ABAJO EL ESTADO DE EMERGENCIA DE CASTILLO CONTRA LA JUSTA LUCHA DE LOS PUEBLOS.
TOMEMOS LA CALLE CONTRA EL ALZA DE PRECIOS Y ESTE MODELO CAPITALISTA DE ACUMULACIÓN NEOLIBERAL.
EL PUEBLO TRABAJADOR QUIERE SOLUCIÓN, NO REPRESIÓN.

Mediante DS N°034-2022-PCM, el gobierno decretó la inmovilidad social obligatoria desde las 02:00 hasta las 23:59 horas del 05 de abril en Lima Metropolitana y Callao. Castillo declaró estado de emergencia contra el pueblo trabajador el mismo día que marco el inicio de la dictadura fujimorista hace 30 años. La represiva medida se anunció a media noche y tomo por sorpresa a toda la capital del Perú que alberga a más de 10 millones de personas donde más del 70% viven de su trabajo diario en el sector informal y con sueldos de hambre.

La población está indignada y protesta por el incremento del costo de vida ante el alza de precios de la gasolina, los fertilizantes y los principales productos de primera necesidad. La gente necesita trabajo con derechos y buenos salarios, pero Castillo mira para otro lado y opta por la fuerza de las armas y la represión. Con esto echa más gasolina al fuego porque no soluciona la necesidad económica de las familias trabajadoras, por el contrario, con esto fortalece las posiciones retrogradas y represivas de la derecha y la ultraderecha, que siempre uso al ejército y la policía para acallar al pueblo, y que ahora buscan oportunistamente aprovecharse de la indignación popular para volver a ser gobierno.

La crisis social es responsabilidad del gobierno de Castillo y sus aliados que durante más de seis meses no ofrecieron ninguna respuesta a las postergadas demandas obreras y populares del país, por el contrario, fueron sus políticas conciliadoras y de pactos con los corruptos partidos del régimen que llevó adelante desde el primer día de gobierno, junto con sus errores y los escándalos de corrupción de su entorno más cercano, más la mercenaria labor de la prensa capitalina, lo que terminó diluyendo las expectativas de cambio que mucha gente esperaba de este gobierno supuestamente de izquierda que ahora se cae a pedazos.

El pueblo trabajador y las comunidades andinas y amazónicas esperaban ser reivindicados y ver mejoras en su calidad de vida, pero ha ocurrido lo contrario. El capitalismo neoliberal que la derecha y la ultraderecha defienden sigue intacto y operando a favor de las ganancias de los grandes bancos y empresas capitalistas. El saqueo voraz de nuestros recursos y la contaminación de nuestro medio ambiente continúan. La pobreza, la desigualdad y el hambre se acrecientan. La educación y la salud pública continúan abandonados. El reciente aumento salarial en menos de cien soles es insuficiente y no resuelve nada.

Los precios por las nubes y los salarios por los suelos. Ese es el problema que ni el deslegitimado gobierno ni el Congreso de mayoría neoliberal podrán resolver, ambos son partes de la crisis y, con justa razón, la gran mayoría exige “que se vayan todos”.

El pueblo trabajador y los sectores populares de todo el país deben organizarse, ganar la calle y movilizarse, no junto a la derecha ni la ultraderecha vacadora, sino para luchar por una salida de fondo que rompa con la lógica explotadora de este capitalismo neoliberal, pero en lo inmediato es necesario luchar por garantizar el consumo de las familias trabajadoras con:

1) plan económico de emergencia para garantizar la seguridad alimentaria del país con apoyo real a nuestra agricultura para sancionar la especulación de precios y combatir su alza injustificada; 2) anulación inmediata de los corruptos peajes; 3) aumento del presupuesto para el sector salud y educación y no para la tramposa deuda externa. No más precarización laboral ¡Nombramiento ya!; 4) aumento salarial y de jubilaciones a todos los trabajadores del sector formal, acorde al costo de la canasta familiar; 5) entrega inmediata de una renta básica (bono) a todas las familias trabajadoras del sector informal; 6) devolución inmediata de los fondos de las AFPs a sus propietarios; 7) recuperación con control de los trabajadores del gas y el petróleo para poner los recursos al servicio del pueblo ¡Fuera Repsol del Perú!, 8) unir todas las luchas con los sectores populares, del campo y las ciudades, para sacar adelante estas medidas hasta lograr un gobierno de los trabajadores y trabajadoras.

Uníos-Perú, UIT-CI
Lima, 5 de abril de 2022

Por Prensa UIT-CI (tomado de María Sánchez- Vallejo, El País, España)

Gran victoria laboral en Amazon: un almacén de Nueva York aprueba la creación del primer sindicato de la compañía. Una votación repetida en un centro logístico de Alabama arroja el resultado contrario, con estrecha ventaja de quienes rechazan sindicarse.

