Escribe Noelia Agüero, legisladora electa de Córdoba

Las y los vecinos de Casa Bamba, La Calera, llevan más de veinte días de acampe en el ingreso al paraje sobre la ruta E 55 y están dispuestos a sostenerlo hasta lograr una solución definitiva.

Allí, la minera Camarassa colocó, hace casi dos años, un portón que bloquea el único acceso al lugar. A través de una guardia permanente, con métodos intimidatorios, se impide a los habitantes desplazarse libremente por el camino público. 

Se siguen vulnerando los derechos de la población para beneficiar los intereses y negociados de la empresa minera Camarassa. Sin lugar a dudas, la prioridad para los gobiernos no son los derechos de los habitantes sino los negocios de los ricos empresarios.

Las familias de Casa Bamba reclaman la libertad de paso por el camino público tanto como el cese de la explotación minera desde hace tiempo. Tras innumerables denuncias, pedidos, presentaciones y reclamos ante la Municipalidad de La Calera, el gobierno de la provincia de Córdoba y la Justicia, las soluciones no llegan.

Hace pocos días, el municipio local colocó el puente pasarela, parte de los reclamos de los vecinos de Bamba. Pero, de ninguna manera se puede admitir la reducción de la problemática de esta comunidad a la colocación del puente, como quiere plantearlo Rodrigo Rufeil, intendente de La Calera, mientras el camino sigue sin ser liberado.

Las y los vecinos, la asamblea que han conformado para defender Bamba y la asamblea por la reserva no darán un solo paso atrás y sostendrán el acampe y las acciones públicas de reclamo hasta lograr que se respete el derecho al libre tránsito a través del camino público, vía la eliminación del portón y su custodia, como también el cese de la actividad minera y la protección de la reserva.

Desde Izquierda Socialista seguimos apoyando estos reclamos y denunciamos, junto con las y los vecinos, la responsabilidad de los gobiernos de Rufeil y Schiaretti. ¡Casa Bamba sin portón y sin cantera! ¡Fuera Camarassa!

Por Juanjo Rodríguez

Entrevistamos para El Socialista a Jorge Serrano, referente de la reserva natural de Gregorio de Laferrere, La Matanza. Hace tres años los vecinos comenzaron a reclamar que se declare a la reserva como tal y ahora se movilizaron al municipio y al Concejo Deliberante buscando una respuesta de los funcionarios.

ES– Jorge, ¿a qué se debe esta convocatoria?

J.S.– Presentamos un proyecto de ordenanza por la declaración de la reserva natural de Laferrere hace un año, haciendo lo que los concejales tendrían que hacer y no hacen. Ahora nos organizamos para entregar un petitorio en el municipio por el trabajo vecinal de recuperación y apropiación del espacio y transformarlo en un espacio público.

ES– ¿Cuánto hace que vienen haciendo este reclamo?

J.S.– Hace tres años que venimos con el trabajo territorial. Hicimos caminatas, festivales, distintas actividades que sirvieron para visibilizar la situación del predio. Dentro del predio tenemos emprendimientos privados, con lo que estamos en desacuerdo, ya que promulgamos el derecho a un acceso para un ambiente sano y a espacios públicos y gratuitos. También hay negocios inmobiliarios, situación que denunciamos frente a los funcionarios del municipio. Nos encontramos con negociados con las canchas, hay un emprendimiento deportivo privado con el empresario Rubén Costoya, vicepresidente de Deportivo Laferrere, que viene haciendo negocios hace tiempo y no es lo que queremos. Nosotros promulgamos el deporte gratuito para toda la comunidad.

ES– El Frente de Izquierda, con la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, se entrevistó con la comunidad de la reserva y elaboró un proyecto de ley. ¿En qué quedó esa iniciativa?

J.S.– Sí, presentaron un proyecto en octubre del año pasado, ya se va a cumplir un año, lamentablemente ni siquiera tuvo tratamiento, es una pena que al arco político no le interese. Creemos que es un tema esencial de cara a la crisis climática tremenda que estamos viviendo.

