De acuerdo con el registro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por un miembro de las fuerzas represivas (Suplemento Las 12, 19/2/21). De las 674 mujeres asesinadas por agentes policiales desde 1996 hasta hoy, 393 fueron femicidios. Es decir, que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres y en situaciones de violencia machista y patriarcal.

Otro dato es que el 90% de los femicidios cometidos por miembros de la policía son ejecutados con el arma reglamentaria y fuera del horario laboral, lo cual resulta sumamente peligroso, sobre todo para las víctimas de violencia de género que se animaron a denunciar a sus victimarios policías. Estamos ante una grave situación si tenemos en cuenta que solo en la policía bonaerense, a cargo de Berni y Kicillof, hay seis mil policías que tienen denuncias por violencia de género y hasta el momento continúan en sus funciones.

Corresponsal de Isadora

El femicidio de Úrsula confirmó la responsabilidad estatal ante la violencia machista. Se vio nuevamente en el accionar de la Policía Bonaerense: una institución no sólo repleta de agentes denunciados por cometer este flagelo, sino que también los encubre para garantizar impunidad. Y no es una cuestión de “capacitación de género”: lo mismo hace con las redes de trata, del narcotráfico, del gatillo fácil, del gran delito, y si es necesario, lo impone con represión. Es su función, y también se vio ante la protesta de familiares y amigues de Úrsula frente a la comisaría donde revistaba el femicida Matías Martínez.


Las declaraciones de Sergio Berni, que “no entiende” por qué el pueblo de Rojas se manifestó ante la comisaría si "la policía no tiene nada que ver", despertaron un repudio enorme. Pero el gobierno de Axel Kicillof volvió a darle su apoyo el mismo día (con un acto de entrega de más patrulleros) y las ministras de Género Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz lo convalidaron. Ambas se dicen feministas, pero su gestión está muy lejos de dar respuesta a los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias.


Mientras en las calles se reclama justicia para Úrsula y para todas, mientras se exige que cese la represión y la impunidad, mientras se demandan refugios, viviendas, trabajo para paliar al menos la situación de las víctimas, para garantizar que puedan salir de la situación en que se encuentran, la policía de Berni y Kicillof sigue en acción y el gobierno de Alberto Fernández crea nuevos organismos de “coordinación de ministerios” para atender las consecuencias de los hechos consumados, no para prevenirlos. Es lo que sucede con el anuncio de un nuevo Consejo Federal contra los femicidios y travesticidios. ¿Qué cambia? Mucha sarasa, pero poco o ningún efecto real. La proliferación de organismos y ministerios bajo dirección gubernamental no puede ocultar el fracaso de la demagogia: en los hechos, no se destina presupuesto ni se garantizan políticas públicas elementales, que impacten verdaderamente en la situación de quienes sufren la violencia de género. El doble discurso del gobierno queda a la vista.  

Dieciocho denuncias contra Martínez no bastaron para evitar el femicidio de Úrsula. Tampoco las estadísticas que muestran que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad. Que la justicia es otra institución con responsabilidad, no quedan dudas. Mientras jueces que son electos a dedo y cobran como empresarios archivan las denuncias y garantizan la impunidad, los bloques del Frente de Todos y Cambiemos hacen lo suyo: garantizan un presupuesto de ajuste para pagar millones al FMI, pero no para atender la violencia de género, para destinar los recursos del Estado a construir viviendas o refugios, o para terminar con la precarización de las trabajadoras de los programas de atención. Ahí también está la responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno y de los partidos que sostienen este sistema.

Desde el Frente de Izquierda - Unidad denunciamos el carácter clasista y patriarcal del Estado capitalista y de todas sus instituciones, como la justicia y la policía, que reproducen, legitiman y justifican constantemente la misoginia, la desigualdad y la opresión. Para lograr Ni Una Menos no alcanza con crear más organismos o con reformas parciales. Entre otras medidas, hay que elegir los jueces y fiscales por voto popular, disolver el aparato represivo y aumentar el presupuesto para atender la violencia de género. La lucha contra el patriarcado está más vigente que nunca y lo tiraremos junto con el capitalismo.

Es necesario un gran movimiento de lucha, organizado democráticamente, independiente y en las calles, que haga temblar la tierra. Para lograrlo, para reclamar justicia e imponer nuestras demandas, este 17 de febrero nos manifestamos en todo el país y llamamos a los sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y disidencias, a poner en pie un gran movimiento por Justicia para Úrsula y para todas.

Justicia por Úrsula y por todas. Ni Una Menos.
Estado, gobierno, justicia y policía son responsables. Fuera Berni.
Plata para prevención y asistencia a las víctimas, no para la represión y el FMI.

Frente de Izquierda - Unidad

Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas (PTS e independientes)
Plenario de Trabajadoras (PO)
Isadora, Mujeres en Lucha (IS)
Juntas a la Izquierda (MST)

La joven Úrsula Bahillo fue asesinada a cuchilladas por su ex pareja Matías Ezequiel Martinez, efectivo de la policía bonaerense en la localidad de Rojas. Ella era víctima de violencia de género y había radicado catorce denuncias contra Martínez. Él, se encontraba con carpeta psiquiátrica -un eufemismo para proteger a los miembros de las fuerzas represivas que cometen delitos- desde septiembre de 2020 y tenía una perimetral que no cumplió y que nadie controló.

