Los hechos demuestran, en primer lugar, que la inseguridad no es una sensación. Son, además, los trabajadores quienes la sufren en su forma más cruda y no se trata de un fenómeno acotado a Capital y al Conurbano. Cristina, Scioli y el intendente de Junín, el radical Mario Meoni, aprovecharon para pasarse la pelota con acusaciones cruzadas. Mientras el intendente acusaba al kirchnerismo de azuzar las movilizaciones para tumbarlo, el gobierno nacional se fregaba las manos viendo cómo la bomba estallaba en territorio de un oponente político. Scioli, en el medio, intentaba no ser salpicado por el asesinato mientras lo único que propone es “mano dura”. Y el todoterreno Sergio Berni, siempre presto a reprimir la protesta social, se despachaba en declaraciones radiales contra la supuesta utilización mediática de la “sensación de inseguridad”. Mientras tanto, los trabajadores y el pueblo de Junín, sin ninguna respuesta. Ya que si crece el delito es por la marginación social que produce este modelo -caldo de cultivo de estas acciones- y por la complicidad con el mismo de las fuerzas represivas, jueces corruptos y del conjunto de los políticos patronales, más allá de su signo político.

Para poner freno a este problema, además de luchar por otro plan económico que dé salarios y trabajo genuino, es necesario desmantelar el aparato represivo. Promover la elección del comisario por voto popular, con mandatos revocables, y la creación de comisiones de control popular sobre el accionar policial. Así como también impulsar la organización barrial para disuadir el delito (con sistema de alarmas y otros reaseguros) y el derecho a la autodefensa de los vecinos, mientras apoyamos las movilizaciones contra la inseguridad, para que se haga justicia.