Escribe José Castillo

¿Cual es el principal objetivo del plan “motosierra” y “licuadora” de Milei? Nunca nos cansamos de repetirlo: garantizar los pagos de deuda externa y cumplir con las exigencias del FMI.
El gobierno se jacta del super-ajuste realizado en enero. Veamos los números. El gasto primario (esto antes, antes de contar los pagos de deuda) se redujo un 39,4% interanual. El mayor recorte fue sobre jubilaciones y pensiones. Luego le siguieron la baja de subsidios que redundaron en los tarifazos, salarios públicos y planes sociales pulverizados y un virtual congelamiento en transferencias a las provincias (que terminaron pagando los docentes, con la caída del Fonid). Pero mientras todo esto caía el pago de intereses de la deuda se incrementó en un 26%. Conclusión: hambre para el pueblo trabajador y más plata (que evidentemente “hay”) para los buitres acreedores y el FMI.

En este marco se dio la visita relámpago el 21 y 22 de febrero último, de la Primera Subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath. Aplaudió el ajuste, mientras cínicamente afirmaba que “hay que sostener a los sectores más vulnerables”. Lo que entre líneas estaba expresando Gopinath es la duda del propio Fondo (como la de muchos grandes empresarios y asesores del establishment) de si Milei es capaz de hacer pasar semejante ajuste. Por eso insistía en recomendarle al gobierno que buscara más “sustentabilidad política”, léase que tratase de conseguir aliados en la oposición patronal. Claro que, al mismo tiempo, ante el pedido del gobierno, aclaró que por ahora no habría un dólar más para la Argentina y que el gobierno tenía que limitarse a cumplir religiosamente con los vencimientos que se van dando.
Unos días después, Luis “Toto” Caputo, en la reunión de ministros de Economía del G20 que se realizó en Brasil, se juntó con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Ahí se repitió la escena: felicitaciones por llevar adelante un ajuste más duro aún que el exigido por el organismo, dudas sobre “si es sustentable política y socialmente” (traducido: si no estalla todo producto de la protesta popular) y negativas a soltar un sólo peso más.

No hay que confundirse. El plan de Milei no consiste en “sacrificarse hoy para salir de la crisis mañana”. Es, repetido y aumentado (muy aumentado) el saqueo de seguir pagando una deuda ilegal, ilegítima, inmoral e impagable, bajo la atenta mirada de quien “hace de policía” y exige el ajuste para este fin: el Fondo Monetario Internacional. 

Escribe Mariano Barba

Entre diciembre, enero y febrero (estimado en el 15%) la inflación acumulada escaló al 73% en el índice general de precios. Pero si observamos el de alimentos, la suba de precios ha sido el 95 % en los últimos tres meses, bajo el gobierno de Milei. Si ya era escandalosa la inflación de todo el 2023 que alcanzó al 211 % con el gobierno peronista de Alberto, Cristina y Massa, en los últimos tres meses, los salarios y las jubilaciones se pulverizaron, aún más. Se impone de inmediato, un  aumento de emergencia.

La actual recesión económica se profundiza velozmente generando un período de retroceso en la producción de bienes y servicios en casi todos los rubros mientras la inflación continúa con índices altísimos. Crecen los despidos, se achican las changas y las obras de la construcción y se paralizan plantas industriales como Acindar y otras. A esto los economistas le llaman estanflación. Este estancamiento con inflación es una verdadera licuadora para el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados, monotributistas y ni hablar para los que viven de un subsidio o del trabajo en negro y la changa. La pobreza ya alcanzó (según la UCA) al 57,4 % en enero y la indigencia al 15 %. Una verdadera catástrofe capitalista.

El plan del gobierno ultraderechista es profundizar este deterioro del salario para que las grandes patronales de la industria, el comercio, el campo y la minería, sigan embolsando extraordinarias ganancias. Una prueba contundente del plan de Milei fue cuando oficializó el ajuste del Salario Mínimo Vital y Móvil, a través de la Resolución 4/2024, disponiendo de un miserable 30% en dos pagos, quedando fijado en 202.800 pesos a cobrar recién en abril.

La canasta básica para una familia tipo de cuatro miembros, según ATE-Indec, alcanzó al 30 de enero un valor  de 931.000 pesos para no caer en la pobreza. Mientras tanto, el sueldo de bolsillo promedio de los trabajadores registrados de todo el país alcanzó en enero a 263.750 pesos, con el agravante que el aumento del precio de algunos productos ultra básicos desde diciembre a la fecha fue exorbitante: el aceite de mesa subió 207,6 % y el arroz 234%, por ejemplo. Y marzo será un mes con nuevos y enormes aumentos en los servicios de luz y gas, además del nuevo aumento de los transportes y los celulares y los alquileres seguirán subiendo. Hasta la clase media se verá afectada por el ajustazo, ya que la canasta básica para ese sector social alcanza a 1.717.400 pesos (Ecolatina).

