Escribe Trabalhadores Unidos, sección de la UIT-CI en Portugal

22/12/2025. Como ocurre con prácticamente todas las grandes luchas sociales, la Huelga General fue seguida inmediatamente por una guerra de cifras. Por un lado, el gobierno y los representantes de la patronal se apresuraron a minimizar el impacto de la huelga, con el ministro Leitão Amaro sugiriendo que la huelga podría haber tenido un 0% de participación; por otro, las federaciones sindicales decidieron inflar la magnitud de la huelga, afirmando que había 3 millones de huelguistas. Las cifras no cuadran para ninguno de los dos bandos, y no es casualidad. Las cifras aquí son menos un reflejo fiel de la realidad y más un arma política en una disputa sobre el significado de la huelga.

Pero incluso descartando exageraciones y manipulaciones, hay un hecho innegable: la Huelga General tuvo un impacto real y significativo. Afectó a sectores estratégicos de la economía, causó pérdidas sustanciales y visibilizó, aunque de forma desigual, la fuerza social de la clase trabajadora. Esto cobra mayor relevancia al ocurrir en un contexto caracterizado por una débil organización de base, la ausencia de asambleas masivas en los centros de trabajo y una preparación muy limitada para la movilización activa.

Ante el anuncio de la huelga, el gobierno intentó intervenir políticamente para desmovilizarla y fragmentarla. Lo hizo mediante maniobras de última hora, como la vaga promesa de un salario mínimo de 1600 euros con vigencia indefinida, o la afirmación de que la anunciada reforma laboral no tendría efecto en el sector público, en un claro intento de apartar de la lucha a uno de los batallones más numerosos y combativos de la clase trabajadora. Estas operaciones no pretendían atender las reivindicaciones, sino reducir el alcance político de la huelga y debilitar su legitimidad social.

Es en este contexto —en medio del choque de narrativas, el impacto objetivo de la huelga y las maniobras del gobierno— que se hace necesaria una evaluación política seria de la Huelga General. No para ajustar cuentas estadísticas, sino para comprender lo que esta lucha reveló sobre el equilibrio de poder, las limitaciones existentes y, sobre todo, los desafíos que se plantean para la continuación de la lucha.

La huelga general se hizo sentir, tanto en el sector público como en el privado

Contrariamente a lo que el gobierno intentó imponer en la narrativa pública, la Huelga General estuvo lejos de ser insignificante. A pesar de las declaraciones que buscaban reducir la huelga a una acción residual, hablando de una minoría aislada en un país que supuestamente funcionaba con normalidad, la realidad del 11 de diciembre fue muy distinta: servicios interrumpidos, sectores paralizados y pérdidas económicas significativas demuestran que la huelga tuvo una expresión social concreta y un alcance innegable.

Como era de esperar, el impacto fue especialmente visible en el sector público, donde la influencia de la organización sindical es mayor y el temor a represalias por parte de los superiores es generalmente menor. Trenes cancelados, cientos de vuelos cancelados, hospitales operando con servicios mínimos y escuelas cerradas de norte a sur del país dejaron claro que una parte significativa de los trabajadores respondió a la convocatoria de huelga. Estas cifras por sí solas desmantelan el intento del gobierno de presentar la jornada como una jornada de normalidad sin incidentes.

Pero el elemento políticamente más relevante de esta Huelga General fue el nivel de participación en el sector privado, superior al habitual en movilizaciones de este tipo. En un contexto marcado por la precariedad, la fragmentación y la fuerte presión patronal, muchos trabajadores decidieron paralizar sus labores. La explicación es sencilla: el paquete de cambios a la legislación laboral, presentado como una reforma «técnica», se percibe cada vez más como lo que realmente es: un ataque directo a los derechos, los salarios y las condiciones laborales, con consecuencias especialmente duras para quienes trabajan en el sector privado.

Esta percepción se tradujo en una participación significativa no solo en los sectores más organizados de la industria, sino también en áreas marcadas por la precariedad y la alta rotación de personal, como los centros de llamadas o la distribución. El hecho de que la huelga se sintiera en estos sectores revela un descontento acumulado , a menudo vinculado a problemas muy específicos en el ámbito laboral: horarios irregulares, bajos salarios, empleo inestable, acoso laboral y ritmos de trabajo insostenibles.

Según el indicador diario de actividad económica del Banco de Portugal, la actividad económica en Portugal cayó un 8% el día de la Huelga General, convirtiendo el 11 de diciembre en la segunda mayor caída económica de todo el año. Solo el día del apagón registró un impacto mayor, con una caída del 14,7%. Estas cifras refutan directamente las declaraciones del ministro Leitão Amaro, quien calificó la huelga de «insignificante». La economía no se detuvo por casualidad: se detuvo porque miles de trabajadores se declararon en huelga.

Estos datos son fundamentales para cualquier evaluación seria de la Huelga General. Incluso con una preparación limitada, sin una fuerte dinámica de organización de base y bajo la intensa presión política del gobierno para desmovilizarse, la huelga logró expresar una verdadera reserva de lucha entre los trabajadores. Una reserva que no desaparece al día siguiente del paro y que demuestra, en la base del movimiento sindical, la capacidad de continuar la lucha contra la ofensiva gubernamental.

