Rechazamos las declaraciones del gobierno nacional que ha anunciado su decisión de flexibilizar la cuarentena, aún cuando todos los especialistas y expertos desaconsejan esa medida ya que el pico del contagio del Covid-19 está previsto para mayo en Argentina.

La “apertura de la economía” es impulsada por los empresarios que priorizan sus ganancias sobre la salud de los trabajadores, con despidos, suspensiones y reducciones salariales.

El decreto del gobierno que "prohíbe los despidos" no frenó a las patronales, al contrario, no solo siguen despidiendo, como acaba de pactar Techint con la burocracia de la UOCRA el despido de 1.500 trabajadores, sino que habilita a suspender con rebajas salariales como el reciente caso de los trabajadores de empresas de comida rápida.

Repudiamos la represión de Kicillof y Berni a los trabajadores del frigorífico Penta que solo reclaman volver a trabajar, luego de que la empresa cerrara sus puertas, dejando a 300 familias en la calle. Todo esto después del intento de despedir a la comisión interna y a los delegados. La patronal de Penta es Ricardo Bruzzese que a su vez es titular de la cámara de frigoríficos.

Las empresas torpedean la cuarentena porque no quieren que se afecten sus ganancias, sus tenencias financieras y sus bienes. Ya hay 28 sectores no esenciales produciendo a todo vapor y muchos sin respetar las condiciones de seguridad y de higiene básicas.

El gobierno de Alberto Fernández favorece a los capitalistas y las prepagas de la Salud, no realiza testeos masivos, ni toma una medida elemental para combatir el virus: centralizar todo el sistema de hospitales estatales, clínicas privadas y de obras sociales a cargo del estado.

La burocracia sindical de la CGT va a la quinta de Olivos no a denunciar los atropellos contra los trabajadores, sino a apoyar la vuelta a la producción y el pedido de subsidios para las Pymes. Esos fondos saldrán del Anses, es decir que provendrán de los jubilados y de los trabajadores.

Mientras piden asistencia estatal, las patronales aumentan los precios y reducen los salarios. El escándalo de los sobreprecios en alimentos pagados por el Ministerio de Desarrollo Social es un botón de muestra de la voracidad de las empresas y la corruptela del gobierno.

La exposición al virus de un millón de jubilados, el sector más vulnerable de la población, cobrando el mismo día en los bancos evidenció el doble discurso, la desidia, improvisación y la enorme desigualdad social que se acrecienta bajo la crisis del coronavirus. Justamente son los bancos el sector capitalista que más fortunas ganó en las últimas décadas.

En medio de la pandemia, mientras pasan hambre millones de argentinos y mientras los trabajadores de la Salud denuncian carencias de todo tipo, el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda externa usuraria al FMI y a los fondos buitre. Esta sangría es el peor acto de saqueo y entrega.
Esos fondos y todos los que sean necesarios deben estar para garantizar los salarios, la Salud y las necesidades básicas de la población, incluido un seguro de 40 mil pesos para los 11 millones de trabajadores sin cobertura alguna, por estar en negro, ser cuentapropistas, trabajadores de cooperativas y gestiones obreras o desocupados. Lo mismo las compañeras que trabajan en casas de familia.

El gobierno debe garantizar que las patronales paguen los compromisos salariales integralmente. Que se abran los libros contables de las empresas al control de los trabajadores para examinar costos, precios y prioridad salarial.
Organicémonos en forma independiente de las burocracias de la CGT y las CTA, exijamos que rompan con el colaboracionismo patronal y gubernamental, para colocar los sindicatos al servicio de la clase obrera. Apoyamos a todos los trabajadores que, aún en cuarentena, se ven obligados a realizar asambleas, paros y otras acciones contra los ajustes de las patronales y los gobiernos nacional,  provinciales y municipales.

Proponemos luchar por:

* No a la flexibilización de la cuarentena.

* Prohibición de despidos y suspensiones por ley, con garantía de estabilidad laboral, con vigencia desde el 29 de febrero. Reincorporación inmediata de todos los despedidos.

* Estatización de toda empresa que cierre, despida o no pague salarios, garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores. Reconversión parcial de las industrias no esenciales, para la producción de insumos y elementos vitales para atender la emergencia. Asistencia estatal a las cooperativas y gestiones obreras.

