“El salario no es ganancia”. Esa consigna que ya cumplió más de una década está hoy más vigente que nunca. Mientras para los patrones rige el “pacto fiscal” firmado el año pasado entre Macri y los gobernadores, por el cual se reduce año a año la alícuota con que se calcula “su” impuesto a las ganancias, cada vez más trabajadores ven cómo se les roba un pedazo de su salario.

Macri dijo en la campaña electoral de 2015 que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar ganancias. Como en tantos otros temas, no fue más que una vil mentira. Hoy se les descuenta por ese impuesto a 1.638.433 asalariados, 560.000 más que cuando asumió Cambiemos. Contando a los jubilados (a los que increíblemente también se les descuenta “ganancias”, tenemos dos millones de afectados, 750.000 más que a fines de 2015. Es que se le empieza a descontar a todo trabajador soltero apenas pasa los 30.000 pesos o casado con dos hijos después de los 40.000.

Es indignante. Los trabajadores cada vez ganamos menos, nuestro salario se pulveriza y sin embargo se nos descuenta cada vez más por algo que ni siquiera tenemos: “ganancias”. Por supuesto, el presupuesto 2019 ratifica todo esto, a pedir de boca del FMI. Simplemente, una vergüenza.

Escribe Gabriel Massa

La inmensa mayoría de los trabajadores y el pueblo estamos convencidos de que Macri y el FMI nos están hundiendo en la miseria para hacer cada vez más ricos a los buitres, los banqueros, las multinacionales, los monopolios exportadores y las grandes patronales. Todas las medidas del gobierno -el proyecto de presupuesto con “déficit cero”, los tarifazos, la devaluación, las tasas de interés de 75%, los aumentos de salarios muy por debajo de la inflación, el fortalecimiento de las fuerzas represivas para enfrentar la protesta popular- demuestran que es así.

El nuevo tarifazo del gas en Capital y Gran Buenos Aires aumenta entre 56% y 60%, en el interior aún más, en Córdoba 100%; es la última muestra de que todo lo que hace Macri es para beneficiar a los grandes capitalistas a costa de los trabajadores y el pueblo. Los que menos pagan pasarán a recibir en promedio una boleta de 1.500 pesos por bimestre. ¡A los grandes consumidores, es decir, a los más ricos, en cambio se les aplicará un aumento de 15%! En concreto: más plata para las petroleras y gasíferas, para Panamerican, para Tecpetrol de Techint, para Mindlin, a costa del bolsillo popular.

Todo en este gobierno es igual de descarado. La gobernadora Vidal acaba de dar por decreto un “aumento” de 19% a los docentes bonaerenses. ¡Con una inflación anual que superará el 45% significa una rebaja salarial de más de 20 por ciento!

Claro que eso es sólo un ejemplo más de lo que significa el pacto de “déficit cero” con el FMI aplaudido por todos los patrones. El proyecto de presupuesto para 2019 que Macri enviará al Congreso y que ya cuenta con el apoyo de una mayoría de gobernadores y legisladores peronistas, garantiza las ganancias de las multinacionales que saquean nuestro petróleo y gas con subsidios millonarios. Pero fija un techo de aumento salarial de 8% para los empleados estatales, cuando la inflación prevista es de más de 30%.

Es que mientras la devaluación (que llevó el dólar de 20 a 40 pesos este año) le genera superganancias a los monopolios exportadores, como Dreyfuss o Cargill y produce una estampida en los precios que ya pulverizaron los salarios y las jubilaciones.

Macri no deja de felicitarse por el apoyo que recibe del exterior. Claro, ¿cómo no lo va aplaudir la jefa del FMI, Christine Lagarde, si le ha entregado el manejo del gobierno y el país? ¿Cómo no le va a dar palmadas en la espalda Donald Trump si Macri ha bajado a casi nada los impuestos a las exportaciones de las grandes multinacionales que dominan la industria automotriz, las sojeras y aceiteras y las petroleras? ¿Cómo no lo van a adorar los banqueros y especuladores internacionales si fugan miles de millones de dólares que el Banco Central les regala a precio de ganga? El Galicia, el Santander Río, el Macro y los bancos extranjeros que operan en la Argentina vienen haciendo ganancias récords desde el comienzo de la devaluación en mayo.

La otra cara de la moneda es la caída de más de 6% de la producción, el crecimiento de la pobreza, la miseria y el desempleo, la baja de los salarios, la destrucción de la salud y la educación pública.

