El gobierno de Cristina sigue hablando de “desendeudamiento”. Vino asegurando, en todos estos años que, gracias a “Néstor y a ella”, la deuda externa ya no sería más un problema para la economía argentina. Hoy todo eso quedó como un mal recuerdo. Concretamente, el gobierno no sabe cómo salir del embrollo en que se ha metido. Si le paga a los buitres, todos los demás bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010 pueden reclamar igual tratamiento y la deuda se dispararía, según datos del propio gobierno, hasta los 500.000 millones de dólares. Pero al no hacerlo, el Juez Griesa no deja pagar los vencimientos a esos bonistas, aunque Kicillof y Cristina hayan depositado ese vencimiento, con 540 millones de dólares que permanecen en “el limbo” de una cuenta en Nueva York, y así se entró en default. Pocas veces quedó tan patente (y patéticamente) demostrado, que no hay salida si se sigue insistiendo en pagar y pagar.

Sin embargo, en medio de esta encerrona, el gobierno insiste: “queremos pagar”, “a todos”, “lo que pasa es que no nos dejan”. ¡Increíble la insistencia!

En medio de esta locura, el gobierno va y viene. Ahora ha inventado un nuevo mecanismo. Acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley donde propone cambiar el “domicilio de pago” para que en vez de hacerlo en el Bank of New York Mellon, se depositen los vencimientos en una cuenta del Banco Nación en Buenos Aires. Pero para “demostrar más voluntad de pago”, se afirma que también se depositará ahí el dinero que se le debe a los famosos fondos buitres que están litigando contra el país. ¡Incluso cuando ellos sigan haciéndolo!

Al mismo tiempo, “se les ofrece” a los bonistas de los canjes 2005 y 2010 cambiar sus bonos por otros con legislación argentina. Se trata de una medida desesperada que tiene altísimas posibilidades de fracasar. Hay una alta cantidad de acreedores que no van a aceptar “cobrar en Buenos Aires” (y mucho menos cambiar la legislación de sus bonos), simplemente porque forman parte de fondos de inversión que tienen prohibido tener títulos que se abonen en otra parte que en los propios Estados Unidos y no estén cubiertos por la justicia yanqui. Sabiendo esto, la oposición, mientras insiste en que debe seguirse abonando todo, “se abre del proyecto” y no lo apoya.

Kicillof se hizo el bravucón al presentarlo en el Congreso: “el que no lo vota a favor está con los fondos buitres, dispuesto a transformar el Congreso en una escribanía del Juez Griesa”.

¡Es un caradura! Fue justamente el gobierno de Cristina el que transformó el Congreso en “una escribanía de los acreedores”, cuando votaron el primer canje en 2005, el segundo canje, la autorización al Banco Central para que pague deuda con reservas, y un largo etcétera. Es el propio gobierno que aceptó la jurisdicción yanqui, es decir, a los Griesa.

Éste no es un proyecto para “recuperar soberanía” ni para “enfrentarse con los buitres”. Todo lo contrario: es una medida desesperada, improvisada, e incluso con escasa posibilidad de éxito, con el único objetivo de seguir pagando, cada vez más.

A Kicillof no se le cae la cara de vergüenza al decir que ellos detuvieron la “bola de nieve” de la deuda. Es al revés: justamente por la política de este gobierno la bola de nieve del endeudamiento no sólo no se detuvo, sino que siguió creciendo, y ahora amenaza con descargar su furia mucho más contra los trabajadores y demás sectores populares.

Los diputados del Frente de Izquierda se oponen tajantemente a este proyecto, diseñado para garantizarle a los acreedores que, sea como sea, seguirán cobrando. Es que, como venimos diciendo desde hace décadas, la única salida es dejar ya mismo de pagar esta deuda usuraria, ilegal, inmoral y, como va quedando cada vez más claro, absolutamente impagable.

Poniendo todos esos recursos al servicio de la educación, salud, trabajo, salario y vivienda, los pilares de cualquier programa de emergencia para resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador.

Massa, Binner, Macri…: ¡Todos por pagar!

Como sucedió en cada uno de los canjes (el de 2005 y el de 2010), o como pasó cuando se cerró y reabrió la “ley cerrojo” (que permitió a los bonistas que quedaron fuera del primer canje entrar en el segundo), Massa, Macri, Carrió, Binner, Sanz, Cobos, todos estuvieron unidos para garantizarle a los acreedores que ellos, gane quien gane, seguirán pagando escrupulosamente la deuda externa.

