Se conoció la inflación de abril, 4,1 por ciento. Acumulado, 2021 ya lleva 17,6 por ciento. Lo peor es que los productos de la canasta familiar siguen aumentando mucho más. Mientras la inflación anual se encamina a estar cerca de 50%, los acuerdos salariales no pasan de 35%, y en cómodas cuotas.

Escribe José Castillo

Se veía venir. A pesar de todos los discursos del gobierno de que la inflación “se estaba desacelerando”, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec volvió a cantar arriba de 4 por ciento. En apenas cuatro meses ya se comió dos tercios de la inflación proyectada en el presupuesto votado el año pasado, de 29 por ciento.
Con estos datos, los salarios llevan perdido en un año un promedio de 10% de su capacidad de compra, que se suma a lo que ya se había deteriorado en los tres años previos, generando una reducción del poder adquisitivo superior a 30 por ciento.
Por eso no resulta extraño que la continuidad de la pulverización de sueldos y jubilaciones, sumado a los que han sido despedidos o han perdido todos sus ingresos, nos dé la terrible cifra de 42% de pobreza, con casi 63% de niñas, niños y adolescentes en esa situación.  

¿Por qué suben los precios?

La primera parte de la respuesta a esta pregunta es obvia, por los abusos de las patronales de alimentos, productos de limpieza, tocador y medicamentos, todos grandes grupos monopólicos que concentran en dos o tres firmas cada rubro y hoy están subiendo los precios dos o tres veces por mes. Sumándole a esto la también muy fuerte concentración en las cadenas de distribución, centradas en unos pocos hipermercados y supermercados.
El gobierno, más allá de su discurso, hace la vista gorda. “Precios cuidados” y “precios máximos” son violados con mil y una trampas, los productos desaparecen de las góndolas, son reemplazados por otros “que no están en la lista”, simplemente cambiándoles la etiqueta y sumándole o restándole 10 gramos, etcétera. El gobierno del Frente de Todos es cómplice de estas maniobras, incluso termina premiando a las empresas “deslistando” (léase retirando del listado de precios máximos) cada día más productos para reemplazarlos por una supuesta lista de ciento veinte productos que estarían congelados hasta octubre.
Pero también es cómplice del incremento de precios con la suba de los productos que están bajo su control. Así, desde agosto pasado, YPF subió los combustibles por encima del promedio de la inflación e incluso mucho más de lo que se incrementó el dólar, dando la señal para que dicho incremento sea seguido por el de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo.

¿Cuál es la solución?

Muy lejos ya quedó la retórica de Alberto Fernández de que su gobierno venía a “ponerle plata en el bolsillo a la gente” o a “garantizar la heladera llena”. Un dato vergonzoso basta para muestra, el salario mínimo, vital y móvil llegará a 29.160 pesos recién en febrero de 2022, apenas por encima de la canasta básica alimentaria que marca el límite de indigencia, que hoy ya está en 25.85 pesos.
Incluso se tornó falso el planteo de que este 2021 se recuperaría, aunque sea un poco, el salario real, con una inflación calculada en 29% y acuerdos paritarios en 35 por ciento. La burocracia sindical, aliada al gobierno, cerró las negociaciones con estos porcentajes, más aún, en cómodas cuotas, o sea que muchos gremios recién los alcanzarán en febrero o marzo del año próximo. Pero mientras tanto, como hemos visto, el famoso 29% quedó transformado en un dibujo, ya que terminaremos el año con una inflación cercana a 50 por ciento.

Es urgente, entonces, revertir esta situación. Se impone luchar por un conjunto de medidas básicas

Primero y principal, recuperar el salario. Es necesario un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar que, de acuerdo con los cálculos de la junta interna de ATE-Indec, asciende a 93.000 pesos. Y, a partir de allí, reabrir inmediatamente todas las paritarias, con incrementos mensuales según el aumento real del costo de vida. También se debe aumentar el haber mínimo jubilatorio hasta cubrir al menos la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos. Y, desde ahí, aplicar el 82% móvil. Del mismo modo, hay que otorgar un IFE de emergencia de 40.000 pesos para todo el que lo necesite.

Al mismo tiempo, hay que terminar de verdad con los abusos de las empresas monopólicas fijando precios máximos para todos los productos de la canasta familiar, sin excepción, y, sobre todo, con reales sanciones para los que no los cumplan, tal como lo establece la Ley de Abastecimiento, que incluye multas, clausuras, decomiso de mercadería y hasta la expropiación.