Las artimañas del Gobierno y la derecha para desactivar la lucha

Tras esta reacción inicial, marcada por un intento de minimizar el impacto de la Huelga General, el gobierno ajustó rápidamente su discurso. A la negación le siguió una apertura controlada a la «negociación», designando inmediatamente a la UGT ( Unión General de Trabajadores) como interlocutor privilegiado. Este cambio no es una señal de retroceso político, sino parte integral de la estrategia del ejecutivo para aprobar la reforma laboral y neutralizar la protesta social.

Como han destacado varios comentaristas, incluido Marques Mendes , en el contexto de su candidatura presidencial, la UGT ha funcionado históricamente como el principal interlocutor del gobierno en el diálogo social, a pesar de presentarse como representante de los intereses de los trabajadores. Controlada por figuras vinculadas a los partidos PS y PSD , la UGT desempeña un papel central en la legitimación de acuerdos que permiten ataques a los derechos laborales, a la vez que contribuye a desmovilizar la lucha.

Desde el principio, el gobierno y la patronal supieron que una reforma laboral de esta magnitud no quedaría sin respuesta. El cálculo es simple: presentar un paquete profundo e integral, admitir que algunas medidas deberán eliminarse y asegurar que las esenciales —la desregulación laboral, el debilitamiento de la negociación colectiva y el aumento de la precariedad laboral— sigan adelante. No es casualidad que, en la fase inicial, las críticas se centraran casi exclusivamente en los cambios en los derechos parentales, preparando el terreno para una posible concesión drástica que permitiera salvar el resto del paquete.

En este momento, el gobierno evalúa exactamente cuánto debe ceder para que la UGT (Unión General de Trabajadores) pueda firmar un acuerdo y cumplir su función política: presentar el resultado como un «posible equilibrio» y ayudar a frenar la continuación de la lucha. La inclusión de algunas medidas específicas que pueden presentarse como favorables a los trabajadores, en medio de un mar de ataques, encaja en la misma lógica de legitimación y confusión.

A la derecha del gobierno, el papel es complementario. André Ventura y Cotrim de Figueiredo afirman repetidamente que el paquete también tiene aspectos «positivos», apoyando la lógica de que no debe rechazarse en su totalidad y que simplemente limar algunas asperezas bastará para su aprobación. Esta narrativa no es casual: sirve para convertir el debate en una discusión técnica, fragmentando a la oposición y creando las condiciones para que la reforma avance con pequeños ajustes.

Pero este es precisamente el punto central. Este paquete laboral no se trata de una corrección ni de una negociación parcial. Es un ataque integral a los derechos de la clase trabajadora y, como tal, debe ser derrotado en su totalidad. La postura del gobierno, la derecha parlamentaria y sus aliados en el diálogo social confirma que la ofensiva continúa y que solo la continuación de la lucha puede detenerla.

Debemos seguir luchando para derrotar el paquete laboral

La Huelga General demuestra la voluntad de lucha , incluso en el sector privado, donde la movilización suele ser más difícil. Al mismo tiempo, ha quedado igualmente claro que el gobierno y la derecha no han cedido en su ofensiva: simplemente intentan reorganizar su estrategia para salir adelante, combinando negociaciones controladas, concesiones quirúrgicas y maniobras de desmovilización. De esta confluencia de factores, surge una conclusión inevitable: es necesario seguir luchando y empezar a prepararse para la próxima jornada de acción ya.

Esta continuidad no puede basarse en la repetición mecánica de formas vacías de lucha. Requiere, ante todo, un esfuerzo consciente para mejorar la organización de base. Sesiones informativas en los centros de trabajo, asambleas democráticas que involucren a los trabajadores en la discusión del paquete laboral y las respuestas, y la coordinación entre sectores y empresas: todo esto es esencial para transformar el descontento existente en una fuerza organizada capaz de enfrentarse al gobierno y a la patronal.

Es en este contexto que resulta necesario criticar la convocatoria de la CGTP a una manifestación para el 13 de enero. El problema no reside en la idea de continuar la lucha —que no solo es correcta sino necesaria—, sino en el método elegido. Convocar una manifestación un martes a las dos de la tarde, sin una huelga asociada, garantiza desde el principio una protesta reducida, con media docena de dirigentes sindicales y poca o nula participación real de los trabajadores. Este tipo de iniciativa no fortalece la lucha; al contrario, la conduce a un callejón sin salida , transmitiendo una imagen de aislamiento y agotamiento en un momento en que es necesario ganar confianza y ampliar la movilización.

No es necesario esperar a la reunión entre el gobierno y la UGT, prevista para el 7 de enero, para comprender lo que está en juego. Independientemente del resultado de estas negociaciones, el objetivo del ejecutivo sigue siendo el mismo: aprobar los puntos esenciales del paquete laboral. La respuesta de la clase trabajadora no puede depender de este calendario ni de las maniobras del diálogo social. El reto es otro: preparar luchas a la altura del ataque, con métodos que fortalezcan la participación, la unidad y la confianza de los trabajadores. Solo así será posible detener la ofensiva en curso y avanzar hacia la derrota total del paquete laboral. Los Trabajadores Unidos reafirman su compromiso con este camino para transformar la voluntad de lucha en una fuerza organizada, consciente y capaz de vencer. Es en este esfuerzo colectivo en el que seguiremos comprometidos. 

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