Mientras Alberto Fernández decía “a duras penas, somos dos los que queremos cambiar el mundo, uno está en México, Andrés López Obrador”, el presidente mexicano cruzaba la frontera norte para ir a elogiar a Donald Trump, mostrando la mentira del falso “progresismo”. 

A continuación reproducimos un extracto de la declaración del MAS (UIT-CI) de México:

Con el objetivo de sellar como uno de sus triunfos la firma del “nuevo” acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y así presentarlo en medio del proceso electoral en curso en el principal país imperialista, Donald Trump invitó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a visitarlo en la Casa Blanca y tener una cena de honor con un grupo de connotados empresarios mexicanos y estadounidenses. López Obrador aceptó de muy buen grado.

El encuentro ocurrió apenas unas semanas después de que Estados Unidos fuera sacudido por una revuelta popular que se extendió por todo el país en repudio a la violencia racista […] La respuesta del ultraderechista gobernante a las incesantes movilizaciones fue amenazar con desplegar al ejército […]

La “invitación” de Trump a López Obrador ocurrió poco más de un año después de que el primero amenazara con la imposición de un arancel inicial de 5%, que podría aumentar a 10%, 15% y hasta 20% a todas las mercancías que desde México se vendieran a Estados Unidos, a menos que el gobierno mexicano atendiera sus instrucciones para frenar la migración proveniente de América Central y mantener en México a los miles que solicitan asilo. López Obrador se apresuró a obedecer y cedió a las amenazas presentando, a través de su canciller, Marcelo Ebrard, un plan para convertir a la naciente Guardia Nacional en policía migratoria, desplegando en el sur miles de efectivos para impedir el paso de los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos en su huida de la miseria, la inseguridad y la represión de sus gobiernos, títeres del imperialismo norteamericano.

Calificó como “amigo” al presidente xenófobo, el mismo que cotidianamente hace declaraciones y publicaciones en redes sociales evidenciando su discurso de odio contra los migrantes, y en particular los mexicanos; el que subestimó la peligrosidad de la pandemia y con sus acciones contribuyó a que cientos de miles de estadounidenses se expongan al contagio y mueran, sobre todo los afrodescendientes, hispanos y blancos que viven en la pobreza. El mismo que se obstinó por expulsar del país a los jóvenes llamados dreamers, hijos de migrantes mexicanos que han podido estudiar y aspirar a convertirse en universitarios en los Estados Unidos buscando un futuro más promisorio.

López Obrador acudió a la Casa Blanca para emitir un discurso que embellece al gobernante que ha dado continuidad a la política injerencista y golpista […] ha contribuido a la masacre de cientos miles y el destierro de millones en Siria, víctimas de la brutalidad del régimen de Bashar al-Assad. El que ha desdeñado las medidas para enfrentar la crisis climática y ha expresado su abierta simpatía por las corrientes más conservadoras y fascistoides del mundo […]

Para rematar, en su mensaje conjunto en la Casa Blanca […] López Obrador le dijo públicamente a Trump: “Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente”. ¡Es una vergüenza decir esto después de la imposición que convirtió a México en su guardia migratorio!

Pero el mismo tratado comercial que fue a firmar significa la profundización de la dependencia económica y política de México ante la voluntad del gobierno de Estados Unidos y los capitalistas de ese país. Un ejemplo dramáticamente elocuente lo hemos tenido con la presión ejercida desde el gobierno y los capitalistas manufactureros gringos que obligaron a México a reabrir las fábricas paralizadas por la pandemia del coronavirus, que son parte de la cadena de suministros de las multinacionales. Así, desde mediados de mayo, mientras se aceleraban sin control los contagios y fallecimientos, el gobierno de López Obrador declaró “esenciales” a las industrias automotriz, minera y siderúrgica para que pudieran reabrir, cediendo una vez más a la voluntad de los imperialistas.

