A su vez, que el EMVJ no tuvo una posición sectaria lo demuestra el impulso de unidad de acción con organismos kirchneristas para enfrentar el otorgamiento del 2x1 a los genocidas, o para movilizarse una y otra vez acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Al calor de esas peleas, el EMVJ llegó a definir en sus documentos que Cambiemos impulsaba un agravamiento cualitativo en la situación represiva y el intento de fortalecer el aparato represivo del Estado. Por eso, cada declaración tuvo como centro la denuncia del accionar del gobierno nacional. De hecho, en las consignas del 24 de marzo de 2019 el PCR vetó denunciar a los gobernadores provinciales que reprimían y se terminó consensuando, para mantener la unidad, la fórmula elíptica de denunciar a los “cómplices de Macri”. No hubo ninguna imposición sectaria ni política rupturista ni búsqueda de “uniformidad política”, como miente el PCR.

Una ruptura que es una nueva capitulación

Es real, como dice el texto de Liberpueblo, que en los últimos años se agudizaron los debates dentro del EMVJ. Pero esto no se debió a una transformación sectaria, sino al giro político properonista que fue tomando el PCR. El razonamiento de este partido maoísta tiene el mismo error de método de alguien que, arriba de un tren en movimiento, piensa que es el paisaje que ve por la ventana lo que se mueve y no el propio tren. El Encuentro sigue firme en sus principios de lucha, quien se desplaza es la locomotora de capitulaciones del PCR, que tiene una larga trayectoria en esa dirección.

Desde su apoyo al gobierno de Isabel Perón en los tiempos de la Triple A a su activa militancia a favor del triunfo de Carlos Menem, hasta su acercamiento al gobierno de Néstor Kirchner para luego hacerse “anti-K” y hacer acuerdos con Francisco De Narváez. Y ahora su retorno al redil del peronismo da cuenta de la “elasticidad” de esta organización que se dice comunista y revolucionaria. La premisa maoísta de que hay que buscar un sector burgués nacional progresivo lo ha llevado a chocar una y otra vez contra la pared, pero jamás a revisar sus preceptos.

Rechazamos los ataques y las mentiras de quienes quieren encubrir una nueva capitulación. Defendemos la trayectoria y el presente de lucha independiente de todos los gobiernos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sostenemos que tiene y tendrá un lugar importantísimo en la lucha por frenar la represión que obligadamente intentará aplicar el gobierno de Fernández para hacer pasar el ajuste. Así como también en la pelea por lograr que los genocidas vayan presos y terminar de una vez con la impunidad de ayer y de hoy.

Escribe Adolfo Santos

El período transcurrido entre 1973 y 1976 fue uno de los más convulsionados de la historia política reciente de nuestro país. Dos importantes hechos marcaron aquel momento. Por un lado, el gran ascenso iniciado con el Cordobazo, que en la primera mitad de los años ’70 adquirió una fuerza extraordinaria. Por otro, el fin de ese proceso con la derrota de la clase trabajadora a manos del más sangriento golpe militar sufrido en nuestro país. En esos cuatro años se sucedieron cuatro gobiernos, el de Héctor J. Cámpora, el de Raúl Lastiri (asumió de forma provisional), el de Juan Domingo Perón y el de María Estela Martínez de Perón. Todos ellos gobernaron con el objetivo de cerrar el proceso abierto con el Cordobazo. En ese cortísimo espacio de tiempo amplios sectores de masas pasaron de la euforia por reinstalar un gobierno peronista después de años de proscripción, a la necesidad de tener que enfrentarlo con grandes huelgas y movilizaciones. En ese desarrollo vertiginoso y conflictivo, en el que sectores importantes de la dirigencia peronista enfrentaron desde el gobierno a los trabajadores y sus demandas, se fue incubando el golpe contrarrevolucionario de marzo de 1976 que, finalmente, cerró la etapa abierta con el Cordobazo.

