Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad  

Todos deben recordar la tremenda campaña que hizo el gobierno con el denominado impuesto a la riqueza. Lo anunció a principios de 2020 como la ley que iba a beneficiar al personal de salud y poner plata para comprar respiradores y más camas. Lo presentó siete meses después y, finalmente, se terminó aprobando en ambas Cámaras. ¿Pero qué pasó? Aún no fue reglamentado y, por lo tanto, no se aplica. ¿No era que se trataba de fondos urgentes para combatir la pandemia? Es un verdadero papelón que obligó al diputado ex radical y ahora ultraoficialista Leopoldo Moreau a sacar un tuit reclamando su implementación.

Estamos nuevamente ante un colosal doble discurso del gobierno peronista que hace campaña “progre” con las necesidades populares. ¿No lo aplica porque “se lo impide la derecha”? No. Nadie más que su propia voluntad, la de Alberto Fernández, Cristina, Máximo, los diputados Heller, Yasky, Hagman y todos sus voceros. El gobierno aprovechó las críticas de los empresarios al proyecto para decir que quiere tocar los intereses de los de arriba “pero no lo dejan”. Los resultados están a la vista.

Esto demuestra que este gobierno no tiene ninguna intención de gravar a algún rico. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo hemos criticado por ser completamente insuficiente, aun a costa de que C5N dijera, por ejemplo, mentirosamente, que coincidíamos con el macrismo en “defender a los empresarios”, cuando fuimos los únicos que propusimos un verdadero impuesto para recaudar 20.000 millones de dólares, veinte veces más que el del proyecto oficialista. Para poder así combatir de verdad a las pandemias del coronavirus, el hambre y la pobreza gravando las ganancias de las multinacionales, los bancos, los oligarcas y a toda la clase capitalista.

Corregimos también a la ONG británica Oxfam, que pone de ejemplo al proyecto argentino para que se aplique en otros países y así se pueda combatir la pandemia, denunciando una vez más que, por más que se aplique, será un mero paliativo. Solo con medidas de fondo, como proponemos desde la izquierda, podremos combatir la pandemia de los grandes capitalistas privilegiados que han duplicado sus fortunas en medio de la tremenda crisis social mientras millones se hunden en la pobreza.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador porteño por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que supuestamente regula el teletrabajo en nuestro país. Dicha norma había sido aprobada a finales de julio de 2020. Y como no podía ser de otra manera, el gobierno peronista de Fernández introduce a través de la reglamentación de la ley un clarísimo respaldo a la posición de las patronales estableciendo en varios artículos una implementación en desmedro de los trabajadores, abriendo las puertas a una mayor flexibilización laboral.

El 20 de enero se publicó en el Boletín Oficial el decreto 27/2021 que reglamenta la ley 27.555, de teletrabajo. La reglamentación realizada por el gobierno nacional deja a las claras, por si a alguien le quedaban dudas, que la ley sólo persigue el fin de avanzar con la flexibilización de las relaciones laborales en nuestro país pasando sobre los derechos adquiridos de millones de trabajadores y trabajadoras. Cada artículo de la reglamentación “desempata” para el lado de las patronales cualquier aspecto que en la ley pudiera haber quedado como medianamente favorable a las y los trabajadores. Y deja sin reglamentar, o sea en un limbo que en la gran mayoría de los casos se resuelve a favor del empleador, varios artículos de la ley aprobada en el Congreso.

Veamos algunos ejemplos, en primer lugar, la fecha de aplicación de la ley. Su entrada en vigencia estaba establecida noventa días después de concluidas las medidas de aislamiento social. “La reglamentación, sin embargo, establece que esos noventa días comenzarán a contarse allí cuando la cartera laboral lo disponga y no a partir del 8 de noviembre, cuando, por decisión del Ejecutivo, se dejó sin efecto el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para dar lugar al distanciamiento social (Dispo)” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

También han sido objeto de una reglamentación regresiva con respecto a lo votado en julio en el Congreso aspectos centrales tales como el ámbito de aplicación o la reversibilidad. Como explica Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), la reglamentación “inexplicablemente excluye del ámbito de aplicación de la ley a quienes realizan esta modalidad de forma esporádica u ocasional, cuando la ley no realiza ninguna distinción ni exige requisitos de permanencia en la modalidad de teletrabajo para que el nuevo régimen sea aplicable” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

Sobre la reversibilidad que estaba establecida en la ley como un derecho del trabajador, la reglamentación incorpora que es necesaria “la invocación de una motivación razonable y sobreviniente”. Dicho en otras palabras, lo que era un derecho unilateral del trabajador/a de solicitar la vuelta al trabajo presencial, ahora queda en manos de la interpretación de la patronal. En un marco de millones de trabajadores con contrataciones precarias y complicidad de la burocracia sindical con las patronales es fácil imaginar que esta reglamentación dificulta enormemente la reversión del teletrabajo por pedido del trabajador/a.

