El informe detalla que el 45% de estas muertes fueron por “gatillo fácil” y el 39% sucedió por torturas y malos tratos en comisarías y otras dependencias policiales. La mitad de los asesinados tenía menos de 25 años. La distribución uniforme de casos a lo largo y ancho del país muestra que no se trata de hechos aislados ni de iniciativas individuales de los miembros de las fuerzas represivas. Es una política generalizada y amparada desde el poder político en todos sus órdenes: nacional, provincial y judicial. Contra esta política oponemos la más amplia unidad de acción para repudiar y esclarecer cada uno de estos casos, exigiendo se investiguen y sancionen a los responsables materiales y políticos.