Camila Urquiza

El gobierno de Javier Milei avanza contra la ciencia pública y persigue a quienes investigan las consecuencias del modelo agroindustrial. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma con más de veinte años de trayectoria, que participó en una investigación internacional sobre la presencia de agrotóxicos en el ambiente y en el cuerpo humano. La medida generó un fuerte repudio entre científicos y organizaciones ambientales.

Aparicio coordinó en Argentina el proyecto internacional Sprint, financiado por la Unión Europea, que estudió la exposición a plaguicidas en diferentes países. Durante 2021, el equipo tomó muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense. Los resultados fueron alarmantes. El 84% de las personas estudiadas tenía glifosato en la orina. También se detectaron múltiples plaguicidas en las muestras analizadas.

En 2023, el INTA decidió retirar a Argentina del proyecto y abrió una investigación administrativa contra Aparicio. El organismo la acusó de incumplimientos relacionados con procedimientos institucionales, manejo de información y participación de colaboradores. Su defensa rechazó las imputaciones y denunció que la sanción era desproporcionada.

El 26 de octubre, el Consejo Directivo del INTA formalizó su exoneración mediante la Resolución 366. La medida implica su expulsión del organismo y, si queda firme, le impide volver a trabajar en la administración pública durante cinco años.

Su abogado, Mario Bolla, calificó la decisión como “un disparate” y anunció que buscará revertirla. La investigadora también denunció el carácter disciplinador de la sanción. “Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren”, afirmó.

La persecución contra Aparicio constituye un grave ataque a la investigación científica independiente. Sus trabajos aportaron información sobre la exposición de trabajadores rurales y poblaciones a sustancias utilizadas por el agronegocio. En lugar de profundizar estos estudios y proteger la salud de la población, las autoridades del INTA decidieron expulsar a una de sus investigadoras.

Este caso se inscribe en el ajuste que Milei aplica sobre el sistema científico y tecnológico, con recortes presupuestarios, pérdida de puestos de trabajo y ataques a los organismos públicos. También pone de manifiesto los intereses económicos que atraviesan el debate sobre los agrotóxicos y sus consecuencias sanitarias y ambientales.

Desde Izquierda Socialista repudiamos la exoneración de Virginia Aparicio y exigimos que se deje sin efecto la sanción. Defendemos la investigación científica independiente, el financiamiento estatal de la ciencia y el derecho a conocer los efectos de los agrotóxicos. Basta de persecución a quienes investigan y defienden la salud pública.