El acuerdo, ahora conocido como TMEC, es la continuidad intensificada de la política que se impuso con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que a lo largo de veintiséis años garantiza a las compañías estadounidenses la posibilidad de instalarse en México pagando salarios de miseria, evadiendo la contratación colectiva y beneficiándose de la complicidad de representantes sindicales corruptos. Por supuesto, también las grandes compañías mexicanas se han beneficiado con la posibilidad de comerciar sus mercancías en Estados Unidos, asegurándose jugosas ganancias que también se generan con la explotación de la fuerza de trabajo mexicana que, una vez más, es la gran oferta de López Obrador para este renovado acuerdo.

Algunos de los más poderosos capitalistas mexicanos fueron invitados al viaje y a la cena ofrecida por Trump. Carlos Slim, el multimillonario número uno de México y uno de los más ricos del mundo […] además de otros capitalistas y banqueros mexicanos, se sentaron a la misma mesa que los ejecutivos de General Motors, Ford y Chrysler, entre otros representantes de los capitalistas gringos. Donald Trump lo calificó como el mejor acuerdo comercial jamás suscrito por Estados Unidos; los capitalistas se congratularon, pues en este tratado ellos son protagonistas. Nada bueno puede esperar la clase trabajadora de estas celebraciones […]

Ahora es más claro que, lo mismo en Estados Unidos que en México, la clase trabajadora, los pueblos originarios, las llamadas minorías raciales, las mujeres, la juventud, tenemos que construir nuestra propia alternativa política y luchar contra el racismo, contra los capitalistas y su voracidad, contra el imperialismo persistente y contra los falsos progresistas, contra los políticos que se enmascaran como izquierdistas o populistas, pero no dejan de servir al capital.

Serbia. Cuatro días de protestas 

Sin dirección y con demandas diversas, decenas de miles de serbios se volcaron a las calles el 7 de julio, indignados con el gobierno de Aleksandar Vucic por el manejo desastroso de la pandemia. Hubo setenta detenidos y decenas de heridos.

El gobierno declaró oficialmente menos de cuatrocientos muertos por la pandemia. Los serbios cumplieron un estricto confinamiento al que se puso fin con numerosos actos sociales y deportivos en los que se anunció la “victoria sobre el virus”, para poder realizar las elecciones legislativas del 21 de junio, que fueron boicoteadas por la oposición. Después de los comicios comenzaron a aparecer infectados y muertos y se restableció una cuarentena rígida, rechazada ampliamente por la población.

El hombre fuerte de Serbia desde 2012, Aleksandar Vucic, ex ministro del ex presidente Slobodan Milosevic, que tiene el apoyo de la Unión Europea, no ha tomado medidas para proteger la economía de los trabajadores y los sectores populares, duramente golpeada por la cuarentena.

Estado español. Huelgas de médicos residentes

Más de 2.700 médicos residentes de Madrid comenzaron un paro por tiempo indefinido el lunes 13 de julio. De igual forma, y por reclamos similares, harán huelga los médicos residentes de la Comunidad Valenciana. “Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que somos una pieza fundamental en los hospitales, que somos necesarios pero nos tratan como mano de obra barata, no como médicos en formación”, explicó a El Mundo el portavoz en la comunidad de la Asociación MIR de España, Enrique Cuñat, y agregó: “Las condiciones precarias son casi las mismas en todas las autonomías”.

Reclaman los descansos obligatorios de treinta y seis horas después de la realización de guardias, un día adicional después de guardias de domingo y días festivos y una jornada laboral semanal máxima de 37,5 horas. También el pago de las horas de guardia, cotización de las horas por guardia médica y que se considere baja laboral por enfermedad profesional la derivada de contagios durante el trabajo.

República Dominicana. Humillante derrota electoral del gobierno

Las elecciones presidenciales y legislativas en la República Dominicana se realizaron el domingo 5 de julio. Ganó en primera vuelta el empresario Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con el 52,5% de los votos válidos, contra 37,4% del oficialista Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Además se produjo un récord de 45% de abstención, que supera ampliamente el porcentaje sobre el total de ciudadanos habilitados para votar que obtuvo Abinader, que fue 29 por ciento.

