Gisela es trabajadora ferroviaria, madre de cuatro hijos y víctima de violencia de género. En 2016 comenzó con presentaciones judiciales y consiguió algunas restricciones perimetrales. Todo fue notificado a la patronal. Sin embargo, el 7 de febrero la empresa Trenes Argentinos la despidió “por faltadora”, desconociendo que Gisela tuvo ocho meses de licencia psiquiátrica, que debió tipificarse como violencia de género y que está en una situación de extrema vulnerabilidad.

Trenes Argentinos es una empresa estatal que incluso tiene un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres a cargo de Fabiana Tuñez. Está obligada, como toda empresa, y más aún por ser del Estado, a cumplir con la ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mujeres. En este caso, la empresa está cometiendo un delito al incumplir la norma, ejerciendo violencia institucional, laboral y económica al dejarla sin sustento.
Las trabajadoras del ferrocarril Sarmiento y desde la Casa que Abraza venimos exigiendo la implementación de la ley 26.485 para que se garanticen las capacitaciones y talleres contra la violencia de género, empezando por los jefes. Esa norma sostiene, entre otras cosas, que cuando se notifica un hecho de violencia de género se le deben dar a la víctima todas las herramientas que necesite para salir de esa situación. Denunciamos a la empresa y al gobierno como responsables de la desprotección en la que se encuentra Gisela y exigimos su inmediata reincorporación. Este 28 de febrero habrá un escrache en Castelar a las 15 y un ruidazo a las 17 en la estación de Once.