Esta semana estará en la Argentina una nueva misión del FMI. Viene a continuar las negociaciones para implementar el plan de ajuste con que se pretende que nuestro país le pague la deuda. Deuda que, recordemos, fue tomada durante el gobierno de Macri y utilizada en su totalidad para la fuga de capitales. El presidente Alberto Fernández ha dicho que, en el pacto con el organismo, se juega un “segundo tiempo” del partido que empezó con el acuerdo con los bonistas privados cerrado en agosto. El gobierno peronista del Frente de Todos, de esta forma, confirma lo que venimos diciendo desde que asumió, que su objetivo central es cumplir con los acreedores internacionales y el FMI.
Habrá compañeros de trabajo, de estudio o vecinos que se pregunten si, luego de estas dos negociaciones, no comenzará realmente el “paquete de medidas” a favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Lamentablemente no será así. De hecho, el acuerdo con el Fondo comenzó cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó hace un par de semanas un presupuesto que contenía un fortísimo ajuste, el mayor desde 2002, en línea con las exigencias del organismo. Que, como en todos los temas vinculados al ajuste y a los pagos de la deuda, tendrá el pleno acuerdo de la oposición patronal de Juntos por el Cambio.
Toda la política económica del gobierno nacional está alineada entonces a “conseguir los dólares”, en última instancia para cumplir con los buitres de la deuda. Y que eso se debe hacer a costa del pueblo trabajador. Por eso la semana pasada Alberto Fernández bajó las retenciones (impuestos a la exportación) pactando con los monopolios agroexportadores, las mineras y las multinacionales automotrices. ¡La misma semana en que se conocieron los datos récord de pobreza!
Para bendecir todo esto fue convocada, este lunes, una reunión de lo que pomposamente se denomina “acuerdo social”. Allí estuvieron presentes los burócratas de la CGT, de las CTA y de la CTEP, junto con los banqueros de Adeba, la Unión Industrial Argentina (presidida por uno de los líderes de Aceitera General Deheza, Miguel de Acevedo, justamente uno de los beneficiados por la baja de retenciones), la Cámara de la Construcción y el Consejo Agroindustrial. ¿Para qué fue la reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales se sentaron a esa mesa para exigir aumentos de salarios o que se terminen los despidos? Nada de eso. El encuentro lo abrió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien le pidió a los presentes que hagan público su respaldo al gobierno en la negociación con el Fondo. Ni lerdos ni perezosos, así cumplieron los presentes. Esteban “Gringo” Castro, de la CTEP, informó que “manifestamos nuestro apoyo en las negociaciones que se inician con el FMI”, lo que fue acompañado por Roberto Baradel (CTA), que concurrió a la reunión junto con Hugo Yasky, que sostuvo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que “nos parece fundamental que se siga negociando como hasta ahora para que el pago de la deuda no se vincule a un programa de ajuste” (Página/12, 6/10).
Todo esto sucede mientras siguen las dos pandemias, la sanitaria del Covid-19 y la social. Con respecto al coronavirus, mientras nuestro país continúa subiendo en la tabla mundial de posiciones de contagiados y fallecidos, los gobiernos peronistas nacional y de la provincia de Buenos Aires y el porteño de Cambiemos se dedican a pelearse por los números, acusándose mutuamente de “esconder” contagiados. Pero no hacen nada para incrementar la infraestructura ni la cantidad del personal de salud que debe salir a enfrentar la pandemia. Por el contrario, todas las medidas van en la dirección de abrir más actividades, sometiendo más trabajadores al riesgo del contagio. Después de más de seis meses de cuarentena, la política del gobierno de Fernández conduce a la resignación de que “tenemos que convivir con el virus”.
La pandemia social, por su parte, muestra su imagen más clara y dramática en la toma de Guernica. Miles de familias siguen esperando una solución a su problema acuciante de tener un lugar donde vivir. Y del lado del gobierno solo reciben promesas, maniobras para dividirlas y confundirlas, mientras lo único que sigue firme es la amenaza del desalojo por la fuerza que, si todavía no ha sucedido y se pospuso ya en dos ocasiones, fue exclusivamente por la organización y la firmeza de los ocupantes y por la solidaridad que ha rodeado a la toma. Conscientes de esto, desde Izquierda Socialista ya nos hemos hecho presentes con nuestros militantes y dirigentes, como los diputados nacionales electos Juan Carlos “Gringo” Giordano y Mónica Schlotthauer, para brindar toda nuestra solidaridad. Esta semana volveremos a hacerlo, así como participaremos de la marcha que se realizará el jueves a la mañana a La Plata, y a la tarde de Congreso a Plaza de Mayo con la consigna “Ni desalojo ni represión en Guernica y todas las tomas. Tierra para vivir”. El próximo domingo volveremos a Guernica para llevar las donaciones que estamos recolectando.
La otra expresión de la pandemia social es la pulverización de los salarios y las jubilaciones, que no solo nunca recuperaron lo que se perdió durante el gobierno de Macri, sino que ahora están cayendo más aún producto de la inflación en curso. Por eso, la semana pasada salieron y marcharon los trabajadores de enfermería, esta semana hubo paro y movilización de los estatales de ATE, así como de los docentes universitarios. Sigue la pelea de los trabajadores de la UTA y de los empleados de call centers de Córdoba. Luchas todas que tenemos que apoyar y plantear su coordinación, como venimos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, exigiendo aumentos de emergencia y la apertura inmediata de todas las paritarias.
Frente a un gobierno que nos quiere hacer creer que el “único camino” es someterse a los dictados del FMI y que, con otro nombre y doble discurso, nos lleva a un ajuste aún mayor que el actual, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que la salida es oponerle un programa económico alternativo, obrero y popular. Que dé vuelta completamente las prioridades, que en vez de pagarle a los pulpos acreedores y al Fondo, o beneficiar a las patronales, cumpla con los trabajadores, los jubilados y los demás sectores populares. Para llevar esto adelante el primer paso es dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Juntamente con el cobro de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, como plantea el proyecto presentado por el FIT-Unidad. Se obtendrían así los recursos para resolver las más urgentes necesidades populares de salud, trabajo, salario, vivienda y educación.