La burocracia sindical deja correr

En su largo documento Cristina dejó en claro, entre otras cuestiones, que coincide con Milei en “achicar” el déficit fiscal y “actualizar” (reformar) las condiciones laborales. Es un mensaje conciliatorio con el presidente, y para que la dirigencia y la burocracia sindical peronista miren para otro lado.

La caída del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años (ver gráfico), es responsabilidad de las burocracias sindicales junto a las patronales y al gobierno peronista del Frente de Todos antes y de Milei ahora, porque en las paritarias firman acuerdos por debajo de la inflación, y cada tanto firman un porcentaje en concepto de “recupero” que cuando los trabajadores los reciben la inflación ya lo licuó, o sea pierden mes a mes una parte del poder adquisitivo. Un ejemplo de cómo actúan es Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, que aceptó y firmó sin ninguna consulta con las bases ferroviarias, un ajuste del 12 % para febrero. En síntesis, con esta dirigencia sindical peronista seguiremos perdiendo.

Aumento de emergencia de salarios

Para frenar esta pulverización de los ingresos, desde Izquierda Socialista planteamos un plan económico alternativo que comience con un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones y la actualización mensual según el Indec, con paritarias que empiecen por la recuperación de lo perdido en el camino hasta alcanzar un salario igual a la canasta familiar. Solo con declaraciones críticas hacia Milei no lograremos recuperar lo perdido ni frenar el ajustazo del gobierno que es avalado por los gobernadores en cada provincia donde los ajustes de sueldos a los estatales están muy por detrás de la inflación. Necesitamos otro paro nacional de las centrales sindicales que tenga continuidad en un plan de lucha nacional, como lo está exigiendo el sindicalismo combativo.

Escribe Mariano Barba

Durante el 2023, el incremento que alcanzaron las jubilaciones y pensiones mínimas fue de 167%, mientras la inflación general fue de 211%. En diciembre pasado, con el aumento del 20,5 % y el plus de 55.000 pesos solo cobraron la miserable suma 160.713 pesos. Pero hubo otro agravante para los casi 6 millones que cobran la mínima, ya que durante el 2023 el precio de los medicamentos aumentó el 319 % según el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar), lo que generó una caída de las ventas de medicamentos básicos e imprescindibles de un 26% desde octubre a enero, caída que creció en febrero. Es decir, se agravó  la calidad de vida de las y los jubilados y la posibilidad de tratar sus enfermedades.

Por si todo esto fuera poco, la motosierra de Milei aceleró al máximo contra las y los jubilados, transformando el robo en un hecho aberrante ante la espiral inflacionaria, porque el 27.18 % de aumento que cobrarán desde marzo a mayo lleva la jubilación a 204.445 pesos mensuales con el bono de 70.000 incluido; mientras que la canasta básica que estaba en febrero en 931.000 pesos, este mes superará el millón de pesos. En síntesis, la jubilación alcanzará en marzo solo para la cuarta parte de la canasta. Ni hablemos para cuanto alcanzará en mayo, fecha de la nueva actualización del trimestre. Repudiamos a Milei que festeja que bajó el déficit fiscal robándole a los jubilados casi 2 puntos del PBI, siendo los más ajustados. Las centrales sindicales deben asumir la defensa de este sector reclamando un aumento de emergencia para que jubilados y pensionados puedan vivir dignamente.  

El Socialista entrevistó a Fernanda López, dirigenta de “Unión y Lucha Barrial” y militante de Izquierda Socialista para conocer más sobre los efectos de las medidas del gobierno en las y los desocupados.

ES.- ¿Cuál es la situación de la distribución de comida en los comedores?

Fernanda López.- Desde que asumió Milei no recibimos más comida del gobierno nacional. Directamente nos dijeron que no nos iban a enviar más nada. De parte de la provincia, a cargo del peronista Kicillof nos prometieron que iban a seguir enviando mercadería pero no lo hacen desde noviembre. En La Matanza estamos dando de comer solo con lo que recibimos desde el municipio. En otros municipios directamente no se  entrega nada. En esta situación se hace muy complicado seguir porque no solo tenemos que atender a la gente que ya venía  a alimentarse sino también a gente nueva. Te diría que hoy están viniendo a los comedores el triple de personas que el año pasado.

