Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de Cicop y dirigenta de Salud en Marcha

Convocada por la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional, el pasado sábado 12 se realizó una reunión abierta de los trabajadores de la salud que en sus respectivos países dan pelea por la salud del pueblo, por sus condiciones de trabajo y por sus propias vidas. Con la presencia de delegaciones de activistas y dirigentes provenientes de casi una decena de países de Latinoamérica, esta primera reunión internacional dio cuenta durante más de tres horas de un intenso, enriquecedor y, por momentos, desgarrador intercambio. A través de casi una veintena de intervenciones se abordaron tanto las terribles experiencias que se viven en la primera línea del combate contra la pandemia del coronavirus como las durísimas peleas que se dan en cada país por mejorar las condiciones en las que millares de trabajadores de la salud enfrentan la dura realidad de sistemas sanitarios devastados por décadas de políticas de ajuste dictadas por el imperialismo y aplicadas por gobiernos de distinto pelaje en todo el continente. Pero la reunión sirvió también para discutir alrededor de una salida de fondo para dar solución a la terrible situación de los sistemas sanitarios que ha quedado al descubierto con la pandemia del Covid-19.

El encuentro contó con una breve apertura a cargo del compañero Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de la agrupación Salud en Marcha, de la Argentina. En el inicio se abordó un primer esbozo sobre la situación general de deterioro de los sistemas sanitarios, así como la propuesta de impulsar distintas acciones en el marco de una campaña por sistemas de salud estatales y gratuitos para todas y todos financiados sobre la base del no pago de las deudas externas e impuestos a las grandes fortunas.

Luego se dio paso a las intervenciones de las y los referentes de las delegaciones participantes. Por Brasil, la compañera de la CST Zila Camarão, técnica de enfermería del Hospital Universitario João Barros Barreto, de Belem,Pará. De Panamá, la dirigente de Propuesta Socialista Priscilla Vázquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social.  De Bolivia, Amado Quispe, trabajador de salud pública de Sucre, ex dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud de Chuquisaca. Del Perú, la compañera de Uníos Liliana Mayhuasca, dirigenta del Sindicato de Técnicos Asistenciales San Juan de Lurigancho. De México, Francisco Retama, coordinador de la Red de Trabajadoras y Trabajadores en Defensa de los Derechos y la Salud. Por Venezuela, el compañero Thony Navas, de Sirtrasalud, Caracas. Y por nuestro país quien escribe, como secretaria de Organización y Finanzas, Cicop.

El intercambio posterior destacó con toda crudeza la situación a la que se ven expuestos miles de trabajadores de la salud en todo el continente. En primera persona se escucharon relatos impactantes de las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud en Latinoamérica y las múltiples peripecias que enfrentan sus trabajadores, exponiendo muchas veces su salud física y mental, e incluso sus propias vidas. Entre decenas de intervenciones, se destacó la de la compañera Patricia Llivisaca, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, de Cuenca, Ecuador.

Para cerrar la reunión, Priscilla Vázquez, quien encabezó una nutrida delegación de Panamá, valoró el encuentro como un gran paso en la unidad de las y los trabajadores de la salud y, como tal, del conjunto de la clase trabajadora. Tomando las propuestas aparecidas en el debate resaltó la necesidad de continuar con una nueva reunión, pero también con acciones comunes en defensa de la salud y en particular una campaña en defensa de las y los compañeros perseguidos en cada país por defender sus condiciones de trabajo. Por otro lado, Reynaldo Saccone resaltó la necesidad de dar continuidad a este espacio con nuevas reuniones y una declaración en torno de la voluntad de lucha expresada en la reunión, brindando apoyo a cada una de las luchas. En nombre de Izquierda Socialista y de la UIT, el compañero Saccone remarcó el entusiasmo por haber dado este primer paso y propuso como objetivo seguir aportando al nucleamiento internacional de los activistas y luchadores de la salud en la perspectiva de una salida de fondo.

Escribe Adolfo Santos

Las presunciones de Cristina Castro y sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, se van confirmando. El supuesto “accidente” indicado por la policía bonaerense como causa de la muerte de Facundo Astudillo Castro no se sustenta. Vale recordar las palabras del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando asumiendo la defensa de “sus policiales” afirmó en declaraciones a TN: “Fue un gran show –de parte de la querella– el haber seguido insistiendo con una teoría de desaparición forzada sabiendo que todas las pruebas y testigos iban en el sentido totalmente contrario”. El gobernador Kicillof acompaña lo actuado por su ministro, ante el pedido de renuncia de Berni por parte de la madre de Facundo, respondió: “le voy a pedir que no hable más” (Página/12, 28/8).