La reglamentación incluye también una restricción más a la reversibilidad reclamada fuertemente en estos meses por el sector empresario: “Las personas que trabajan que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los convenios colectivos de trabajo o en los contratos individuales” (decreto 27/2021, Anexo I, artículo 8°).

Podríamos seguir con los ejemplos de cómo la reglamentación que lleva las firmas del presidente Fernández; el jefe de gabinete, Cafiero, y el ministro de Trabajo, Moroni, abre aún más las puertas a las patronales para usar el teletrabajo como un caballo de Troya contra los derechos laborales y avanzar aún más con la flexibilización laboral.

Así como en su momento alertamos que la ley persigue avanzar sobre los derechos de millones de trabajadores/as, hoy planteamos que la reglamentación es un paso más en la flexibilización laboral. Como venimos haciendo desde el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo, llamamos a fortalecer la organización desde cada sector de trabajo para estar en mejores condiciones de enfrentar y frenar esta nueva avanzada flexibilizadora.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En el tenebroso ranking de la pandemia, con 1.900.000 casos acumulados y 41.000 por millón de habitantes, nuestro país se encuentra a la altura de Brasil, Colombia e Italia. Los 47.000 decesos y la tasa de 1.045 por millón nos emparejan con Brasil, Líbano e Italia. Una idea de la fuerza que mantiene la pandemia entre nosotros es que en los últimos treinta días se registraron 415.000 casos, la quinta parte del total acumulado, y fallecieron por el Covid-19 unas 14.000 personas, casi la tercera parte del total desde que empezó la pandemia. Los índices propuestos por el gobierno, actualizados al 21 de enero, indicaban que tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires era necesario mantener las medidas de restricción.

Un gobierno que sabotea la lucha contra la pandemia

Pese a la contundencia de los datos, el gobierno de Alberto Fernández, así como también el de la oposición patronal de PRO en la CABA, continúan apostando a la vacuna salvadora y omitiendo otras medidas como, por ejemplo, el testeo y rastreo del virus en la población. A la Argentina le sigue correspondiendo un deshonroso 113° puesto en el ranking de rastreos, al mismo nivel que Brasil e Irak y algo más que Venezuela y Paraguay.

Lejos de tomar medidas enérgicas frente al empeoramiento, los gobiernos peronistas, radicales y de PRO aflojan el aislamiento para mantener las ganancias de las empresas. Por ejemplo, en el área de turismo la agencia oficial Télam informa que en lo que va del verano se desplazaron 7,2 millones de personas, la mayoría a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Por otra parte, continúa el plan de regreso a la presencialidad escolar a pesar de las alertas de los gremios docentes y de la comunidad escolar.

La vacuna salvadora… que no salva

Después de la doble postergación de la salida del avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú para traer el segundo envío de la vacuna Sputnik V, se hizo evidente que en el mes de enero no se cumpliría el compromiso de entrega que los rusos habían asumido. El plan de vacunación que el gobierno se había trazado y cuya primera etapa se apoyaba en la llegada puntual de parte de 20 millones de dosis de vacuna Sputnik V compradas al Instituto Gamaleya no podrá respetar el cronograma fijado. El plan contaba en febrero con 22 millones de dosis de la vacuna Oxford AstraZeneca y en marzo 9 millones que corresponden a la Argentina por el plan Covax de la Organización Mundial de la Salud para garantizar la equidad. Con esas remesas se llegaría a la cifra de 50 millones de dosis para inmunizar al 50% de la población. Hoy el plan del gobierno tambalea y su futuro es incierto.

El retraso en la producción de vacunas es un problema mundial del que participan todas las multinacionales farmacéuticas. Hasta el presente solo se han vacunado 64 millones de personas en todo el mundo: 20 millones en Estados Unidos, 15 millones en China, 7 millones en el Reino Unido y en Alemania, España, Italia y Francia 1,5 millones en cada uno. En Brasil 600.000 y en la Argentina 292.000. El único país que no tiene problemas de abastecimiento es Israel por el acuerdo firmado con Pfizer (ver artículo en este periódico). El 75% de los países no ha comenzado la vacunación masiva. 