El gobierno del PLD logró el mayor crecimiento económico de la economía burguesa de Latinoamérica. Sin embargo, perdió por paliza por el descontento popular ante la enorme corrupción y la violenta desigualdad económica que castigó a los trabajadores.

La pandemia agravó la situación. El pueblo trabajador fue sometido a una cuarentena con hambre y despidos.

Sin embargo, el candidato ganador no ofrece una opción mejor. Solo ganó porque canalizó el voto castigo contra el oficialismo.

El MST, sección de la UIT-CI, que llamó a la abstención electoral por no haber una opción de los trabajadores, convoca a prepararse para seguir la lucha contra la corrupción, por el derecho a la salud, por los derechos de las mujeres, la vivienda, la seguridad social, contra los despidos […] y a construir una alternativa de independencia de clase para romper con el ciclo perverso de estar amarrados eternamente al “mal menor”.

www.lavozdelostrabajadores.art.blog

Grecia. Reprimen protestas

El gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, del Partido Conservador Nueva Democracia, está promulgando leyes que criminalizan las protestas callejeras. Contra la aprobación de esas normas hubo manifestaciones que fueron reprimidas con gases lacrimógenos.

Entre los críticos figuran el Colegio de Abogados de Atenas y la Comisión de Revisión legislativa del Parlamento. Argumentan que son legalmente cuestionables las normas de procesar a participantes de protestas no autorizadas y de considerar legalmente responsables a los organizadores en caso de que una protesta se torne violenta.

Se extiende la lucha contra el racismo

El impacto de las movilizaciones antirracistas después de la muerte de George Floyd continúa repercutiendo. Las manifestaciones de apoyo a esta importante lucha se metieron en la elitista Fórmula 1. El 12 de julio, tras vencer el GP en Estiria, Austria, Lewis Hamilton alzó su puño en el podio en un claro gesto antirracista. La imagen del único piloto negro de esa categoría fue vista por 1.400 millones de televidentes. El británico viene desarrollando una campaña contra el racismo y pidió que otros equipos se comprometan con esa lucha. A Mercedes-Benz le solicitó cambiar el color plata de su auto por el negro. Y en las dos primeras pruebas, antes del inicio, se arrodilló con el puño erguido, acompañado por once de los veintidós pilotos de la categoría. En el millonario mundo de la Fórmula 1 existe mucha discriminación y hay actos de racismo, pero el simple gesto de Hamilton consiguió llamar la atención del planeta a favor de esta lucha.

Te pedimos un aporte para nuestra campaña. 

Sabemos que el esfuerzo que hacés al aportar a nuestra campaña financiera tiene doble valor en medio de la pandemia. Sirve para seguir construyendo una alternativa política socialista de trabajadores y es un compromiso de lucha contra todos los ajustes en curso.

Nosotros dependemos de los aportes de nuestros militantes, simpatizantes y amigos. No empresarios como Vicentin, Mindlin, los bancos, la UIA o la Sociedad Rural, que aportan a todos los partidos patronales para ser más beneficiados aún por sus políticas. Ejemplos sobran.

Tu ayuda económica fortalece al Frente de Izquierda Unidad y al sindicalismo combativo para luchar contra los planes de ajuste de los gobiernos, las patronales y la burocracia sindical que intentan imponer más cortes, más precarización laboral y peores condiciones de vida. Peleamos contra estos partidos patronales que defienden el capitalismo, y luchamos por el socialismo.

Tu aporte es también para ayudar a la construcción de  nuestra organización internacional, la UIT-CI. Para seguir creciendo y luchando por un gobierno de los trabajadores y el pueblo en la Argentina y en el mundo.

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=mgnOyxQKSow

Editorial

El coronavirus se sigue expandiendo. Este martes se acaba de registrar el récord de contagios, con 2.979 casos y 62 muertes. Con el aumento de los contagios crece la amenaza de que colapsen en el AMBA las camas de terapia intensiva. Pasamos de un gobierno que dijo que “los hospitales están preparados” a estas cifras. A más de cien días de cuarentena, los faltantes de recursos en salud siguen siendo moneda corriente. Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea, son los más afectados.