* Actualización salarial automática de acuerdo al aumento del costo de vida. Respeto de cláusulas paritarias preexistentes. No a las rebajas salariales.

* 40 mil pesos para todos los trabajadores y trabajadoras informales, cuentapropistas, de casas de familia y desocupados. Intangibilidad de los fondos del Anses. Aumento de emergencia a jubilados y planes sociales.

* Sistema Único de Salud, estatal, gratuito e igualitario, nacionalizando el sector privado. Centralización democrática del sistema, mediante comités de emergencia con participación de los trabajadores. Ampliación de la planta del personal de salud, pase a planta de los contratados, aumento de emergencia ante la exigencia de la pandemia.

* Discusión del cronograma educativo en paritarias con las organizaciones docentes.

* No pago de la deuda externa.

* Por un impuesto progresivo a las grandes fortunas y rentas (bancos, multinacionales y grandes empresarios). Por la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores

Mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo:

- Alejandro Crespo, secretario general SUTNA
- Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste
- Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza
- Alejandro López, secretario general Ceramistas Neuquén
- Guillermo Pacagnini, secretario general CICOP
- Mariana Scayola, secretaria general ADEMYS
- Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA
- Angélica Lagunas, comisión directiva ATEN Neuquén
- César Latorre, delegado general Comisión Interna Hospital Italiano
- Federico Navarro, comisión interna ALUAR (Puerto Madryn)
- Gastón Vacchiani, secretario general UTS
- Andrea Dopazo, delegada reincorporados Hospital Posadas
- Roberto Muñoz, junta interna ATE Conicet
- Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía
- Eduardo "Chiquito" Belliboni, Polo Obrero
- Mónica Sulle, Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive"
- Federico Lezcano, delegado general ATE Hospital Belgrano

Escribe Martín Fú

La burocracia sindical está pactando con las patronales, con el argumento de la profundización de la crisis provocada por el coronavirus, rebajas salariales, suspensiones y despidos y el levantamiento de la cuarentena. Se colocan así como un virtual aliado de los empresarios, quienes siguen presionando día a día para seguir priorizando sus ganancias a costa de las necesidades del pueblo trabajador y poniendo seriamente en riesgo la salud de estos.

Hace una semana, el presidente Fernández hizo un fuerte elogio de Hugo Moyano: “un dirigente gremial excepcional”, lo describió en la “cuarta inauguración” del sanatorio Antártida. Dicho encuentro fue seguido por otros con el resto de la burocracia de la CGT y, a posteriori, por la reunión de la propia CGT con la UIA.

Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, ya le habían llevado al presidente Alberto Fernández las exigencias de la Unión Industrial Argentina y los empresarios. Como lo aclaró el propio Daer “La idea es, a partir del 13 de abril, volver a poner en marcha sectores de la economía”. (Página12, 3 de abril).

Los dirigentes sindicales cegetistas se alinean no sólo en el pedido del levantamiento de la cuarentena, sino que también terminan aceptando el argumento de las rebajas salariales y las suspensiones y despidos, más o menos encubiertos. Planteos como “los turnos rotativos”, con la excusa de evitar la aglomeración en los transportes, terminan siendo argumentos a medida de las patronales, que habilitan así la mayor flexibilización laboral.

En medio de la pandemia estos acuerdos de la burocracia con las patronales, totalmente a contramano de lo que realmente necesitan los trabajadores, contrastan con la pelea que está realizando el sindicalismo combativo y otros sectores opositores.

Así tenemos los ejemplos de los ferroviarios del Sarmiento, que se plantaron frente a la patronal que no le entregaba los insumos mínimos de seguridad y pretendía que concurran a trabajar todos los ferroviarios sin respetar los que son realmente esenciales para el servicio. O la de los trabajadores de la salud, tanto de la Cicop como del SITE (sindicato tucumano de enfermería) de Tucumán, que denuncian todas y cada una de las carencias del sistema mientras permanecen en la primera línea de la pelea contra la pandemia.

Se multiplican los ejemplos de los trabajadores que reclaman y resisten los abusos de las patronales que utilizan al coronavirus como excusa, o que priorizan sus ganancias antes que la salud de los trabajadores. Ante una burocracia que los deja solos, y pacta con las patronales, es más necesario que nunca pelear por otro modelo sindical, democrático y combativo, que escuche y responda a los reclamos de la base como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo.