ES– ¿Cómo le explicarías a cualquier vecino de La Matanza la importancia que tiene la reserva?

J.S.– Podemos empezar contando que los barrios lindantes a la reserva no se inundan, son 83 hectáreas que retienen y absorben el agua de lluvia. En los días de mucho calor la gente, en la reserva, encuentra un lugar donde no lo siente tanto, o sea que también regula la temperatura. También, con la recuperación del espacio, se lo puede utilizar similarmente a un parque o una plaza, donde los chicos pueden jugar libre y gratuitamente. También militamos mucho en la apropiación, por eso es que  muchas familias a lo largo de estos tres años se han incorporado a pasar el día y los fines de semana en la reserva, es un espacio con múltiples beneficios. Por eso, como dijimos a los funcionarios del municipio, nosotros no bajamos la guardia. Si tenemos que volver a movilizarnos lo vamos a hacer.

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El sábado 19 de septiembre se realizó el Plenario Nacional Antirrepresivo y de los Derechos Humanos convocado por Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, APeL, Cadhu, CAJ, Ceprodh, CMM, EMCF, HIJOS La Plata, HIJOS Oeste, Serpaj, Centro de Acción Cultural Diego Cagliero, Correpi, Izquierda Socialista, PO, MST, entre otros.

Participaron alrededor de cuatrocientos compañeros y compañeras de distintas provincias, pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil, familias de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.

El documento de convocatoria al plenario, aprobado por unanimidad, denuncia que desde el DNU 297/20 que emitió el gobierno nacional de Alberto Fernández autorizando a las fuerzas de seguridad a detener por la cuarentena, se produjeron 113 muertes a manos de la policía y la gendarmería, más de 44 casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías, femicidios y tres desapariciones forzadas seguidas de muerte. Afirma además que las fuerzas actúan con impunidad, torturan, vejan, abusan sexualmente y a su vez encubren los crímenes bajo la protección de los gobiernos y de la propia Justicia.

Los relatos de cada uno de los familiares que perdieron hijos, padres, hermanos, eran desgarrantes. Durante casi cinco horas escuchamos las historias de jóvenes baleados por la espalda, obreros golpeados, mujeres abusadas sexualmente, travestis humilladas, vendedores ambulantes fracturados a golpes y sus mercaderías robadas. Narraron el desamparo sufrido ante la Justicia, que traba las investigaciones para dejar impunes a los policías culpables, la falta de recursos para pagar un abogado o una pericia de parte, o de permiso en sus trabajos para salir a litigar por juzgados.

El abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, denunció la nueva prueba que acababa de obtenerse que reafirma la culpabilidad de la policía en la desaparición de Facundo, el hallazgo de una piedra que era de su propiedad en un coche de la policía. Se denunció el encubrimiento del ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof, Berni, que entorpeció la investigación requerida por la parte acusatoria.

También se señaló la represión a las luchas de trabajadores que, ante la grave crisis social y económica, deben salir, aun en pandemia, a defenderse de los despidos y suspensiones, como fue el caso del frigorífico Penta, o ante la falta de pago de los salarios a los choferes de la UTA en Córdoba.

Desde Izquierda Socialista denunciamos que mientras se niega un salario social de 40.000 pesos a las familias sin ingresos durante la pandemia, Fernández y Kicillof destinaron 80.000 millones a reforzar el aparato policial y más recientemente 30.000 millones al ejército, en una actitud clara de preparar más represión para enfrentar la agudización de la crisis social que se avecina.