Los trabajadores de un almacén de Amazon en Staten Island (Nueva York) formarán el primer sindicato del gigante del comercio electrónico. Por clara mayoría, los empleados del gran centro logístico, conocido como JFK8 y que surte de productos a la Gran Manzana, se han pronunciado a favor de una propuesta que, en otras instalaciones de la tecnológica, como el almacén de Bessemer (Alabama), avanza a trompicones. El proceso de votación en Staten Island, que los líderes de la movilización denunciaron haber sido objeto de zancadillas por parte de la empresa, ha concluido este viernes, con el resultado de 2.654 votos a favor y 2.131 en contra.

La respuesta masiva de los trabajadores de Amazon supone también un espaldarazo para el alicaído movimiento sindical en EE UU, con una tasa de afiliación del 10,3% el año pasado, la más baja en décadas. En paralelo a la votación de Staten Island, se ha repetido la consulta celebrada el pasado abril en el almacén de Alabama, tras dictaminar las autoridades que la empresa había interferido en la convocatoria y la celebración. Los datos no son tan positivos como los de Nueva York. Frente a los 875 votos a favor, 993 trabajadores de Bessemer han votado en contra de formar un sindicato. Un resultado más reñido incluso que el registrado hace un año, según los datos publicados este jueves por la junta de relaciones laborales, una agencia federal independiente que protege los derechos sindicales de los trabajadores del sector privado.

La importante victoria de los trabajadores de Staten Island es fruto de los esfuerzos de Christian Smalls, un trabajador que fue despedido durante la pandemia por cuestionar el protocolo de seguridad e higiene frente a la covid-19. A diferencia de otras iniciativas similares, como la de Alabama —lanzada bajo el paraguas del mayor sindicato de comercio minorista del país—, Smalls sentó las bases del Sindicato de Trabajadores de Amazon. El resultado de la consulta supone un considerable revés a la compañía de Seattle, conocida por torpedear la movilización de sus trabajadores con injerencias en mítines y reuniones —los de los trabajadores de Staten Island se celebraron en una parada de autobús a las puertas del recinto— y el envío de numerosos mensajes antisindicales.

Esta mañana Smalls declaró la victoria sobre el gigante a las puertas de la sede de Brooklyn de la junta de relaciones laborales. “FELICITACIONES”, tuiteó, en mayúsculas. “Trabajamos, nos divertimos e hicimos Historia”.

“Amazon ha demostrado estar dispuesta a emplear recursos ilimitados en campañas antisindicales, y lo cierto es que estos trabajadores han ganado contra viento y marea”, ha dicho Rebecca Givan, profesora de estudios laborales en la Universidad de Rutgers, citada por el diario digital Daily News. “Es una victoria histórica que tendrá probablemente un gran impacto en Amazon”.

Mientras culminaba el recuento de votos, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez felicitó a los trabajadores del JFK8. El año pasado, antes de la primera votación en el complejo de Alabama, el senador también demócrata Bernie Sanders dejó claro su apoyo a los trabajadores con varias visitas a la planta. Pero no son solo los representantes del ala izquierdista de los demócratas quienes jalean la creciente concienciación de los trabajadores. El presidente Joe Biden es un adalid de la organización sindical y predica con el ejemplo, como por ejemplo, las medidas adoptadas por el Gobierno federal para hacer de la Administración un modelo de buenas prácticas laborales. La primavera sindical de EE UU, una época de efervescencia que se debe a la conjunción de varios factores —del impacto de la pandemia a la más que abundante oferta de trabajo, con millones de puestos por cubrir, o el masivo abandono del mercado laboral conocido como la Gran Renuncia—, ha cosechado su primera victoria.

Córdoba, 01 de abril 2022

Gracias a la valentía de víctimas que eligen ser sobrevivientes y a periodistas serios que se animan a difundir estas noticias, nos enteramos ya hace un par de semanas, y principalmente a partir de una noticia del día 31 de marzo, de otro sano hijo del patriarcado encubierto con sus privilegios sacerdotales. El “padre” Pinamonti pertenece a la diócesis de  Río Cuarto, a la cual pertenecía el ahora ex cura Walter Avanzini a quien yo denuncié por abuso, y a la que denuncié por complicidad de ese abuso.

El gran acierto de aquella película “Spotlight”, ganadora de un premio Oscar, es develar lo sistémico del encubrimiento eclesial. En esa misma película uno de los abogados dice: “se necesitan muchos para criar un niño, y también muchos para abusar de uno”.