La lucha de clases acaba con la dictadura

Desgastada y acorralada por las luchas, la autodenominada Revolución Argentina, que en 1966 llegó anunciando “tenemos objetivos pero no tenemos plazos”, fue perdiendo fuerzas. Acosada por conflictos e insurrecciones obreras, estudiantiles y populares, su último representante, el general Alejandro Agustín Lanusse, no tuvo más remedio que rehabilitar a los partidos políticos y negociar con los principales líderes burgueses, fundamentalmente con Perón, desde su exilio en Madrid, y con Ricardo Balbín, de la UCR, la convocatoria a elecciones para canalizar el ascenso. Como parte de este acuerdo, después de muchos años, se levantó la proscripción al peronismo, aunque con una maniobra leguleya (solo podían ser candidatos los residentes en el país hasta antes del 25 de agosto de 1972) se impidió la postulación de Perón.

Cámpora al gobierno, Perón al poder

El peronismo debía actuar como dique de contención de las crecientes luchas que habían comenzado a generar nuevas direcciones antiburocráticas, clasistas e independientes, cuya dinámica colocaba en peligro el sistema vigente. Sin embargo, como quedó demostrado en el período posterior a la asunción del gobierno, era evidente que la fórmula presidencial encabezada por Cámpora y el conservador Solano Lima no tenía la autoridad suficiente para controlar el proceso. Se necesitaba una dirección de verdad, algo que solo se podía conseguir con la intervención directa del general Perón. De alguna manera, los sectores que impulsaron la consigna Cámpora al gobierno Perón al poder, formulada en el lanzamiento de la campaña del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en el mes de enero, estaban materializando esa necesidad, como quedó demostrado en la breve “primavera camporista” iniciada el 25 de mayo.

En la medida que los trabajadores veían el triunfo electoral como propio y se sentían con el derecho de exigir nuevas demandas, las movilizaciones no paraban de crecer. En la noche del mismo día 25 de mayo miles de personas rodearon la cárcel de Devoto exigiendo la libertad de los presos políticos. En apenas unas horas casi quinientos presos, muchos de ellos dirigentes de organizaciones guerrilleras, fueron liberados de las cárceles de Devoto, Rawson, Caseros, La Plata, Tucumán y Córdoba, algo que con una “ley de amnistía”, como proponían los políticos, hubiera demorado meses. Una gran ola de conflictos por reivindicaciones largamente postergadas, exigiendo la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y por cuestiones democráticas y económicas, se extendió como reguero de pólvora. Las huelgas con ocupaciones de fábrica, muchas veces con miembros de la patronal como rehenes, se convirtieron en moneda corriente. La zona norte del Gran Buenos Aires, donde se habían instalado centenas de fábricas, fue la vanguardia de este proceso. Las metalúrgicas Ema, Wobron y Tensa, Editorial Abril, las ceramistas Lozadur y Cattaneo, los astilleros Astarsa, fideos Matarazzo, DPH y Panam, del plástico, entre otras, fueron protagonistas de la efervescencia obrera de ese momento y generaron una nueva vanguardia que le disputaba espacios a la burocracia sindical.

Impotente frente al ascenso, Cámpora renuncia

Apenas habían pasado cuarenta y nueve días cuando Cámpora, débil para detener el ascenso, fue obligado a renunciar el 13 de julio para abrirle camino a Perón, el único dirigente con autoridad para intentar frenar las luchas. El golpe palaciego que destituyó a Cámpora instaló a Raúl Lastiri, un desconocido de las mayorías, del entorno de Isabel Perón y yerno de López Rega, que asumió interinamente la presidencia. El Pacto Social, un proyecto de conciliación de clases impulsado desde el gobierno de Cámpora, no conseguía cumplir su cometido. El proyecto, ideado por el ministro de Economía José Ber Gelbard –dirigente de la Confederación General Económica, donde se nucleaba el empresariado nacional–, que centralmente apuntaba al control de los salarios, fue firmado el 8 de junio por la CGT encabezada por José Rucci. Sin embargo, las luchas no se detenían y los burócratas sindicales empezaron a ser desbordados por un nuevo activismo.

El regreso del líder, un viejo anhelo del pueblo trabajador argentino, fue una primera demostración de cómo serían las cosas en adelante. El 20 de junio, cerca de un millón de personas se dirigieron a Ezeiza para recibir al general que volvía del exilio. Preocupados por que las corrientes de izquierda, como la JP y Montoneros, le robaran la escena, como había acontecido el 25 de mayo con la liberación de los presos, la burocracia sindical y el aparato del Partido Justicialista, bajo la “conducción” del ministro de Bienestar Social, José López Rega, armaron un escenario de guerra. Para impedir que la multitud se acerque a Perón la derecha peronista montó un cerco frente al palco y comenzó a disparar a mansalva. El resultado oficial de esa “batalla” fue de trece muertos, 365 heridos y decenas de presos y torturados. Testigos aseguran que los muertos fueron muchos más.