Como consecuencia de todo ello crecen la bronca y la lucha de los trabajadores y el pueblo, con huelgas y movilizaciones como el parazo del 25 de septiembre.

El gobierno también tiene preparada la respuesta para defender los privilegios de los ricos frente al creciente descontento popular: más represión, autorizando a las fuerzas armadas por decreto a intervenir en asuntos internos, reforzando a la policía, la gendarmería y la prefectura con equipos y personal.
¿Qué hacer frente a un gobierno como este que, con el apoyo de la mayoría del peronismo, nos entrega a la voracidad de las grandes patronales y nos amenaza con el garrote si nos atrevemos a protestar?

¡Esto no va más! La salida es por izquierda. Con un plan de emergencia que empiece por un aumento de salarios y jubilaciones para cubrir la inflación, por la reapertura de paritarias y la prohibición de despidos y suspensiones.

Pero la lucha tiene que avanzar hacia medidas de fondo para quitarles el poder a los que saquean el país: ruptura del pacto con el FMI; desconocimiento y no pago de la fraudulenta deuda externa; estatización de la banca, el comercio exterior y las grandes empresas de la industria, el campo, el transporte y los servicios públicos bajo control de los trabajadores.

Un gobierno que esté en manos de la clase obrera y la izquierda, utilizando los principales recursos del país para poder terminar con el saqueo y desarrollar un gran plan de obras públicas, construyendo viviendas, escuelas, hospitales, usinas, redes cloacales y de agua y todo lo que necesita el país.

Escribe Guido Poletti

Mientras la devaluación y la carestía de alimentos y otros artículos de primera necesidad pulverizan nuestros salarios, el gobierno de Macri lanza un nuevo tarifazo en las facturas de gas. El aumento, formalmente de 30%, significará para la mayoría de las familias trabajadoras boletas con un incremento superior a 50%. Todos terminaremos recibiendo boletas de 1.500 pesos promedio.

Pero eso no es lo peor. Lo increíble es que a esa suba la acompañará simultáneamente otra. Según una nueva resolución de la Secretaría de Energía, todos los usuarios deberemos pagar además 24 cuotas de “compensación” a las gasíferas por lo que supuestamente habrían perdido por la devaluación. Algo absolutamente ilegal por donde se lo mire: se obliga a los usuarios a pagar un monto “desconocido”, ya que se dice textualmente que será la diferencia entre el dólar a 20 pesos (abril pasado) y lo que sea que esté el valor de la divisa a fin de año. Y además, ese importe será en función de lo consumido en los meses anteriores. ¡Las facturas que ya pagamos, nada baratas por cierto, ahora resulta que “tendrán una deuda” que debemos cancelar en esas 24 cuotas!

Mientras a los trabajadores “nadie los compensa” por lo que se perdió estos meses (que ya supera el 10% del poder de compra de nuestros salarios), las gasíferas, que se embolsan millones, ahora reclaman, y el Ministerio de Energía les concede, un aumento en ese concepto. Encima, el ministro Iguacel deslegitima el reclamo de quienes denuncian el saqueo, acusándolos de “militantes”. ¡Iguacel está haciendo méritos aceleradamente para convertirse en otro ministro sirviente de los monopolios gasíferos y las petroleras y de las empresas de servicios públicos privatizadas como su antecesor, el ex CEO de Shell Juan José Aranguren!

Todo es absolutamente escandaloso. Los aumentos de tarifas son astronómicos, desproporcionados por donde se los mire e incluso ilegales aun bajo la lógicas más básica de la economía de mercado: si alguien compra algo y lo paga, no se le puede “cobrar de vuelta”. ¡Sin embargo esto es lo que se hará!

No podemos permitirlo. Tenemos que repudiar activamente este nuevo tarifazo y organizarnos para rechazarlo. Llamemos a asambleas de vecinos en los barrios, juntemos firmas para presentar amparos masivos ante la Justicia o hagamos marchas a las oficinas de las empresas o del Enargas (ente regulador que autorizó este aumento). Exijamos que se retrotraiga este y todos los anteriores al conjunto de los servicios públicos. Y planteemos una salida de fondo: estas empresas no van más. Saquearon el país a lo largo de 25 años brindando servicios pésimos, nunca invirtieron nada -ni siquiera lo que tenían que hacer obligatoriamente de acuerdo con los propios contratos de concesión-, y se embolsaron miles de millones en concepto de subsidios. Hay que rescindirles todos los contratos y reestatizarlas bajo gestión de los propios trabajadores y los usuarios. Sólo así podremos tener tarifas a valores populares y la calidad del servicio que merecemos.

