3J – ¡Justicia por Agostina, Dulce, Noelia y por todas! Feminismos para derrotar a Milei, al FMI y sus cómplices. ¡Ni una menos: vivas, libres, desendeudades nos queremos! Unir las luchas y rebelarse es la tarea. Las vidas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries importan!
Argentina - 3 de junio de 2026.

El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos, desde entonces, cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries. Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: nuestras vidas no son desechables! Las vidas de las pibas valen!
Denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos-territorios, contra todas las formas de sometimiento, explotación y violencia. Hoy volvemos a gritar: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y desendeudades nos queremos!

Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todes les que ya no están.
Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años deCórdoba, y exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y ladestitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizadadel poder judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado. También nos conmueve el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, adolescente de 17 años de Misiones, y de Noelia Romero, de Temperley, Provincia Buenos Aires. Seguimos buscando a Camila Maidana de Comodoro Rivadavia (Chubut), a Delicia Mamani desaparecida en Córdoba hace seis meses, oriunda de Jujuy. Pedimos justicia por Mariel Jiménez, de Villa Lugano (Buenos Aires), y condena efectiva a su femicida. Exigimos justicia por Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y justicia y reparación efectiva para Sofía Castro Riglos que fue la única sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas. Este fue un crimen lesboodiante, nacido de la violencia machista y patriarcal, en un contexto de precariedad habitacional y desamparo estructural.

Exigimos una condena histórica a Justo Fernando Barrientos, que se condene el crimen de odio, que se reconozca que fue un lesbicidio. ¡Lesbicidios Nunca Más!
Estamos aquí por ellas y por todas.

Nos movilizamos contra el proyecto de las supuestas “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada y todos sus aliados del gobierno, que busca blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian. Ratificamos nuestro compromiso de alzar la voz y poner el cuerpo contra los abusos sexuales, acompañando a madres protectoras, sobrevivientes, niñes y adolescentes en el Congreso, en los juzgados, en las calles y en cada uno de nuestros espacios. Frente a quienes pretenden avanzar sobre nuestros derechos, nuestra respuesta es colectiva e inapelable: ¡no pasarán!

¡Basta de revinculaciones forzadas! Denunciamos la separación de la niña Arcoiris de su entorno protegido y la vinculación dispuesta por el Poder Judicial de La Rioja con los denunciados por abuso sexual contra ella. ¡Arcoiris con su mamá ya!

Denunciamos la violencia vicaria a Alexandra Sabio de Neuquén y restitución del niño M a su madre. Nuestra revolución no defiende abusadores. No hay falsas denuncias, faltan denuncias.

Nos movilizamos hoy a lo largo y ancho del país convencides de que organizar la rabia es también construir una alternativa de vida y dignidad frente al saqueo criminal y la crueldad que impulsa el gobierno de Javier Milei y todos sus cómplices.
Venimos a gritar que unir las luchas contra la crueldad y las violencias de este gobierno machista, racista y saqueador es la tarea. ¡Rebelarnos es urgente!

Denunciamos que:
● Entre el 3 de junio del 2015 y el 24 de mayo del 2026 se registraron al menos 3205 casos de víctimas letales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. No son números, son vidas arrancadas por la violencia machista.
Repudiamos las declaraciones de la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva, quien declaró que el crimen de Agostina Vega es un "homicidio", negando una vez más la violencia patriarcal y buscando eliminar la figura de femicidio. Esta decisión no es meramente una cuestión de lenguaje: implica
negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad.

● Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca mientras fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social. Nuestros feminismos hacen comunidad en cada barrio, escuela, sala de salud. Hacemos redes para construir las vidas que queremos vivir para todas, todes
y todos.

● Insistimos en nombrar los travesticidios y transhomicidios, porque cuando no se nombran también se borra la vida vivida como travesti y trans. El Estado debe reconocer, prevenir y reparar la cadena de expulsiones y violencias que pesa sobre nuestra comunidad. También reclamamos la implementación de protocolos específicos frente a las desapariciones de personas travestis y trans, una demanda que nuestro movimiento viene señalando desde el caso de Tehuel de la Torre. Seguimos gritando: ¿Dónde está Tehuel?. Gritamos también: ¡Justicia para Sofi Fernández! ¡Justicia por Valeria Micaela Benitez!

