
Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
Ha sido tan masivo el repudio al fallo de la Corte que habilitó la extranjerización sin límites de la tierra que obligó a que se vuelva a reunir hoy viernes 9, emitiendo otro, de emergencia, “técnico”, para tratar de encarrilar las consecuencias que generó: un masivo rechazo de millones y la amenaza de que pueda caer el DNU 70/2023, algo que la Corte y el gobierno quieren evitar con esta nueva decisión.
Es inusual para que falle la Corte, y con la convocatoria de dos conjueces, el nuevo pronunciamiento que suspende interinamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 que avalaba la venta de tierras, hasta que la Justicia Federal de Bariloche, donde se inició el reclamo de la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, decida si es pertinente otorgar la medida cautelar que reclama.
Es decir, la Corte sacó de la galera una medida efímera para salir del atolladero, sin que tenga ninguna garantía. Por ejemplo, el juez Leandro Constella a cargo del tribunal barilochense, puede rechazar la cautelar planteada, igual que hizo la Corte con el Centro de excombatientes de Malvinas de La Plata (Cecim), y volver a foja cero, cuando la marcha del 6 de agosto había enterrado esa medida entreguista.
La Corte dijo que el nuevo planteo sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental” ameritaba un replanteo para “evitar daños irreparables”. ¿Pero no generaba también daños irreparables el fallo anterior al permitir que capitales extranjeros se queden con millones de hectáreas? Esto muestra la desfachatez de estos jueces que van reacomodando sus argumentos de acuerdo a las circunstancias.
La pregunta es: ¿por qué no declaran la inconstitucionalidad del violatorio DNU 70/2023? No lo hacen porque son funcionales al gobierno de turno y a las multinacionales extractivistas, y si hicieran lo contrario sería solo porque se los impone la movilización popular.
Si bien hubo un voto dividido (a favor lo hicieron Rosatti y Lorenzetti más los dos conjueces, y en contra Rosenkrantz) hay que recordar que los tres cortesanos se habían unido en el anterior, al rechazar por “falta de legitimidad” al Centro de excombatientes de Malvinas de La Plata (Cecim) porque según ellos no tenía “un interés particular demostrable para activar el reclamo de soberanía” … ¡a quienes dieron la vida por Malvinas!
El juez Rosenkrantz votó en disidencia diciendo que no correspondía dictar ninguna medida cautelar porque “la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares”. Este canalla dice que es una “coartada”, no un daño efectivo, la megaminería avasallando territorios y pueblos originarios, el saqueo del petróleo, el gas, el litio, o la entrega de los glaciares.
El nuevo fallo demuestra, por un lado, que no hay nada seguro, y que para enterrar la extranjerización de las tierras hay que anular el DNU 70/2023, tema que se va a tratar en la sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para el próximo jueves 15 de octubre, día que se hará la Quinta Marcha Federal Universitaria.
Solo la lucha y la movilización masiva lo podrá garantizar. Lo mismo para que salga algo favorable para las personas con discapacidad y las familias endeudadas, en una sesión que al día de hoy no está garantizado el quórum culpa de diputadas y diputados patronales que están negociando con el gobierno.
La CGT dijo que marchará el 15, pero se niega a convocar a un nuevo paro general y a un plan de lucha para derrotar estas medidas y todo el plan motosierra de Milei. El 15 seamos miles en las calles, frente al Congreso y en todo el país.
Hace un mes escribimos una Carta e intentamos llegar con una reflexión responsable y unitaria hacia la Mesa Nacional del FITU. Pretendimos aportar un análisis sereno y con un sentido de camaradería, que sigue pareciéndonos necesario mantener. El llamado traducía un trabajo de elaboración común en base a diversas experiencias, incluso con compañeros/as que tienen trayectorias muy distintas y provienen de corrientes divergentes.
Estamos seguros de que es necesario encontrar las coincidencias entre las diversidades. Estamos convencidos de que ese es el mecanismo para ayudar a que la izquierda y la perspectiva de un gobierno de la clase trabajadora llegue a más y más personas y a lograr la organización de decenas y ojalá, centenares de miles de explotados y oprimidos por este sistema, desilusionados con las representaciones políticas de distinto signo pero que defienden al capitalismo como única organización posible de la sociedad. Son muchos los que depositan en Myriam Bregman -la dirigente del PTS, la del FITU, la Zurda - una explícita simpatía, por su consecuencia, su valor, su determinación y su capacidad de transmitir las ideas anticapitalistas y voluntad de lucha.