Escribe Olga Ortigoza, dirigente del Suteba La Matanza

Dolor e indignación se sintió en los hogares de La Matanza al enterarnos que un trabajador del Mercado Central, oriundo de La Tablada y de tan solo 41 años moría por efecto del coronavirus.

Es que uno de los gerentes de la empresa Cruz del Sur había llegado a mediados de marzo desde Chile sin respetar la cuarentena tomando contacto con los trabajadores sin ningún tipo de protección. Los trabajadores  venían reclamando insumos de protección personal y la empresa no les daba respuesta. Cuando se enteraron que uno de sus compañeros estaba infectado por el virus pidieron que las instalaciones de la empresa en el Mercado se cierren hasta que se haga una desinfección total, pedido que fue desconocido por la patronal, como así también por los delegados del gremio de camioneros. Actualmente hay otros trabajadores de la empresa que están internados, posiblemente también infectados con Coronavirus. El municipio, encabezado por Fernando Espinoza, al enterarse de la situación no tomó ninguna medida al respecto.

Desde Izquierda Socialista hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido y repudiamos a la Empresa Cruz del Sur que, como en otras empresas, presionan a sus trabajadores para que trabajen sin las mínimas condiciones de seguridad; y muchos de ellos sin respetar la cuarentena con tal de mantener sus ganancias. Exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional que tomen cartas en el asunto, controlando el accionar de las empresas y sancionando fuertemente a quienes incumplan estas medidas.

No a las rebajas salariales en Mc Donalds

En el medio de la crisis del coronavirus la multinacional estadounidense decidió pagar solo entre 2.000 y 2.500 pesos a cada empleado y quitar beneficios como el presentismo. En 2019 Mc Donalds tuvo una ganancia mundial de 6.500 millones de dólares y en la Argentina vendió en el mismo año 150 millones de hamburguesas en sus 227 locales. Como se ve, la empresa no puede aducir problemas económicos para pagar salarios. Actualmente la empresa sigue trabajando bajo la modalidad delivery. Como si no alcanzara con descontar brutalmente los sueldos la patronal obliga a los trabajadores a hacer cursos por internet amenazando con sancionar a quienes no los realicen.

Lo que sucede en Mc Donalds, también se repite en las cadenas multinacionales como Burger King, Mostaza, Wendys y KFC y son un reflejo de las condiciones de precariedad absoluta en la que trabajan miles de jóvenes en el país en empresas como Rappi, Glovo y los call centers.

Nos solidarizamos con los trabajadores de Mc Donalds y del resto de empresas, repudiamos la rebaja salarial y el ataque a sus derechos. ¡Que la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores!

Tucumán: trabajadoras de Desarrollo Social no cobran

Los trabajadores de diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social están cansados, de la tercerización, contratos de locación de servicios y al trabajo en condiciones precarias se suma la falta de pago de los sueldos. En la mayoría de los casos la mora alcanza tres meses. Cuando no se pagaba enero ni febrero la culpa era de la crisis económica provincial. Ahora, de la pandemia. Un grupo de trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia no cobra sus sueldos desde julio de 2019. Esta situación se repite en otras áreas dedicadas al cuidado de niños en situación de riesgo y adolescentes en conflicto con la ley. No tienen obra social ni ART, teniendo que desarrollar visitas a barrios periféricos corriendo riesgos de agresiones, robos, etcétera, sin ninguna protección ni cobertura. Se está desarrollando un fuerte proceso de auto convocatoria con el silencio cómplice de los dirigentes de ATE y UPCN, que dejan solos a los trabajadores. 

Ferrocarril Belgrano Sur suspendido por caso de coronavirus

El servicio se encuentra interrumpido debido a que una enfermera que realiza tests de alcoholemia a los trabajadores del ferrocarril presenta síntomas de coronavirus. Se trata de un claro caso de negligencia de la patronal que en el medio de la pandemia dispone que se sigan realizando ese tipo de tests, lo que supone un contacto estrecho entre la enfermera y los trabajadores. Alrededor de 162 empleados, entre guardas y conductores de la línea tuvieron contacto con la enfermera, con la gran posibilidad de contagio que esto implica. Actualmente todos ellos se encuentran aislamiento y seguimiento ambulatorio.