Sin embargo, las evidencias comprometen cada vez más a la policía, a la jueza, al fiscal, a los testigos que trataron de montar un escenario falso y la responsabilidad política del gobierno. La semana pasada Sergio Paredes, un trabajador portuario de la región donde fue encontrado el cadáver, declaró que la noche del 11 de agosto, cuatro días antes de que fuera encontrado el cuerpo en el cangrejal, vio “tres o cuatro vehículos sospechosos” en el lugar. Paredes declaró que conoce el movimiento de las mareas y descartó que se trate de pescadores: “Eran luces fuertes, de vehículos, que permanecieron entre veinte y treinta minutos en el lugar”.

Esta semana debe declarar la “testigo H”, alguien que, según el abogado Leandro Aparicio, fue “metida por la ventana por la policía” para sembrar pistas falsas. Recordemos que esta testigo sostuvo que llevó en su auto a Facundo desde Teniente Origone hasta el cruce de la ruta nacional 3 y las vías del ferrocarril, lo cual la querella siempre consideró una mentira. Ahora “apareció” la mochila, hallada cerca del cuerpo, con los teléfonos celulares y documentos personales de Facundo. A raíz de este hallazgo, Cristina Castro escribió en su Facebook: “Ya antes de encontrar los restos de Facu yo dije ‘ellos tienen sus cosas’. En lugares donde se rastrilló siguen apareciendo sus cosas, nunca me equivoqué, lo que nunca hicieron fue decir la verdad, ratas”.

Los hechos son categóricos y desmienten a la policía bonaerense y a su jefe, Sergio Berni. Las pistas plantadas, como los falsos testimonios, van cayendo como un castillo de naipes y las pruebas concretas se acumulan. Los movimientos sospechosos de los vehículos policiales detectados por los GPS, la señal del teléfono de Facundo en las cercanías de la Unidad de Prevención de la policía local (probablemente estaba en uno de los patrulleros que fue secuestrado en ese lugar), la declaración de Paredes y la mochila con los teléfonos servirán para cerrar el cerco contra los criminales.

Castigo a los culpables. La bonaerense y el gobierno son responsables

En ese marco, repudiamos las palabras de Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial y uno de los jefes de la protesta policial de la semana pasada, que en medio del conflicto declaró: “Estamos muy conformes con que Berni haya tratado el tema de Bahía Blanca de la forma que lo trató, del caso de Facundo Astudillo Castro. Todavía no está esclarecido y Berni no tomó ninguna medida con el personal policial porque no tiene pruebas. Me parece perfecto y lo bancamos a muerte, y en eso nos sacamos el sombrero con él” (TN 9/9). Acto seguido, el gobierno de Fernández y Kicillof aumentó los salarios y dispuso millones para “mejorar” a la Bonaerense.

El “tema de Bahía Blanca” es un caso gravísimo de desaparición forzada de personas por parte del Estado y no puede ser tratado con el desprecio que lo hizo ese policía. Es el mismo desprecio con el que Berni ataca a los organismos de derechos humanos. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad cuestionamos todo lo actuado por la Bonaerense del “gatillo fácil” y exigimos una comisión investigadora independiente para garantizar que se conozca toda la verdad. Además de reclamar por el desmantelamiento del aparato represivo. Como afirmó el abogado Luciano Peretto, lo sucedido con Facundo “tiene una gravedad institucional absoluta” y tal como expresó, junto a su madre, tenemos la “responsabilidad social” de aclarar las circunstancias de la desaparición. No están solos. Junto con ellos exigimos castigo a los culpables, la Bonaerense y el gobierno son responsables.

Escribe Martín Fú

El pasado domingo, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue entrevistado por Romina Manguel en su programa RM, que se emite por A24.

Berni, un ministro de alta exposición pública y mediática, viene enfrascado en su proyecto político en el peronismo. Pro mano dura, defensor de Chocobar, de la “propiedad privada” en medio de las tomas de tierras, ha sabido conciliar la grieta y es la cara más reaccionaria del gobernador peronista Kicillof.

Sin filtro, a cara descubierta, eligió hacer blanco en las organizaciones de derechos humanos. Lo hace quien viene siendo fuertemente cuestionado y repudiado por su rol en el encubrimiento de la Bonaerense por la desaparición forzada, seguida de muerte, del joven Facundo Astudillo Castro, por lo que diversos sectores exigimos su renuncia. Un ministro que, a pesar de sus esfuerzos, es repudiado por un amplio sector del pueblo trabajador y hasta cuestionado por quienes tienen una legítima simpatía con el gobierno del Frente de Todos, que hasta ahora prefiere sostener a Berni.