También sigue creciendo la pandemia social. El Ministerio de Trabajo registró 228.000 trabajadores menos que en marzo, en abril hubo 715.000 suspensiones con rebaja salarial y una pérdida del poder adquisitivo promedio de 9,2%, y millones de trabajadores tuvieron una rebaja mayor, de 25 por ciento. Al mismo tiempo, el Indec confirmó que la desigualdad crece, es decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.

Todo esto ante un gobierno peronista que llegó prometiendo gobernar para los que menos tienen, pero que en la práctica sigue beneficiando a grandes empresarios, bancos y multinacionales. Como Panamerican Energy, de la familia Bulgheroni, beneficiada con millones en subsidios para saquear nuestras riquezas de gas y petróleo. Es a esta patronal a quien el gobierno se niega, junto a tantas otras, a imponer un impuesto a sus riquezas dejándolas que sigan haciendo fortunas en plena pandemia.

También impactan otras noticias, como la muerte del ex secretario privado de Cristina Kirchner, que nos lleva a la postal de los casos de corrupción del gobierno peronista kirchnerista de entonces y las mafias que rodean a cada uno de sus personajes. Así como los espionajes ilegales por los que hay funcionarios de Macri procesados, presos y después liberados, según los vaivenes de la Justicia.

Si hay algo por lo que volvemos a elevar nuestro repudio es por la deuda externa. Después de que Alberto Fernández y el peronismo  ganaron las elecciones, el gobierno dijo que “la deuda es con el pueblo”. Y ahora acaba de mejorar en un 37% la oferta de pago a los bonistas, reconociendo 15.000 millones de dólares más que en la propuesta de hace dos meses, además de tantos otros beneficios, plus y enormes concesiones para los amigos de Donald Trump. A tal punto que la mejora fue elogiada por el ex ministro de Macri, responsable del endeudamiento sideral con el FMI, Luis Caputo, y por Domingo Cavallo, que tiene en su currículum el antecedente de haber sido el funcionario de la dictadura militar que estatizó la deuda privada (incluida la de Sevel-Macri), luego fue ministro del gobierno peronista de Menem, que en los ’90 entregó el país y, finalmente, ministro de De la Rúa, cuando nos terminó llevando a la crisis histórica de 2001.

La nueva oferta del gobierno peronista, la cuarta, fue saludada por la Bolsa y “el mercado” con subas de 40% en un día. No cabe duda, si ganan ellos pierden el país y el pueblo trabajador. ¿Cómo puede ser que se beneficie a los bonistas en medio del aumento de las muertes por coronavirus, que requiere que esos fondos vayan a los hospitales públicos? ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia de las rebajas salariales y jubilatorias, los despidos y las suspensiones, cierres de comercios y el crecimiento de la pobreza el gobierno destine 15.000 millones de dólares más para los mercenarios y buitres internacionales?

Que Alberto Fernández, como contrapartida, realice una conferencia para anunciar obras por solo 2.200 millones de pesos casi suena a burla.

Algunos trabajadores pueden creer lo que dicen el presidente y los dirigentes peronistas, que no hay otra y que es bueno negociar y lograr una reducción de la deuda. Porque si no no vendrán las inversiones, no habrá trabajo, etcétera. Comprendemos las dudas.  Pero no es cierto que si el gobierno arregla con los bonistas se despeja el panorama económico y la Argentina va a crecer. Por el contrario, lo que va a haber es un mayor ajuste y más reformas estructurales al compás de las exigencias del Fondo Monetario y los usureros. No se trata de ninguna exageración, no hay ningún ejemplo en el país ni en el mundo donde, de la mano del FMI y pagando la deuda, se haya salido adelante en beneficio del pueblo trabajador.