Septiembre de 1973: Perón es presidente por tercera vez

Con Perón en la Argentina, el aparato peronista se empezó a preparar para acabar con la “primavera camporista” y comenzar a controlar la situación. Después de lo de Ezeiza, Perón, que ya había adjudicado a los trotskistas la responsabilidad de la liberación de los presos, dirigió un mensaje al país para mostrar que había tomado las riendas. “Los peronistas tenemos que retomar la conducción de nuestro movimiento”, dijo, y volvió a embestir contra los “infiltrados” y los “enemigos embozados y encubiertos a los que había que combatir”. Un claro mensaje contra la izquierda. Sin embargo, tanto las FAR como Montoneros defendían la tesis de que Perón estaba cercado por las fuerzas de derecha proimperialistas comandadas por López Rega y la burocracia sindical, lo que le impediría “dialogar con su pueblo”. Negaban una realidad palpable, el robustecimiento de los sectores de derecha y más reaccionarios a la hora de la toma decisiones del gobierno peronista. Y, peor, apuntalados por el propio Perón.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) respondimos a ese argumento denunciando que los grupos de derecha que atacaron en Ezeiza, cuando llegó Perón, pretendían organizarse de forma permanente para reprimir a toda la izquierda, peronista y no peronista. Dábamos como ejemplo los ataques sufridos en la fábrica Citroën, en SIAT, o en la construcción en Córdoba, entre otros. Estaba instalada la batalla entre las aspiraciones de cambios sociales y el avance de conquistas manifestadas en las luchas obreras, populares y estudiantiles, fogoneadas por las nuevas direcciones, y el aparato peronista instalado en el  gobierno, junto a la burocracia sindical, bajo el liderazgo de Perón. Frente a esta situación, nuestro partido tuvo una política permanente de coordinar las luchas en curso para fortalecerlas y para poder resguardar de esos ataques a la nueva vanguardia.

El 23 de septiembre se realizaron nuevas elecciones presidenciales. La fórmula Perón-Perón (con Isabel como vice) ganó ampliamente. El imperialismo, los grandes y medianos empresarios, sectores de la oligarquía, las fuerzas armadas, la burocracia sindical y la Iglesia cerraron filas detrás del general con la esperanza de que pusiera fin al “caos social” imperante y estabilice la situación. Como se sabe, Perón ganó holgadamente en la primera vuelta. Contradictoriamente, el amplio triunfo obtenido con el apoyo de las masas iba en la dirección de consolidar el proyecto de fondo: derrotar al movimiento obrero, que venía en ascenso desde el Cordobazo. 

Coral-Páez, una alternativa obrera y socialista

El PST, que era parte importante de la vanguardia que participaba de ese proceso, interviniendo en las luchas, era también la única corriente de izquierda que daba la pelea electoral con una política de independencia de clase. Como lo había hecho en las elecciones de marzo, en septiembre también convocó al clasismo surgido de las luchas del Cordobazo para dar juntos esa batalla. Con la consigna “Contra Manrique, Balbín, Perón, la izquierda debe votar unida”, una vez más le propuso a las principales figuras de ese proceso, como Tosco, Salamanca y Jaime, dirigente del peronismo revolucionario, encabezar la fórmula utilizando la legalidad del PST. Lamentablemente, una parte de esos sectores acabó votando a Perón y otra mantuvo una actitud sectaria y abstencionista llamando al voto en blanco. El PST presentó una fórmula encabezada por el dirigente socialista Juan Carlos Coral, acompañado por uno de los más importantes dirigentes del clasismo cordobés, el compañero José Francisco Páez. Los casi 200.000 votos obtenidos por el partido, a pesar de las dificultades económicas y el vacío de la prensa burguesa, demostraron el acierto de esa participación. Esos miles de compañeros, muchos de ellos activistas y dirigentes clasistas, habían asumido la propuesta de dar continuidad a las luchas fabriles, barriales y estudiantiles contra la conciliación de clases y el Pacto Social en el terreno electoral.

