Escribe Mercedes de Mendieta, diputada Nacional Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Un nuevo escándalo envuelve al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, a partir de que en el programa Argenzuela con Jorge Rial se mostró en una reunión ofreciendo sus servicios de lobby y protección a Tim Ballard, un exagente de la CIA y exasesor de Donald Trump, con veinte denuncias de abuso sexual. En la grabación salió a la luz que Cúneo Libarona conversa con Ballard en Nueva York y le ofrece acceso a jueces, medios de comunicación e incluso apoyo para redactar un proyecto de ley inspirado en la película Sound of Freedom.
El gobierno de Javier Milei y la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargaron de proteger a Cúneo Libarona. Era de público conocimiento que la represora Bullrich había calificado en abril a Ballard como un “abusador” con “23 causas de abuso”. Sin embargo, días atrás, en una entrevista radial en Radio La Red, dijo: “Yo ya le avisé y creo que quedó todo clarito”, dando por cerrado el asunto y justificando que el ministro de Justicia no estaba al tanto de su opinión (que, se supone, es la del gobierno) sobre Ballard, pese a que había salido en varios medios.
Nada de lo ocurrido sorprende: Cúneo Libarona niega la violencia de género y se rodea de organizaciones como el Observatorio de Falsas Denuncias (que niega la violencia de género), la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (que argumenta en favor del falso SAP) y de abogadas como Patricia Anzoátegui, conocida defensora de pedófilos. Estamos hablando de un ministro de Justicia acorde a un poder judicial patriarcal que reproduce mecanismos que revictimizan e, incluso en algunos casos, criminalizan a las denunciantes y a las madres protectoras, lo que trae como consecuencia que la mayoría de los femicidios y abusos sexuales, que ocurren todos los días, no sean señalados. Ahora también impulsa una reforma del Código Penal bajo el mito de las “falsas denuncias”, que busca acallar a las víctimas de violencia de género y perseguir a las madres protectoras. Un proyecto que desde el Frente de Izquierda repudiamos por su carácter reaccionario.
Llamamos al movimiento feminista a retomar la organización y las calles contra Cúneo Libarona y toda la agenda reaccionaria de este gobierno contra las mujeres y disidencias.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

La motosierra de Javier Milei vuelve a mostrar su lado patriarcal: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, eliminó dos de los pocos programas que, completamente desfinanciados, aún se orientaban a combatir la violencia machista. Lo hizo bajo el argumento de “terminar con estructuras ideológicas”. El gobierno ataca derechos conquistados por mujeres y disidencias.

El gobierno eliminó el Programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género. Ambos habían sido creados para brindar asistencia integral a personas en situación de violencia de género y para recopilar datos sobre asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de mujeres, personas LGBTI+ y personas trans.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, declaró que “nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”. Está claro que no se trata solo de la eliminación de programas, sino de una batalla que debemos seguir dando desde el movimiento transfeminista contra un gobierno que niega la existencia del heterocispatriarcado y sus consecuencias, que vemos todos los días con el crecimiento de la violencia patriarcal.

No es ideología, es violencia de género

No es ideología: la violencia machista es sistémica y todos los días se cobra vidas. Esos asesinatos son femicidios y crímenes de odio. Sólo en los primeros seis meses de 2025 ocurrieron 130 femicidios y trans-travesticidios en todo el país, según datos del observatorio Ahora que Sí Nos Ven. La mayoría de las víctimas ya había denunciado a sus agresores, pero no contaban con protección. Los botones antipánico y los sistemas de alerta temprana fueron discontinuados en varias jurisdicciones por falta de recursos. La línea de atención 144 fue desarticulada, los refugios cerrados o desfinanciados, y los equipos interdisciplinarios que asistían a víctimas fueron despedidos en masa. El programa Acompañar fue llevado al borde de su desaparición. Entre 2023 y 2024, el presupuesto nacional para las principales políticas de prevención y atención a la violencia de género cayó un 85%.

El ataque al cupo laboral trans y a las identidades de género se institucionaliza, promoviendo campañas de odio y dejando en la máxima desprotección y precarización a las personas del colectivo. A esto se suma el ataque a la ESI y a la perspectiva de género. En el Congreso Nacional, la reaccionaria diputada libertaria Lilia Lemoine presentó un proyecto de ley para derogar la Ley de Identidad de Género, que busca eliminar el derecho al reconocimiento de la identidad autopercibida, consagrado desde 2012 y considerado modelo en el mundo por su enfoque despatologizante.

