Escribe Pablo Almeida, delegado general ministerio de Economía

El gobierno de Javier Milei viene haciendo del maltrato a las y los trabajadores en general y del Estado en particular una de sus principales banderas. Desde el 10 de diciembre a esta parte ha realizado cerca de veinte mil despidos en distintas dependencias del Estado. Las extendidas modalidades de contratación precarias que dejaron los anteriores gobiernos son el terreno fértil para la discrecionalidad del accionar de la motosierra.

La otra característica del ajuste de puestos de trabajo ejercido por el gobierno ultraderechista de Milei es la tremenda crueldad y el intento permanente de infundir incertidumbre y temor entre las y los trabajadores. Por eso el vocero presidencial Manuel Adorni ha festejado los despidos como si fueran enormes logros y se ha establecido que todos los contratos se renueven trimestralmente cuando la modalidad existente hace décadas daba cuenta de renovaciones anuales.

En este marco, el pasado lunes 1° de julio se vivió otro capítulo del brutal ajuste sobre nuestros puestos de trabajo con más de 2.500 despidos en diversas áreas del Estado nacional. Esta nueva oleada de despidos se sintió con mucha fuerza en el INTI donde hubo una fuerte represión en dos oportunidades, en el prestigioso Hospital Posadas, en el ex ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y en la Subsecretaría de Derechos Humanos.  

Milei y su gabinete ultra derechista lejos de hacer más “eficiente” al Estado como pregonan, llevan adelante un plan  que busca quitar la presencia del Estado en áreas tan importantes como la verificación técnica y los controles que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realiza sobre distintos elementos que utilizamos a diario (balanzas, surtidores de combustibles, juguetes, pinturas y un larguísimo etcétera). Quita el acceso a la salud de importantísimos sectores de la población quitando la capacidad operativa de áreas enteras en un Hospital de excelencia como el Posadas. También intenta eliminar el acceso a derechos básicos (que ya era absolutamente insuficiente) de mujeres y disidencias desmantelando el ex ministerio de Mujeres. Busca asimismo borrar el derecho de las nuevas generaciones de tener acceso a los sitios de la memoria para  que ningún joven sepa qué  fue y qué representó el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar en nuestro país.

En este marco de ataque, con un presidente ultraderechista que dice que ama ser “el topo que va a destruir al Estado desde adentro”, necesitamos en forma urgente un plan de lucha unificado de todas y todos los estatales del país para comenzar a revertir los despidos.  Desde Estatales en Marcha e Izquierda Socialista volvemos a reclamar los espacios democráticos en nuestra ATE como  plenarios de delegados y delegadas con mandatos de base que puedan discutir los pasos a seguir hasta derrotar este brutal ajuste y conseguir la reincorporación de todas y todos los despedidos.