Escribe Claudio Funes

Con la excusa de  luchar contra el Covid-19, el gobernador  peronista de Formosa Gildo Insfrán viene  utilizando  métodos  autoritarios y sometiendo al pueblo trabajador y a los sectores populares  a  tratos degradantes  e inhumanos.

Los hechos son concretos y verificables: se ha trasladado por la fuerza a centenares de personas a los  Centros de Atención Sanitaria (CAS), creados por el gobernador. Ahí se hacinan abarrotadas personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso sin tener coronavirus (aduciendo contacto estrecho con contagiados),  obligandolas a permanecer internadas en sitios sin las mínimas condiciones de salubridad, y siendo sometidas a una larga cuarentena, en mucho casos mayor a la recomendada por las instituciones sanitarias, bajo estricta vigilancia policial.

Los casos se multiplican. Una mujer denunció haber perdido el embarazo por el internamiento. Otros denuncian que han estado confinados casi un mes, pese a que la cuarentena establecida es de catorce días y haber dado tres veces seguidas negativo en las PCR. Muchos denuncian que se los ha ido a buscar por la policía en medio de la noche, y fueron trasladados cual si fueran virtualmente “secuestrados” por las fuerzas de seguridad.

El gobierno peronista de Insfran aduce que lo que está haciendo es imponer el aislamiento a todos los que hayan estado en contacto con un infectado. Y que estos pueden hacerlo en hoteles vigilados, pagando cada uno de su bolsillo. Pero la realidad es que el pueblo formoseño es  muy pobre, por lo que la mayoría termina en un CAS, donde quedan hacinados, con falta de higiene y malos tratos.

Estas manifestaciones autoritarias del gobernador no son novedad, tienen una historia de veinticinco años. La máxima expresión es la política represiva y persecutoria contra las comunidades indígenas de la provincia que siempre tuvieron como objetivo último garantizar los negocios que implican la deforestación y la tala para el monocultivo de soja, los agrocombustibles y la extensión de la frontera petrolera. Este modelo se inició con el menemismo y se profundizó con el kirchnerismo. Por eso, pasan los años y los gobiernos (todos peronistas), mientras la provincia de Formosa continúa siendo una de las más pobres del país.

Por las denuncias de los métodos utilizados por Insfrán  para combatir la pandemia ya intervienen Human Rights Wach y Amnesty International. Hasta el vespertino francés Le Monde publicó un artículo donde lo critica duramente. El escándalo alcanzó magnitud internacional: las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Formosa alcanzaron status internacional.

¿Y el secretario de derechos humanos?

Ante esta situación el gobierno de Alberto Fernández envió a Formosa al secretario de Derechos humanos Horacio Pietragalla. Este comenzó banalizando los hechos, diciendo que no se produjeron violaciones a los derechos humanos “porque en la provincia no había, como en la dictadura, centros clandestinos de detención”. Finalmente, ante el repudio a sus declaraciones, se limitó a finalizar su visita señalando que “pudimos constatar hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad”. Y dio todo el apoyo al gobernador Insfran y sus métodos de “luchar contra la pandemia”. ¡El gobierno que vive hablando  de los derechos humanos apoya las barbaridades actuales de  Gildo Insfrán y sus nefastos antecedentes!

Fue recién ante el creciente repudio popular y el papelón mundial, que el gobernador se vio obligado a flexibilizar su régimen sanitario y habilitar a hacer cuarentena en el propio domicilio. 

Cambiemos no tiene autoridad para denunciar nada

De toda esta situación se viene aprovechando la oposición patronal de Juntos por el Cambio, que busca llevar agua para su molino de cara a las elecciones, denunciando demagógicamente a Insfrán.   

No tienen autoridad moral ni política para hacerlo. Recordemos que durante el gobierno de Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad desapareció Santiago Maldonado, asesinaron a Rafael Nahuel y la gendarmería reprimió todo tipo de protestas obreras y populares.

Hoy, Gerarado Morales, gobernador de Jujuy y Rodolfo Suárez, de Mendoza, ambos radicales, son grandes ajustadores y represores en sus respectivos distritos. Ni el PRO ni la UCR tienen autoridad  para hablar de derechos humanos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras: repudiamos el autoritarismo y la brutalidad del gobernador Gildo Insfrán. Y denunciamos el apoyo que le brindan Alberto Fernández y Cristina y el doble discurso de un gobierno que se titula “de los derechos humanos”.

La conclusión, una vez más, es que los gobiernos patronales, sean nacionales o provinciales, de todo signo político, están al servicio de la ganancia capitalista, por ello cotidianamente violan todo tipo de derechos mientras hacen crecer la miseria entre el pueblo trabajador y los sectores populares. Una vez más, sólo la izquierda es consecuente defensora de los derechos humanos.