Este abusador hoy tiene 89 años. ¿Cuántas serán sus víctimas? Porque una valiente se animó, otra también lo denuncia. Pero es evidente que son muchas más. Mientras tanto, Pinamonti gozaba de una enorme “prestigio pastoral” que le permitía usar ese poder para perpetrar los abusos.

El obispo de esta diócesis de Río Cuarto, Monseñor Uriona, fue sobreseído ante una denuncia de acoso. Cuando fue obispo de Añatuya estuvo implicado en el encubrimiento de un cura de su diócesis. De Río Cuarto salió el amigo y mano derecha del papa, Víctor “Tucho” Fernández, encubridor del abusador Lorenzo, quien cuando se suicidó ya tenía tres denuncias por abuso y seguía “suelto” protegido por la justicia civil y la iglesia.

Pero esta criminal conducta de encubrimiento que se sostiene desde la máxima autoridad de la iglesia, el papa, ya no puede ocultarse más. El Movimiento de MUJERES mostró el camino a seguir poniéndose de pie ante el patriarcado y las instituciones que lo sostienen, de las cuales la iglesia católica es la principal.

Por eso decimos con fuerza:

SEPARACIÓN YA de la IGLESIA del ESTADO!!!
Cárcel para todos los curas abusadores y pedófilos!!!

Daniel Vera
Miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina
Militante de Izquierda Socialista

En todo el país se realizaron movilizaciones para conmemorar la lucha contra la impunidad de ayer, hoy y siempre. Desde Izquierda Socialista FIT-U participamos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia que levantó las banderas de:

- 30.000 Detenidas y Detenidos desaparecidos, ¡PRESENTES!
- No al acuerdo Gobierno-FMI

Proyecto de Declaración / “Reclamamos el inmediato juicio y castigo de todos los culpables militares, civiles y eclesiásticos del genocidio de Estado. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas.”

La diputada Graciela Calderón, desde la banca de Izquierda Socialista y la bancada del Frente de Izquierda Unidad, presentó ante el 46° aniversario del último el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un proyecto de declaración en la Legislatura Bonaerense.

Graciela Calderón comentó: “Se cumplen 46 años del último golpe de Estado que instaló una Dictadura cívico-militar-eclesiástica, dictadura que llevó adelante una brutal represión contra activistas obreros y populares, dejando como saldo 30.000 detenidos/as-desaparecidos/as.”

Calderón denunció: “En aquella época no sólo el terrorismo de Estado aplicó métodos brutales de represión contra el pueblo, sino que endeudó a nuestro país enormemente: pasamos de deber 7.000 millones a deber 45.100 millones. Deuda tomada ilegítimamente que hasta el día de hoy quieren hacer pagar al pueblo con hambre, desempleo y marginación social.”

La diputada Calderón finalizó: “Seguimos reclamando el inmediato juicio y castigo de todos los culpables militares, civiles y eclesiásticos del genocidio de Estado. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Restitución de la identidad de los/as niños/as apropiados. Apertura de los archivos de la Dictadura. No al pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa, ni al FMI.”

Contacto:
Graciela Calderón: 11 3149-9049
Instagram: @gracielacalderon.dip
Twitter: dipgcalderon

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

A 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que instaló una Dictadura cívico-militar, que llevó adelante una brutal represión contra activistas obreros y populares, dejando como saldo 30.000 detenidos/as-desaparecidos/as, este cuerpo reclama al Gobierno el inmediato  juicio y castigo de todos los culpables militares, civiles y eclesiásticos del genocidio de Estado. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Restitución de la identidad de los/as niños/as apropiados. Apertura de los archivos de la Dictadura. No al pago de la ilegítima y fraudulenta Deuda Externa.

FUNDAMENTOS

El 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976. Hace 46 años se produjo el último golpe de estado en nuestro país. Una junta militar, encabezada por el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, de la Armada, Emilio Massera, y de la Aeronáutica, Orlando Ramón Agosti, derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón (también conocida como Isabel) y dió comienzo a una de las etapas más negras de la Argentina. Con el fin de implantar un programa económico de entrega, al servicio de las multinacionales, el capital financiero internacional y el imperialismo, se llevó a cabo un auténtico genocidio contra el pueblo, con el saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, centenares de niños nacidos en cautiverio y apropiados por los militares, miles de presos políticos y decenas de miles de personas que debieron emigrar. El terror, la prohibición absoluta de toda actividad sindical, estudiantil, o política, la represión a cualquier tipo de expresión cultural alternativa y un largo etcétera fueron la contracara de una dictadura militar que, al mismo tiempo, endeudó al país, dando origen a una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta e impagable que aún hoy es la principal causa de nuestra decadencia.