Lamentablemente, no logramos una respuesta por parte de una Mesa Nacional del FITU “congelada”. Las respuestas fueron por separado. El PTS, salvo algún compañero a título individual - con más interés en tensar la polémica que en dialogar fraternalmente - ni mencionó la carta, un destrato lamentable. El MST respondió superficialmente los planteos centrales y forzando interpretaciones para identificar la carta con las posiciones del PO e IS. El PO publicó la carta sin comentarios. IS respondió con respeto y valoración positiva, considerando que es una carta útil con observaciones que merecen ser tenidas en cuenta, pero ve solo el aspecto de la unidad y no el contenido político de la posición.
Por otra parte es fundamental señalar que nada tiene de electoralista nuestra propuesta “Myriam Bregman presidenta de un gobierno de la izquierda y los trabajadores” como eje para aglutinar en los comités o cualquier forma en que se dé el apoyo y/o la coordinación. En momentos en que las distintas fuerzas patronales discuten quién gobernará y mediante qué mecanismos administrará la crisis capitalista, la izquierda debe utilizar esa discusión para plantear públicamente sus propuestas y explicar qué significaría una salida basada en los intereses de la clase trabajadora. La consigna “Myriam Bregman presidenta de un gobierno de la izquierda y los trabajadores” es una manera práctica de materializar esa perspectiva y que todo el mundo entiende. Es, hoy por hoy, una gran consigna, porque plantea algo más que la solución transicional a las demandas insatisfechas de los y las de abajo, la perspectiva del poder obrero y popular que reemplace, de manera revolucionaria, al poder de la burguesía. Es hacer política. Por el contrario plantear que primero hay que hacer el partido es dar una respuesta organizativa, sin tener claro el para qué, es poner el carro delante del caballo.
Nos defraudan ciertas respuestas, o la falta de ellas, pero no nos desmoralizan. En estado de asamblea, nos parece que expresamos el sentir y la comprensión de miles y miles que apoyan al FITU sin integrar las filas orgánicas de sus partidos y reclaman unidad y apertura. Somos los/as mismos/as que muchas veces fuimos convocados por esos mismos partidos por algún interés específico, los que hoy reclamamos que se ponga fin a un divisionismo pernicioso y a arbitrarios planteos hegemónicos de cualquiera de sus organizaciones. Reafirmamos que el FITU fue y es un
instrumento clave, que fue la base sobre la cual se dio a conocer el accionar conjunto del trotskysmo y que no debería ser "congelado" y mucho menos desmantelado. Al mismo tiempo es necesario abrirlo a la participación de más fuerzas y compañeros/compañeras que empalmen con un programa anticapitalista y socialista. Que se abra paso a una amplia participación y deliberación de los miles y miles cuyos corazones laten por la izquierda y se apasionan por aportar a una lucha común y fraterna y por incorporar de una u otra manera a los millones que hoy miran con expectativas hacia la izquierda
Reiteramos los ejes de la Carta y no aceptamos que se la descarte atribuyéndole segundas intenciones o interpretaciones antojadizas sobre la base de antiguos prejuicios. Damos por concluido el intercambio epistolar, pero no renunciaremos a seguir trabajando para que la izquierda, más allá de las discrepancias y discusiones, encuentre el modo de postularse con audacia, decisión y propuestas cada vez más sólidas, como alternativa de gobierno.
En cualquier caso, entendemos imprescindible promover una construcción política unitaria en base a los puntos comunes que ya existen entre los partidos del FITU y otras fuerzas de izquierda y se vienen fraguando desde hace 15 años y que sería insensato desperdiciar. Insistimos en que los debates y el procesamiento de las diferencias programáticas u organizativas son legítimos e incluso imprescindibles, y debieran tener sus espacios propios, pero no para evitar la unidad. No hay que anteponer las diferencias a la urgente necesidad de encontrar mejores y más precisas respuestas comunes a los problemas cotidianos que sufre la clase trabajadora y el pueblo por la crisis del sistema capitalista y el gobierno sostenido, por acción u omisión, por el conjunto de los partidos del sistema.