Ya este gobierno pagó 4.500 millones de dólares de deuda desde que asumió. Con ese dinero se podrían haber nombrado miles de enfermeros y médicos con un salario acorde a la canasta familiar y asistir con 30.000 pesos de salario social de emergencia en la cuarentena  a los sectores más vulnerables para que puedan cumplir el aislamiento. Sin embargo, el gobierno prefirió dárselos a los usureros y ahora suma una nueva vuelta de tuerca a su política de entrega y sometimiento. Al cumplirse este 9 de julio otro aniversario de la independencia nacional, lo “festejaremos” gracias a Alberto Fernández con más sometimiento a los usureros, el FMI y el imperialismo.

Precisamente, porque el gobierno peronista no da respuestas, se niega a imponer el impuesto a las grandes riquezas y beneficia a los usureros de la deuda, los trabajadores siguen luchando. Los de Austral volvieron a hacer una ruidosa caravana contra el cierre de la empresa que quiere llevar adelante el directorio impuesto por Alberto Fernández donde, a pesar del silencio cómplice del sindicato oficialista, contaron con la solidaridad de delegaciones de apoyo de trabajadores de Latam y Aerolíneas. Los choferes de UTA paran en varias provincias por la falta de pago de salarios. Los docentes de Ademys, junto con estatales de CABA, marcharon contra el pago del aguinaldo en cuotas. Los repartidores vuelven a movilizarse. Siguen en las calles los municipales de Córdoba contra el ajuste del intendente y el gobernador peronista Schiaretti. En muchas provincias vemos trabajadores que luchan y se movilizan por el pago de sus salarios o contra el cierre de sus fábricas. Los pequeños comerciantes, peluqueros o talleristas también se suman porque no tienen ayuda estatal o acceso a créditos a tasa cero para subsistir. Y la lista sigue.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, junto al sindicalismo combativo, vamos a seguir impulsando los reclamos obreros y populares, denunciando el rol traidor y cómplice con el ajuste de la CGT y las CTA. Exigiendo que rompan su complicidad con el gobierno y las patronales y apoyen los reclamos. Vamos a seguir impulsando medidas de fondo, como el necesario impuesto a las grandes riquezas de los grupos económicos, para que sea volcado de inmediato a la emergencia. Repudiamos la renegociación de una deuda que fue a financiar la fuga de capitales y reiteramos que hay que romper los lazos que nos someten al FMI y usar esa plata para resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador.

Para pelear por esta salida te convocamos a fortalecer a Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad como alternativa política de los trabajadores.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Crece la pandemia en nuestro país y aumentan las muertes originadas por las complicaciones del Covid-19, que ya suman más de 1.600 al momento de escribir esta nota. Sube también la cantidad de pacientes que requieren atención en unidades de terapia intensiva (UTI).

Entramos en una situación crítica de camas

En nuestro país, después de años de desinversión y ajuste de los gobiernos peronistas, radicales y de Cambiemos, hay una degradación del sistema público. Mientras la OMS aconseja ocho camas cada mil habitantes, la Argentina posee 4,5 que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5, pero La Matanza solo una cama cada mil habitantes. La provincia de Buenos Aires cuenta con 4.856 camas en unidades de terapia intensiva (UTI), algo más de 2.400 ocupadas, unas trescientas por complicaciones ocasionadas por el coronavirus. Estas cifras globales de toda la provincia no dan una idea de la realidad que se vive en el conurbano, donde se concentra más del 95% de los contagios de Covid-19 que informa el gobierno peronista de Kicillof. El último reporte oficial obtenido este fin de semana indica que había seis municipios que colmaron sus lugares en UTI (La Matanza, Quilmes, Lanús, José C. Paz, Moreno y Escobar) en el norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de UTI (400 públicas y 1.600 privadas). El informe de principios de semana de Larreta de Cambiemos mostraba que había 263 internados en UTI, de los cuales 202 están con asistencia mecánica respiratoria (ARM). La estadística muestra que solo la mitad de las camas están ocupadas. Aunque, a través de comunicaciones en las redes sociales, los trabajadores de algunos hospitales denuncian las UTI colmadas. Mientras en la CABA los hospitales públicos se saturan, las camas privadas, que son cuatro veces más, son manejadas discrecionalmente por las empresas propietarias de sanatorios y clínicas. Por su parte, el subsistema privado en la provincia, que representa casi el 40% de la oferta de camas, está compuesto por 190 clínicas y sanatorios y, como en CABA, no existe el menor control estatal sobre su utilización.