Las patentes están destruyendo la campaña de vacunación mundial

¿Por qué ese retraso? El doctor Germán Velásquez, ex director del Programa de Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, señala que las multinacionales farmacéuticas no quieren correr riesgos y no continúan la producción hasta que tengan los lotes vendidos: “Si no me las compras, no sigo”. Esta situación lleva a que sean los países imperialistas que cuentan con mayores recursos quienes se han quedado con la enorme mayoría de las vacunas. Según Amnesty International, estos países que cuentan con el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes. 

Por otra parte, la existencia de las patentes impide a cualquier país o empresa producirlas. Velásquez remarca que la industria ha desarrollado las vacunas gracias a cuantiosos subsidios estatales pero, patentes mediante, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. “Las patentes están destruyendo la campaña de vacunación y hay que cambiar el sistema de patentes”, concluye. No satisfechos con utilizar los subsidios estatales para la producción, los monopolios exigen además a los gobiernos la inmunidad judicial frente a los reclamos que pudieran plantearse por efectos colaterales. Para ello obtienen leyes que los favorecen, como es el caso de nuestro país, donde los diputados peronistas y los de Juntos por el Cambio sancionaron una ley con la sola oposición del FIT Unidad.

Hemos mencionado la iniciativa de noventa y nueve países encabezados por India y Sudáfrica que proponen la suspensión de las patentes mientras dure la pandemia. Esta semana se pronunció la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, en el mismo sentido, uniéndose a un número creciente de instituciones como Oxfam, Amnesty International y Médicos sin Fronteras. El gobierno argentino que es firmante de esta declaración debe impulsar y, si es necesario, desconocer unilateralmente las patentes de vacunas y medicamentos encarando la producción local para enfrentar la pandemia.

Lo que falta hacer contra la pandemia aquí y ahora

Es necesario una campaña nacional que incorpore los testeos y rastreos sistemáticos en función de criterios de salud pública. Junto con la centralización de los recursos hospitalarios públicos y privados deben ser también los laboratorios clínicos puestos al servicio de una campaña nacional.

El gobierno también debe sostener económicamente a los trabajadores y los sectores populares, incluidas las ayudas económicas a los pequeños comerciantes, propietarios de restaurantes, bares, talleres, etcétera, que deban aislarse, y pagarle un salario que les permita vivir. También debe proteger a los trabajadores de la salud, no solo con el salario adecuado sino también completando y aumentando los planteles frente a la contingencia.

Desde Izquierda Socialista venimos peleando por estas medidas y reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que, junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, deben servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys e integrante de Izquierda Socialista 

El gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos han puesto en debate, en plenas vacaciones de enero, el retorno de las clases presenciales. Lo que podría parecer un sano interés por la educación, que en 2020 quedó demostrado que no es tal, es en realidad una insólita y apresurada puesta en escena para arrancar su pelea electoral, sin ningún pudor ante un tema tan sensible para todas las familias.

Todos, docentes, familias, estudiantes y quienes trabajan en el circuito educativo (transportes escolares, quioscos, librerías, etcétera) deseamos que, de una vez por todas, se termine esta insoportable situación de pandemia y podamos volver a las clases presenciales. Para los docentes es intolerable otro año de trabajo en la virtualidad, superexplotados, sin la conectividad ni la tecnología necesarias, buscando desesperadamente, a tiempo completo, cómo mantener el contacto con nuestros estudiantes. 

Para los alumnos es complicadísimo tratar de estudiar y tener continuidad dentro de esta situación. Las familias ya no sabemos cómo organizarnos para trabajar y mantener la atención y el cuidado de nuestros hijos, además de que estudien virtualmente. ¿Pero es posible el regreso a las aulas de manera segura para los alumnos, los docentes y sus familias?

