Como se señala en el escrito, los procedimientos, además de arbitrarios, son ilegales y constituyen un ataque político. Denunciamos que se difama a las organizaciones del Frente de Izquierda al pretender imputarles la comisión de supuestos hechos delictivos, maniobra agravada por darse en el contexto de las elecciones legislativas nacionales. El allanamiento a la sede del Partido Obrero viola la ley 9572 de partidos políticos, donde se establece la “inviolabilidad de las sedes partidarias”.
Denunciamos que la ilegalidad y persecución sufrida responde a intereses del gobierno, en tanto se pretende atacar la lucha de los familiares de las víctimas de gatillo fácil que el lunes 28 de agosto se movilizaron en Córdoba y el país reclamando justicia. Los allanamientos se produjeron un día antes de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, buscando amedrentarnos, pero la respuesta fue contundente: 80000 cordobeses marchamos contra la impunidad. Con estos objetivos el fiscal Dalma actúa como operador político de Schiaretti y comete los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Como dijo nuestro legislador Ezequiel Peressini: “Luchar contra el ajuste y la represión no es un delito, sino un derecho que ni el fiscal Dalma ni el gobernador nos lo van a quitar. Allanar a los locales en busca de pruebas para adjudicarnos ‘delitos comunes’ es un mecanismo que repudiamos por ser un método de la dictadura. Esperamos que esta Legislatura que dice ser la casa de la democracia no garantice la impunidad del fiscal que persigue a nuestras agrupaciones políticas”.