Consideramos posible y necesario trabajar con todos los que estén dispuestos a hacerlo y esas propuestas, así elaboradas, se las presentaremos al FITU, a la compañera Myriam Bregman y a todas las organizaciones que la apoyan, como herramientas de trabajo.
La lucha contra Milei, que tuvo en la Marcha de la Bronca una posibilidad de expresar esa rabia acumulada contra el odio de la clase de los mil millonarios, ahora necesita encontrar un canal para organizarse y trascender de la ira a la conciencia, de la expresión de rechazo a la organización de la lucha. Y en un contexto en que la campaña electoral ya está de hecho instalada por el Gobierno y por el peronismo, con sus respectivas internas irresueltas, es urgente lanzar una masiva y multitudinaria campaña por un gobierno de los trabajadores y la izquierda con Myriam presidenta. Para terminar con el gobierno de Milei y el vasallaje que se pretende imponer en toda la región con la “Doctrina Donroe”, para construir una nueva sociedad, para avanzar hacia una Segunda República de trabajadores y el pueblo y la Segunda y definitiva independencia nacional y continental.
AUTOCONVOCADOS DE IZQUIERDA
Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español
5/10/2026. Han pasado casi tres años, casi 1.100 días, desde el inicio del genocidio israelí acelerado sobre Gaza. Casi 1.100 días de destrucción sistemática, desplazamiento forzado, hambre y muerte. Más de 73.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos más de 18.000 criaturas, según las cifras oficiales palestinas, unas cifras que no contabilizan a todas las personas desaparecidas bajo los escombros ni las muertes indirectas provocadas por la destrucción del sistema sanitario y de las infraestructuras de agua y de infraestructuras de agua.
Y no ha terminado. A pesar del lenguaje diplomático y la ficción de un alto el fuego, el estado sionista continúa su plan genocida en Gaza I también en la Cisjordania ocupada, donde se intensifican la violencia de los colonos, las demoliciones de casas y granjas, las expulsiones de comunidades palestinas y el robo de tierras.
Todo esto ocurre bajo un escudo de impunidad y con la complicidad abierta de los imperialismos de EEUU y europeos. Las declaraciones, las cumbres, la diplomacia y las palabras vacías conviven con relaciones militares, económicas y políticas que son totalmente funcionales al genocidio. No es sólo silencio y complicidad: son colaboradores necesarios en el genocidio. Mientras los estados abandonan sus obligaciones políticas y legales, la solidaridad internacional desde abajo debe seguir denunciando esa complicidad.
El gobierno de PSOE-Sumar quiere presentarse como uno de los gobiernos europeos más comprometidos con Palestina. Pero de las palabras a los hechos existe una distancia hipócrita. El gobierno aprobó en septiembre del 2025 un decreto que prohibía las transferencias de material de defensa y de doble uso con Israel, pero el texto está tan lleno de excepciones, agujeros y vías indirectas que las relaciones militares, económicas y diplomáticas entre España e Israel siguen prácticamente intactas.
Y mientras proclama su solidaridad con Palestina, el propio Estado reprime o colabora en la represión de quienes intentamos detener el genocidio desde la calle. Lo saben bien las 8 de Becerril, las ocho activistas encausadas a raíz de una protesta contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta a España, que prestarán declaración el próximo 21 de octubre, acusadas de toda la retahíla de delitos previstos en la ley Mordaza, que el PSOE y Sumar se habían comprometido a derogar y lo demuestra también el caso de de James “Fergie” Cox Chambers, activista y filántropo estadounidense, detenido en Eivissa el pasado 10 de julio a petición de Estados Unidos y encarcelado provisionalmente mientras se tramita su extradición. El gobierno español ha permitido que el procedimiento de extradición siga adelante.
No aceptamos que el gobierno se envuelva con la bandera palestina mientras sigue haciendo negocios con Israel y reprimiendo la solidaridad con Palestina. Ni que utilice Palestina para construir una imagen progresista mientras sus políticas dejan a millones de trabajadores y trabajadoras atrapados en alquileres inasumibles, servicios públicos deteriorados, precariedad laboral y desigualdad; mientras los derechos de las mujeres siguen siendo atacados y mientras migrantes y refugiados son tratados como un problema de orden público en lugar de personas con derechos.