Sergio Massa afirmó: “Si no nos escuchan antes, en 476 días todo tiene solución. Sabemos cómo resolverlo”, jactándose de contar entre sus economistas a varios de los artífices de los propios canjes kirchneristas. Macri hace campaña “compitiendo” con los demás en la difícil tarea de convertirse en el más pagador de todos: “cumplamos ya con el fallo de Griesa”. El Unen, por medio de sus economistas y de todos sus candidatos a presidente, también se pronuncia por “buscar la mejor solución, para seguir pagando”.

Incluso la “centroizquierda” de Claudio Lozano embellece la actual propuesta del gobierno, al decir que al fijar como domicilio de pago Buenos Aires se “recupera soberanía”. Incluso va más allá al proponer que se haga una “asamblea de bonistas” para que consensuen entre ellos cómo quieren que se les pague.

Ahora, todos se oponen al nuevo proyecto de Kicillof porque “huelen” que va camino al fracaso. Pero coinciden con el gobierno en la obsesión de seguir pagando la deuda hasta el infinito.

J.C.

“Cada argentino debe 1.400 dólares” ¿De dónde saca los números el gobierno?

El viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, “tiró” un número según el cual, nuestra deuda sería de sólo 56.000 millones de dólares. El funcionario cuenta como si sólo existiera la deuda en dólares con acreedores extranjeros. Esconde, como si se esfumaran en el aire, todos los bonos que le “encajaron” al Anses, al Banco Central, más todos los emitidos en pesos.

Las palabras de Alvarez Agis son contradictorias con la propia información de la página web del Ministerio de Economía, que reconoce una deuda de más de 200.000 millones de dólares. Ni qué hablar si sumamos todo lo que se debe en realidad (agregando todos los ítems que el gobierno esconde, como el cupón PBI -que obliga a pagar cada vez que el país crezca más que el 3,2%-, o las deudas provinciales, o los juicios del Ciadi pendientes, o la suma de los buitres que hoy litigan contra la Argentina). Así, la deuda “verdadera” de la Argentina supera los 300.000 millones de dólares.

Le contestamos al viceministro: cada argentino debe 7.500 dólares o, al cambio “blue”, 107. 250 pesos. ¡Linda hipoteca!

J.C.

Debate sobre los buitres

Cristina no está “defendiendo” la soberanía nacional

Escribe: Juan Carlos Giordano

El gobierno está haciendo una gran campaña mediática. La consigna K, “Patria o buitres”, según las encuestas, habría parado la caída de la popularidad de la señora presidente. Algunos, más osados, se animan a gritar: “¡Patria sí, colonia no!”. Intentan hacer creer que se está defendiendo los intereses populares y combatiendo al “capitalismo deshumanizado” representado en los fondos buitre.

Muchos trabajadores y jóvenes, escuchando semejante palabrerío “nacional y popular”, o viendo a los Macri, Massa, Binner y los radicales (que quieren pagar hasta el fallo del juez Griesa), se pueden preguntar, con razón, si el gobierno está optando por un buen camino. Lamentamos defraudarlos: categóricamente no.

Desde ya, en primer lugar, nos manifestamos visceralmente en contra del fallo del juez Griesa. Para los socialistas revolucionarios ningún país imperialista (explotador e invasor de pueblos) tiene derecho a fallar o direccionar la vida económica de ningún país. Pero el gobierno usa ese justo sentimiento para hacer lo opuesto.

El gobierno dice “estamos contra un grupo minoritario de fondos especulativos”, refiriéndose al 1% de los buitres que ganaron el juicio en EE.UU. Pero está haciendo todo lo posible para pagarles. Cuando el gobierno dice que quiere pagar al 100% de los acreedores, incluye a ese “minoritario y especulativo” 1%. A su vez, ¿sólo ese uno por ciento es el ´mal de los males’? No. ¡Toda la deuda es buitre!

El gobierno está diciendo que el 93% del resto de los bonistas, así como el conjunto de la deuda pertenece a acreedores legítimos y que merecen que los trabajadores y el pueblo argentino sigan haciendo esfuerzos denodados para pagarles. Nada más alejado de la realidad.

Ese 93%, en cualquier momento, pueden hacer juicio y reclamar el pago de toda su deuda. Al Club de París, ¿no lo mueve ningún interés “especulativo”? El gobierno le lava la cara. En ese organismo están todos los gobiernos imperialistas que aplican planes de ajuste a los pueblos del mundo. Los de Alemania, EEUU, Japón y otros. Y la deuda contraída con ellos fue toda en la dictadura de Videla.