El tercer gobierno de Perón

El 12 de octubre de 1973 Perón asume su tercer mandato presidencial, que duró apenas nueve meses, hasta su muerte, el 1° de julio de 1974. A pesar del barniz de izquierda que la Juventud Peronista le quería imprimir a Perón, el general los descolocaba a cada paso. Para comprobar lo que decimos basta ver su visión: “Yo siempre he tenido mucha más fe en los hombres de empresa, que son los que han demostrado que saben hacerlo. El país, como negocio, es un gran negocio individual amplificado, de manera que el que es capaz de manejar un gran negocio, a este otro gran negocio puede también manejarlo”. Quien quiera entender…

Desde el comando, Perón reafirmaba la tarea que había comenzado a ejecutar desde su llegada el 20 de junio, derrotar el ascenso de la clase trabajadora sirviendo a las exigencias de la burguesía, las multinacionales y el imperialismo. Los meses siguientes fueron turbulentos. La luchas continuaban, pero las organizaciones guerrilleras, con sus atentados y acciones ajenas a las necesidades de la clase trabajadora, generaban mucha confusión y le daban pretexto a los grupos de la lopezrreguista instalados dentro del propio gobierno peronista y a la burocracia sindical para avanzar con leyes represivas y ataques cada vez más truculentos. El fracasado asalto al Comando de Sanidad del Ejército el 6 de septiembre de 1973 organizado por el ERP, el asesinato de José Rucci por los Montoneros dos días después del triunfo de Perón, o el ataque al Regimiento de Caballería de Azul por parte del PRT/ERP el 19 de enero de 1974, entre otras acciones, favorecieron el proyecto de reprimir a los sectores de vanguardia, y en particular al movimiento obrero y entorpecieron las luchas en curso por nuevas conquistas, contra la burocracia sindical y el congelamiento salarial impuesto por el Pacto Social.

Luego de la acción guerrillera contra el cuartel militar de Azul se tomaron dos medidas. Una que afectaba a los propios sectores de la denominada izquierda peronista, la renuncia de Oscar Bidegain, gobernador de Buenos Aires, que le abrió el camino a su vice, el burócrata Victorio Calabró, dirigente metalúrgico de la zona norte, organizador de las patotas que atacaban activistas y que luego se complementaron con sectores militares en la conformación de la tristemente célebre Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). El otro hecho afectó al movimiento de masas y sus luchas, el gobierno envió al Congreso la reforma del Código Penal y nombró a dos conocidos represores al frente de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride.

En 1974 las bandas de ultraderecha comenzaron a realizar atentados contra locales y militantes de la JP, el PC y el PST. El 29 de enero, la Triple A difundió una larga lista de personalidades a ejecutar. Entre los primeros figuraba nuestro dirigente, Nahuel Moreno. Se allanaron librerías, se intervino la provincia de Córdoba, se atacaron avances democráticos conquistados por el sindicalismo clasista y se aplicó la Ley de Prescindibilidad, con la cual descabezaron la combativa dirección sindical del Banco Nación. Durante el acto del 1° de mayo Perón expulsó públicamente de la Plaza a los Montoneros, lo que les significó un gran golpe y los llevó a profundizar sus errores, pasando a la clandestinidad, radicalizando sus métodos y aislándose cada vez más del movimiento de masas.

La masacre de Pacheco

En ese marco de ataques de las bandas reaccionarias de derecha, se produce el asesinato de cuatro militantes del PST. El 7 de mayo fue asesinado el compañero Inocencio “Indio” Fernández, delegado de la fundición Cormasa e integrante de la Lista Gris de oposición a la burocracia metalúrgica de Calabró/Minguito. El 29 de ese mes, una banda armada de unos quince matones invadió el local del partido en General Pacheco, secuestró seis compañeros y, luego de liberar a tres compañeras, en un descampado entre Pilar y Tortuguitas ejecutó, con decenas de tiros, a los compañeros Oscar “Hijitus” Mesa, delegado de Astarsa, Mario “Tano” Zidda, dirigente estudiantil, y Antonio “Tony” Moses, obrero de Wobron. No fueron los únicos. Activistas de otras organizaciones de izquierda también fueron asesinados salvajemente en esos días.

