En los últimos meses, ha comenzado un fuerte debate parlamentario para reformar el Código Civil y Comercial de la Argentina que fue sancionado hace 150 años. La reforma ya cuenta con media sanción del Senado y, sin dudas, la mano de la Iglesia se observa en más de un artículo.

Pero principalmente, los legisladores clericales se han esmerado en la reforma del artículo 19 donde se define el inicio de la vida desde la “concepción”, calificando al embrión como “persona”. Con esta modificación no solo se estaría poniendo nuevos obstáculos al derecho al aborto legal, seguro y gratuito por el que viene luchando con fuerza el movimiento de mujeres; sino que, además, entraría en colisión con los casos de abortos no punibles ya contemplados en el artículo 86 del Código Penal, el derecho a los tratamientos de fertilización in vitro y asistida, entre muchas otras consecuencias.
Este es otro nuevo ataque contra las mujeres muestra con claridad la alianza del gobierno y la Iglesia Católica. Recuperemos nuestro derecho a decidir. Separación inmediata de la Iglesia del Estado.

Tras años de sufrir  violencia de parte de su esposo, Cristina Olivares, joven sanjuanina de 25 años de edad, decidió hacer la denuncia judicial solicitando la protección pues temía por su vida. 17 meses después, llegó la citación judicial informándole a la mujer sobre el cumplimiento de la medida de protección. Sin embargo, ya era muy tarde para Cristina.

A pocos meses de solicitar la protección al Estado, la mujer fue asesinada de 140 puñaladas por su esposo, Miguel Ángel Palma, quien actuó junto a su amante, Rosa Videla y una amiga de ésta, Noelia Corvalán. Al enfrentarse a la bronca e indignación de los familiares de la víctima, la secretaria de la Defensoría de Pobres y Ausentes se defendió argumentando que era un simple “error” involuntario de la justicia. Pero más que un “error”, este hecho debería ser calificado de” burla”.
Entre enero y septiembre de 2013, se calculan al menos 209 femicidios, es decir, asesinato de mujeres por el hecho de serlo, en manos de sus parejas o exparejas. Y este año, el contador inició con más de 6 femicidios nuevos. Muchos de estos casos son similares al de Cristina Olivares: aun cuando las mujeres denuncian la violencia, la justicia patriarcal y el Estado, miran para otro lado. Es más, para este año, el magro presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres se ha reducido en un 33%. Es decir que el gobierno nacional ratifica el rumbo de su política contra las mujeres, pues aunque Cristina y sus funcionarias apelen a discursos sobre la igual de derechos, lo cierto es que no se ha invertido un solo peso para construir refugios, centros de atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de la violencia patriarcal. Mientras tanto, siguen las muertes.

Nuestra compañera de Izquierda Socialista, Angélica Lagunas, referente docente y de la lucha de las mujeres trabajadoras, asumió en diciembre pasado la banca del FIT en la legislatura neuquina como parte de la rotación de la misma entre los miembros del Frente (IS, PTS, PO).

El mismo día de su asunción, mocionó que la cámara atienda como prioridad a los  trabajadores de la salud, que se encontraban de paro y concentrados en las puertas de la legislatura. Recientemente, se presentaron proyectos ligados a la absolución de los petroleros de Las Heras y contra la venida del FBI que llegó a la provincia a capacitar a la policía. En el inicio de las sesiones legislativas, Lagunas desplegó un cartel en referencia a la lucha docente que incomodó al gobernador, quien venía haciendo declaraciones en su contra.
Reivindicamos que la banca del FIT esté al servicio de las luchas de las y los trabajadores y el pueblo y denunciamos la represión y la criminalización de quienes salimos a enfrentar el ajuste del gobierno.

En diciembre del 2013 el gobierno del Estado Español de Rajoy (Partido Popular) impulsó, a través de su Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, una reforma en la legislación del aborto. Un retroceso en el derecho de las mujeres, pues restringe los casos en que es posible acceder a un aborto seguro y gratuito.