Así con toda la deuda. La deuda tuvo origen en el genocidio de 1976. Desde allí todos los gobiernos la vienen renegociando y pagando, con blindajes, mega canjes, canjes como el de 2005 y 2010, o pagos de contado como hizo el kirchnerismo con el FMI. A pesar que el juez Ballesteros dictó un fallo en el año 2000 declarando a la deuda como ilegal y fraudulenta.

El gobierno sigue con el verso de que nos estamos desendeudando. El vice ministro de Kicillof, Alvarez Agis, dijo: “Este es el único gobierno con experiencia en desendeudarnos”. ¡Miente! Pagó 190 mil millones de dólares, mucho más de la deuda original que había en 2003, y ahora se deben 300 mil millones de dólares. ¿Dónde está el desendeudamiento?

Para defender de verdad la “soberanía nacional” y, en especial, los intereses de los trabajadores y demás sectores populares, la única salida pasa por desconocer no solo el fallo de Griesa, sino el conjunto de esa deuda ilegítima, usurera e impagable.

Si se suspendieran inmediatamente todos los pagos, se podría invertir ese dinero que se saca de las reservas, del Anses, Pami y cuanta arca del estado hay, para aumentar salarios de docentes, enfermeros y trabajadores de la salud, las jubilaciones, construir miles de viviendas populares dando trabajo genuino, o hacer obras impostergables (cloacas, redes de gas, para evitar inundaciones, etcétera).

Ese paso hay que darlo de la mano de nuestros hermanos latinoamericanos. Los gobiernos de Evo Morales, Maduro, Mujica y Correa de Ecuador, respaldan a Argentina, pero para que negocie y le pague a los buitres. Hay que impulsar el camino opuesto. Hacer un frente de países deudores para no pagar. Como primer paso, junto a otras medidas en defensa de nuestra soberanía, en pos del desarrollo del país (nacionalizar la banca y el comercio exterior, expulsar a las multinacionales como Chevron, la Barrick y tantas otras, reestatizar las privatizadas, etcétera). Dando pasos, de esa manera, por conquistar la segunda independencia. Para dejar de ser una semicolonia de los yanquis.

George Soros, aliado de los K

Escribe: Juan Rivera

El kirchnerismo suma el apoyo de Soros, el “gurú” de los buitres. El financista devenido según las usinas kirchneristas en un nuevo “héroe de la batalla contra los fondos especulativos”, acaba de demandar al Bank of New York por retener el dinero que la Argentina había depositado y que el juez Griesa congeló. La medida fue saludada efusivamente por el kirchnerismo, que se encargó de ventilar el respaldo obtenido.

Pero, ¿quién es Soros? Además de poseer una inmensa fortuna que en 2011 lo ubicó en el 7º lugar de los hombres más ricos del mundo, según Forbes, se trata, nada más y nada menos, del máximo representante del capital financiero. Su figura como administrador de capitales especulativos cobró vuelo en 1992, cuando forzó la caída de la libra esterlina en lo que se conoció como el “Miércoles Negro”. Más tarde, generó diversas crisis financieras en países asiáticos y Rusia.

La relación del “gurú” de los buitres con el kirchnerismo no es nueva ni eventual: Soros posee el 3,5 por ciento de la “estatizada” YPF. El gobierno ahora se pavonea con el apoyo del “buitre” Soros, mostrando que su condena al capital especulativo es verso.

¡Abajo la ley antiterrorista!

La presidenta anunció recientemente la aplicación de la ley antiterrorista contra los directivos de la empresa Donnelley, a los que acusó de protagonizar una quiebra fraudulenta. Con ello buscaba legitimar una ley que, como correctamente hemos denunciado desde la izquierda, no es más que una herramienta para profundizar la criminalización de la protesta.

Con el respaldo del imperialismo, el gobierno la votó apenas la presidente logró el 54% en las presidenciales anteriores para blindarse ante el creciente malhumor social. La ley se aplicó contra activistas antimineros catamarqueños y más tarde contra el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, reconocido por sus críticas a la gestión de Zamora.

El gobierno buscaba ahora legitimar esa herramienta otorgándole un barniz distinto, de “lucha contra los poderosos”, para tenerla a mano y aplicarla, de ser necesario, contra los trabajadores que enfrentan a su modelo. El anuncio, sin embargo, duró lo que un suspiro. Cristina retrocedió ante el anuncio del fondo buitre Black Rock, que amenazó con vender sus acciones en YPF si mantenía esa posición. Negocios son negocios, dijo Cristina, y rápidamente buscó congraciarse con los buitres. Llamamos a redoblar esfuerzos por anular esa ley contra los que luchan.

J.R.