Reivindicamos la memoria de nuestras grandes referentas: Diana Sacayán, Lohana Berkins, Claudia Pía Baudracco, Zoe López García y tantas otras cuyo aporte y lucha siguen marcando el camino del movimiento travesti y trans.

● El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género. La mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno Nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en
materia de género y diversidad. Necesitamos recuperar, ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de género en todas las jurisdicciones.

● Denunciamos la complicidad del Poder Judicial con las violencias sobre nuestros cuerpos: la falta de respuestas, la revictimización, la demora en las investigaciones y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para las víctimas. Denunciamos también la complicidad institucional del poder
judicial con este gobierno de ultraderecha.

● Denunciamos la deuda alimentaria de progenitores que alcanza a 7 de cada 10 hogares monomarentales y es un mecanismo más de precarización y violencia.

● Rechazamos el intento de eliminar la Educación Sexual Integral. Como dijeron las docentes de Agostina, la ESI salva vidas. Demandamos ESI no biologicista, no binaria, laica, feminista y accesible en todos los niveles educativos.

● Exigimos la plena implementación de la Ley de Aborto legal seguro y gratuito en todo el país, el acceso a misoprostol, mifepristona y anticonceptivos, y el fin de las barreras que limitan nuestra autonomía. Desfinanciar la salud sexual y reproductiva, obstaculizar el aborto legal y forzar maternidades es violencia estatal. Defendemos la separación de las Iglesias y el Estado y denunciamos la criminalización de las emergencias obstétricas. El derecho al aborto es ley. Nuestros derechos no se negocian. Sin autonomía reproductiva no hay Ni Una Menos.

¡Nos movilizamos para gritar basta a este modelo de hambre y saqueo que precariza y criminaliza la vida!

● Nos rebelamos para derrotar el proyecto de ajuste, endeudamiento y saqueo impulsado por Milei, Trump, el FMI y sus cómplices, que nos empobrece, nos somete a la precarización y el pluriempleo, nos obliga a endeudarnos para subsistir y destruye nuestra salud mental. Rechazamos la Reforma Laboral y la venta de nuestros bienes comunes. No al pago de las deudas ilegítimas, ni la deuda externa ni las deudas domésticas tomadas para sobrevivir.

● Denunciamos que las trabajadoras comunitarias de los barrios populares sostenemos una triple jornada de trabajo —en el hogar, en el mercado laboral y en la comunidad— que alcanza casi 14 horas diarias. Resistimos desde abril contra las amenazas del cierre del Programa Volver al Trabajo, que otorga 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 familias en todo el país. Necesitamos el reconocimiento salarial del trabajo comunitario que ya sostiene la vida en los barrios.

● Denunciamos la criminalización política contra las organizaciones sociales, políticas, sindicales, indígenas, la persecución a periodistas, y exigimos el desprocesamiento ya de todas las compañeras perseguidas por luchar.

● Denunciamos la violencia política sufrida de forma cotidiana por militantes y referentas de nuestro movimiento en redes sociales y medios de comunicación.

● Exigimos la libertad de las dirigentes políticas Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner. Basta de persecución judicial y proscripción política.
Rechazamos la utilización del Poder Judicial como herramienta de disciplinamiento.

● Denunciamos el llamado de manera racista “operativo tormenta negra” de Jorge Macri para estigmatizar los barrios populares y sus habitantes.
Denunciamos el genocidio del hambre y la profundización de una limpieza étnica y social de este gobierno contra las comunidades negras-afrosdescendientes, indígenas, migrantes y racializadas, mediante los desalojos, el hostigamiento cotidiano a personas en situación de calle, ollas
populares, vendedores ambulantes, asambleas barriales y las expulsiones masivas a personas migrantes. Migrar no es delito.

● Basta de violencia contra las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución.

● Repudiamos la persecusión judicial a pedido de la DAIA y el Estado de Israel contra quienes denuncian el genocidio al pueblo palestino. Libertad y desprocesamiento de Daniel Vera. Abajo el juicio trucho contra Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

● Exigimos el accionar urgente del Estado argentino para la libertad de Paula Giménez y Lucas Aguilera, que fueron secuestrados en Libia por llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino como parte del convoy terrestre Flotilla Global Sumud Maghreb. Basta de agresión al pueblo palestino, Palestina
Libre!