 Por otro lado se ven perjudicados por esta situación los seis mil trabajadores que realizan tareas esenciales y seguían utilizando el servicio, la mayoría de ellos viven en zonas donde el único ferrocarril que circula es el Belgrano Sur. Otro caso de negligencia patronal que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, política que deja correr la burocracia de la Unión Ferroviaria. Opuesto a lo que hace el sindicalismo combativo, como los ferroviarios del Sarmiento que impusieron con peleas a la patronal que disponga insumos, guardias mínimas y que no se realicen los tests de alcoholemia para preservar la salud de los ferroviarios.

Despidos y rebaja salarial en la zona sur

Varios casos de despidos, rebaja salarial y aprietes de distintas patronales se han sucedido durante la cuarentena en la zona sur del conurbano. En el frigorífico Penta, en Quilmes, la patronal cerró sus puertas y dejó a 250 familias en la calle luego del intento de despido de la comisión interna y de veinte delegados. Los trabajadores permanecen cortando Camino General Belgrano en la puerta del establecimiento. En Dánica la empresa despidió a cinco trabajadores aduciendo que se negaron a trabajar horas extras, mientras debe dinero de los sueldos. Los trabajadores realizaron un paro, luego se dictó la conciliación obligatoria y ahora están a la espera de que la patronal decida si acatar o no. En Danone (La Serenísima) la patronal intenta aplicar una reducción de 40% en los sueldos mientras sigue produciendo. En Mascardi la patronal no abonó los salarios de marzo. El lunes 6 las líneas 540 y 553 del Grupo DOTA realizaron un cese de actividades por el pago incompleto del salario y, ante la contundencia de la medida, la patronal finalmente pagó lo adeudado. Estos abusos abren con todo la pelea para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los capitalistas.

Jorge Macri precariza y despide

El jefe de gobierno de Vicente López, uno de los municipios  más ricos del país, despidió a más de 30 trabajadores del área de Seguridad, quienes realizan tareas de monitoreo o manejan los móviles del municipio. Fueron notificados por email, whatsapp o llamados telefónicos, una informalidad que se refleja en los contratos a 90 días, renovables o no, que Macri somete a casi la totalidad de los empleados municipales. Entre los despedidos había trabajadores con licencia médica o lactancia. Luego denunciar públicamente los despidos y la precarización, el intendente dio marcha atrás y prometió mantener el vínculo laboral por 60 días más.

Crisis en el puerto de Mar del Plata

Las pesqueras Angelito, Silomar y otras, no volverían a abrir luego de la cuarentena. Esto se suma a los más de 500 obreros de la pesca que perdieron su trabajo en los últimos meses. Trabajadores del puerto de Mar del Plata denunciaron que el gobierno no tiene contemplada ninguna ayuda para los obreros de la industria pesquera marplatense y que la situación en el sector es cada vez más crítica.

Curtiembre Sadesa despide

La empresa de la familia Galperin, Marcos es dueño de Mercado Libre, ha enviado sendos telegramas de despidos, a hacerse efectivos desde el 5 de abril, es decir, violando el decreto del ejecutivo que prohíbe los despidos y suspensiones.

Acumar: que se pague lo adeudado y se respete la cuarentena

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Infraestructura, viene hostigando a las cooperativas de trabajo que cumplen tareas en los márgenes del Riachuelo a que se reincorporen en sus labores. Es una irresponsabilidad completa que atenta contra la salud de cientos de compañeras/os. Y lo hacen a sabiendas de que está vencido el convenio y hay un atraso de un mes en el pago de las partidas dedicadas a insumos, transporte, seguros, etcétera. Exigimos que se pague lo adeudado, se renueve el convenio y se revierta la postura de romper la cuarentena.

A siete años de la inundación en La Plata

El pasado 2 de abril se cumplió el séptimo aniversario de esa tragedia evitable. Las asambleas de inundados hicimos un recordatorio diferente debido al aislamiento social, fue virtual y difundido por las redes sociales. Hicimos un video donde leímos un documento, se mostraron imágenes de aquel momento y se agregó el listado de las víctimas.

Recordamos cómo el estado abandonó a los vecinos, que nos ayudamos unos a otros. El juicio a los responsables fue una muestra de impunidad, donde Scioli y Bruera ni siquiera fueron acusados, y cómo el intendente Garro miente con las obras diciendo que ya podemos dormir tranquilos, cuando estudios que él mismo encargó a la UNLP dicen lo contrario.