Escribe José Castillo

El gobierno se apresta a cumplir una de las exigencias claves del FMI: aprobar el presupuesto 2019. Se trata de un superajuste, con el rótulo de “déficit cero”, con el objetivo de “liberar” más de 600.000 millones de pesos para pagar intereses de deuda. El peronismo le dará a Cambiemos los votos que le faltan para que se vote a favor.

Los proyectos de presupuesto siempre estuvieron “dibujados”, teniendo poco que ver con la realidad. Como muestra tenemos el del año en curso: supuestamente la inflación iba a ser de 15%, el dólar tenía que terminar 2018 en 19 pesos y la economía estaría creciendo 3,5%. Una mentira total. El presupuesto 2019, que comenzará a tratarse en estos días en el Congreso, es diferente. Tiene elementos de mentira, como decir que el dólar va a terminar el año que viene a 40 pesos (igual que lo que está ahora), o que la inflación va a ser de sólo 23%. Pero lo esencial no está ahí.

Lo central y “verdadero” de este proyecto de presupuesto es el ajuste que contiene. El gobierno lo denomina “déficit cero”. En concreto quiere decir que no se podrá gastar un solo peso más que lo que se recaude de impuestos. Con una única excepción: los pagos de deuda externa. Para esto se planifica una astronómica suma de, como mínimo, 600.000 millones de pesos. Y decimos “como mínimo”, porque se hace ese cálculo con el dólar a 40. Como la deuda está en dólares, si se viene otra devaluación el monto de pagos de deuda aumentará a 700.000, a 800.000, … y así puede seguir hasta el infinito.

Para lograr esto, el gobierno de Macri plantea achicar todo: los salarios, los puestos en el Estado (lo que implica olas de despidos), la obra pública, la salud, la educación, la ciencia y técnica, la vivienda, los fondos para las provincias. Se trata de un megaajuste de alrededor de 550.000 millones de pesos.

Este presupuesto fue “la ofrenda” que Macri le llevó a Christine Lagarde, la titular del FMI, a cambio de que se aprobara el reciente acuerdo con el Fondo. El presupuesto es el verdadero “papel firmado” con el que el gobierno se compromete a ajustar “a sangre y fuego”.

Pero el FMI no se contenta simplemente con que el gobierno de Cambiemos le presente el presupuesto como un compromiso de buenas intenciones. Quiere señales, garantías, de que efectivamente el ajuste se va a llevar adelante. Por eso exige su aprobación, lo que implica el acuerdo con la oposición peronista. Digámoslo con todas las letras: las reuniones y firmas de acuerdos de Macri con los gobernadores son parte de las exigencias del Fondo.

El peronismo, en todas sus variantes, se apresta a representar el papel que se le exige. Como ya lo hizo cuando se trataron otras leyes, como el pago a los fondos buitres, los presupuestos 2016, 2017 y 2018, o el robo a los jubilados en diciembre pasado.

Claro que, en esta oportunidad, la bronca popular contra el ajuste viene creciendo exponencialmente. Muchos diputados y senadores peronistas no pueden, esta vez, simplemente votar a favor sin pasar a ser inmediatamente repudiados por su base. Por eso estamos viendo un trabajo de orfebrería para lograr que el presupuesto se apruebe “sin que se note” la ayuda de la oposición peronista.

Veamos qué pasa en Diputados. Ahí Cambiemos cuenta con 108 diputados propios, a los que les puede sumar un par más del bloque de Martín Lousteau. Bastante lejos del quórum necesario. Pero, como dicen varios operadores del gobierno, “con llegar a los 120 votos alcanza”. ¿De qué se trata? Muy simple: operan a favor algunos sectores del peronismo federal, como el jefe de senadores Miguel Ángel Pichetto, o los gobernadores de Salta (Juan Manuel Urtubey) y Córdoba (Juan Schiaretti), que le garantizan, junto con los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y de Misiones (Hugo Passalacqua), los votos que le faltan para llegar a ese número. El resto del peronismo, que incluye a los diputados de Sergio Massa, los de Diego Bossio y el conjunto del kirchnerismo harán duros, durísimos discursos contra el presupuesto y hasta contra el FMI. Pero, a posteriori, los diputados que hagan falta procederán a “abstenerse” o ausentarse sigilosamente del recinto, con el pretexto de que “en nombre de la gobernabilidad no se puede dejar al gobierno sin presupuesto”.

