Escribe Mónica Schlotthauer, diputada provincia de Bs. As. de Izquierda Socialista/FIT Unidad

A días de un nuevo aniversario de #NiUnaMenos, nos enteramos de la peor noticia: el femicidio de Agostina Vega, en Córdoba, a quien su familia y amistades buscaban desde hacía una semana.

El fiscal de la causa, Raúl Garzón, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, brindaron una conferencia de prensa el sábado 30 que resultó vergonzosa. En ningún momento hablaron de femicidio; por el contrario, cargaron culpas sobre la víctima y su madre, y defendieron todo lo actuado durante la investigación. Una verdadera provocación para el movimiento feminista, que viene denunciando el desmantelamiento de las políticas de género y la falta de respuestas de Milei y los gobernadores frente a la violencia machista.

El femicidio de Agostina se suma al de Dulce Candia, en Misiones, y al de Noelia Romero, en Temperley. Tres femicidios en un mismo fin de semana.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad llamamos a movilizarnos el próximo 3 de junio en todo el país. Exigimos justicia por Agostina, Dulce y Noelia. Plata para combatir la violencia de género, no para el FMI. Ni Una Menos. Los gobiernos son responsables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT/Unidad 

La ratificación de la condena a Juan Darthés por el abuso sexual cometido contra Thelma Fardin trasciende ampliamente el plano estrictamente judicial. No se trata únicamente de una resolución de tribunales, sino de un acontecimiento con profundas implicancias políticas, sociales y culturales, que repercute de manera directa en la vida de miles de víctimas y se inscribe en la trayectoria reciente del movimiento feminista. Este fallo adquiere aún mayor relevancia en un escenario atravesado por el avance de sectores de ultraderecha conservadora, que buscan cuestionar y revertir derechos conquistados como parte de una ofensiva cultural más amplia. En particular en nuestro país, donde el gobierno impulsa discursos que ponen en duda a las víctimas, instalando la idea de supuestas “falsas denuncias” en casos de violencia de género y abuso.

La justicia federal de Brasil confirmó la responsabilidad penal de Darthés en el juicio por violación contra Fardin, dejando firme la pena de seis años de prisión. El Tribunal Regional Federal de São Paulo, mediante una decisión respaldada por cinco magistrados, emitió un pronunciamiento categórico que no solo reconoce la denuncia de la actriz, sino que también interpela al conjunto de las víctimas de violencia sexual. El tribunal estableció un criterio clave: el eje del análisis debe situarse en la conducta del agresor, en su condición de adulto y en la asimetría de poder existente, más que en exigir pruebas de resistencia por parte de la víctima. En esa línea, la sentencia reafirma un principio fundamental: sin consentimiento, toda relación sexual constituye abuso o violación.

Este fallo también pone en primer plano la valentía de Thelma Fardin, que sostuvo su denuncia durante años frente a presiones, exposición pública y un proceso judicial largo y desgastante. Su decisión siempre estuvo respaldada por una trama colectiva de acompañamiento, en la que el movimiento feminista jugó un rol decisivo, transformando el dolor en organización y la denuncia en una causa política más amplia. Esa fuerza colectiva es la que permitió romper el cerco de la impunidad y torcer un destino que, durante mucho tiempo, parecía escrito de antemano para las víctimas. Y es también la que hoy cobra especial importancia frente al avance del gobierno de Javier Milei, que insiste en desacreditar las denuncias por violencia de género bajo el argumento de las “falsas denuncias”, alimentando un clima de sospecha y desprotección.

En ese contexto, la condena firme a Juan Darthés no solo representa un acto de justicia, sino también una herramienta para seguir dando la pelea. Porque reafirma que las víctimas dicen la verdad, que denunciar vale la pena y que, frente a los intentos de retroceso, la organización y la lucha feminista siguen siendo el camino para defender y profundizar cada una de las conquistas logradas.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT/UNidad 

El caso del entrenador Diego Guacci se remonta a 2021, cuando cinco futbolistas de la selección argentina lo denunciaron ante la FIFA por situaciones de acoso sexual, abuso psicológico y hostigamiento ocurridas durante su paso por clubes y selecciones juveniles. Sin embargo, tras un proceso que se extendió por aproximadamente un año, el organismo internacional decidió archivar la causa al considerar que las pruebas resultaban “insuficientes” para aplicar una sanción. Esta decisión consolidó un escenario de impunidad institucional y fue fuertemente cuestionada por las denunciantes, que señalaron la falta de escucha, acompañamiento y protección dentro de las estructuras del fútbol. En las últimas semanas, al menos tres futbolistas más hicieron públicos sus testimonios, elevando a ocho el número de denunciantes. Estas nuevas voces no sólo amplían la magnitud del caso, sino que refuerzan la existencia de un patrón sostenido de abuso, violencia y hostigamiento a lo largo del tiempo.