Las asambleas de inundados recordamos esta triste jornada y renovamos nuestro compromiso para continuar la lucha.

Escribe Guido Poletti

Con la excusa de la crisis del coronavirus, cada vez son más las empresas que empiezan a plantear rebajas salariales. Lo hacen con distintos mecanismos, que van desde pagar “ahora” el 50% del salario y el resto más adelante, suspender personal pagando una sola parte del sueldo, no cumplir con los adicionales o bonificaciones, o directamente “rebanar” un porcentaje del salario. 

Es el caso de las automotrices, que se amparan en planes de suspensiones. O Latam, que informó que parte de sus trabajadores cobrarán apenas el 50% de su salario. Las empresas de medios audiovisuales Polka y América también anunciaron que van a pagar el sueldo en dos cuotas. La situación empieza a generalizarse. Incluso entre los estatales se empieza a hablar de recortes salariales: La Voz del Interior anunció que en Córdoba se estudian bajas de hasta 30%. En la provincia de Buenos Aires, municipios como Ituzaingó y Exaltación de la Cruz ya “picaron en punta” anunciando que no pueden pagar los sueldos. 

Se está lanzando una auténtica campaña desde las patronales para que se bajen los salarios con la vergonzosa complicidad de la burocracia sindical (el propio Daer llegó a aceptar que el tema “está en estudio”, aunque  después debió desdecirse por el repudio que ello ocasionó). 

Cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos

En ese marco, el pasado lunes 30 de marzo se produjo un cacerolazo en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires pidiendo que los políticos se bajen los sueldos. También se sintió en algunos lugares del interior, como en Córdoba. El cacerolazo se monta en la bronca popular contra los altos salarios de los políticos frente al robo a los jubilados y la miseria creciente. Todo esto agudizado por la pandemia del coronavirus. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos planteando desde siempre que todos los legisladores y demás funcionarios del gobierno deben cobrar el salario de un docente.  En eso no hay debate con nosotros. Pero debemos advertir que el cacerolazo fue organizado por sectores reaccionarios que responden a los intereses de las grandes empresas y multinacionales. Y que forma parte de toda esa campaña lanzada con el objetivo de que se plantee un recorte generalizado de los salarios, con la excusa que de otra forma lo que seguirá serán despidos en masa.  

Nueva ola de despidos

El caso de los 1.450 trabajadores que intentó despedir la multinacional Techint puso sobre la mesa una cuestión que venía sobrevolando desde días anteriores: empresas que aprovechan la crisis para despedir personal (en algunos casos, la mayoría de su plantel). Amparándose en la excusa legal de una situación de “fuerza mayor”.

No se trató nada más de Techint. La semana pasada la cadena Cinemark Hoyts (empresa que el año pasado reconoció ganancias por 3.300 millones de dólares) avisó por teléfono el despido a sesenta de sus trabajadores. También se verificaron despidos masivos en Norcenter y GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas que llegó a echar a trabajadores que hasta el día anterior estaban en la primera línea de la exposición al coronavirus. A esto hay que sumarle otros en el personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de quioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet del aeropuerto de Ezeiza. 

¡Ninguna rebaja salarial! ¡Que se pague el 100% de los salarios! ¡Prohibir suspensiones y despidos!

Las empresas ganan millones a costa del sacrificio de sus trabajadores. Ahora el gobierno llama a “su buena voluntad” para que “colaboren”. Pero deja correr que se empiecen a rebajar los salarios o a pagarlos en cuotas. Las crisis deben ser pagadas por las patronales, que acumulan millonadas, y no por los trabajadores. No hay que aceptar ninguna rebaja salarial. Se le debe garantizar a cada trabajador el 100% de sus salarios de bolsillo, ya de por sí más degradados que nunca por el aumento de los precios de las últimas semanas. La presión popular obligó al gobierno de Fernández a decretar la prohibición de suspensiones y despidos por 60 días. ¡Todos los trabajadores despedidos en estos días deben ser reincorporados! La crisis no deben pagarla los trabajadores, sino los capitalistas, por medio de impuestos a sus super-ganancias y el no pago de la deuda externa.