Buenos negocios con plata del Estado

Mientras se van llenando las camas y escasean los insumos, hay quienes han descubierto que la pandemia es una gran oportunidad para buenos negocios. Las empresas sanatoriales, y sobre todo las más poderosas, se han acogido al subsidio pactado con el gobierno de Fernández y la burocracia sindical peronista por el cual el Estado paga el 50% de los sueldos de sus empleados y también a la posibilidad de reducir 25% los salarios. Son las mismas patronales que retacean los elementos de protección personal a sus trabajadores y ocultan el número de contagiados y afectados entre su personal. También escamotean las camas que servirían para descomprimir el sistema estatal.

El gran negocio de estos empresarios es la venta de insumos sanitarios al Estado, que no deja de crecer, gracias a los desmesurados sobreprecios. Un cálculo publicado en el diario La Nación del 5/7, establece en 72 millones de pesos el monto que el Estado viene pagando de más. Por ejemplo, para los barbijos N95 la Sindicatura General de la Nación (Sigen) calculó un precio testigo de 298 pesos, el gobierno de Fernández pagó 755 y el de Larreta en CABA 3.000 por barbijo quirúrgico. El ministro de salud Ginés González García compró 334.000 mamelucos con sobreprecio, las cofias protectoras costaron 77% más. Y los barbijos tricapa se pagaron un 20% por arriba del precio fijado por la Sigen.

Las únicas dos fábricas locales de respiradores, Tecme y Leistung, vendieron al Estado más de 3.500 unidades. Cabe destacar que en este caso hubo una tímida acción del gobierno nacional del Frente de Todos que, para evitar la exportación de la producción y el consiguiente déficit del recurso para el país, intervino las empresas hasta fines de julio, cuando podrán volver a exportar. No obstante la restricción, ambas compañías embolsaron la friolera de 2.760 millones de pesos.

Qué pasó en Irlanda

Precisamente, para evitar situaciones como las que nos tocan vivir, el gobierno de la República de Irlanda anunció el 24 de marzo la nacionalización transitoria de los sanatorios privados mientras dure la pandemia. Los empresarios aceptaron la medida que pone bajo gestión estatal dos mil camas, nueve laboratorios bioquímicos y varios miles de trabajadores de la salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los contagiados por el Covid-19 habían sobrepasado la barrera de los mil casos, entre los cuales se encontraba el 25% de los trabajadores de la salud.

El ministro de Salud, Ginés González García, amagó con una medida similar para llevar adelante en el país. Pero rápidamente retrocedió tras la reacción de la patronal sanatorial, de los seguros de salud y la desautorización del presidente Alberto Fernández. Así se alejó la posibilidad de poner un poco de orden en el combate contra la pandemia.

Es necesario concentrar los recursos para garantizar la atención para todos

El ejemplo de Irlanda muestra que es posible y necesario centralizar el sistema de salud para derrotar la pandemia. Para eso se necesita una decisión política que vaya en esa dirección, no se trata solo de una cuestión de epidemiólogos. En primer lugar, como venimos diciendo, es necesario centralizar el sistema  de salud privado y estatal, estableciendo una conducción única para aprovechar todos los recursos del país. En segundo lugar, es necesario que se nacionalicen los recursos indispensables, que todas las camas pasen a ser administradas por la autoridad sanitaria para garantizar el acceso de toda la población, sin distinciones. En tercer lugar, se debe proteger al personal de salud que es imprescindible para llegar con la atención necesaria. En cuarto lugar, sostener el aislamiento subsidiando a los trabajadores contratados, cuentapropistas y desocupados. Finalmente, se debe crear un fondo proveniente de un impuesto especial a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas. En la lucha lo lograremos.