En este contexto, no resulta casual que Guacci se ubique entre quienes impulsan el endurecimiento de penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. El proyecto promovido por la senadora Carolina Losada (con el respaldo de Patricia Bullrich) ya cuenta con dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Lejos de proteger a las víctimas, este tipo de iniciativas refuerza un clima de sospecha y desalienta las denuncias, beneficiando a quienes ejercen violencia. La irrupción de nuevas denuncias vuelve a poner en evidencia la urgencia de terminar con la impunidad de la que gozan abusadores y violentos. También deja al descubierto el sentido político de la campaña sobre las “falsas denuncias”, promovida desde el gobierno, que busca sembrar miedo, desacreditar a las víctimas y garantizar el silencio. Pero ese intento no pasa sin respuesta. El movimiento feminista ha demostrado una y otra vez su capacidad de organización y lucha, conquistando derechos y rompiendo pactos de silencio. Porque frente a cada intento de retroceso, la respuesta es colectiva. Como lo expresa una consigna que ya es bandera: “Si soplan fuerte, levantarán olas. Sabemos ser marea.”
  

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las denuncias falsas por motivos de género representan menos del 1% a nivel mundial, según datos de ONU Mujeres de 2024. En Argentina, de acuerdo con datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas y estarían vinculadas principalmente a delitos económicos. La idea que el gobierno pretende instalar acerca de una supuesta “epidemia” de denuncias falsas no solo es reaccionaria, sino también engañosa.

A continuación, se presentan algunas conclusiones de un documento elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto de ley S-0228/2025, el cual propone aumentar las penas para quienes denuncien falsamente situaciones de violencia de género o abusos. Entre las firmantes se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres por Mujeres y Ni Una Menos, entre otras.

“Este problema no se soluciona con medidas que incrementen las barreras para las víctimas y que, en la práctica, podrían fortalecer la impunidad de los agresores. En todo caso, el principal problema que debe resolverse para abordar de manera eficiente el fenómeno que hoy se señala como ‘denuncias falsas’ es la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales en general, y de los penales en particular.

No todo hecho que no haya podido acreditarse responde a una ‘falsa denuncia’. Existen numerosos casos en los que los propios fiscales presentan acusaciones que no logran probarse en juicio, y no por ello se presume que las fiscalías actúen guiadas por ‘falsas denuncias’. En ocasiones, lo que sucede es que no se ha logrado reunir la prueba necesaria, en el marco del debido respeto de las garantías del proceso penal, para alcanzar una condena. En todo caso, lo importante sería lograr que la resolución (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se lleve adelante de un modo que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso”.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad
 
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, expresó el 10 de abril en su cuenta de X que “el ‘trabajo no remunerado’ dentro del hogar no existe” y lo justificó afirmando: “Tenemos que estar advertidas de que sostener que la vida en nuestra propia casa implica el reconocimiento económico es una infección de la ideología de género en el hogar”.

Subida a la ola reaccionaria de la ultraderecha conservadora, la presidenta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no solo niega el trabajo dentro del hogar (y el tiempo dedicado a él), sino también las consecuencias que se desprenden para quienes lo realizan, mayoritariamente mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021) del Indec, las mujeres en Argentina dedican, en promedio, seis horas y media diarias a las tareas de cuidado y limpieza dentro del hogar, mientras que los varones dedican aproximadamente la mitad, tres horas y media. La primera consecuencia es que las mujeres cuentan con tres horas menos al día para estudiar, realizar actividades recreativas o simplemente descansar. Es decir, tienen menos tiempo libre. Esta falta de tiempo explica, en parte, por qué acceden a trabajos más precarios y peor remunerados, lo que contribuye a la feminización de la pobreza y a una brecha salarial del 25%.

En segundo lugar, las mujeres realizan un trabajo que demanda, en promedio, seis horas diarias sin recibir remuneración. De acuerdo con el último informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020), en nuestro país el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del Producto Bruto Interno, es decir, de todo lo que produce la economía nacional en un año. Se trata del sector de mayor aporte dentro de la economía, incluso por encima de la industria (13,2%) y el comercio (13,0%).

¿Por qué no se remunera este trabajo? En gran medida, porque vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal que busca obtener ganancias de casi todas las actividades. En ese marco, los gobiernos utilizan diversas instituciones (como las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema educativo) para inculcar, desde edades tempranas, la idea de que estas tareas deben ser realizadas por las mujeres por amor y no a cambio de un salario.