La propietaria de Radio del Plata, Electroingeniería, una de las empresas mimadas del kirchnerismo que creció al calor de la obra pública y la pauta oficial, continúa despidiendo trabajadores. Profundizando el plan de vaciamiento de la empresa, que adeuda salarios y no paga cargas sociales desde 2016, los despedidos luchan por su fuente de trabajo. Los cesanteados, que no fueron notificados con preaviso o telegrama, se enteraron en la puerta de la emisora, donde la patronal colocó una “lista negra” con todos los cesanteados. Repudiamos estos despidos, exigiendo la reincorporación de todos.

Escribe Mónica Méndez Secretaria de organización y finanzas de Cicop

El pasado viernes 29, en el marco de un nuevo paro, los profesionales de la salud instalamos la carpa sanitaria en el Congreso, la cuarta bajo el gobierno de Vidal y Macri. Fue un paro con altísimo acatamiento en los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Pero la gobernadora sigue insistiendo con un mísero 15% de aumento en cuotas, lo cual rechazamos de plano. A su vez continúa un ataque feroz sobre la salud pública, cierre de servicios y guardias descubiertas, reducción de presupuesto y falta de nombramientos en todos los hospitales, a lo que se suman problemas edilicios de suma gravedad. Es por ello que nuestro plan de lucha continúa y estamos preparados para una pelea larga, ya que los dirigentes de la CGT y la CTA no unifican las luchas y nos dejan aislados, jugándose al desgaste y evitando la coordinación y unidad que necesitamos todos los trabajadores. El paro que convocaron para el 25 de junio solo fue un hecho aislado que no rompe la tregua con el gobierno.

La carpa sanitaria fue un éxito. Hubo gran cantidad de compañeros y delegaciones destacadas de residentes y jóvenes profesionales de planta. Hubo distintas actividades y un acto central, donde recibimos la solidaridad de distintas organizaciones. Se hicieron presentes los compañeros del Garrahan, el Sindicato de Trabajadores Sociales de CABA, compañeros del Subte, Sutna, AGD-UBA, del hospital Muñiz, que vienen luchando contra el 3 por 1, y los diputados de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano y Laura Marrone, entre otros. Finalizamos con un pañuelazo, preparándonos para una nueva marea verde para el 8 de agosto, y dos asambleas, una de género y otra de residentes. 
Salimos fortalecidos y con la convicción de seguir profundizando nuestro plan de lucha para defender la salud pública y seguir peleando por la más amplia unidad en la acción para enfrentar el ajuste de Macri y Vidal. Seguiremos en las calles al grito ¡de gobernadora Vidal, la salud no puede esperar!

El 3, 4 y 5 de julio votá 1+3
En medio del plan de lucha vamos a elecciones en el gremio. Es una nueva oportunidad para salir fortalecidos. Desde la actual conducción (lista 1+3) apostamos a seguir consolidando un funcionamiento democrático, basado en los plenarios de delegados y asambleas de hospitales. Y a la vez ir sumando a los nuevos activistas y dirigentes que van surgiendo al calor de la lucha. Lamentablemente una vez más lo que la lucha unió hay quienes lo dividen a la hora de las elecciones. Hubo dos listas que se negaron a la unidad y se presentaron solas. Una orientada por el PTS y otra por el dirigente de Fesprosa Jorge Jakowsky. Una vez más primó la mezquindad política. Llamamos a todos los compañeros a darle la espalda y a seguir apostando por la unidad. Abajo el ajuste de Macri y Vidal. Por una salud pública y gratuita de calidad Vota la 1+3.

Escribe Agustín Gigli Izquierda Socialista, Esquel

La provincia del Chubut se encuentra atravesada por una crisis que ha paralizado a gran parte de las actividades del estado provincial. Estatales, docentes, médicos y viales vienen realizando distintas medidas, enfrentando al gobierno peronista de Arcioni que, alineado con el gobierno nacional, aplica un ajuste feroz y con represión hacia los trabajadores.