La solidaridad con Palestina no puede ser bandera institucional. Debe significar acabar con toda complicidad política, económica y militar con el empleo y con la impunidad de Israel.
Por eso no podemos dejar de movilizarnos.
Porque si algo han demostrado estos tres años es que los cambios sólo llegan si los forzamos desde las calles, centros de trabajo, universidades y barrios.
Israel y Estados Unidos están empantanados en una guerra contra Irán que ha sido un fracaso estrepitoso
Lo que se presentó como una nueva demostración de superioridad militar no ha impuesto una salida política ni ha estabilizado la región.
Por el contrario: ha ampliado la guerra, ha profundizado la destrucción y ha multiplicado los frentes. En Líbano, el ejército israelí sigue ocupando territorio en el sur del país, donde mantiene posiciones militares y una zona bajo su control. Incluso después de los acuerdos previstos de la retirada israelí, esta retirada no se ha completado y las fuerzas israelíes siguen actuando dentro de territorio libanés.
En Siria, Israel continúa la ocupación de los Altos del Golán y ha profundizado su presencia militar en el sur del país, mientras mantiene una política de expansión de los asentamientos y control de territorio y recursos.
Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irán: no son conflictos desconectados. Forman parte de una misma dinámica de guerra, ocupación, militarización y dominación regional, sostenida por el apoyo político y militar estadounidense y por la complicidad de los gobiernos occidentales que busca materializar el proyecto del Gran Israel y su normalización en toda la región.
Es necesario conectar las luchas.
La lucha del pueblo palestino contra la ocupación, el colonialismo y el apartheid está ligada a la lucha contra el militarismo y el imperialismo; a la lucha por el derecho a la vivienda y por los servicios públicos; en las luchas obreras; al feminismo; en la defensa de los derechos de las personas migrantes; a la lucha contra el racismo y contra todas las formas de represión. Palestina nos muestra que resistir siempre es posible, incluso en las condiciones más difíciles, en este rincón de mundo absolutamente estratégico para el imperialismo y el capitalismo fósil global, que necesitan tener bajo control los recursos energéticos de la región.
Porque los propios gobiernos que encuentran miles de millones para rearmarse nos dicen que no hay dinero para la vivienda, la sanidad o la educación. Los mismos que hablan de derechos humanos sostienen fronteras en las que mueren migrantes, mantienen leyes represivas contra la protesta y protegen un sistema económico que condena a millones de personas a la precariedad.
La lucha del pueblo palestino forma parte de la misma lucha contra un sistema que necesita la explotación, el racismo, la represión, el militarismo y la guerra para sobrevivir.
Palestina nos muestra con toda su brutalidad hasta dónde puede llegar este sistema. Pero también nos muestra la fuerza de un pueblo que, a pesar de décadas de ocupación, expulsión, encarcelamiento y masacres, sigue resistiendo.
Este 4 de octubre volvemos a las calles.
¡Embargo total de armas a Israel y ruptura de relaciones diplomáticas!
¡Derogación de la ley mordaza!
¡Archivo inmediato de todas las causas abiertas contra el movimiento de solidaridad con Palestina!
¡Palestina libre, del río al mar!
¡Viva la resistencia del pueblo palestino!
¡Viva la solidaridad internacionalista!
Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista FIT/Unidad
El resultado fue sorpresivo. En una elección polarizada, donde las encuestas daban ganador a Lula aunque por poco, se dio lo contrario. Lamentablemente ganó el hijo de Jair Bolsonaro, representante de la ultraderecha y de Donald Trump en la región. Se dio un voto completamente equivocado de cientos de miles que expresaron el repudio a Lula Da Silva de esta manera y también con una importante abstención.