Berni arremetió contra estas organizaciones de manera despectiva y estigmatizante, acusándolas de “rentados, vagos, que reciben los más importantes salarios del Estado, que viven viajando, que nunca aportan ni contribuyen a la gestión, whisky de por medio, y que son puro blablá”, entre otros conceptos, clásicos de la derecha más retrógrada y reaccionaria, de la que el ministro no se diferencia en nada. Berni prefiere ningunear la lucha de décadas contra los crímenes de los gobiernos mientras es alcanzado de lleno por la desaparición de Facundo y recibe miles de millones de pesos para armar a su policía y reprimir cualquier desborde social o luchas que se vayan dando como consecuencia de la profundización del ajuste y la crisis económica y social que se visibiliza en el conurbano bonaerense.

Repudiamos las declaraciones de Berni, de la primera hasta la última, su ataque artero a la trayectoria de las organizaciones de derechos humanos y sus luchadores, que hace décadas vienen llevando adelante una tarea fundamental, exigir juicio y castigo para todos los genocidas recabando pruebas y testimonios para enjuiciar a todos los responsables de nuestros 30.000 desaparecidos. Así lo hacemos desde Izquierda Socialista, participando en la Comisión Ana María Martínez junto con otras organizaciones, desde donde contribuimos a lograr condenas a perpetua para dos genocidas, o como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, movilizados cada 24 de marzo, y saliendo a las calles por Santiago Maldonado. Continuaremos reclamando verdad y justicia. Ahora exigimos que se determine la responsabilidad del ministro Berni, su policía bonaerense y la del gobierno sobre la desaparición, muerte y encubrimiento del brutal crimen de Facundo.

Escribe Rubén Maldonado

Diego Roda, dueño de la verdulería “El económico”, fue asesinado en la localidad de Ituzaingó el 12 de septiembre de 2016, cuando la policía perseguía a una camioneta robada en Villa Pineral, Caseros.

Como tantos casos en la provincia de Buenos Aires, la versión policial fue que los propios delincuentes mataron a Diego Roda. Pero la pelea constante de su familia logró que avance la investigación, a cargo del juez Roberto Tavolaro (UFI 1 de Ituzaingó), y se hallen más pruebas.

En enero de 2018 una comisión especial descubrió en el auto de Diego una bala que pertenecía a un policía local de Ituzaingó, Fernando Aníbal Grane, con siete meses de servicio y antecedentes de disparos contra un joven en una riña callejera.

Se imputó a Grane junto con otros policías locales, Gerardo Gabriel San Miguel, Maximiliano Gastón Ramos, Camila Fernanda Pazos y a los tres delincuentes por el asesinato de Diego, que recibió cuatro balazos (cabeza, tórax, brazo y hombro derecho) y la herida en una mano de su compañera causada  también por un disparo.

En estos días se realizó una movilización en Ituzaingó, en la cual se hizo presente Rubén “Pollo” Sobrero junto a una delegación de ferroviarios del Sarmiento. Con su familia seguimos reclamando justicia por Diego y que vayan presos sus asesinos y cómplices.

Escribe Diego Martínez

En La Izquierda Diario y en sus intervenciones en asambleas sindicales y estudiantiles, los compañeros del PTS vienen insistiendo con el planteo de que “la derecha gana las calles” y que, por ende, hay que salir a disputar en el terreno de las movilizaciones callejeras con este sector. Sostienen además que el gobierno viene “cediendo” a sus reclamos y que la “derecha” le impone la agenda política a Alberto Fernández. Son planteos equivocados. La avanzada de la “derecha” no es tal y la política de ajuste y entrega parte de la iniciativa del propio gobierno. No se trata de una “concesión” a ningún sector. El planteo del PTS tiende a sembrar expectativas en una franja de luchadores acerca de que el gobierno peronista aplicaría una política distinta si no fuera presionado por la “derecha” y que, por lo tanto, la principal tarea es enfrentar a este sector y no al gobierno.

¿El gobierno “cede” frente a la derecha?

Lo venimos explicando en distintos artículos. Las convocatorias de sectores reaccionarios junto a  Cambiemos, como la que se dio el domingo pasado, expresan a grupos minoritarios y no hacen mella entre los trabajadores, quienes tienen fresco el recuerdo del gobierno de Macri y su política de ajuste.

Sobredimensionar el alcance de estas convocatorias solo sirve en los hechos para darle pie al gobierno para que insista con su planteo de que, ante el “avance de la derecha”, hay que apoyarlo a como dé lugar.

Más grave que esto nos parece que el PTS sostenga que “el oficialismo fue cediendo ante reivindicaciones del poder económico y los sectores conservadores. Eso les dio cada vez más moral para sus ‘banderazos’”. (Un nuevo banderazo en distintas ciudades del país, Laizquierdadiario, 13/9/2020).

