Escribe Mercedes Trimarchi, diputada (mc) bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad
Luego de la reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) comenzaron a practicarse por primera vez en la historia de nuestro país los abortos voluntarios legales. Con emoción pudimos ver las primeras recetas de misoprostol autorizadas para las IVEs y por fin algo que anhelábamos: que la decisión de quienes deciden abortar sea garantizada por el Estado. Pero también aparecieron las primeras reacciones de los antiderechos, como la medida cautelar en Chaco y presentaciones similares en otras provincias. Desde Isadora, repudiamos estas maniobras de los sectores eclesiásticos y conservadores e invitamos al conjunto de las mujeres a seguir movilizadas para que la ley conquistada con la lucha se convierta en un derecho para todes.
La ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, debe ser aplicada en todo el territorio argentino. Por lo tanto, una vez sancionada la ley y reglamentada, todas las provincias tienen la obligación de implementarla. Sin embargo, en la provincia de Chaco gobernada por el peronista y “celeste” Capitanich no es así y quienes decidan interrumpir sus embarazos no podrán hacerlo (por el momento) en ese territorio, debido a una medida cautelar dictada por la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial N°19 de la ciudad de Resistencia.
La jueza chaqueña, cercana al Arzobispado de Resistencia, concedió el pedido que seis reconocidos activistas locales anti ESI, anti perspectiva de género, anti derechos de la diversidad y anti derecho al aborto y así, ordenó “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la ley en la provincia. Similar presentación hizo en la provincia de Entre Ríos, la abogada Miriam Müller, presidenta del partido NOS, que a nivel nacional se referencia con el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión. Es decir que por todos los medios los antiderechos celestes buscan que la ley conquistada tras años de lucha no se cumpla.
Iglesia y Estado: asuntos separados
Las iglesias, además de impulsar este tipo de acciones judiciales también están detrás de la objeción de conciencia individual e institucional. Por eso, desde Isadora e izquierda Socialista, ya alertábamos en diciembre del año pasado que la objeción de conciencia del proyecto del ejecutivo era la puerta de entrada para que no se garantice el derecho al aborto. Por ejemplo en la provincia de Córdoba, el Hospital Privado de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola hicieron una publicación conjunta en la que saludaban a la objeción de conciencia institucional. Un verdadero escándalo no solo porque las instituciones no tienen “conciencia” sino porque además, buscan poner trabas y amedrentar a quienes decidan abortar.
Lejos de bajar el pañuelo verde de la Campaña por el derecho al aborto, debemos seguir peleando por la implementación efectiva de la ley de IVE y contra los objetores de conciencia que buscan impedir nuestros derechos conquistados con la lucha. Y junto al verde, levantaremos el pañuelo naranja de la separación de la iglesia del Estado porque las políticas públicas y los derechos conquistados no pueden estar a merced de lo que un grupo minoritario clerical y reaccionario opine sobre nuestros cuerpos, deseos y decisiones. Por eso, exigimos que el Estado deje de financiar a la iglesia católica como paso fundamental para terminar con los privilegios económicos que gozan los miembros de la curia y que son declarados enemigos de los derechos de las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binaries.