Lula vino gobernando para los de arriba, a tal punto que el 80% de la población se ha tenido que endeudar para comer, además de sufrir ataques a la salud, a la educación y sufrir las políticas al servicio de los grandes empresarios, bancos y el agronegocio. Es decir, ante las no soluciones para la clase trabajadora y demás sectores populares por parte de Lula, se dio un voto castigo. A lo sumo tomó medidas parciales, completamente insuficientes, con un doble discurso de que es un gobierno popular, mientras dejaba correr la inflación y el aumento de los precios, los bajos salarios y recortes sociales. Es decir, sin tocar las bases del sistema capitalista durante los 17 años de gobiernos del PT desde 2003 a esta parte, generó el caldo de cultivo para que la derecha aproveche y se reacomode nuevamente después de la derrota sufrida en 2022, y termine ganando ahora en primera vuelta.
Ante estos gobiernos que con un discurso de centroizquierda gobiernan para los grandes capitalistas, es que fomentamos la unidad de la verdadera izquierda revolucionaria, como hacemos en Argentina con el Frente de Izquierda Unidad, postulando una salida de fondo que solo un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora puede imponer, no el peronismo o el lulismo en Brasil. En la segunda vuelta del 25 de octubre llamamos a repudiar a Bolsonaro, alertando sobre lo peligroso que sería tener en Brasil un gobierno ultraderechista amigo de Trump, Netanyahu y Milei. Lo haremos con la táctica que adoptará próximamente nuestro partido hermano de ese país, la CST.
Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español
2/10/2026. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha hecho saltar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid y se ha extendido por todo el Estado un clamor por la vivienda. Estamos hartas de los discursos reaccionarios de la derecha y del neoliberalismo, y de la vergonzosa respuesta de la izquierda parlamentaria. No aceptamos legitimar la especulación ni el derecho de los rentistas a extraer beneficio de nuestra fuerza de trabajo. No aceptamos que la vivienda sea una mercancía sujeta a las dinámicas salvajes del mercado inmobiliario. No aceptamos el discurso de la meritocracia ni la criminalización de quienes no pueden acceder a un alquiler o una hipoteca en condiciones.
Según el CGPJ, hace 10 años, el 50% de los desahucios era de alquileres, mientras que en 2025 fueron el 75%. Estos datos están ligados a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora respecto al mercado inmobiliario. La realidad es que en 2000 una persona con contrato indefinido y sueldo medio podía acceder a una hipoteca con 31 años y pagarla en 20 años. En 2025, una persona en las mismas condiciones laborales compra una propiedad con 42 años y tarda 25 años en pagarla. El argumento meritocrático cae por sí solo. Y cae con mayor fuerza cuando se conoce que en el 2025, el 35% de viviendas se pagaron al contado. ¿Cuántas personas, por muchas horas que trabajen, y por mucho que ahorren, pueden pagar al contado un piso? Estos pisos pagados al contado son adquisiciones de grandes propietarios y fondos de inversión, que ahogan a la clase trabajadora con la complicidad del “gobierno más progresista de la historia”.
El Estado trabaja al servicio del capital, ejerciendo una violencia institucional estructural sobre la clase trabajadora, y el Gobierno «más progresista de la historia» es cómplice de ello. Reprime mediante los cuerpos policiales a quienes defienden el derecho a la vivienda, como en el desahucio de Maricarmen en Madrid. Avala un poder judicial que ejecuta desahucios incluso con protocolos antisuicidio activados, que acaban teniendo consecuencias fatales como el suicidio de Olga o el de Javier, vecinas de L’Hospitalet. Y mantiene un poder legislativo que lleva siete años protegiendo la acumulación de riqueza de una minoría a costa nuestra.
El Gobierno de Pedro Sánchez, ni con Sumar ni con Podemos, no ha puesto freno a la precarización de la clase trabajadora. La ayuda del bono de alquiler joven o la bonificación del IRPF a los rentistas son una transferencia descarada de dinero público a manos privadas. La abstención del PSOE hace dos semanas en la ley para prohibir la compra de pisos por parte de fondos buitre continúa permitiendo la acumulación de viviendas en manos especuladoras. Asimismo, haber dejado fuera de la Ley de Vivienda de 2019 (LAU 2019) los alquileres de temporada o por habitaciones permite que esas mismas manos rentabilicen salvajemente hasta el último metro cuadrado.
