Escribe José Castillo
Entre el gobierno nacional de Macri, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, las empresas que operan en Vaca Muerta, los gremios de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducidos por Guillermo Pereyra, y el del Personal Jerárquico que dirige Manuel Arévalo, acaban de acordar el “segundo convenio” de Vaca Muerta, declarándola “política de Estado”, restringiendo hasta el extremo el derecho de huelga en el sector.
Esto se suma al primer convenio firmado por los mismos actores en enero de 2017 que barrió con conquistas históricas de los trabajadores del petróleo. Se eliminaban las horas extras, se dejaban de cobrar los tiempos de traslado a los pozos, se achicaban las dotaciones mínimas por cada pozo y se incorporaba el trabajo nocturno de montaje y la posibilidad de trabajar con viento (ambas cosas prohibidas por razones de seguridad). Se trataba, en síntesis, de todo un modelo de flexibilización laboral y superexplotación.
No fue casualidad, entonces, que a partir de ese momento, tanto el gobierno de Cambiemos como el conjunto de las patronales mostraran el ejemplo del “convenio de Vaca Muerta” como el paradigma de flexibilización laboral a imponer a escala nacional.
Una vez más, el modelo laboral de Vaca Muerta será usado como globo de ensayo para generalizarlo a nivel nacional. Así un burócrata sindical vinculado al gremio nacional de los petroleros adelantó, preservando su anonimato: “Vaca Muerta es un recurso estratégico para la economía del país. Lo que firmó Pereyra, para que no haya paros, está bien y lo acompañamos”.
