En 2008 se la declaró crimen de lesa humanidad, es decir imprescriptible. Como testigo de su secuestro declaré varias veces ante el juez Oyarbide a quien reclamamos, junto a su hija y querellante, Andrea Robles, que se citara a los policías de la zona que fueron testigos oculares de su secuestro y no actuaron para impedirlo. Pasaron 38 años. El juez nos decía que era casi imposible pues estaban todos muertos. Sin embargo, pudimos leer la lista de policías de la comisaría de la zona que figuraba en el expediente y comprobamos que varios estaban vivos. Ante nuestra insistencia Oyarbide prometió convocarlos, cuestión que en 38 años no habían realizado. Al poco tiempo se jubiló. Nunca pudimos tener los registros de las comisarías para esa investigación.
La causa se cerró sin condenas ni presos. Son más de 1.500 los que fueron asesinados durante los gobiernos de Perón e Isabel por la Triple A. Esta organización paraestatal conformada por policías y asesinos a sueldo, enconmendada por Perón a López Rega, su secretario personal y ministro de Bienestar Social, para combatir a activistas sindicales y políticos.
Martínez Giorgi asumió en 2016 el Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 que dejó Oyarbide. Nunca se tomó el trabajo de volver a citarnos para dar respuesta a nuestro reclamo de apertura de los expedientes y, sin más, ordenó el archivo de la causa. Andrea apeló y la cámara ratificó la decisión del juez, consolidando la impunidad de estos crímenes. Continuaremos la lucha y la denuncia contra una Justicia que quiere continuar atacando a quienes defienden los derechos de los trabajadores de ayer y de hoy.