Con mucha indignación vecinos, familiares y amigas de Úrsula reclamaron por justicia pero recibieron represión y balas de goma disparadas directamente a la cara como lo denunciaron por redes sociales.  Así actúa la maldita policía de Berni y Kicilof, reprimiendo a quienes están sufriendo por la pérdida de una amiga o hija de 18 años, mientras encubren y cuidan al femicida. Desde Isadora nos sumamos al reclamo de #JusticiaPorUrsula, exigimos cárcel a Martinez y que paguen los responsables de la represión.

Ante las cifras alarmantes de femicidios y el aumento de la violencia machista, exigimos al gobierno de Fernández que declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto acorde para combatirla en base al no pago de la deuda externa y al cese de los subsidios que recibe la iglesia católica y demás instituciones eclesiásticas. 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada (mc) bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Luego de la reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) comenzaron a practicarse por primera vez en la historia de nuestro país los abortos voluntarios legales. Con emoción pudimos ver las primeras recetas de misoprostol autorizadas para las IVEs y por fin algo que anhelábamos: que la decisión de quienes deciden abortar sea garantizada por el Estado. Pero también aparecieron las primeras reacciones de los antiderechos, como la medida cautelar en Chaco y presentaciones similares en otras provincias. Desde Isadora, repudiamos estas maniobras de los sectores eclesiásticos y conservadores e invitamos al conjunto de las mujeres a seguir movilizadas para que la ley conquistada con la lucha se convierta en un derecho para todes.

La ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, debe ser aplicada en todo el territorio argentino. Por lo tanto, una vez sancionada la ley y reglamentada, todas las provincias tienen la obligación de implementarla. Sin embargo, en la provincia de Chaco gobernada por el peronista y “celeste” Capitanich no es así y quienes decidan interrumpir sus embarazos no podrán hacerlo (por el momento) en ese territorio, debido a una medida cautelar dictada por la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial N°19 de la ciudad de Resistencia.

La jueza chaqueña, cercana al Arzobispado de Resistencia, concedió el pedido que seis reconocidos activistas locales anti ESI, anti perspectiva de género, anti derechos de la diversidad y anti derecho al aborto y así, ordenó “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la ley en la provincia. Similar presentación hizo en la provincia de Entre Ríos, la abogada Miriam Müller, presidenta del partido NOS, que a nivel nacional se referencia con el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión. Es decir que por todos los medios los antiderechos celestes buscan que la ley conquistada tras años de lucha no se cumpla.

Iglesia y Estado: asuntos separados

Las iglesias, además de impulsar este tipo de acciones judiciales también están detrás de la objeción de conciencia individual e institucional. Por eso, desde Isadora e izquierda Socialista, ya alertábamos en diciembre del año pasado que la objeción de conciencia del proyecto del ejecutivo era la puerta de entrada para que no se garantice el derecho al aborto. Por ejemplo en la provincia de Córdoba, el Hospital Privado de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola hicieron una publicación conjunta en la que saludaban a la objeción de conciencia institucional. Un verdadero escándalo no solo porque las instituciones no tienen “conciencia” sino porque además, buscan poner trabas y amedrentar a quienes decidan abortar.

Lejos de bajar el pañuelo verde de la Campaña por el derecho al aborto, debemos seguir peleando por la implementación efectiva de la ley de IVE y contra los objetores de conciencia que buscan impedir nuestros derechos conquistados con la lucha. Y junto al verde, levantaremos el pañuelo naranja de la separación de la iglesia del Estado porque las políticas públicas y los derechos conquistados no pueden estar a merced de lo que un grupo minoritario clerical y reaccionario opine sobre nuestros cuerpos, deseos y decisiones. Por eso, exigimos que el Estado deje de financiar a la iglesia católica como paso fundamental para terminar con los privilegios económicos que gozan los miembros de la curia y que son declarados enemigos de los derechos de las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binaries. 

Escribe Malena Lenta

Hace pocos días se hizo pública la noticia de la violación de una joven venezolana de 18 años en el primer día trabajo por parte de su jefe, Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, quien es dueño de un comercio en el barrio de Once. Pero además de la traumática situación vivida por la joven, este caso destapa un clásico modus operandi tanto de quienes se aprovechan de la situación económica crítica de las mujeres como de la connivencia de la justicia patriarcal.

Garzón Martínez sabía de la necesidad de trabajo acuciante de la joven y por eso le pidió fotos y la invitó a salir como pago para aceptarla como empleada. Ante el rechazo de la joven, no dudó en drogarla, engañándola con una bebida para poder violarla. Y aunque ella logró avisarle a su familia de lo que estaban sucediendo, cuando ésta llegó al comercio ya era tarde y la violación había ocurrido.

Pero el caso de la joven venezolana no fue único. Y al salir a la luz, llovieron denuncias de mujeres que habían vivido la misma situación con Garzón Martínez, todas ellas trabajadoras desocupadas desesperadas por un empleo. Sin embargo, la justicia patriarcal, a pesar de haberlo encontrado mientras cometía el hecho, decidió dejarlo libre y darle lugar para que amenace y calumnie a la joven y su familia. Al mismo tiempo, tanto la justicia como el gobierno se desligaron totalmente de la contención de la joven, ya que no le dieron la ayuda psicológica necesaria ni tampoco le resolvieron su situación económica que sigue siendo grave.

Por ella y por todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual exigimos ¡Justicia! Cárcel ya al violador Garzón Martínez. Que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad deje de mirar para el costado y garantice el presupuesto para abrir programas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Por la plena implementación de la Ley Micaela para que no haya efectores del Estado sin perspectiva de género. Presupuesto ya para las mujeres y disidencias y no para la deuda externa y la iglesia.