● Reivindicamos la lucha de los pueblos originarios por la recuperación y el reconocimiento de sus tierras.

● Exigimos que el gobierno haga cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de emergencia en discapacidad ya! Nos oponemos a la reforma de la Ley de Salud Mental y exigimos su efectiva implementación. También que cumpla con las y los jubilados, que hoy son quienes más pagan el ajuste.

● Rechazamos el bloqueo a Cuba y todas las formas de intervención en Abya Yala. Volvemos a gritar: las bombas del imperio no solo caen sobre el suelo, caen sobre la posibilidad de decidir nuestro destino!

● Abrazamos la rebelión y la lucha de trabajadores campesinas/os y los pueblos indígenas en Bolivia. ¡Fuera Rodrigo Paz! La rebelión en Bolivia tiene rostro de mujeres y con pollera. Su coraje nos inspira.

Hoy 3 de Junio del 2026 a once años del primer Ni Una Menos que sostenemos cada año, volvemos a reafirmar que los feminismos estamos en las calles en todo el país, por un mundo donde nuestras vidas importen.

Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles.

¡Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudades nos queremos! ¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio! El Estado es responsable.
¡Ni una menos!

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada provincia de Bs. As. de Izquierda Socialista/FIT Unidad

A días de un nuevo aniversario de #NiUnaMenos, nos enteramos de la peor noticia: el femicidio de Agostina Vega, en Córdoba, a quien su familia y amistades buscaban desde hacía una semana.

El fiscal de la causa, Raúl Garzón, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, brindaron una conferencia de prensa el sábado 30 que resultó vergonzosa. En ningún momento hablaron de femicidio; por el contrario, cargaron culpas sobre la víctima y su madre, y defendieron todo lo actuado durante la investigación. Una verdadera provocación para el movimiento feminista, que viene denunciando el desmantelamiento de las políticas de género y la falta de respuestas de Milei y los gobernadores frente a la violencia machista.

El femicidio de Agostina se suma al de Dulce Candia, en Misiones, y al de Noelia Romero, en Temperley. Tres femicidios en un mismo fin de semana.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad llamamos a movilizarnos el próximo 3 de junio en todo el país. Exigimos justicia por Agostina, Dulce y Noelia. Plata para combatir la violencia de género, no para el FMI. Ni Una Menos. Los gobiernos son responsables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT/Unidad 

La ratificación de la condena a Juan Darthés por el abuso sexual cometido contra Thelma Fardin trasciende ampliamente el plano estrictamente judicial. No se trata únicamente de una resolución de tribunales, sino de un acontecimiento con profundas implicancias políticas, sociales y culturales, que repercute de manera directa en la vida de miles de víctimas y se inscribe en la trayectoria reciente del movimiento feminista. Este fallo adquiere aún mayor relevancia en un escenario atravesado por el avance de sectores de ultraderecha conservadora, que buscan cuestionar y revertir derechos conquistados como parte de una ofensiva cultural más amplia. En particular en nuestro país, donde el gobierno impulsa discursos que ponen en duda a las víctimas, instalando la idea de supuestas “falsas denuncias” en casos de violencia de género y abuso.

La justicia federal de Brasil confirmó la responsabilidad penal de Darthés en el juicio por violación contra Fardin, dejando firme la pena de seis años de prisión. El Tribunal Regional Federal de São Paulo, mediante una decisión respaldada por cinco magistrados, emitió un pronunciamiento categórico que no solo reconoce la denuncia de la actriz, sino que también interpela al conjunto de las víctimas de violencia sexual. El tribunal estableció un criterio clave: el eje del análisis debe situarse en la conducta del agresor, en su condición de adulto y en la asimetría de poder existente, más que en exigir pruebas de resistencia por parte de la víctima. En esa línea, la sentencia reafirma un principio fundamental: sin consentimiento, toda relación sexual constituye abuso o violación.

Este fallo también pone en primer plano la valentía de Thelma Fardin, que sostuvo su denuncia durante años frente a presiones, exposición pública y un proceso judicial largo y desgastante. Su decisión siempre estuvo respaldada por una trama colectiva de acompañamiento, en la que el movimiento feminista jugó un rol decisivo, transformando el dolor en organización y la denuncia en una causa política más amplia. Esa fuerza colectiva es la que permitió romper el cerco de la impunidad y torcer un destino que, durante mucho tiempo, parecía escrito de antemano para las víctimas. Y es también la que hoy cobra especial importancia frente al avance del gobierno de Javier Milei, que insiste en desacreditar las denuncias por violencia de género bajo el argumento de las “falsas denuncias”, alimentando un clima de sospecha y desprotección.

