Las condiciones mínimas para acceder a una concesión también se modifican. Antes se exigía una inversión mínima quinquenal de 1.000 millones de dólares. Ahora se reduce a apenas 250 millones. Los impuestos que pagarán las transnacionales también se reducen: se fija un máximo de regalías a cobrar por las provincias del 12% del petróleo extraído. Nuevamente a título comparativo: en Bolivia la regalía es del 82%. Se permite además exportar hasta el 20% del petróleo extraído sin pagar ningún tipo de retenciones (y si se trata de petróleo extraído “off shore” -en la cuenca marítima- esa exención se extiende hasta el 60%). Las empresas tampoco estarán obligadas a ingresar al país las divisas de esas exportaciones. Se llevarán los dólares y ni siquiera estarán obligados a reinvertirlos en el país.
Por si todo lo anterior fuera poco, no se incorpora ninguna legislación de control ecológico, ni siquiera los presupuestos mínimos de protección ambiental ante el fracking para la explotación de recursos no convencionales. La nueva ley no es otra cosa que la extensión a escala nacional del acuerdo secreto YPF-Chevrón. ¿Por qué semejante entrega? La respuesta la dio Cristina Kirchner: “para desarrollar Vaca Muerta se necesitan inversiones de capital intensivo y eso requiere condiciones de previsibilidad y certeza, que es lo que se ha votado ayer”. Clarísimo: los pulpos multinacionales del petróleo, con Chevron a la cabeza, exigen superganancias y concesiones casi a perpetuidad, y eso es lo que se garantiza con la nueva ley.
Hay que rescindir todas las concesiones y reestatizar el conjunto del complejo gasífero-petrolero, poniendo en funcionamiento una nueva YPF, 100% estatal, controlada por sus trabajadores y técnicos, que ejerza el monopolio sobre todo el proceso (exploración, extracción, refinado y comercialización). No es cierto que hacen falta “nuevas inversiones” de los pulpos transnacionales. Los recursos sobrarían sólo con dejar de pagar la deuda externa.
J.C.