El PST denunció claramente a esa organización fascista como parte integrante del gobierno peronista y convocó a un gran acto unitario. Decenas de dirigentes políticos,  sindicales y estudiantiles adhirieron a la convocatoria y al repudio de este brutal crimen. Miles de compañeros de diversas fábricas desfilaron encolumnados frente a la sede central del PST, donde se realizó el acto. En nombre del Comité Ejecutivo del PST, Nahuel Moreno pronunció un discurso reivindicando la historia de los compañeros asesinados y llamó a la más amplia unidad de acción para derrotar a la bestia fascista. “Al fascismo no se lo derrota en las elecciones” dijo, “…el fascismo tampoco se discute, se lo derrota en las calles, con los mismos métodos que ellos utilizan”. Y terminó haciendo un llamado a las corrientes allí presentes a construir brigadas o piquetes antifascistas para combatirlos.

El gobierno de Isabelita

En medio de esa turbulencia, el 1° de julio de 1974, a los 78 años, el general Perón muere de un infarto. La “Argentina potencia” prometida por Perón no consiguió salir del discurso, frustrando las ilusiones de los millones que creyeron en un supuesto proyecto de justicia social y liberación nacional. Dos días antes, su vice, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, ya había asumido las funciones presidenciales. Sin embargo, la verdadera conducción de ese nuevo período estuvo a cargo de José López Rega, un ex cabo de la Policía Federal que se dedicaba a la astrología, pero que esencialmente era un aventurero que se había introducido en el núcleo de Perón e Isabelita desde la época del exilio en Madrid. Desde el gobierno de Cámpora ocupó el cargo de ministro de Bienestar Social, cartera que utilizó para organizar a la banda fascista conocida como Triple A.

El nuevo gobierno peronista se fue enfrentando a un deterioro permanente de la situación económica producto de la crisis mundial del petróleo del ’74. Bajo la orientación reaccionaria imperante, el 5 de febrero de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón dictó el decreto denominado Operativo Independencia, que ordenaba al Ejército “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán”, y colocaba a las autoridades constitucionales de esa provincia bajo mando militar.

En consonancia con esa política de ataques al movimiento obrero, el 22 de marzo el gobierno lanza un gigantesco operativo contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Desde la Lista Marrón, los trabajadores habían derrotado a la burocracia sindical que respondía a Lorenzo Miguel e instalaron una conducción antiburocrática. Alegando un supuesto “complot subversivo”, el gobierno llevó a cabo un brutal ataque. Desplegó 4.000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la policía provincial. Se allanaron las casas de los obreros, clausuraron el local de la UOM y detuvieron a la conducción y delegados del sindicato. La respuesta de la base fue heroica. Fueron dos meses de huelga con decenas de asambleas y actividades intentando ampliar la solidaridad con el conflicto que, Avanzada Socialista, nuestro periódico de esa época, definió como “la principal lucha librada bajo el actual gobierno”. Nuestro partido participó activamente, no solo impulsando la solidaridad y llamando a coordinar las luchas en curso con la huelga de Villa Constitución, sino integrando efectivamente el comité de lucha, que cumplió un importante papel a partir de la prisión de los compañeros de la dirección del sindicato. Finalmente, la terrible presión efectuada por el gobierno, la burocracia sindical y la patronal acabó derrotando esa huelga histórica.

El Rodrigazo y la descomposición del gobierno

En ese marco, el gobierno nombró a Celestino Rodrigo, hombre de López Rega, ministro de Economía. Asumió el 2 de junio y, junto con su viceministro, Ricardo Zinn, ligado a Martínez de Hoz, anunció su nuevo plan económico consistente en un tremendo ajuste. El plan, denominado “Rodrigazo”, consistía en una devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos, liberación de los precios y suba de las tasas de interés. Pero además de la brutalidad de las medidas, apoyado en el Pacto Social aún vigente, limitaba el aumento de los salarios a un máximo de 40 por ciento. Con una inflación rondando 50%, muchos gremios ya habían negociado aumentos superiores, a los que el gobierno pretendía volver atrás con su tope. Eso despertó la furia de los trabajadores. La propia burocracia sindical se vio obligada a declarar la guerra y reclamar “paritarias libres”. Sin salida, y ante la presión de las bases, la CGT se vio obligada a decretar una huelga general de cuarenta y ocho horas los días 7 y 8 de julio. La masividad y la fuerza de la primera huelga general contra un gobierno peronista desestabilizó completamente el frágil andamiaje del gobierno. La presidenta se vio obligada a homologar todos los acuerdos salariales que se habían negociado, el poderoso y temible López Rega huyó del país y, dos días después, Rodrigo y Zinn renunciaron a sus cargos. El brutal ataque a la clase trabajadora y la respuesta con la huelga general iniciaron el fin del gobierno peronista.