El plenario analizó que los gobiernos están fortaleciendo los aparatos represivos en lugar de dar respuestas a los reclamos de salario, salud y vivienda. Por eso se resolvió unir esfuerzos para sostener este encuentro en el tiempo y en cada provincia. Se dispuso realizar una semana de lucha contra la represión del 5 al 8 de octubre y terminar el 9 con una marcha a Plaza de Mayo. Entre otras medidas, se dispuso acompañar a las 2.500 familias de la toma de Guernica, que el 23 de septiembre tienen la amenaza de ser desalojadas. Dar apoyo a la campaña por el desprocesamiento de los veintisiete estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que ocuparon el Pabellón Argentina en 2018 en defensa de la educación pública y repudiar la decisión de la cámara de apelaciones de esa provincia que ratificó lo dispuesto por el juez Vaca Narvaja. Y exigir el desprocesamiento de los cuatro dirigentes gremiales de Atech y de la CTA de Chubut que lideraron la lucha por el pago de salarios adeudados en esa provincia.

Escribe Adolfo Santos

Cuando todas las evidencias comienzan a demostrar con claridad la responsabilidad de la policía bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte del joven Facundo Astudilllo Castro, esta fuerza emprende el contraataque. Agobiados por las pruebas que, gracias a la persistente acción de la querella junto a Alicia Castro, madre de Facundo, fueron destruyendo las coartadas, los responsables comienzan a reaccionar para frenar la investigación.

El día 17 de septiembre, mediante una “carta documento” remitida desde Mar del Plata, el comisario inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Miguel Ángel Reynoso, con un poder que no le corresponde, intima al abogado Leandro Aparicio a abstenerse de realizar declaraciones contra miembros de ese cuerpo policial relacionados con el caso de Facundo Astudillo Castro.

A renglón seguido, le exige que en un plazo de 48 horas rectifique todas sus declaraciones realizadas en medios periodísticos y redes sociales, ya que el comisario las considera injuriosas para los integrantes de la policía. La “carta documento” finalizó amenazando iniciar acciones criminales en caso de que el abogado de la querella no atienda sus exigencias o continúe realizando comentarios que el demandante considere agraviantes.

Pero esta sorprendente amenaza no es un acto aislado. Junto con esto, la policía bonaerense, que fue separada del caso por sospechas de entorpecer la investigación, ha colocado, de forma intimidatoria, un patrullero frente a la casa de Luciano Peretto, otro de los abogados querellantes. Y en Pedro Luro han hostigado a los amigos de Facundo con seguimientos después del cierre de la cervecería donde trabajaba, con claras intenciones intimidatorias.

Rechazamos vehementemente este tipo de accionar de la policía bonaerense. Junto con organismos de derechos humanos y organizaciones como la CTA Bahía Blanca manifestamos nuestro repudio a estas actitudes intimidatorias. Exigimos que el gobernador peronista Axel Kicillof intervenga inmediatamente para dar fin a este tipo de amenazas y evitar nuevas tragedias que traen recuerdos de un triste pasado.

Por el desmantelamiento del aparato represivo. Fuera Berni. Verdad y justicia por Facundo para que sean castigados todos los responsables.

Escribe Martín Fú

La Sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, por voto unánime de los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi, revocó la sentencia y absolvió al ex mano derecha de José López Rega y dirigente de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA) Julio Yessi.

Yessi fue condenado, entre otros crímenes, como uno de los máximos responsables de la Masacre de Pacheco, ocurrida el 30 de mayo de 1974 en El Talar, Tigre, donde una banda fascista de la Triple A bajo su mando baleó e ingresó al local del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) para secuestrar a seis compañeros y luego asesinar a tres de ellos: Oscar Dalmasio Meza, Antonio Moses y Mario Zidda.

La absolución tiene ribetes escandalosos, incluso en materia judicial, ya que el Ministerio Público, a través del fiscal de cámara, decidió no recurrir el fallo a pesar de tener esa facultad y obligación. Yessi era el único condenado por los crímenes de la Triple A, pero gozaba de prisión domiciliaria.

Este fallo corre el velo de la impunidad contra quienes comenzaron el genocidio en 1974 haciendo blanco sobre dirigentes obreros, estudiantiles, de la izquierda revolucionaria y de la disidencia peronista, entre otros.

Repudiamos la absolución de Yessi y denunciamos el rol cómplice de la Justicia y el gobierno. Como siempre, seguimos reclamando verdad y justicia, no a la impunidad y cárcel a los genocidas.