Este hartazgo social general por la pandemia, que sigue creciendo, con chicos que no van a las escuelas, quiere ser aprovechado por Cambiemos y el peronismo en el terreno electoral. Somos claros y categóricos, a Cambiemos y al gobierno peronista no les interesa en realidad resolver cómo sostener la educación de nuestros pibes. Y como no tienen ninguna respuesta a esta problemática pandemia-educación presencial solo hacen anuncios pomposos vacíos, dicen que “este año las clases serán presenciales”, “habrá clases desde marzo”, “desde febrero”, tratando de mostrarse como los más interesados. El problema es que ninguno puede responder a una pregunta simple y práctica, cómo combinar la educación presencial sin aumentar exponencialmente la pandemia, cómo irán a la escuela, cuántos chicos por aula, cuántos días, cómo hacer clases virtuales y presenciales sin nombrar el doble o el triple de docentes, cómo garantizar el distanciamiento social de los niños, cómo mantener ventiladas las aulas, qué hacer con las escuelas cuya infraestructura es deficiente, donde no hay agua potable ni baños en condiciones. Su única respuesta es “lo estamos evaluando, estamos armando y consensuando los protocolos”. O sea, cuando se intenta avanzar en algo concreto se les caen las caretas al gobierno peronista y a la oposición patronal de Cambiemos. 

Para esconder esta política montan una campaña pretendiendo responsabilizar a los docentes de “no querer trabajar” y a los sindicatos de “poner todo tipo de trabas para no retornar a la presencialidad”. ¡Nada más lejos de la realidad! Los docentes preferiríamos, sin dudarlo, volver a las escuelas, estar con nuestros alumnos, dar clases normalmente, salir de esta desgastante virtualidad. Por otra parte, aunque el gobierno nacional, y el de Larreta en particular, quieran ocultarlo, todos sus planes de regreso parcial a las clases presenciales fracasaron por absurdos e impracticables, no porque “los gremios peronistas kirchneristas” los hayan boicoteado. Así ocurrió en CABA, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan y otras provincias, donde en 2020 intentaron “retomar la presencialidad”. Y los únicos gremios que denunciamos lo irreal y mentiroso de sus planes fuimos los combativos, Ademys y los Suteba Multicolor.  

Durante 2020 luchamos en todo el país. Los Suteba Multicolor enfrentando la política de Kicillof de precarización a través del plan Piedas y los ATR. La docencia combativa de Santa Cruz exigiendo la realización de congresos provinciales y planes de lucha por parte de la Adosac. La minoría multicolor en Aten Capital denunciando al gobierno y a la burocracia sindical. La docencia mendocina frenó la reforma de la ley provincial de educación. Los docentes de Misiones autoconvocados lograron un aumento salarial frente a la pasividad de la burocracia. El plenario docente opositor de Córdoba se movilizó contra la reforma del estatuto. Y Ademys enfrentó la ofensiva aperturista de Larreta y Acuña.

Otro hecho que el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos tratan de ocultar es que en todo el mundo han dado marcha atrás con los planes para retomar la presencialidad escolar no bien la pandemia volvía a agravarse. No se puede sostener la mentira de que los chicos no son transmisores asintomáticos.  

Además, el gobierno peronista trata de instalar que el retorno a la presencialidad solo dependería de sus “protocolos”, escondiendo que los docentes tuvimos una pérdida salarial de entre 10% y 20% según la jurisdicción el año pasado, que estamos teniendo un salario inicial debajo de la línea de pobreza, que hay decenas de miles de docentes que no han sido designados en cargos durante 2020 y, en consecuencia, ni siquiera han cobrado. Que han generado trabajo docente precarizado con los planes Piedas y ATR. Por eso, aunque la burocracia sindical de Ctera y demás gremios no lo digan, además de los protocolos para la pandemia hoy el tema laboral y salarial es fundamental para cualquier regreso a clases, semipresenciales o virtuales.

La única solución para sostener la educación de nuestros hijos es que el gobierno nacional del Frente de Todos, los gobernadores de todo signo político, radicales y de PRO, decidan hacer una fuerte inversión extraordinaria en educación pública y salarios. Además de garantizar un salario inicial igual a la canasta familiar, se debe nombrar a todos los docentes necesarios, en blanco y bajo convenio, terminando con todos los programas educativos tercerizados y flexibilizados que, aprovechando la pandemia, el gobierno nacional ha generalizado. 

Si se quiere armar un protocolo para una educación semipresencial (yendo algunos días algunos alumnos y otros días de manera virtual) hay que invertir en la infraestructura escolar garantizando espacios con la ventilación adecuada y que permitan el distanciamiento, mayor cantidad de auxiliares de limpieza y elementos de higiene.  

