Escribe Olga Ortigoza, directiva Suteba La Matanza

El 11 de septiembre, a la noche, la policía de Kicillof-Berni desalojó violentamente a trescientas familias en el barrio Los Pilares, de Ciudad Evita.

El desalojo fue brutal, dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a niñes, mujeres y ancianos. Varios resultaron heridos y quince personas fueron detenidas.  

Con topadoras, tiraron abajo las humildes viviendas de chapa y cartón. Gran indignación generó también la quema de un comedor comunitario que estaba en el mismo terreno, que daba de comer a todas las familias del lugar, y al que le secuestraron los alimentos y las ollas, según denunciaron los vecinos.  

Repudiamos el violento desalojo de familias desesperadas que ocupan un pedazo de tierra porque no tienen otra alternativa para acceder a una vivienda, situación que se potenció con la pandemia del Covid-19 y el grave momento económico, ya que muchas familias no pueden seguir pagando el alquiler. Hacemos responsable al gobernador Kicillof y también al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El peronismo gobierna el municipio hace casi cuarenta años. Con el aumento de la pobreza se acrecentó el problema de la vivienda. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 1.300.000 personas que no tienen acceso a ella, de las cuales 220.000 están en La Matanza, donde además hay 854 villas miseria y asentamientos.

Exigimos al gobierno un plan de emergencia habitacional y un programa de viviendas populares que se realice sobre la base del no pago de la deuda y un verdadero impuesto a las riquezas, como lo plantea el FIT Unidad.