Escribe Mercedes De Mendieta, legisladora porteña electa

El domingo 1 de diciembre, una joven de 17 años fue violada en “manada” por un grupo de siete varones en la localidad de Luján. La joven apareció drogada y ensangrentada y fue trasladada al hospital.

Familiares acompañados por el movimiento feminista de la zona dos días después, se movilizaron a la Fiscalía exigiendo justicia y el acompañamiento a la víctima. Ante la falta de respuesta se realizó una segunda movilización para repudiar el encubrimiento a los violadores. La respuesta de la justicia patriarcal y el gobierno municipal fue la represión con balas de goma y gases lacrimógenos. El operativo a cargo de la Infantería provincial hirió a las compañeras presentes, entre las que se encontraban la candidata a intendente por el FIT-Unidad, Daniela Cooper y la diputada nacional Mónica Schollotahuer quienes, junto a otras manifestantes, debieron ser trasladadas al hospital municipal, por inhalación de gases. Repudiamos la represión y exigimos cárcel para los violadores. Ni Una Menos. Los gobiernos son responsables.

Desde la banca de Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista se presentó en el Congreso un proyecto de ley por el cupo femenino y trans para todo el transporte público y privado del país. Participaron de la audiencia pública, la diputada nacional Romina del Plá (PO), nuestra compañera diputada provincial Mercedes Trimarchi, ferroviarias de “Mujer Bonita es la que lucha”, representantes de ATTTA (Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de Argentina) y referentes de la agrupación de mujeres Isadora.

Los sacerdotes Nicola Bruno Corradi y Hugo Corbacho Blanc recibieron penas de 42 y 45 años de cárcel respectivamente y el jardinero Armando Ramón Gómez por 18 años. En los tres casos la condena es por los abusos sexuales que cometieron a once niños sordomudos durante el 2005 y el 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

“Una condena ejemplar”, sostuvieron los abogados de las víctimas en relación a la cantidad de años que pedían. Sin embargo, los familiares alertaron sobre el problema del silencio cómplice del Papa Francisco y la cúpula de la Iglesia Católica, quienes no solo no colaboraron con pruebas, sino que además encubrieron todo el tiempo a los implicados. Ahora esperan que la iglesia los expulse pero por el momento nada de eso ocurre.

Los abusos y los casos de pederastia por parte de la iglesia son bien conocidos. Como también su forma de encubrirlos. Por ejemplo, cuando la cúpula eclesiástica se entera de un abuso, lejos de acompañar a la víctima lo que hace es proteger al abusador, trasladándolo a otra provincia o a otro país. Lo hacen amparándose en el derecho canónico para evitar que vayan a la justicia ordinaria y persuaden a las familias para que no se hagan eco del caso.

Esto tiene aval legal en nuestro país desde 1966, cuando bajo el gobierno de Onganía se homologa el Concordato entre la Santa Sede y Argentina (Ley 17.032). El mismo otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio, nombrar directamente a los obispos y aplicar el derecho canónico para juzgar a los miembros de las cúpulas eclesiásticas garantizándoles la impunidad. A partir de ese momento, toda una batería de leyes siguieron para garantizarle a la Iglesia Católica innumerables privilegios que van desde exenciones impositivas, subsidios, donaciones y hasta la injerencia en áreas centrales como la salud y la educación.

El papa Francisco sabía todo

El nombre Corradi se conoció públicamente en 2009 gracias a la denuncia de 67 chicos sordos que lo señalaron junto a otros 23 religiosos por abusos sexuales dentro del Instituto en la sede de Verona (Italia). Por aquel entonces Corradi ya había sido traslado a Argentina. Primero hizo escala en La Plata y luego tras más denuncias de abuso en la sede platense lo trasladaron a Mendoza. En 2014, las víctimas italianas le enviaron una carta a Francisco en la que le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en la institución educativa de Mendoza. Sin embargo, Francisco nada hizo frente a este nuevo alerta, continuó en silencio y permitió que siga abusando a los niños mendocinos.