El golpe se pone en marcha

Si bien después de este vertiginoso fin del lopezreguismo la burocracia sindical ganó algún espacio, lo que seguía determinando la situación era la impunidad de las bandas fascistas, como la Triple A, y su accionar represivo. Centenares de activistas políticos, sindicales y estudiantiles de izquierda aparecían muertos a diario en una completa banalización de la violencia. En ese proceso comenzó a establecerse el avance de un grupo de militares golpistas que habían comenzado a actuar, desde sus puestos, dentro del aparato represor del Estado.

En ese marco se dio lo que se conoció como la Masacre de La Plata. El 4 y 5 de septiembre de 1975 Roberto “Laucha” Loscertales, de Propulsora Siderúrgica; Adriana Zaldúa, trabajadora del Ministerio de Obras Públicas; Hugo Frigerio, delegado gremial del mismo ministerio; Ana María Guzner Lorenzo, trabajadora no docente de la UNLP; Lidia Agostini, odontóloga; Oscar Lucatti, trabajador del Ministerio de Obras Públicas; Carlos “Diki” Povedano, trabajador de Previsión Social, y Patricia Claverie, todos militantes del PST, fueron secuestrados, torturados y fusilados cerca de la ciudad de La Plata por bandas fascistas que actuaban al amparo del gobierno peronista. En esos momentos la región de La Plata, Berisso y Ensenada también era escenario de varias luchas y nuestros compañeros participaban activamente en la solidaridad con el conflicto de Petroquímica Sudamericana. Hasta el día de hoy continuamos reclamando justicia contra este brutal crimen que aún permanece impune.

El colapso económico que vivía el país después del Rodrigazo no se consiguió revertir. El gobierno de Isabel Perón designó al “histórico” Antonio Cafiero, que al poco tiempo renunció, para dar lugar a Emilio Mondelli. Entre diciembre de 1975 y los primeros meses de 1976 el aumento de los precios se hizo insoportable y la inflación se disparó. El nuevo ministro no tuvo mejor idea que echar mano a la misma receta intentada por Rodrigo, por lo que la clase trabajadora, que acababa de protagonizar el Rodrigazo, a pesar de la traición desembozada de la burocracia sindical, respondió con fuertes luchas. La burguesía y los grandes grupos económicos tenían en claro que el peronismo ya no les servía para detener el ascenso. Frente a esta crisis, sectores de los partidos patronales, incluidos el propio peronismo y la burocracia sindical, al contrario de lo que planteaba el PST, de organizar un nuevo “Rodrigazo”, comenzaron a tender puentes con sectores golpistas. A esto se sumaba el propio radicalismo, que en palabras de su máximo líder de entonces Ricardo Balbín, afirmaba que “no tengo soluciones”, mientras insistía en que lo principal era “aniquilar a la guerrilla fabril”, eufemismo con el que llamaba a liquidar a toda la nueva vanguardia obrera que había surgido en esos años.

El 24 de marzo, ante la pasividad y, en algunos casos, la complicidad de los principales dirigentes radicales y peronistas, de los sectores patronales y de la propia burocracia sindical, María Estela Martínez de Perón fue detenida. Una junta militar anunciaba que se hacía cargo del poder, disolvía el Congreso, reemplazaba a los miembros de la Corte Suprema e intervenía todas las provincias. Esa misma noche bandas armadas de militares ocuparon las principales ciudades, detuvieron civiles y asesinaron decenas de personas. Comenzaba a escribirse una de las páginas más trágicas de nuestra historia que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos, millares de exiliados y una economía destruida al servicio de los intereses de las multinacionales y el imperialismo. Con ese tenebroso acto se cerró el proceso de ascenso iniciado con el Cordobazo.