Retomemos el camino del #4J

Enfrentamos a un gobierno ultraderechista, machista, homodiante, transodiante y negacionista del patriarcado y de la identidad de género. Por eso, el movimiento feminista tiene el desafío de retomar la experiencia del #4J, donde, a diez años del primer #NiUnaMenos, se abrazaron y unieron las luchas por la defensa de nuestros derechos con las de las y los jubilados, las universidades, el Hospital Garrahan y el colectivo de discapacidad. Porque, como dijo la feminista Simone de Beauvoir: “nuestros derechos nunca se dan por adquiridos”.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada Izquierda Socialista/FIT Unidad CABA

Durante el quinto Encuentro Internacional de Mujer y Salud, realizado en San José de Costa Rica en mayo de 1987, se resolvió establecer una fecha para visibilizar las problemáticas específicas de salud de las mujeres. Desde entonces, el 28 de mayo forma parte del calendario feminista. Cada año, denunciamos a los gobiernos del mundo por la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a una salud integral, digna y con perspectiva de género. Tres años antes, en 1984, activistas latinoamericanas y caribeñas se habían reunido en Colombia para participar de la primera reunión regional sobre mujer y salud. Allí nació la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que puso por primera vez esta temática en el centro del debate político y feminista.

De acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hace dos años “una mujer o bebé mueren cada siete segundos en el mundo por causas prevenibles o tratables con la atención sanitaria adecuada”. Esta cifra, que suma 4.5 millones anuales, se mantiene estable desde hace años. En el mismo informe señala que “la mayor parte de estas muertes de mujeres embarazadas, madres y bebés recién nacidos responde a la falta de inversiones suficientes dedicadas al cuidado materno infantil, un rubro en el que no sólo no han aumentado los recursos, sino que han disminuido”. Esto afecta principalmente a las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores populares.

Las causas más frecuentes de mortalidad en mujeres gestantes son las hemorragias graves, las enfermedades preexistentes que pueden agravarse durante el embarazo como la hipertensión, las afecciones cardiovasculares (incluida la cardiopatía reumática) y otras enfermedades no transmisibles, las infecciones vinculadas al embarazo y las complicaciones derivadas de abortos inseguros. Por eso, el 28 de mayo, Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, es una fecha clave para defender el derecho al aborto. Un derecho conquistado gracias a la movilización feminista en todo el mundo y que hoy enfrenta el ataque de sectores conservadores y de ultraderecha que intentan arrebatarlo.

En nuestro país, gracias a la movilización y la lucha feminista, conquistamos leyes fundamentales que reconocen la especificidad de la salud de las mujeres y disidencias. Entre ellas se destacan: la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (25.673), la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485), la Ley de Identidad de Género (26.743), la Ley de Parto Humanizado (25.929), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610) y la Ley de Educación Sexual Integral (26.150).

Sin embargo, el brutal ajuste que impulsa Javier Milei pone en riesgo estos derechos, afectando de manera directa la salud de las mujeres y disidencias, en particular en los sectores populares. Por eso, este 28 de mayo, denunciamos su misoginia y la de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien celebró el cierre de programas destinados a la prevención y atención de la salud sexual y reproductiva.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada Izquierda Socialista/FIT Unidad CABA

Con el argumento del recorte del gasto público y como parte de su embestida contra el “Wokismo” el gobierno cerró trece programas que habían sido creados por el ex Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Entre ellos el plan MenstruAR que repartía copas menstruales e insumos para reducir las desigualdades entre las personas que menstrúan y quienes no; el programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero; el programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género; entre otros.

La medida fue anunciada por las redes sociales del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien dijo que se trataba de programas “ideológicos” y de “despilfarros absurdos” argumentando que se ahorrarían 6.000 millones de pesos anuales. Con esta decisión, el gobierno ataca una vez más a las mujeres y disidencias de los sectores populares que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
                

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada Izquierda Socialista/FIT Unidad CABA

El tribunal correccional de París condenó a 18 meses de prisión (en suspenso) al reconocido actor de 76 años Gérard Depardieu por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película “Les Volets Verts” en 2021. Esta es la primera condena que recibe el actor junto a dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y la inscripción de su nombre en el registro de delincuentes sexuales. Más allá de este juicio, hay una veintena de mujeres que denunciaron al actor por comportamientos similares y que lamentablemente la Justicia hizo oídos sordos argumentando que los hechos prescribieron.

Esta condena es un paso adelante contra la impunidad de quienes ejercen violencia sexual aprovechándose de su posición de poder como en el caso Depardieu, el intérprete de más de 200 películas y series. El abogado defensor pidió la absolución de su cliente y pretendió descalificar la palabra de las víctimas alegando que formaban parte de una organización de “feministas rabiosas”. Típico argumento de los defensores de violentos y abusadores que se oponen a la organización de las mujeres que pese a las trabas de la justicia patriarcal rompemos el silencio contra la impunidad.