ES.- ¿Qué opinas del anuncio del gobierno nacional acerca de que darían de baja los planes Potenciar?

FL.- Es un anuncio totalmente mentiroso y un tremendo ajuste. Hablan de dividir el Potenciar en dos planes de asistencia.  Uno llamado “vuelta al trabajo” y otro que cobraría un sector minoritario para personas que no están en condiciones de trabajar. Pero no dicen cómo se van a generar  esos puestos de trabajo. El gobierno desconoce la realidad. Dicen que solo 1,3 % de los beneficiarios del plan Potenciar consiguió trabajo porque solo tienen en cuenta el empleo en blanco. Desconocen la realidad. La gran mayoría de las compañeras y compañeros trabajan en algún empleo informal o changa porque el Potenciar ya no alcanza para nada. Para colmo el gobierno anuncia que no se van a aumentar los planes de acuerdo al salario básico como se venía haciendo. Es un brutal ajuste. Lo que necesitamos es empleo de calidad y en blanco, y mientras tanto un aumento de los planes acorde a la inflación.
Estamos en pie de lucha a la espera de coordinar junto a las organizaciones sociales más importantes un contundente plan de lucha contra la política criminal de este gobierno en los barrios.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Como sucede en las últimas décadas, en la primavera se inicia una epidemia de dengue.  En cada año se supera el número de casos del anterior. Desde esta última primavera se han registrado en nuestro país 74.555 casos, un brutal aumento del 2.153% con respecto al mismo período del año pasado. En el mismo lapso hubo ya 47 víctimas fatales. Tenemos que reclamar al gobierno que tome medidas en forma urgente para combatir este flagelo.

En realidad, el dengue viene creciendo en toda la región de las Américas donde -según datos de la Oficina Panamericana de Salud (OPS)- en las siete primeras semanas de 2024 ya hubo 1.424.000 casos, 220% comparando con 2023 y más del 300% con respecto al promedio de los últimos cinco años. La causa de la epidemia radica en la irracionalidad de la explotación capitalista del continente. Ésta arrasa los bosques y selvas, altera el clima y calienta el planeta favoreciendo el desplazamiento tanto del virus (normalmente radicado en especies animales silvestres) como de los mosquitos que lo transportan que se alimentan de sangre de humanos y otros mamíferos. Estos insectos alcanzan las grandes aglomeraciones humanas de las ciudades e invaden los barrios más pobres donde logran instalarse favorecidos por la deficiente infraestructura edilicia, el hacinamiento y la escasez de medios de quienes padecen el mayor rigor de la explotación capitalista.

El gobierno ultraderechista no combate la epidemia

La epidemia se combate, por un lado, impidiendo la propagación del mosquito y protegiéndose con repelentes. Por otro lado, vacunando a los sectores de riesgo. Estas soluciones están impedidas por la política del brutal ajuste del gobierno de Milei a la salud. Los repelentes (producidos por multinacionales) están a valor dólar fuera del alcance popular. La vacuna, si bien está autorizada, no forma parte del programa de vacunación gratuita garantizado por el Estado. Está disponible para quien pueda pagar los 140.000 pesos del valor actual. Hasta Mirta Legrand llegó a decir en su espacio televisivo: “La gente no la puede comprar, el gobierno debe dar las vacunas contra el dengue”.

Lejos de eso, el ministro de Salud nacional, Mario Russo, no ha tomado ninguna medida activa para proteger a la población más expuesta y, menos aún, planea una campaña de vacunación. El gobernador peronista Axel Kicillof, gracias a que hace dos años fue derrotado por la lucha de los trabajadores en su intento de privatizar el Instituto Biológico Provincial Tomás Perón, pudo producir en esta dependencia estatal y distribuir repelentes en el sistema público de salud (aunque en insuficiente cantidad). Si hubiera triunfado su política de privatización, hoy debería pagar a valor dólar los repelentes.

Los fondos para pagar la deuda deben ser para vacunas y repelentes

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad denunciamos la política criminal de este gobierno ultraderechista y llamamos a luchar para imponer al gobierno que implemente un plan de vacunación gratuito contra el dengue. Llamamos a luchar para que el Estado garantice la producción de repelentes apoyándose en la capacidad instalada del sistema sanitario público, tanto de Nación como de provincias, afectando incluso a las empresas privadas del ramo. La distribución de repelentes deberá ser gratuita a las familias que lo necesiten. Los fondos que requiera este combate a la epidemia deberán salir del no pago de la deuda externa y de un impuesto a las grandes fortunas.