Otro ejemplo claro es el traspaso de las 40.000 viviendas de la SAREB a Casa 47, la nueva empresa pública estatal que ha sustituido a SEPES. Un modelo que pretende ofrecer vivienda asequible pero que excluye a personas con rentas inferiores a dos veces el IPREM, distribuye los pisos mediante sorteo y externaliza su gestión a servicers y fondos de inversión. Además, durante este traspaso continúan los desahucios y el acoso inmobiliario, en lugar de regularizar la situación de las familias que ya viven allí, tal como exige el movimiento por la vivienda.
Ahora el Ejecutivo comunica con orgullo la aprobación del decreto Maricarmen, pero la realidad es que es únicamente fruto de la presión popular. Un decreto que ha dividido en dos, separando del resto de medidas los contratos de alquiler indefinidos, para garantizar que el PNV y Junts lo tumben, una maniobra que ya utilizó el PSOE de Felipe González en 1985 con el Decreto Boyer. El decreto recoge la mayoría de las demandas con diversas medidas. En materia asistencial, frena los desahucios a personas vulnerables hasta 2030, aunque esta medida ya estaba incluida en la moratoria tumbada a principios de este 2026. Además, pasa a regular bajo la LAU de 2019 el alquiler por habitaciones y el temporal, tapando un agujero legislativo que nunca debería haber existido. Para atacar la especulación, prohíbe hasta 2028 que los fondos de inversión compren pisos por un precio inferior al 70 % de su precio de mercado; esta medida va en la dirección correcta, pero se queda muy corta: nosotras pedimos la prohibición total de la venta de pisos a cualquier precio por parte de fondos de inversión. Asimismo, impide a los grandes tenedores subir el precio si la renta ya está por encima del tope de referencia, aunque los topes se hayan estabilizado en valores vergonzosos a precio de mercado. En esta línea, ofrece bonificaciones de hasta el 100 % del IRPF a los rentistas para que no suban o reduzcan un 5 % los precios de los alquileres. ¿No es esto una indemnización? ¿No es esto legitimar la extracción de beneficios a costa del derecho a la vivienda?
Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos frontalmente contra estas medidas neoliberales y temporales. Es una vergüenza tener que sufragar con recursos públicos a un grupo de parásitos del sistema y continuar permitiendo que la vivienda sea una mercancía más sujeta a las dinámicas capitalistas. El PSOE legisla para gestionar las migajas que quedan del parque de vivienda acumulado en manos privadas. Intenta imponer una falsa paz social, dando paliativos a la clase trabajadora y contentando al gran capital inmobiliario. Pero la realidad es que es una situación insostenible: la vivienda nunca será un derecho garantizado mientras exista el rentismo y se permita que sea un bien de mercado.
El Gobierno sabe esto, pero no aborda el problema, y no les convenceremos con buenas palabras ni acuerdos parlamentarios. Debemos obligarles a través de la movilización popular y con una de las herramientas más potentes de la clase trabajadora: la huelga general. La plataforma «Ens costa la vida» ya realizó una encuesta en todo el territorio catalán y encontró una mayoría de la clase trabajadora dispuesta a ir a la huelga por la vivienda. Y si la huelga general no es una realidad hoy en día, es por la connivencia de sindicatos como CCOO o UGT, que llevan años diciendo «todavía no». Para avanzar en la preparación de la huelga general es urgente organizarse en los barrios y en los centros de trabajo y de estudio; necesitamos la confluencia de movimientos sociales, sindicalismo de base y sindicatos de inquilinas, que exijan a la burocracia sindical de CCOO y UGT romper la paz social con los especuladores y fondos de inversión, y que se sumen al clamor popular contra los desahucios y por un parque de vivienda pública.
Desde Lucha Internacionalista nos posicionamos junto al movimiento por la vivienda, exigiendo la paralización inmediata de los desahucios, el cierre de los pisos turísticos, la intervención de los precios del alquiler para que no superen el 20 % de los salarios, la expropiación sin indemnización económica de grandes propietarios, fondos buitre y bancos, y un parque de vivienda pública de alquiler social bajo gestión 100 % pública.
La lucha por el derecho universal a la vivienda forma parte de la lucha contra el sistema capitalista, y comienza uniendo a todos los sectores laborales y avanzando hacia la huelga general.