Este será el mecanismo con que Macri, con el aval de los gobernadores, cumplirá la exigencia del FMI. Así, también, Cambiemos logrará los diez votos que le faltan para llegar a ganar también en el Senado y que el proyecto se apruebe.

El presupuesto 2019 expresa un mayor ajuste en todos sus términos. Tenemos que repudiarlo y movilizarnos para que se lo rechace. Y repudiar a todos los que, con diversas maniobras, le van a dar al macrismo la oportunidad de aprobarlo. El 24 de octubre está programado su tratamiento en Diputados. Hay que movilizarse masivamente, rodear el Congreso y hacer que se oiga bien fuerte el repudio. ¡No al FMI! ¡Plata para salario, trabajo, educación, salud y vivienda, no para la deuda externa!

¿8% para aumento salarial?

El proyecto de presupuesto 2019 contiene una pauta inflacionaria de 23%. Claro que, cuando uno revisa cuidadosamente las planillas, descubre que el “verdadero” número presupuestado es de 34%. Cualquiera de los dos está lejísimo de lo que se calcula aumentar a los empleados públicos: ¡apenas 8%!
Los trabajadores del Estado van camino a terminar este año con pérdidas de poder adquisitivo de más de 15%. Y se los quiere someter directamente al hambre el año próximo, ofreciéndoles una pauta de aumento sustancialmente por debajo de la propia inflación que proyecta el gobierno que, si nos guiamos por lo sucedido en años anteriores, terminará siendo claramente mayor. Esta es una muestra más del presupuesto del ajuste.

Escribe José Castillo

Todo el plan de ajuste de Macri y el FMI tiene un solo objetivo: “despejar” cualquier duda de que el gobierno no puede pagar los vencimientos de deuda de acá hasta el final de su mandato. Tanto en el primer acuerdo con el Fondo (junio pasado), como en el reciente, lo primero que se escuchó de parte del ministro Dujovne y el resto de los funcionarios fue que “ahora sí, no cabía ninguna duda que la Argentina tenía el dinero para hacer frente a todos sus compromisos”. El FMI, por su parte, aportaba lo suyo clarificando que “el dinero de su préstamo es para garantizar los pagos de deuda y no para intervenir en sostener al dólar”. Por último, el propio proyecto de ley de presupuesto 2019 lo especifica, al establecer que se achican todas las partidas, menos las de pago de intereses de deuda, que crecen hasta 600.000 millones de pesos.

Todo esto deja más claro que nunca que la deuda externa se ha transformado, una vez más, en una bola de nieve. Como pasó en 1982, se repitió en 1989, y luego otra vez en 2001. Llegamos a esta situación producto de que el gobierno de Macri nos endeudó astronómicamente en 150.000 millones de dólares, sumando a una deuda anterior que existía y no era nada despreciable, negando así la falsa afirmación del kirchnerismo de que “estábamos desendeudados”.

La suma de estas dos cuestiones (con las responsabilidades que les caben a ambos gobiernos) nos lleva a un endeudamiento extremo, donde si sumamos lo que el gobierno informa “oficialmente” como deuda pública, más la deuda de las provincias, más el fenomenal endeudamiento del Banco Central, tenemos que a finales de 2018 deberemos 435.000 millones de dólares. ¡Más de un PBI entero, toda la riqueza que la Argentina genera en un año! Esto ya viene generando una “corriente” de pago de intereses anuales de alrededor de 20.000 millones de dólares (al tipo de cambio actual, unos 800.000 millones de pesos). Blanco sobre negro: pagar solo los intereses, que significa no cancelar nada del capital de la deuda, nos condena a un superajuste perpetuo. No sólo para 2019, sino para todos los años venideros.

La única salida a esta situación es la que, insistentemente, venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: hay que suspender inmediatamente los pagos de deuda, desconocerla definitivamente por su origen ilegítimo, ilegal y fraudulento, y proceder a volcar todos esos recursos, que hoy año a año regalamos a los buitres acreedores, para generar trabajo, mejores salarios, educación, salud y vivienda.