Foto de portada: El ministro Caputo anunciando el programa financiero al servicio de garantizar los pagos de deuda externa

Escribe José Castillo

El gobierno de La Libertad Avanza presentó un “programa financiero” que cubre lo que resta del 2026 y todo el 2027. Explícitamente, su único objetivo es garantizar a los pulpos acreedores y al FMI que van a cobrar puntualmente. Obviamente, todo a costa de más hambre, miseria y marginación para el pueblo trabajador. La única propuesta alternativa, que comienza por no pagar la deuda, es la que plantea el Frente de Izquierda Unidad.

Sin disimulo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el pasado lunes 6 su programa financiero bajo el manto de un “blindaje electoral” para el año que viene. No hubo una sola palabra sobre mejorar los salarios y las jubilaciones, o al menos aliviar la dramática situación de los millones de endeudados de los sectores populares. Por el contrario, el ministro se explayó dando todo tipo de garantías a los pulpos acreedores y a los especuladores internacionales de que la Argentina “cumplirá” todos sus compromisos de deuda.

El programa financiero anunciado por el gobierno contempla líneas de financiamiento de organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial y BID), el lanzamiento de bonos locales y la compra de dólares al Banco Central. Se espera que un pool de bancos internacionales aporte 4 mil millones de dólares, que recuperarán con jugosos intereses incluidos, y se lanzarán nuevos bonos de deuda en el mercado local. Con esto se quiere esconder que se trata de un mayor endeudamiento. A eso se suma el ingreso de alrededor de 2.300 millones de dólares en concepto de privatizaciones. En síntesis, pagar deuda con nueva deuda y vendiendo empresas públicas.

Con esto, el gobierno busca cubrirse de una eventual corrida cambiaria cercana a las elecciones. Incluso abre el paraguas ante la posibilidad de que una derrota de Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre le cierre la posibilidad de un nuevo “salvataje” yanqui, como el que sucedió en octubre pasado.

Para “bendecir” esta ingeniería financiera, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina en los próximos días.

¿Qué hay detrás de este plan?

El gobierno se jacta de que este año se batirán récords de exportaciones, superando los 100 mil millones de dólares. También agita que ya existe un monto similar de proyectos comprometidos por el RIGI, más allá de que los dólares reales en proyectos de esa naturaleza, todos vinculados al saqueo mediante el gas, el petróleo y la megaminería, no llegan ni al 10% de ese monto. Además, anunció que desde enero viene recomponiendo las reservas del Banco Central.

Pero nada de eso puede ocultar que las divisas, así como entran, se van. Más aún, no alcanzan cuando sumamos los infinitos pagos de deuda externa, que superarán los 15 mil millones este año y se acercan a los 30 mil millones al agregar todo lo pendiente hasta fines de 2027. Mucho menos si a eso le sumamos la fuga de divisas, que avanza a un ritmo de más de 2 mil millones de dólares por mes.

También está la fiesta de importaciones, producto de la apertura indiscriminada de la economía, que está reventando la industria local y generando el cierre de miles de empresas, con su tendal de desocupados.

¿Cuál es la salida?

La deuda externa es ilegal, inmoral, ilegítima, fraudulenta y, además, impagable. Miles y miles de millones de dólares se van por un barril sin fondo, acumulando pagos de intereses, mientras el capital de la deuda se sigue incrementando como una bola de nieve.

El peronismo, en todas sus vertientes, garantiza que, de la forma que sea, cumplirá con los pagos de esa deuda. Su “programa alternativo”, si es que puede llamarse así, es desconocido en su contenido y contendrá, como mucho, una nueva “renegociación”, como la que ya vimos durante el gobierno de Alberto Fernández.

Un dato no menor es que, justamente en estas semanas, estamos pagando cuotas de esa refinanciación por un monto de nada menos que 4.300 millones de dólares. Recordemos que fue producto de la refinanciación de la deuda realizada por el entonces ministro Martín Guzmán, que la presentó como exitosa, más el nuevo acuerdo de Alberto, Cristina y Massa con el FMI en marzo de 2022. Esto terminó sometiendo al pueblo trabajador a un feroz ajuste y fue uno de los motivos por los que hoy tenemos en el gobierno a la ultraderecha de Milei.

Por eso insistimos en que el único programa alternativo que existe es el que postulamos desde el Frente de Izquierda Unidad. Un programa que comienza por suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa y romper con el FMI, como primer paso para recuperar nuestra independencia.

Continúa con la nacionalización de la banca para poner todo el ahorro nacional al servicio de las necesidades populares. Exactamente al revés de lo que plantea el gobierno, que ahora dice que reformará la Carta Orgánica del Banco Central para hacerlo aún más funcional a los grandes negociados financieros y al ajuste.

El programa sigue con la nacionalización del comercio exterior, incluidos los puertos y la Hidrovía del Paraná, mientras Milei profundiza la entrega a las transnacionales de la agroexportación.

El Frente de Izquierda también plantea la reestatización de las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios, mientras el gobierno de La Libertad Avanza avanza en el sentido contrario y vende las empresas públicas que quedan para utilizar esos dólares al servicio del pago de los vencimientos de deuda. Nosotros, en cambio, decimos que el gas, el petróleo y toda la riqueza del subsuelo deben ser reestatizados y puestos al servicio del desarrollo de nuestro país.

El programa del FITU también plantea cobrarles fuertes impuestos a las grandes fortunas y a las superganancias, en las antípodas del RIGI y el Super RIGI, que deben ser derogados.

La izquierda y el pueblo trabajador pueden y deben gobernar. Porque comenzarían tomando todos esos recursos para destinarlos a resolver las necesidades populares más urgentes, como salarios y jubilaciones dignos, empleo genuino para todas y todos, salud, educación y vivienda.