Escribe José Castillo
Alberto Fernández ha sostenido durante la campaña que no cabe ningún tipo de “default” o “cesación de pagos” porque, a diferencia de 2001, esta deuda sería “legítima”, ya que fue contraída por un gobierno constitucional, el de Macri.
Vamos por partes. Evidentemente la deuda que se dejó de pagar producto del argentinazo de diciembre de 2001 era “heredera” de la creada por la dictadura militar. Era ilegal, ilegítima y fraudulenta, como bien demostró el juez Ballesteros en un fallo ejemplar en el año 2000.
Esa deuda “fraudulenta y dictatorial” fue pagada por los gobiernos de Néstor y Cristina, como bien reconoció la ex presidenta al decir que fueron “pagadores seriales”. 200.000 millones de dólares en efectivo salieron de las arcas del estado hacia las manos de los pulpos acreedores.
Pero resulta que, al finalizar el gobierno K en 2015, la deuda era de 240.000 millones de dólares. ¡Había aumentado, no disminuido! Efectivamente el gobierno de Macri tomó “nueva deuda” por otros 150.000 millones. Una parte importante se fugó y otra se usó para pagar los vencimientos de la deuda anterior.
En síntesis, la deuda macrista no es “de la democracia”. Como antes el kirchnerismo, y más atrás De la Rua, Menem y Alfonsín, todos tomaron nueva deuda para pagar los vencimientos de la anterior y así contribuyeron a la bola de nieve sin fin del endeudamiento. Decimos entonces, con todas las letras: la nueva deuda de Macri también es “hija y heredera” de la de la dictadura. Como toda la anterior, es ilegal, fraudulenta e impagable. Por eso también tenemos que repudiarla y dejar de pagarla.