Hay que nombrar docentes, el doble o el triple, los que sean necesarios, para que cada uno se haga cargo de los alumnos en presencialidad y de los que no van a la escuela y estudian de manera virtual. 

Sobre todo, hay que garantizar computadoras y conectividad gratuita para todos los docentes y los estudiantes para poder sostener la virtualidad.  

Ninguna de estas medidas fue propuesta por el gobierno de Alberto Fernández, por Cambiemos ni por los gobernadores peronistas. Insistimos, lo de ellos es solo propaganda política pensando en las elecciones de este año. Ellos son los verdaderos responsables de que haya o no educación para nuestros hijos.

Para Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, hay que invertir todo el dinero necesario para atacar la crisis del coronavirus, la crisis social y defender la escuela pública en pandemia. Para eso hay que romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa. Hay que cobrarles fuertes impuestos a las multinacionales, a los grandes empresarios y a los bancos, como lo planteamos desde el FIT Unidad. Dejar de subsidiar el negocio de la educación privada y nacionalizar la escuela pública. Llamamos a luchar por estas medidas de fondo. 

Escribe Adolfo Santos

Quedó atrás el primer año del gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Llegaron prometiendo gobernar para los sectores más vulnerables, a los que Macri había atacado sistemáticamente durante su gobierno. Fue solo un doble discurso. En los hechos, el ajuste continúa, la inflación no cede, los salarios son reajustados a la baja y la política económica se centra en las negociaciones con el FMI y el cumplimiento de sus exigencias para pagar la deuda externa. En este marco, padecemos el flagelo de la pandemia en el que el gobierno peronista destinó más recursos para socorrer a los grandes empresarios y multinacionales que los que dispuso, y dispone, para la salud del pueblo trabajador y para paliar las necesidades que genera la pobreza en los hogares humildes. Las y los trabajadores de todo el país seguimos expuestos también al contagio cuando viajamos en el transporte público hacinados y por la falta de medidas efectivas de protección en los lugares de trabajo. 

Con el gobierno del Frente de Todos el salario sigue perdiendo terreno. Con una inflación cercana a 40 por ciento, que asciende a varios puntos más en los rubros más necesarios, como alimentos y bebidas, la mayoría de los acuerdos salariales fueron cerrados a la baja, con sumas fijas y en cuotas. Es el caso de gremios importantes como metalúrgicos, mercantiles, la construcción, bancarios, sanidad, alimentación y, recientemente, ferroviarios. Peor todavía es la situación de los trabajadores estatales y los docentes. UPCN y la ATE que conduce Hugo “Cachorro” Godoy cerraron un aumento de 25 por ciento en cuatro cuotas hasta mediados de 2021, llegando al extremo de percibir solo 7 por ciento de incremento en 2020. En el caso de los trabajadores de la educación, la burocracia acordó un aumento en cuotas de 33,46 por ciento. O sea, la mayoría de los trabajadores vieron perder parte de su salario con la inflación mientras los dirigentes sindicales burocráticos no opusieron resistencia alguna.

Salario mínimo y jubilaciones: un ataque a los vulnerables 

El salario mínimo, importante valor testigo para la numerosa franja de trabajadores que están en negro, fue acordado en octubre en una reunión relámpago de la Comisión Técnica del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las cúpulas de la CGT y de las CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28 por ciento, solo que, al ser en cuotas, en 2020 recibieron apenas 22 por ciento.  

Las jubilaciones, otro de los indicadores de la situación económica del pueblo trabajador, también sufrieron un duro golpe. La promesa del candidato Alberto Fernández, de que una de sus prioridades sería mantener el poder adquisitivo de los jubilados, no fue cumplida. Suspendió la vergonzosa ley de movilidad de Mauricio Macri, otorgó aumentos por decreto y estableció un mecanismo de reajuste que inexorablemente significó una pérdida para los y las jubiladas. Cobardemente, el gobierno aprovechó el proceso de movilización por la ley de interrupción voluntaria del embarazo para aprobar, junto con la oposición patronal, una movilidad jubilatoria que no contempla la inflación. Ahora el objetivo es “ahorrar” alrededor de 100.000 millones de pesos que irán a parar a los cofres del FMI. Un verdadero Robin Hood, al revés, les saca a los jubilados para darle a los banqueros.

