Escribe José Castillo

Esta semana arriba a la Argentina una nueva misión del FMI. Será la primera desde que gobierna Alberto Fernández. Y, dato de color, también la primera vez que el Fondo movilizará a sus funcionarios “en vivo” desde que se desató la pandemia del coronavirus. Hasta ahora todas las negociaciones y reuniones se venían realizando por vía virtual.

Los funcionarios del Fondo, el venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozak, contarán para sus tareas con las oficinas que, ya desde la época de Macri, les cedió el Banco Central, donde trabaja cotidianamente Trevor Alleyne, el jamaiquino representante del organismo en la Argentina. El trío tendrá como tarea producir un paper acerca de qué se exigirá al gobierno argentino, que será elevado a su jefe en el FMI, el director del Departamento Occidental, el mexicano Alejandro Werner. Recién después de todo este circuito por el staff “técnico” del Fondo, entrarán en juego las autoridades políticas, encabezadas por la búlgara, directora general, Kristalina Georgieva y, lo más importante de todo, por el directorio ejecutivo, donde los países “votan” los distintos planes de ajuste. Allí, los Estados Unidos tienen un peso decisivo y, junto con el resto de los países imperialistas, mayoría absoluta. Ellos serán los que, al final, decidirán qué se hace con la economía argentina.

“Medir” el ajuste

El gobierno de Fernández llamó al Fondo para renegociar los vencimientos de 44.000 millones de dólares (49.000 con los intereses), correspondientes al préstamo que se le otorgó a Macri en 2018 y 2019, y que el gobierno de Cambiemos utilizó para fugar capitales y favorecer a sus amigos especuladores. Dichos vencimientos constituyen una montaña impagable de dólares en 2021, 2022 y 2023, por lo que el Frente de Todos apuesta a correr esos vencimientos hacia 2024 y los años sucesivos.

El FMI sabe que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de cumplir con esos pagos. Por eso ha comenzado esta renegociación. Con las reglas del Fondo no habrá ningún tipo de quita y, a cambio del nuevo acuerdo, se tendrá que llevar adelante un feroz plan de ajuste a fin de garantizar que el organismo efectivamente cobre. Parte de esto ya comenzó a negociarse con los mismos tecnócratas del FMI por vía virtual, así fue cuando el ministro Guzmán presentó las planillas del proyecto de presupuesto 2021 en el Congreso, donde plantea reducir el déficit fiscal desde el 8% o 9% actual hasta 4,5% del PBI. Estamos hablando de un recorte de 1,6 billones de pesos, el más grande desde 2002.

¿Hasta dónde exactamente se puede tirar de la cuerda con el ajuste? ¿Se podrá incorporar también la exigencia de avanzar ya con una reforma laboral y otra previsional? ¿O habrá que dejar eso para un par de años más adelante? Eso es exactamente lo que vienen a medir los funcionarios del Fondo.

Por eso no puede dejarse pasar la reunión que el lunes tuvieron los burócratas de la CGT, las CTA y la CTEP con las patronales y el gobierno. Allí, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo claramente que el motivo del encuentro era que los presentes apoyaran la negociación con el FMI, cosa que todos se encargaron de reafirmar en sus declaraciones posteriores. El mensaje al Fondo es claro, no deben preocuparse, el gobierno tiene “alineada a la tropa” para hacer pasar el ajuste. Así lo ratificó la CGT, que cínicamente sostuvo que le pedirá al FMI una postura “flexible para la renegociación de la deuda, que permita a la Argentina implementar políticas de reactivación laboral y productiva del país”.

Tal como se hizo hace un par de meses, cuando se firmó el acuerdo con los bonistas, el gobierno de Fernández dice que negociar con el FMI es el paso que sigue, “antes” de que se ponga en marcha un programa para reactivar la economía. Mentira. Este camino nos lleva a más ajuste, hambre, miseria, desocupación, salarios y jubilaciones por el piso. 

La única salida es justamente la opuesta, tal como venimos planteando desde el Frente de Izquierda Unidad. Dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner en marcha un programa económico alternativo, obrero y popular, que ponga todos los recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.