La causa avanzaba complicando cada vez más a Máximo Kirchner. La empresa Hotesur es una administradora de hoteles propiedad de los Kirchner. Lázaro Báez le “alquilaba” habitaciones en sus hoteles -en particular en el Alto Calafate- sin ocuparlas, a un costo de 5 millones de pesos por año, en una típica maniobra de lavado de dinero. Ahora la causa quedó a cargo del juez Rafecas cuyos fallos suelen beneficiar al gobierno.
No es la primera vez que el kirchnerismo logra apartar o aislar a quienes lo investigan. Ya sucedió antes con fiscales, jueces y hasta con el Procurador Righi, destituido de su cargo por no impedir un allanamiento a propiedades de Amado Boudou.
Por supuesto, el gobierno nacional y sus voceros no se hacen cargo de esta nueva avanzada, denuncian una operación por parte de Bonadío y vuelven a hablar de la “necesaria democratización de la justicia”. El gobierno hace campaña apoyándose en el odio que tiene la población sobre un Poder Judicial que goza de grandes privilegios y está alejado de las necesidades populares. Pero su objetivo lejos está de “democratizar la justicia”. Es tener cada vez más jueces afines que avalen sus políticas.
Nunca es destituido un juez que ordena la represión de una lucha obrera, o libera a funcionarios corruptos. Nosotros no ponemos las manos en el fuego por ningún juez. De hecho, opinamos que deben ser elegidos por el voto popular. Pero la realidad es que siempre son perseguidos los que investigan, luchan o acusan al gobierno K. Esto ocurre con cualquier luchador, trabajador, fiscal, juez o periodista quienes son tildados de golpistas o “gorilas”. Por eso llamamos a seguir enfrentando este modelo corrupto K y denunciamos estas manipulaciones autoritarias que a lo único que tienden es a seguir con la impunidad, tapando sus grandes negociados.