El nuevo texto permite el aborto solo en dos casos: de violación en un plazo de 12 semanas o cuando exista riesgo para la salud física o psíquica para la mujer hasta la semana 22 de gestación, eliminando así incluso la posibilidad de hacerlo en caso de malformación del feto, previamente contenida. Además, la reforma suprime la posibilidad de que las menores de 18 años pudieran abortar en casos determinados sin consentimiento paterno, llegado el caso con posibilidad de someterlo a decisión de un juez. Por último se incluye también la extensión  de  los objetores, que ahora ya no será condición exclusiva del médico sino incluso de anestesistas, enfermeras, o psiquiatras. Con estos cambios se retrocede incluso de la legislación sancionada en  1985.
De esta manera, la reforma termina convirtiendo a España en uno de los países más retrasados en todo Europa en cuanto a la legislación por el aborto concierne, asimilándolo a países como Malta o Finlandia, donde o bien la práctica del aborto está prohibida, o bien sólo está permitida para salvar la vida de la madre. En ese marco también se asemeja a algunas legislaciones de América Latina, como el caso de Argentina donde solo se considera el aborto no punible en los casos de peligro de vida de la mujer, violación, mujer declarada incapaz; pero donde persisten innumerables obstáculos para el acceso real al derecho.  

Este ataque a los derechos de las mujeres desencadenó en un repudio generalizado de parte de organizaciones sociales y feministas del Estado Español quienes se movilizaron en su contra. A su vez hubo diversas manifestaciones en solidaridad en distintas partes del mundo. En ese sentido, desde las Mujeres de Izquierda Socialista nos movilizamos hacia la Embajada de dicho Estado en Argentina contra esta reforma del Partido Popular y de la Iglesia Católica, reclamando que se respete el derecho de las mujeres españolas a decidir sobre su propio cuerpo. Continuamos nuestra lucha en Argentina para que el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que ha sido sistemáticamente cajoneado por decisión del kirchnerismo y la oposición para que se trate y apruebe. A todas las mujeres nos une la misma lucha: nuestro cuerpo, nosotras decidimos.

El próximo 28 de mayo, día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en Argentina nos encontramos con una dura situación: 500 mujeres mueren al año a causa de los abortos clandestinos, representando la principal causa de muerte de mujeres gestantes en el país. En su mayoría, son jóvenes y pobres. Pero otras miles quedan con secuelas graves de salud y son maltratadas y hasta criminalizadas cuando llegan a los hospitales con abortos incompletos.

Con este gobierno K que tanto levanta las banderas de los derechos humanos, parece que el derecho a decidir sobre el cuerpo propio y hasta la vida de las mujeres, carece totalmente de valor. Desde hace diez años La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal junto con muchas otras organizaciones, viene denunciando la situación de las mujeres y levantando un proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero aunque el proyecto cuenta con más de 130 firmas, ya se ha presentado 5 veces y aun no se ha logrado ni siquiera su discusión seria en comisión.

Sin dudas, aquí el principal responsable es el gobierno nacional de Cristina Fernández. La presidenta dejó ya bien claro que ella prefiere su alianza con la Iglesia Católica antes que los derechos de las mujeres. Es más, mientras su gobierno adula y subsidia a la Iglesia, ella se dedica a culpabilizar a las mujeres y a pretender solucionar el problema de los embarazos no deseados con magros subsidios que anuncia como parte de la campaña electoral. Lamentablemente, en este tema, la oposición patronal de Massa, Macri, Carrió, Binner y el resto, no solo se queda callada sino que sale a apoyar las medidas pro Iglesia contra las mujeres.

Pero desde las Mujeres de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda decimos ¡Basta! Queremos ponerle fin a este genocidio de mujeres. Y junto con otras organizaciones políticas de izquierda, movimientos sociales y organizaciones de mujeres llamamos a salir nuevamente a las calles este 28 de mayo en todo el país para reclamar nuestros derechos: Por una verdadera educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.