Nota: parte de los datos y análisis tuvieron como fuente de información el libro Historia del PST, tomos I y II, del historiador Ricardo de Titto.

Brasil se está convirtiendo en “campeón mundial” del coronavirus. Según epidemiólogos, superaría pronto a los Estados Unidos. Este fin de semana pasó los 830.000 contagiados y 43.000 muertos. Este desastre es producto directo de la política del gobierno de Bolsonaro de negar la existencia de la pandemia y oponerse a hacer la cuarentena.

Ante este atentado a la vida, en las últimas semanas las hinchadas de fútbol, la juventud negra y los movimientos antifascistas realizaron protestas callejeras en repudio al gobierno de Bolsonaro y a la violencia policial en las favelas.

A continuación publicamos un extracto del editorial de Combate Socialista del 9 de junio, periódico digital de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST/PSOL), sección oficial de la UIT-CI.

La juventud negra se levanta para no morir “de virus, de bala o de hambre”, como lo expresan en las favelas de Río de Janeiro. Las protestas son porque en los barrios periféricos no hay saneamiento básico y los niños son asesinados por la Policía Militar. Las hinchadas de fútbol antifascistas decidieron decir basta a los actos de la extrema derecha, que pide una nueva dictadura militar y el fin de las medidas de aislamiento social.

Ampliar la movilización es el camino para salvar vidas del pueblo

Desde marzo los gobernantes saben que es necesario garantizar el aislamiento social. Pero hasta ahora el presidente Bolsonaro niega la existencia de la pandemia y esconde los datos de la contaminación y de los muertos (las cifras oficiales son menores que las reales). Los gobernadores y prefectos (intendentes municipales) comenzaron a suspender las pocas medidas de aislamiento social que había en los estados y ciudades en pleno crecimiento de los contagios de Covid-19 en el país. Los empresarios mantuvieron en funcionamiento locales de trabajo de sectores no esenciales. Y en los esenciales, como salud y limpieza, faltan los elementos de bioseguridad. O sea, las autoridades y los empresarios no hacen nada para salvar las vidas del pueblo trabajador y se niegan a garantizar medidas sanitarias básicas que recomiendan científicos y médicos.

Es necesario ampliar la movilización de protesta incorporando todas las reivindicaciones populares. Solo así seremos escuchados. En medio de la actual pandemia tenemos que respetar el distanciamiento físico de las manifestaciones y dejar en las casas a los que son del grupo de riesgo para que hagan solidaridad virtual.

Un ejemplo que demuestra que las manifestaciones logran resultados es que el Supremo Tribunal Federal tuvo que ordenar el fin de las operaciones policiales en las favelas, lo que es positivo (aunque no podamos confiar en la Justicia).

Unificar con la clase trabajadora

Las manifestaciones, que se van a repetir en las próximas semanas, muestran el camino para la clase trabajadora. Hoy la amplísima mayoría de los trabajadores no pueden realizar la cuarentena porque son obligados por los patrones o por las autoridades públicas a continuar en servicios no esenciales. En muchos casos, la continuidad del servicio ocurre en medio de la imposición de reducción salarial o de suspensión de contratos. Tenemos que organizar reuniones y movilizaciones para conquistar medidas de bioseguridad (…) exigir testeos masivos de Covid-19 y contra toda reducción salarial o violación de contratos.

En la protesta de São Gonçalo (Río de Janeiro), la juventud cantaba “la favela organizó, el estudiante junto con el trabajador”, mostrando esa necesaria unidad. El sindicato del Metro de San Pablo convocó a la protesta antifascista y antirracista del domingo 7 de junio. En Río de Janeiro, el Sintuff (trabajadores de la Universidad Federal Fluminense) ayuda a organizar la unidad de los foros de lucha de Niterói. Son ejemplos que necesitamos ampliar ya mismo para enfrentar la represión lanzada sobre la juventud que está protestando en las calles en este momento.