Una vez más denunciamos a la cúpula de la Iglesia Católica cómplice de estos abusos y también de lo peor de nuestra historia, como la última dictadura militar en la que bendijeron las armas con las que torturaban y entregaron a los bebés nacidos en cautiverio. No solo fue en el pasado: ahora juega un rol nefasto junto a los gobiernos y partidos patronales, negándonos el derecho al aborto y a la educación sexual a miles de niños, niñas y adolescentes. Exigimos la anulación de todas las leyes que benefician a la Iglesia Católica, como la del pago de los sueldos a los curas y el fin de los subsidios a las escuelas confesionales. Vamos por la inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Escribe Mercedes De Mendieta, Legisladora porteña electa

Una trabajadora trasladada y perseguida desde hace meses por defender un paradigma de derechos dentro del Organismo de Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires presentó el día 16 de octubre una grave denuncia por hostigamiento, abuso sexual y acoso laboral contra Gerardo Peralta, quién ocupa funciones como director operativo de este organismo.

También se realizó la denuncia penal y la fiscalía dispuso una restricción de acercamiento de Gerardo Peralta a la denunciante que fue enviada al organismo. ​Sin embargo la violencia institucional se mantiene. Peralta es sostenido por las autoridades como director operativo. A pesar de que la compañera solicitó el cambio de dirección general para continuar ejerciendo sus funciones, dicha reubicación aún no se dispuso y el director operativo en septiembre dio la orden de que le descuenten los días de trabajo por supuestas ausencias injustificadas, sacándola de sus funciones, pasando a ser parte del equipo técnico del dispositivo. Mientras tanto, el denunciado sigue circulando por los pasillos donde la mayoría de los empleados son mujeres.

Como ocurre en la mayoría de las instituciones que transitan las mujeres, las prácticas patriarcales caen sobre las trabajadoras mujeres y disidencias, dónde la mayoría trabaja precarizada bajo la figura de fraude laboral, con contratos basura que son utilizados como una herramienta de presión con la amenaza de despedidos.

Bajo la dirección de Gerardo Peralta se han realizado otras relocalizaciones y dos despidos a partir de denuncias presentadas a la coordinadora del CAT2, Patricia Dodera. A pesar de esto y de varias medidas de fuerza llevadas a cabo, tanto Dodera como Peralta continúan en sus puestos de trabajo mientras los compañeros despedidos aún no han sido reincorporados.
Exigimos la inmediata separación de Gerardo Peralta y de Patricia Dodera del organismo y el fin del hostigamiento y del abuso laboral y sexual. Y seguiremos luchando por el pase a planta permanente de las y los trabajadores y el fin de la precarización laboral.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

El ex gobernador de la provincia de Tucumán y actual senador peronista fue denunciado por su sobrina, por abuso sexual.

La denunciante lo hizo en los tribunales de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, en los dos lugares donde ocurrieron los hechos mientras ella se desempeñaba como secretaria, desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Alperovich, quien todavía sigue en Miami lo primero que dijo al enterarse de la denuncia es que no iba a suspender sus vacaciones y que volvería para estar en la asunción del presidente Alberto Fernández. Luego, mediante una maniobra para mantener los fueros parlamentarios y evadir la justicia, presentó una licencia por tiempo indeterminado. De esta manera desarticula de antemano una posible convocatoria de sesión para tratar su caso. Mónica Schlotthauer, diputada nacional por Izquierda Socialista, presentó un proyecto para que se le quiten los fueros al senador y que esté obligado a responder a la justicia, tal como lo solicita el abogado de la víctima. En la conmovedora carta la denunciante dice: “No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le pones nombre, no existe”. La mujer que se anima con estas palabras a denunciarlo es muy valiente, sobretodo porque se trata de un empresario multimillonario y con mucho poder político. Por eso lo primero que se debe hacer es garantizarle total protección y cuidado a la víctima. No olvidemos que Alperovich tiene una acusación en la justicia por encubrimiento frente al femicidio de Paulina Lebbos, la estudiante que en febrero de 2006 fue asesinada y que once años después en el juicio fue absuelto el único acusado, Roberto Gómez, por partícipe secundario en el secuestro y posterior asesinato. A su vez, mientras fue gobernador se desarrolló el juicio por la desaparición de Marita Verón, víctima de las redes de trata, redes de proxenetas que continúan operando con total impunidad gracias a la complicidad de empresarios, políticos, jueces y policías, tal como se demostró en el histórico juicio que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de la hija de Susana Trimarco. Saludamos la valentía de la denunciante y nos ponemos a su disposición. Exigimos que se haga justicia, que este caso no quede impune y que se condene al agresor.