Es un brutal ataque a un sector largamente postergado. Si consideramos la inflación oficial, las jubilaciones sufrieron pérdidas que alcanzan 8,7 por ciento. No solo no se recuperaron las pérdidas de la era Macri, sino que se profundizó el deterioro. Pero en realidad estos índices son peores. La recomposición de las jubilaciones recién se completará en marzo, ya que fue otorgada en cuotas, y todo indica que la inflación de este año puede seguir creciendo muy por encima de los índices de movilidad pautados por el gobierno. 

La burocracia sindical es cómplice del ajuste del gobierno peronista 

Esta situación de deterioro social, agravada por la pandemia, no sería posible sin la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Los dirigentes de la CGT han apoyado cada medida del gobierno, incluida la negociación con los usureros de la deuda externa. Se reunieron con el FMI para pedir clemencia en vez de llamar a una movilización para enfrentarlo y exigirle al gobierno que rompa esos acuerdos que nos condenan a más miseria y pobreza. Lo único que movilizó a los burócratas sindicales fue el reclamo del dinero de las obras sociales, una verdadera caja negra que manejan discrecionalmente y que sirve para mantener sus prebendas. No organizaron ninguna lucha para defender el salario u oponerse a los despidos, las suspensiones y la pérdida de derechos. Sí se reunieron con Alberto Fernández para solicitar que se aumenten los aportes de los trabajadores a las obras sociales.

Organizar la lucha para enfrentar el ajuste del gobierno 

Este 2021 será un año en el que tendremos que seguir enfrentando el fuerte ajuste que pretende imponer el gobierno. Evidentemente, no tenemos ninguna confianza en que los dirigentes burocráticos vayan a movilizar contra los planes de ajuste. Su papel es impedir que se desarrollen las luchas. Para revertir esta situación tenemos que organizarnos desde las bases para frenar este brutal ajuste. No se pueden seguir soportando las políticas de un gobierno que, con doble discurso y frases grandilocuentes como “se acabó la Argentina de los vivos”, gobierna para los grandes empresarios, a los que les otorga subsidios que favorecen sus ganancias, en desmedro de los trabajadores y los sectores populares a los que empobrece con el ajuste, vía la inflación, con la precarización laboral o con despidos. 

En 2020, en medio de las limitaciones impuestas por la pandemia, varios sectores salieron a luchar para enfrentar los despidos y las suspensiones y para exigir mejores condiciones de salario y de trabajo. Los sindicatos aceiteros protagonizaron una huelga de veinte días que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial. Hicieron retroceder a la patronal del sector y consiguieron 35 por ciento de aumento salarial en 2020, un bono anual igual a un salario, un bono pandemia de 90.000 pesos en nueve cuotas y un ajuste salarial de 25 por ciento para 2021 en dos tramos, más una revisión salarial en agosto con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Un importante triunfo que muestra el camino. Pero no fueron los únicos, los trabajadores de la salud, ferroviarios encabezados por la Lista Bordó del Pollo Sobrero, los del neumático, mineros y ceramistas de Neuquén, aeronáuticos de Latam, docentes de diferentes provincias, municipales de Córdoba, Algodonera Avellaneda, entre otros, también ganaron las calles demostrando una importante disposición de lucha. 

Hay que exigirle a la CGT que rompa la tregua con el gobierno, las grandes patronales y las multinacionales. Hay que organizarse desde abajo, realizar asambleas donde se pueda, o reuniones de delegados y activistas para pelear para que los salarios y las jubilaciones sean acordes a la canasta familiar. Que los desocupados cobren lo mismo que el costo de la canasta de pobreza calculada para una familia tipo, que en diciembre pasado alcanzó los 55.000 pesos. Que se frenen realmente los despidos y las suspensiones mientras dure la pandemia. Que se les exija a las patronales que cumplan con todas las medidas de protección adecuadas en cada lugar de trabajo. Que se hagan testeos masivos, se pague un salario que permita vivir a los trabajadores y sectores populares que deban aislarse y se continúe la vacunación, acelerando el ritmo, incluyendo en primer término a todos los trabajadores considerados esenciales. 

Por estas medidas, apoyando todas las luchas y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora venimos peleando desde el sindicalismo combativo. 

Desde Izquierda Socialista, junto al Frente de Izquierda Unidad, seguiremos luchando por estas reivindicaciones, contra el ajuste del gobierno y el FMI, por una alternativa política para los trabajadores y los sectores populares que comience por romper los acuerdos con los usureros e imponer el no pago de la deuda externa para así tener salarios, salud, educación y viviendas dignos, para que la crisis la paguen los capitalistas.