Tanto el gobierno nacional como el provincial, a través de subsidios millonarios el primero y de exenciones impositivas y rebajas en los servicios de gas, agua y luz el segundo, le han hecho enormes concesiones a empresas nacionales y multinacionales que hoy despiden trabajadores sin causa. Incluso cuentan con suculentas ventajas impositivas municipales. Es decir, los tres niveles de gobierno las favorecen para que se instalen en la provincia y el municipio.
Esta es una política del kirchnerismo, del “disidente” De la Sota y también del radical Mestre desde la municipalidad. Los argumentos de estos despidos son tan mentirosos que algunas empresas los hacen sin siquiera apelar a la fórmula, inventada por ellos mismos, de denunciar “procedimientos de crisis” para encubrir y legalizar este tipo de acciones.
Materfer despidió a cuatro operarios, siendo la muestra vergonzosa de esta política antiobrera y corrupta. Esta fábrica llegó a tener casi 700 trabajadores. Hoy sólo cuenta con 270, que reparan y refuncionalizan coches ferroviarios. Es beneficiada desde hace años con subsidios nacionales millonarios que ni siquiera han servido para que sus trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo y mucho menos buenos salarios. Su dueño, Sergio Taselli, es el mismo que estando a cargo de las minas de carbón en Río Turbio, por falta de inversión en mantenimiento, está acusado de la muerte de varios mineros. Es el que fundió la Fabrica Parmalat. Pertenece al selecto grupo de empresarios a los que Cristina Kirchner califica de “exitosos”.
Los trabajadores despedidos estaban tan hartos de la situación de persecución interna y de salarios miserables que sólo querían irse cobrando la indemnización de una sola vez. Por eso, y reclamando además el cese de los aprietes y mejores condiciones de trabajo, todos los compañeros pararon cortando calles y llegaron hasta la toma de la fábrica. Lucha a la que llevé, junto a compañeros de mi partido, la solidaridad, con la cual consiguieron gran parte de lo que reclamaban e incluso el pago de la mayoría de los días caídos.
Además de esta patronal negrera, hay otras que también ante el menor atisbo de crisis despiden. Esto ocurre en las metalúrgicas Fadesa con 14 despedidos, Artech con ocho, ambas en conciliación obligatoria, Sturam, Eutoneun, Electroingenieria y otras. A lo que se suman los últimos 160 despedidos del Call Center Yasplat, que cerró y se fue a Chile luego de haber sido beneficiada durante años por el gobierno provincial y de superexplotar la mano calificada de miles de estudiantes universitarios.
A todo esto se agregan los 4.400 trabajadores en blanco expulsados de la construcción que, sumados a los que estaban en negro, llegarían casi a 9.000, por el obligado parate de la obra pública, debido a la pelea De la Sota-Cristina.
Un párrafo aparte merecen los 19 despidos de Volkswagen, que en complicidad con el Smata y el ministro de Trabajo Omar Dragún, quien a su vez es secretario general de ese gremio, son una clara persecución de los compañeros de la oposición sindical que lo enfrentaron en las últimas elecciones de delegados.
Toda esta situación demuestra una vez más que estas patronales, ante los primeros síntomas de caídas de sus ganancias, pretenden hacerle pagar “la crisis” a los trabajadores. No debemos permitirlo. Desde hace años como legisladora he presentado en la Unicameral un Proyecto de Ley prohibiendo despidos y suspensiones y exigiendo la provincialización bajo control de sus trabajadores de toda empresa que cierre, despida o suspenda. Convoco en primer lugar a los trabajadores a exigirle a sus dirigentes a luchar por imponer este proyecto con la movilización, y en ese camino, sumar a los estudiantes y a todas las organizaciones sociales y populares para enfrentar al gobierno de De la Sota, que junto a Cristina gobiernan para estos empresarios.