Desde nuestro punto de vista, no es que el gobierno haya “cedido” a las presiones del “poder económico”, sino que Alberto Fernández gobierna para estos sectores. No fue por alguna movilización de la oposición patronal ni por la presión del empresariado que el gobierno convocó a una reunión en Olivos con la Sociedad Rural, la UIA y los grandes bancos, ni tampoco fue exclusivamente por la presión del “poder económico” que el gobierno trazó un plan de ajuste con los empresarios, con el aval de la oposición patronal y la burocracia sindical. La idea de que el problema del gobierno peronista es que “cede a presiones” puede llevar a que honestos compañeros, que tienen expectativas en el gobierno, piensen que el de Fernández es un “gobierno en disputa”, que cambia su política según las presiones que sufra. Algunos planteos del PTS se acercan peligrosamente a esta idea, por ejemplo cuando afirman que “[…] Alberto Fernández los envalentona a  seguir saliendo a la calles, ya que no utilizó la gran fortaleza que le dio la cuarentena, sobre todo en sus primeros momentos, para avanzar, sino que la oposición logró que el presidente retroceda con la expropiación de Vicentin, que el impuesto a las grandes fortunas siga siendo una promesa […]” (La derecha quiere ganar las calles: sus planes para la crisis y los motivos para enfrentarlos, LID 13/8/2020).

Para el PTS, la política de ajuste y “retroceso” siempre es una consecuencia de “ceder” ante la derecha. Este razonamiento solo trae confusión entre los luchadores. Hay que decir con todas las letras que el que impulsa la política de ajuste es el propio gobierno. Nadie lo “empuja a hacerlo”. Lo hace por motu proprio.

Las “alas” del gobierno

Lo de la confusión que se puede sembrar en torno de las supuestas disputas por la orientación política del gobierno también viene a cuento del análisis de las distintas “alas” del gobierno. Algunos medios de comunicación instalan insistentemente que en el gobierno hay distintas alas y que el peronismo kirchnerista representaría el ala más “radicalizada”. El PTS abona a esta idea diferenciando públicamente al gobierno peronista kirchnerista del actual, comandado por Alberto Fernández, pero en el que Cristina Kirchner es vicepresidenta. Los compañeros plantean: “ […] Este Frente de Todos no es lo mismo que el kirchnerismo […] Esta coalición es mucho más ‘moderada’ y de ‘reconciliación’. Se observa en muchas medidas, al margen del juicio de valor que se tenga de cada una: desde aquel descabezamiento de la Corte Suprema que venía del menemismo a esta “reforma judicial” que hace mucho ruido y tiene pocas nueces; desde ese intento frustrado de reestructurar el sistema mediático con la ley de medios a esta regulación esencial de las tarifas, o desde aquella apelación a cierto discurso ‘setentista’ a este alfonsinismo un poco gris que pregona el profesor de derecho penal” (El poder de la derecha, LID, 18/8/2020).

La alianza gobernante es una coalición peronista en la que convergen distintos sectores que se unieron con el mero fin de ganar las elecciones. Si tienen disputas entre ellos están motivadas por peleas de espacio de poder y no porque un sector quiera medidas más radicalizadas que otro. Es importante que desde el Frente de Izquierda Unidad seamos claros y contundentes en este aspecto y no confundamos tildando de “menos moderado” al kirchnerismo. Muchos compañeros, equivocadamente, tienen la expectativa de que el “ala cristinista” del gobierno impulse medidas a favor de los trabajadores. Hay que recordar que fue la propia Cristina la que le aconsejó a Alberto cerrar el acuerdo de entrega con los bonistas y que Máximo Kirchner fue anfitrión, junto al presidente, en la reunión de la Quinta de Olivos que contuvo a lo más “granado” del empresariado argentino.

Una política que desorienta en la acción

Las posturas titubeantes del PTS hacia el peronismo lo llevan a adoptar posiciones claudicantes frente al gobierno que desorientan políticamente en el terreno de las luchas. Así fue que, en la reunión del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a organismos de derechos humanos independientes y a la izquierda, estuvo en contra de levantar la consigna “el gobierno es responsable” frente a los casos de gatillo fácil que se dieron en la cuarentena. En distintos encuentros estudiantiles votaron repudiar el acuerdo con los bonistas, pero no incluyeron la consigna “no al pago de la deuda externa”.

Más grave aún es la política que impulsaron en organismos sindicales. En el plenario provincial de delegados bonaerenses convocado por los Suteba opositores plantearon que el eje de la acción de los trabajadores era tomar las calles para evitar que “las cope la derecha”. Es una política totalmente equivocada. Si hay que copar las calles es para, en primer lugar, luchar contra el ajuste que impulsa el gobierno, y la forma de enfrentarlo es con la unidad de todos aquellos que rechazamos esta política, empezando por los sindicatos combativos agrupados en el Plenario del Sindicalismo Combativo, junto a la izquierda, los movimientos sociales y demás sectores.

Seguiremos dando estos debates junto al PTS en los distintos espacios políticos que compartimos.