Las direcciones de la CUT, CTB, UNE y UBES deben convocar a las protestas

Hasta ahora las direcciones de las mayores centrales, principalmente la CUT (Central Única de Trabajadores) y la CTB (Central Brasileña de Trabajadores), no convocaron a sus bases para las manifestaciones y no jugaron su peso en este movimiento. En el sindicato del Metro (subte), los representantes de esas centrales votaron contra la convocatoria a los actos. Y lo peor es que esas direcciones sindicales aceptan que les quiten los derechos laborales a muchos sectores. Lo mismo ocurre con la cúpula de la UNE (Unión Nacional Estudiantil) y UBES (Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios), que se han negado a convocar de verdad a las protestas de los domingos (…) Es fundamental exigir en cada sindicato, entidad estudiantil, movimiento social que las mayores centrales y organizaciones convoquen las protestas, con toda su fuerza y por todos los medios posibles. Tenemos que exigir que la CUT y la UNE convoquen a una jornada nacional de lucha, paralizando las actividades no esenciales.

Además de la lucha unificada necesitamos un frente de izquierda y socialista

El PDT (Partido Demócrata Laborista), el PSB (Partido Socialista Brasileño), y la REDE (Red de Sostenibilidad, partido ecologista), orientaron a sus afiliados a no ir a las protestas. Las direcciones del PT (Partido de los Trabajadores) y del PCdoB (Partido Comunista de Brasil) no divulgan los actos y no convocan a sus afiliados, se limitaron a decir burocráticamente que “apoyan”. El gobernador Camilo Santana, del PT del estado de Ceará, ordenó reprimir a los manifestantes. Es evidente que con esas direcciones no podemos vencer los actuales desafíos. Esos partidos de oposición deberían convocar a sus afiliados poniendo a sus parlamentarios al frente de los actos de protesta para evitar la represión a los manifestantes.

Lamentablemente, la dirección mayoritaria del PSOL se colocó en ese mismo campo y no se postula como alternativa de izquierda en la organización de las luchas en la calle. Algunos dirigentes del sector mayoritario del partido participaron en algunas protestas, pero sin una convocatoria colectiva y organizada a la militancia. Aún estamos a tiempo para cambiar ese rumbo. Para eso necesitamos construir una alternativa con sectores de izquierda, como el PCB (Partido Comunista Brasileño), la UP y el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado). Un frente de izquierda que defienda las manifestaciones y muestre que es posible resolver los problemas populares y hacer que la crisis la paguen los millonarios, los banqueros, las multinacionales y el agronegocio.

Continuar en las calles y organizar nuestro movimiento

En el plano inmediato, nuestra tarea es unirnos en las calles contra Bolsonaro y Mourão, en defensa de las vidas negras, por la cuarentena general inmediata. Para garantizar que se suspenda el pago de la deuda a los banqueros y se apliquen impuestos a las grandes fortunas destinando recursos a la salud pública y a la renta básica para los desocupados.

Por eso, cada movimiento y cada organización debe seguir el ejemplo de las hinchadas de fútbol y de los movimientos negros, tomando el impulso de las luchas internacionales. La unidad de las hinchadas, el movimiento negro y el Frente Pueblo Sin Miedo y sectores de izquierda del domingo 7 de junio fue muy positiva.

Es necesario que continúen convocando manifestaciones semanales los domingos y que las organizaciones sindicales, populares y estudiantiles planifiquen una jornada nacional con paralización de las actividades de la clase trabajadora.

Debemos organizarnos en nuestros sindicatos, universidades, oposiciones sindicales y luchar por la construcción de los actos, impulsar plenarios y foros de lucha que ayuden a organizar la unidad de las protestas en curso.

La reunión de la Secretaría Ejecutiva de la CSP-Conlutas (ala minoritaria combativa dirigida por organizaciones de izquierda) del 4 de junio aprobó el apoyo a las movilizaciones, y la corriente sindical Combate propuso la necesidad de que la central convoque a los actos. Seguiremos luchando para que esa sea la política de CSP-Conlutas.

Sumate a la campaña por justicia para George Floyd y firmá el petitorio.

A las organizaciones antirracistas, de derechos humanos, sociales y políticas de los Estados Unidos.

Los abajo firmantes apoyamos al pueblo norteamericano en lucha por justicia para George Floyd, cárcel a sus asesinos y contra el racismo y la represión de Donald Trump.

Firmá en:

https://forms.gle/Teg7h7qGRD538ywL8