El peronista Arcioni llegó al gobierno como vicegobernador de Das Neves, el candidato a vicepresidente de Duhalde en 2011. Cuando Das Neves murió el año pasado, diputado nacional, Arcioni se quedó con la gobernación y comenzó a construir alianzas para mantenerse en el cargo. Como candidato del peronismo dasnevista de Chubut Somos Todos (ChuSoTo), firmó el pacto fiscal con Macri que resultó en un feroz ajuste sobre los trabajadores y una provincia cercada desde hace cien días por medidas de protesta. En ese marco, el martes de la semana pasada hubo una violenta represión de la infantería a estatales y docentes que reclamaban aumento de salario frente a la Casa de Gobierno en Rawson.
Pese a ser la principal productora de petróleo, Chubut está paralizada por la crisis que ha provocado el ajuste, con paritarias a la baja y por decreto. El gobierno insiste en que “no hay fondos” para aumentar los salarios de los trabajadores, pese a que en el primer trimestre del año se obtuvo un superávit de 1.400 millones de pesos producto de las regalías petroleras, y que se prevé que aumentará a 1.600 millones en el cuatrimestre. Aprovechando esta coyuntura, desde los medios oficialistas se promueve que la única salida para Chubut es la minería a cielo abierto -prohibida en territorio chubutense desde 2003 por la lucha de movimientos sociales y vecinos autoconvocados por el no a la mina-, en claro acuerdo con el macrismo y aun con el kirchnerismo, que impulsa una nueva ley provincial que habilite el extractivismo minero en la zona central de la provincia.
Frente a las cuentas en rojo y el altísimo nivel de endeudamiento con el que asumió en Chubut -en medio de causas de corrupción que tienen presos a muchos funcionarios dasnevistas-, Arcioni ordenó un fuerte recorte del gasto público centrado en la premisa “paritaria cero” para los trabajadores estatales, con un aumento de solo 6,6% en 2018 y de 5% en 2019, además de reducir en 2,8% los fondos municipales. Su gestión vino impulsando el congelamiento salarial, los incrementos salariales por productividad, la eliminación de horas extras, horas guardia y horas cátedra, la privatización de servicios, la reducción de personal y las jubilaciones anticipadas. 
Las últimas negociaciones salariales estatales se dieron en el segundo semestre de 2017, y todas contemplaron la cláusula gatillo para compensar la inflación, pero ninguna se ajustó como fijaba el acuerdo. Con una inflación patagónica interanual de alrededor de 26%, los estatales chubutenses perdieron como mínimo 9%. El detonante de la crisis social fue la imposición del pago escalonado de los salarios estatales en tres tramos. 
Las protestas fueron creciendo con el paso de los meses y ya llevan cien días de medidas de fuerza en las principales ciudades de la provincia, con paros, movilizaciones, ocupaciones de edificios públicos y cortes de rutas. La burocracia de algunos sindicatos estatales terminó pactando en la reapertura de paritarias en la última semana de junio. Por su parte, los gremios docentes rechazaron el aumento –una suba de 14% al básico de 8.400 pesos para el docente inicial– y mantuvieron las protestas, reclamando una suba de 1.500 pesos, aunque sin tener en cuenta otros puntos exigidos por las bases desde el inicio de la lucha (como la recuperación del transporte estudiantil gratuito, aumento retroactivo a julio, eliminación del pago escalonado, aumento de partidas para las escuelas, plan de mantenimiento edilicio y otros). Finalmente el gobierno cerró las negociaciones y fijó por decreto el último incremento ofrecido.
La repercusión nacional de la brutal represión sobre los trabajadores de la educación que se manifestaban por aumento salarial el martes pasado frente a la Casa de Gobierno en Rawson, forzó a la Ctera a un paro en todo el país este martes 3 de julio. Desde Izquierda Socialista en el FIT acompañamos la medida de fuerza, así como también nos sumamos el viernes pasado a la movilización en repudio a la Casa de la Provincia del Chubut promovida por el Plenario Sindical Combativo de Lanús. Denunciamos que el ajuste del gobierno peronista de Arcioni es parte del que lleva adelante Cambiemos, y llamamos a los trabajadores chubutenses a seguir movilizados para enfrentarlo. ¡Plata hay!¡Que el gobierno utilice las regalías petroleras para salario, trabajo, educación, salud y vivienda!

