Por todo ello, el gobierno rechazó todo contacto con los integrantes de la Lof y criticó al juez por aceptar participar de una “mesa de diálogo” impulsada por el obispo de Bariloche, monseñor Juan José Chaparro, representantes de la APDH y en la que también está involucrado el dirigente social Juan Grabois.
En este marco, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que las fuerzas de seguridad “no van a aceptar ninguna orden ilegal y antijurídica” del juez Villanueva. A buen entendedor pocas palabras: la ministra dice que viene más represión y que ni el juez Villanueva ni nadie le va a poner límites a la acción de la Gendarmería y la Prefectura.
Cómo será la reacción provocada por el asesinato de Rafael Nahuel y la ofensiva represiva del gobierno que hasta el propio obispo Chaparro declaró: “No conozco la existencia de la RAM. Me parece que se está armando un enemigo […] En los barrios más pobres de Bariloche hay gente que vivía en un lugar y que luego se fue endeudando hasta que de repente no tenían más ese terreno […] y comenzaron a buscar otros lugares para vivir. Alguno de ellos, continuó, pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires […] Pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande”, afirmó.
Similares afirmaciones hizo Orlando Carriqueo, secretario de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, quien sostuvo que “nos vinculan con la RAM, con la ETA, con los kurdos […] nada de eso es cierto […] no conocemos a ningún integrante de la RAM. Tampoco es cierto que portamos armas ni de grueso ni de otro calibre” (Página 12, 28 de noviembre).
Está claro que el gobierno efectivamente “está armando un enemigo” para justificar su escalada represiva. Y que es necesaria la más amplia unidad para frenar este ataque.