En ese contexto, la condena firme a Juan Darthés no solo representa un acto de justicia, sino también una herramienta para seguir dando la pelea. Porque reafirma que las víctimas dicen la verdad, que denunciar vale la pena y que, frente a los intentos de retroceso, la organización y la lucha feminista siguen siendo el camino para defender y profundizar cada una de las conquistas logradas.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT/UNidad 

El caso del entrenador Diego Guacci se remonta a 2021, cuando cinco futbolistas de la selección argentina lo denunciaron ante la FIFA por situaciones de acoso sexual, abuso psicológico y hostigamiento ocurridas durante su paso por clubes y selecciones juveniles. Sin embargo, tras un proceso que se extendió por aproximadamente un año, el organismo internacional decidió archivar la causa al considerar que las pruebas resultaban “insuficientes” para aplicar una sanción. Esta decisión consolidó un escenario de impunidad institucional y fue fuertemente cuestionada por las denunciantes, que señalaron la falta de escucha, acompañamiento y protección dentro de las estructuras del fútbol. En las últimas semanas, al menos tres futbolistas más hicieron públicos sus testimonios, elevando a ocho el número de denunciantes. Estas nuevas voces no sólo amplían la magnitud del caso, sino que refuerzan la existencia de un patrón sostenido de abuso, violencia y hostigamiento a lo largo del tiempo.

En este contexto, no resulta casual que Guacci se ubique entre quienes impulsan el endurecimiento de penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. El proyecto promovido por la senadora Carolina Losada (con el respaldo de Patricia Bullrich) ya cuenta con dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Lejos de proteger a las víctimas, este tipo de iniciativas refuerza un clima de sospecha y desalienta las denuncias, beneficiando a quienes ejercen violencia. La irrupción de nuevas denuncias vuelve a poner en evidencia la urgencia de terminar con la impunidad de la que gozan abusadores y violentos. También deja al descubierto el sentido político de la campaña sobre las “falsas denuncias”, promovida desde el gobierno, que busca sembrar miedo, desacreditar a las víctimas y garantizar el silencio. Pero ese intento no pasa sin respuesta. El movimiento feminista ha demostrado una y otra vez su capacidad de organización y lucha, conquistando derechos y rompiendo pactos de silencio. Porque frente a cada intento de retroceso, la respuesta es colectiva. Como lo expresa una consigna que ya es bandera: “Si soplan fuerte, levantarán olas. Sabemos ser marea.”
  

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las denuncias falsas por motivos de género representan menos del 1% a nivel mundial, según datos de ONU Mujeres de 2024. En Argentina, de acuerdo con datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas y estarían vinculadas principalmente a delitos económicos. La idea que el gobierno pretende instalar acerca de una supuesta “epidemia” de denuncias falsas no solo es reaccionaria, sino también engañosa.

A continuación, se presentan algunas conclusiones de un documento elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto de ley S-0228/2025, el cual propone aumentar las penas para quienes denuncien falsamente situaciones de violencia de género o abusos. Entre las firmantes se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres por Mujeres y Ni Una Menos, entre otras.

“Este problema no se soluciona con medidas que incrementen las barreras para las víctimas y que, en la práctica, podrían fortalecer la impunidad de los agresores. En todo caso, el principal problema que debe resolverse para abordar de manera eficiente el fenómeno que hoy se señala como ‘denuncias falsas’ es la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales en general, y de los penales en particular.

No todo hecho que no haya podido acreditarse responde a una ‘falsa denuncia’. Existen numerosos casos en los que los propios fiscales presentan acusaciones que no logran probarse en juicio, y no por ello se presume que las fiscalías actúen guiadas por ‘falsas denuncias’. En ocasiones, lo que sucede es que no se ha logrado reunir la prueba necesaria, en el marco del debido respeto de las garantías del proceso penal, para alcanzar una condena. En todo caso, lo importante sería lograr que la resolución (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se lleve adelante de un modo que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso”.