Escribe Federico Novo Foti

El 13 de julio, durante la “Mesa de pesca”, Domingo Contessi, vicepresidente de la Federación de la Industria Naval Argentina y empresario del sector, expresó “hay que dinamitar” el Astillero Río Santiago (ARS), que cuenta con más de tres mil trabajadores. Macri, partícipe en aquella reunión, lejos de escandalizarse, expresó “si los recibís con 600 trabajadores, ¿te hacés cargo?”. Sus dichos no fueron un exabrupto. Los gobiernos de Macri y Vidal buscan despedir, vaciar y privatizar el ARS. Es la política de ajuste que Macri pactó con el FMI y que Vidal quiere aplicar en la provincia de Buenos Aires.

El ARS fue fundado en 1953. A lo largo de su historia fue punta de lanza de la industria naval argentina, produciendo buques para la marina mercante y de guerra. A inicios de la década de 1970 contaba con más de cinco mil trabajadores. Pero desde la dictadura hasta la actualidad los sucesivos gobiernos buscaron despedir y vaciarlo para privatizarlo. En la década del ´90 la heroica resistencia de los trabajadores logró que el ARS fuera una de las pocas empresas estatales que no pudo ser privatizada por Menem. El “Ensenadazo”, tal como se conoció la resistencia de sus trabajadores, contó con movilizaciones y la coordinación con obreros de las industrias de la región. A pesar de la resistencia, en 1993 Menem y Duhalde acordaron su provincialización y continuaron los ataques.  

Macri y Vidal, desde que asumieron, mantuvieron la política de congelamiento presupuestario. Política de ajuste que impidió que el ARS terminara los buques petroleros “Eva Perón” y “Juana Azurduy”, continuando con la decisión del gobierno anterior de paralizar la producción. En mayo de este año los ataques al ARS pegaron un salto. Vidal dispuso la intervención y despidos de personal de carrera, al tiempo que Macri compraba barcos a la empresa francesa Naval Group por 280 millones de euros. Ante esto, los trabajadores del astillero se organizaron en asambleas y se movilizaron para defender el “ARS 100% estatal”.

Tras los primeros embates de este año, los trabajadores realizaron enormes asambleas para organizar el plan de lucha por aumento presupuestario, salarial y terminar los proyectos paralizados. Se realizaron movilizaciones masivas a la gobernación y al Ministerio de Trabajo provincial en La Plata. También encuentros de coordinación con otros sectores. El pasado viernes 27 de julio se hizo una enorme movilización en Ensenada en la que participaron más de cuatro mil personas, donde acompañaron familiares, trabajadores petroleros, portuarios, docentes, municipales y otros. La respuesta del gobierno vino a través del programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, que acusó de la parálisis del ARS a los trabajadores y sugirió a Macri “dónde ajustar”. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda acompañamos la lucha del ARS, rechazamos la arremetida del gobierno y llamamos a profundizar el camino de coordinación con los demás sectores en lucha hacia un nuevo “Ensenadazo”, que imponga un plan de lucha nacional y un paro de 36 horas para derrotar el ajuste.    

La empresa Bunge es una de las aceiteras y agroexportadoras más grande del país. Tiene 2.500 empleados y solo el 45% está bajo el convenio de Aceiteros. En su planta ubicada en el Complejo Industrial de Ramallo, tiene 160 trabajadores, de los que han despedido 95, 60 aceiteros y 35 químicos.

No hay razón “económica” que justifique los despidos. Ni siquiera un “procedimiento preventivo de crisis”. La empresa facturó 23.000 millones de pesos en 2016 y 46.000 en 2017. ¡Imaginen cómo viene 2018 con devaluación y baja de retenciones a la soja! El paro de los trabajadores forzó la conciliación obligatoria por 15 días y que la patronal la tuviera que acatar, lo que en un primer momento se negó a cumplir, impidiendo el ingreso de los trabajadores despedidos.

El trasfondo de esta ofensiva patronal es el intento de llevar el sector administrativo a Brasil. Y también el aval de Macri para atacar a los trabajadores aceiteros y su sindicato, que vienen enfrentando los despidos y la rebaja salarial.