Con la caída de Isabel, se profundizó la persecución contra los trabajadores que ya había iniciado el propio Juan Domingo Perón en 1973 con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) . Es que el proceso de luchas iniciado en mayo de 1969 con el llamado  “Cordobazo”, con los obreros y estudiantes a la cabeza, y continuado con los respectivos “Choconazo”, “Rosariazo”, “Mendozazo” y otras puebladas y grandes movilizaciones, no pudo ser detenido ni aún recurriendo a la figura y el prestigio del propio Perón, a quien se levantó la proscripción y se hizo regresar al país para que “pusiera orden” en la clase trabajadora.

En los tres años de gobierno peronista siguieron las luchas. Más aún, muchas de ellas se radicalizaron, llegando en 1975 durante el llamado “Rodrigazo” a declararse por primera vez una huelga general contra un gobierno peronista. Las coordinadoras fabriles, ese mismo año, llegaron a disputarle fracciones del movimiento obrero a la otrora poderosísima burocracia sindical peronista. Todos estos fenómenos de lucha eran una preocupación para los gobiernos y las patronales. Los diferentes gobiernos peronistas entre 1973 y 1976 (Cámpora, Lastiri, el propio Perón e Isabel) no pudieron cumplir su objetivo de frenar el alza obrera y popular abierta a fines de los años sesenta.

La dictadura llegó así para frenar, derrotar a sangre y fuego ese ascenso y liquidar físicamente a la nueva vanguardia obrera y popular. Fue un gobierno cívico militar, ya que tuvo el acuerdo del gran empresariado, y los militares fueron los ejecutores de descargar sobre el pueblo trabajador el ajuste mediante una feroz represión, con el fin de implementar la agenda económica  del imperialismo y las patronales.

El plan económico de la dictadura fue implementado por el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz. Se trató de un auténtico programa de guerra contra los trabajadores, que vieron sus salarios reducidos automáticamente en un 40% y, poco después, con el cierre de centenares de miles de industrias, empezaron a sufrir el flagelo del desempleo. Se trató de un plan económico al servicio de las multinacionales y el FMI, que dejó como herencia una impagable deuda externa, que aún hoy seguimos arrastrando y ocupa la agenda central del actual gobierno, cuarenta y seis años después. Para dimensionar el problema hay que señalar que en 1976 la deuda externa argentina era relativamente baja, 7.800 millones de dólares. En 1983, luego de siete años de dictadura, había ascendido a 45.100 millones de dólares, en ese momento ya totalmente impagable, representando la deuda un poco menos de la mitad del PBI de ese año, unos 104.000 millones.

La dictadura tomó préstamos para obras (como las del Mundial ‘78), para la compra de armas, para importar bienes o para que los bancos privados y las empresas hicieran sus negocios, lo que se conoció como “bicicleta financiera”. Para eso endeudó a empresas por entonces estatales como YPF. Como si todo esto fuera poco, ya en 1982, el entonces presidente del Banco Central Domingo Cavallo, procedió a “estatizar” la deuda de numerosas empresas privadas (locales y extranjeras) a cambio de que éstas “aceptaran” pagar esas deudas en pesos con el Estado nacional. Fue un negocio redondo para el gran capital y la ruina para millones de trabajadores. Los Martinez de Hoz, Perez Companc, Techint, Grupo Macri, Rocca, Blaquier, Ford, Mercedes Benz, fueron algunos de los grandes holdings empresarios y de la oligarquía vernácula que más se beneficiaron con los militares, y muchos de ellos incluso fueron cómplices activos con el genocidio, habilitando centros clandestinos de detención en el interior de sus propias empresas.

Este enorme saqueo dejó como herencia la impagable, ilegítima e ilegal deuda externa que todos los gobiernos constitucionales que le precedieron han reconocido y pagado, a través de planes de ajuste.

Han pasado 46 años, pero la dictadura genocida no pertenece a nuestro pasado. Es parte de nuestro doloroso presente, por las consecuencias económicas y sociales que, con la deuda externa a la cabeza, siguen sumiendo en la pobreza y la marginación a porciones cada vez más grandes de nuestro pueblo. Pero también por la continuidad de la impunidad, con centenares de genocidas en libertad, y con juicios que, increíblemente, aún no han terminado. Con centenares de niños apropiados (hoy ya adultos) que aún no han recuperado su identidad. También con la impunidad que hoy existe ante las nuevas violaciones a los derechos humanos que suceden año a año.

Es por ello que desde el Frente de Izquierda Unidad seguimos diciendo: ¡Juicio y castigo para todos los culpables! ¡Basta de impunidad, tanto la de ayer como la de hoy! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Y este año, más que nunca: ¡No al pago de la deuda externa!

Por lo antes dicho, desde nuestra bancada solicitamos a los demás bloques y diputados adherir a este proyecto de declaración.